El gobierno nacional busca convertir a los militares en polis antinarcóticos, mientras el provincial es denunciado por reeditar métodos de la dictadura. Viejas recetas para nuevas amenazas. El temor y sus concesiones.
El debate acerca de la posible continuidad –o no– de algunos rasgos represivos de la última dictadura en las acciones emprendidas por los gobiernos nacional y provincial en la ciudad de Rosario en su “guerra” contra lo que definen como “narcoterrorismo”, lo saldó esta semana el ministro de Defensa, Luis Petri, al afirmar durante un acto en reclamo de libertad a los genocidas condenados que “hay un hilo entre el combate al terrorismo del pasado y la necesidad de actuar en Rosario”. Un hilo visible a través de la construcción de un “enemigo interno” que justifique acciones “excepcionales” ante una situación de las mismas características, y que obtenga consenso social mediante el temor generalizado de la población que habilite el empleo de prácticas ilegales por parte del Estado –como las torturas en las cárceles–, que es el garante de la legalidad.
Vigilar y torturar
En el mismo mes en que se conmemora el Día Nacional de Memoria, por la Verdad y la Justicia –en recuerdo y repudio del inicio del último golpe de Estado que devino en genocidio–, se conocieron varias denuncias contra el Estado santafesino por la presunta aplicación de torturas a personas privadas de la libertad –método que remite a los vejámenes producidos por aquella dictadura–, pero ahora en el marco de otra “guerra”, en este caso contra un nuevo enemigo: el “narcoterrorista”.
Uso de picana eléctrica, submarino seco, golpes con cables y palizas a los presos fueron recogidas en dos denuncias penales del Servicio Público Provincial de la Defensa, presentadas antes y después del 2 de marzo, fecha en la que ocurrió el ataque a tiros a dos colectivos de la empresa Laguna Paiva que trasladaba por avenida de Circunvalación a personal del Servicio Penitenciario. Y que dejó un herido leve.
De acuerdo a las denuncias, que tramitan en el Ministerio Público de la Acusación (MPA), ese día se desató una cacería en los pabellones de “alto perfil” de la Unidad Penitenciaria Nº11, conocida por su ubicación geográfica como la cárcel de Piñero. Los penitenciarios habrían echado mano a métodos ilegales como la aplicación de tormentos y tratos crueles a los detenidos, con el fin de obtener información, principal objetivo de la tortura. Querían saber a los golpes quiénes habían ordenado el ataque al micro, lo que revela el fracaso o la ausencia de producción de inteligencia criminal de forma institucional.
Pero las requisas violentas, los tratos crueles y degradantes ya se habían producido previamente, según otra denuncia presentada por el SPPD con anterioridad al 2 de marzo, y que no sólo involucra a internos de Piñero sino también de la UP Nº16, ubicada en Pérez, donde no hay presos catalogados como de “alto perfil”.
La cronología de los hechos no es un dato aleatorio, porque permite comprender que la decisión estatal de utilizar mecanismos ilegales y degradantes habría sido anterior al ataque armado al micro y a los cuatro horrendos homicidios de personas inocentes –dos conductores de taxi, un chofer de colectivo y el playero de una estación de servicio– que sobrevinieron una semana después, lo que relativiza el efecto de la difusión oficial de las fotografías de presos “a lo Bukele” como móvil de esos asesinatos. Aunque hasta el propio ministro de Seguridad de El Salvador, Gustavo Villatoro, consideró un “error grave” ese tipo de acciones sin el previo control de la calle y de la fuerza policial, según difundió el diario Clarín.
En cambio, la cronología de lo ocurrido pone en escena que, tal vez, los ataques “narcoterroristas” sean la “respuesta” de las bandas criminales a lo que el criminólogo Enrique Font denomina “fraguar una guerrita contra el narcotráfico”, que consiste en la espectacularización de medidas sin efectos reales para mejorar el servicio de seguridad pública. Jugar a Bukele sin entender el juego puede ser muy costoso, no sólo en términos políticos, sino en vidas humanas.
En su huida hacia adelante tras quedar en evidencia las consecuencias letales de sus acciones sobre “personas comunes”, ambos gobiernos presentaron el último martes el arribo a Rosario de personal de las Fuerzas Armadas, por ahora para realizar tareas de apoyo y logística atento a que las leyes de Seguridad Interior y Defensa impiden su acción en asuntos policiales.
Estado de excepción
El martes 19, el ministro Petri llegó al Parque a la Bandera de Rosario con 5 helicópteros, 20 camionetas, un buque multipropósito y “varias” lanchas de las Fuerzas Armadas. Allí ratificó la existencia de “un compromiso inclaudicable de lucha contra el narcotráfico”.
