Montado sobre el “sentido común”, Pullaro ofrece un delivery de detenidos a quienes lo acusan de violar los DDHH en las cárceles. La causa por tortura y el régimen de alto perfil bajo la lupa.
El gobernador de Santa Fe, Maximiliano Pullaro, volvió a confundir como si fueran una misma cosa la sanción mediante penas privativas de la libertad a personas condenadas por delinquir con la aplicación ilegal de torturas y tratos degradantes, sobre las que existen numerosos testimonios “coincidentes y verosímiles” en la causa abierta en la Fiscalía de Violencia Institucional de Rosario tras el ataque armado al micro del Servicio Penitenciario el 2 de marzo último y la posterior “reacción” oficial en la cárcel de Piñero, según explicaron a El Eslabón fuentes del legajo. El mandatario insiste en mostrarse hacia la opinión pública como un duro al que no le tiembla la mano ante los presos de alto perfil, mediante el uso de argumentos pueriles inaceptables para su función institucional. “Estamos siendo muy duros, poniendo mucho orden, porque era lo que había que hacer”, dijo días atrás, y criticó a los que lo critican: “A quienes vienen a hablarnos de DDHH y de que los presos son pobrecitos, les decimos: si tan buenos son estos presos, llévenselos a sus casas”. Esa trampa discursiva fue desarmada por uno de los comisionados titulares del Comité Nacional para la Prevención de la Tortura, Kevin Nielsen, quien recordó que “el Estado tiene obligaciones internacionales que cumplir por la adhesión a convenciones de Derechos Humanos, y ellas no se contraponen con la seguridad pública”. De esa manera, “el Estado tiene que encarcelar a las personas que cometen delitos, pero sin violar los derechos humanos”, dijo a este semanario.
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Es decir, que no hay contradicción entre el servicio de seguridad y la función represiva del Estado –el sistema penal y la agencia policial– y el respeto de estándares internacionales de preservación mínima de la dignidad humana en los lugares de encierro. Y su cumplimiento no es una facultad que un gobernador pueda aceptar o no ejercer, sino una obligación que el Estado argentino asumió ante el sistema internacional de Derechos Humanos al adherir a sus convenciones.
No es plausible que el gobierno del ex progresista Pullaro desconozca los tratados internacionales a los que adhirió Argentina y que poseen rango constitucional, sino que el gobernador utiliza los recursos retóricos del ciudadano promedio de una comunidad afectada por la violencia altamente lesiva, como lo es Rosario, en procura de una justificación política a los posibles ilícitos cometidos por el propio Estado.
Los sistemas de protección de los derechos elementales de las personas no distinguen entre los “delincuentes” y los “inocentes”, sino que buscan preservar a las personas del ejercicio ilegal de la violencia estatal, cuyo monopolio legal concentra.
Bobo o criminal
Desde su asunción en diciembre pasado, el Gobierno provincial inició el camino de espectacularizar sus políticas de seguridad pública mediante la difusión de imágenes y videos musicalizados para divulgar tareas cotidianas como el traslado de presos de comisarías a cárceles. El techo de ese show mediático fue la divulgación en la cuenta de Instagram del ministro de Seguridad, Pablo Cococcioni, de imágenes de personas privadas de la libertad sin ropa en el torso, arrodillas o en cuclillas, en los pasillos de la Unidad Penitenciaria N°11 de la localidad de Piñero.
La bukelización de las políticas de seguridad –o, mejor dicho, de la difusión propagandística de esas políticas– fue asociada al ataque armado a un micro que trasladaba personal del Servicio Penitenciario, ocurrido la mañana del 2 de marzo pasado en avenida de Circunvalación de Rosario, que habría estado motivado en la divulgación de esas fotografías humillantes.
Pero previo a ese hecho, ya existían en el Servicio Público de la Defensa provincial denuncias de presos por torturas y tratos degradantes, incluso en pabellones “comunes”, diferentes de los de alto perfil.
De acuerdo a la denuncia que el área de Violencia Institucional del Servicio Público de la Defensa presentó ante la fiscal Karina Bartocci, la aplicación de tormentos se inició incluso antes de ese episodio, y en otras unidades penitenciarias, como parte de la política gubernamental de doblegar a los presos, y no sólo a los clasificados como de “alto perfil”.
“No podemos permitir que los presos desde allí manejen organizaciones criminales. No vamos permitir que desde la cárcel manden a matar y a extorsionar. El Estado dejó de ser el Estado bobo de la provincia de Santa Fe”, dijo Pullaro esta semana al presentar la puesta en funcionamiento de patrulleros. ¿Quién le pide que permita a las organizaciones criminales organizar extorsiones y delitos desde las cárceles? ¿Qué norma lo obliga a violar las leyes para conseguir ese objetivo, que es compartido por toda la comunidad?
Poner orden y ser “muy duros” no requiere, necesariamente, del incumplimiento de normas internacionales a las que el país adhirió por voluntad propia. Es una falsa dicotomía, que el gobernador utiliza para justificar el empleo de herramientas excepcionales ante problemas de la misma índole.
La disyuntiva no es entre ser “bobo” o inteligente, sino entre el cumplimiento de las normas o su violación por parte del Estado, que es el que debe velar por su observancia.
“Los posicionamientos públicos de las autoridades en relación a los presos son importantes porque el Estado tiene obligaciones internacionales que cumplir, que no se contraponen con la seguridad pública”, dijo a El Eslabón el comisionado Nielsen, del Comité Nacional para la Prevención de la Tortura.
“Son bastante comunes esos planteos (como los de llevarse a los presos a sus casas, ya que son tan buenitos), para generar esta conciencia ciudadana de que el respeto de los derechos humanos se opone a la seguridad pública”, añadió.
En esa línea, recordó que los estados tienen la obligación de respetar las normas de preservación de los derechos humanos de todas las personas, incluso las detenidas.
Además, Nielsen agregó que “los estados que tienen policías más eficientes y profesionalizadas son los que menos violentan los DDHH de las personas detenidas”, y no a la inversa.
“Mientras peor tratemos a las personas sometidas a proceso penal, no sólo no se garantiza mejor seguridad pública, sino que se degradan las instituciones y se generan mayores instancias de violencia”, afirmó el abogado egresado de la Facultad de Derecho, Ciencias Sociales y Políticas de la Universidad Nacional del Nordeste (UNNE).
Nielsen recordó que en el sistema penal argentino “la pena es la privación de la libertad”, a la que no deben añadirse castigos físicos, que no