El pibe que asesinó al trabajador de 25 años, Bruno Bussanich, aún permanece prófugo. Después del crimen desanduvo en chancletas la playa de la estación de servicios para completar la huida en un sofisticado Fiat Duna.
La proporcionalidad de los medios empleados en la “guerra contra el narcoterrorismo” pone al Estado en un claro nivel de superioridad y de expectativas de éxito, si no fuera porque la manga de las lanchas suele ser más amplia que el ancho de la mayoría de los pasillos de los barrios populares, el único lugar donde por ahora el Estado persigue a “los malos”.
La puesta en escena del desembarco de las Fuerzas Armadas no fue más que eso. De hecho, Petri debió admitir que “en el caso de las Fuerzas Armadas, ese compromiso inclaudicable, conforme lo establece la legislación actual, es a partir de un apoyo con los medios con los cuales cuentan las Fuerzas Armadas”.
Ese día, un periodista televisivo local le explicó a su audiencia que “ante situaciones excepcionales” como las que vive Rosario, es comprensible la adopción de “medidas excepcionales”. Más claro fue Petri: “En los próximos días vamos a estar presentando en el Congreso de la Nación, junto con la ministra de Seguridad, Patricia Bullrich, un paquete de leyes que nosotros creemos que va a generar un giro de 180 grados respecto de lo que han sido las persecuciones criminales y el abordaje en la lucha contra el narcotráfico, en las herramientas y los instrumentos legislativos que contamos y tenemos para luchar decididamente contra la tiranía de los narcos”.
Dos días después, la fórmula presidencial que hace unos meses compitió contra Javier Milei, integrada por Bullrich y Petri, brindó una conferencia de prensa en la Casa Rosada para anunciar el envío al Congreso de un paquete de leyes con el mentado objetivo del combate al narcotráfico.
Una de ellas es la prometida reforma a la ley de Seguridad Interior (sancionada en 1991 con acuerdo de todas las fuerzas políticas), que permita a las Fuerzas Armadas ya no sólo el apoyo logístico sino su intervención en asuntos internos con unidades de combate. Es decir, lo que fracasó sin atenuantes en Colombia, México y Brasil.
En la rueda de prensa, Petri dijo que “a partir de la declaración de actos terroristas que pongan en peligro los intereses vitales de la Patria, las Fuerzas Armadas van a quedar habilitadas a realizar operaciones de patrullaje, control de personas, de vehículos y de instalaciones, así como la aprehensión en flagrancia”. Es decir, tareas de seguridad interior. Agregó que sólo serán 2 mil hombres y que deberán ser entrenados para esas tareas y equipados para tal fin, atento que ahora no saben cómo ni tienen con qué.
Para justificar la intromisión de las Fuerzas Armadas en la persecución de bandas de narcomenudeo rosarinas, el ministro invocó el ejemplo de Israel ante el ataque criminal de Hamas el 7 de octubre del año pasado, o el atentado el 11 de septiembre de 2001 contra las Torres Gemelas en Estados Unidos.
De esa manera, Petri elevó la cotización de Guille Cantero, Fran Riquelme o Alejandro Chucky Monedita Núñez hasta tasarlos en un pie de igualdad con el asesinado jefe de Al Qaeda, Osama Bin Laden.
Un despropósito que sólo busca justificar la demanda del Comando Sur de las Fuerzas Armadas de los Estados Unidos sobre los países latinoamericanos para que adopten su política de las “nuevas amenazas”.
Nuevo enemigo
Tras las caídas de los gobiernos dictatoriales en las décadas de los años 80 y 90 del siglo pasado en Latinoamérica, el rol de las Fuerzas Armadas nacionales se fue desdibujando, a lo que contribuyó la inexistencia de hipótesis de conflicto entre países vecinos.
La denominada “doctrina de la seguridad nacional” en la que Estados Unidos formó a las Fuerzas Armadas latinoamericanas –en la Escuela de las Américas, entre otras instituciones– derivó ante la desaparición del “peligro comunista” en la doctrina de las “nuevas amenazas”, que para el país de Norteamérica las constituyen la criminalidad organizada, el terrorismo internacional, el tráfico de drogas, la pobreza extrema y el populismo, entre otras.
Una investigación del Centro de Estudios Legales y Sociales ubica el empleo del término “narcoterrorista”, por primera vez, en la década de 1980 en Perú, para denominar a la guerrilla Sendero Luminoso. El mismo mote recibió más tarde en Colombia las FARC.
Ese trabajo del CELS señala que “según el Departamento de Defensa de los Estados Unidos, «narcoterrorismo» refiere a los actos de violencia –asesinatos, secuestros, bombardeos– cometidos por traficantes de droga para generar disrupciones que desvíen la atención de sus operaciones ilícitas”.
Mientras que la “DEA utiliza otra definición: el «narcoterrorismo» sería una subdimensión del terrorismo, en la cual se evidencia participación de individuos o grupos terroristas en actividades asociadas al cultivo, manufactura, transporte y distribución de drogas”. Ninguna de las definiciones parece encajar con justeza en la imagen del sicario trotando en chancletas.
De todos modos, en el caso argentino la definición de quién es narcoterrorista estará en manos del Comité de Crisis que prevé la ley, constituido por Bullrich, Petri y el gobernador o gobernadora de la provincia donde se impulse la intervención de las Fuerzas Armadas en cuestiones de policiamiento.
El objetivo de esas políticas impulsadas por el Comando Sur de las Fuerzas Armadas estadounidense –que ya acceden a través de su Cuerpo de Ingenieros a la vía navegable del río Paraná–, consiste en la militarización de los territorios empobrecidos y el control social de sus habitantes, previamente construidos en términos sociales como “peligrosos”.
De ese propósito dan cuenta el resto de los proyectos de leyes anunciados por Bullrich y Petri para su envío al Congreso: contra Organizaciones Criminales (Ley Antimafia); Reincidencia y reiterancia (para acrecentar las prisiones preventivas); Registro de ADN ampliado a todos los delitos y a partir del procesamiento; Ley de Orden Público (incluye penalidades a la organización de piquetes, ampliación de la legítima defensa y cumplimiento del deber como causa de justificación, aumento de penas para el atentado y resistencia a la autoridad, y tipificación del bloqueo a empresas).
Un resumen del plan e ideario que guía al gobierno de Milei.
Así, los enemigos son tanto los fantasmagóricos “narcoterroristas” que asuelan Rosario; los miembros de organizaciones sociales que realizan protestas callejeras; los camioneros y otros sindicatos que bloqueen ingresos de sedes fabriles; y quienes se defiendan con piedras de los gases policiales durante una manifestación.
Lo anterior no se trata de forzar una valoración ideológica. Lo dijo el ministro Petri: “Hay un hilo entre el combate al terrorismo del pasado y la necesidad de actuar en Rosario”. Organizaciones revolucionarias armadas y bandas del narcomenudeo son una misma cosa, sólo es cuestión de oprimir la tecla F5.
El titular de Defensa hizo esas declaraciones durante un acto organizado por familiares de genocidas condenados por cuya liberación reclaman.
El anuncio del paquete de leyes se hizo a tres días de la conmemoración del inicio del golpe de Estado de 1976 y Petri dijo en la oportunidad que “lo que ocurre es que a nuestras Fuerzas Armadas se las ha demonizado, se las ha denostado, se las ha vapuleado y perseguido”, sin aclarar si de lo que rezongaba era de la persecución penal de delitos cuya comisión repugnan al mundo civilizado y por eso son considerados imprescriptibles por el derecho internacional de los Derechos Humanos.
Panic attack
Los efectos subjetivos y colectivos de los cuatro asesinatos al voleo de trabajadores inocentes terminaron de conformar la base de temor y angustia que permearon las defensas sociales ante las torturas en las cárceles, la militarización de la seguridad y la construcción-demonización de un “otro peligroso”. El pánico es un buen lubricante ciudadano para ceder garantías, derechos y libertades personales en la consecución de un objetivo superior, la “pacificación” de Rosario, como si tal cosa fuese una cuestión de tropas.
Sobre esa construcción de la que no son ajenos, los gobiernos nacional y provincial montaron su política efectista de injerencia de las Fuerzas Armadas en asuntos policiales, sin consternarse por las presuntas ilicitudes estatales en las prisiones ni sonrojarse por la calidad de sus fuerzas de seguridad, que desde hace una década requieren cíclicos refuerzos de sus pares federales y, ahora, del bastón militar.
En términos binarios, pusieron las cosas entre “nosotros” o “ellos”. A juzgar por las consecuencias que provocaron su amateurismo bukelizador y los antecedentes de los países donde se lucha contra las “nuevas amenazas”, no hay muchos elementos racionales para ser optimista con los resultados. En medio de una apabullante recesión en la mayoría de los sectores de la actividad, la venta de humo parece que aún conserva un mercado más o menos próspero.
Nota publicada en la edición impresa del semanario El Eslabón del 23/03/24
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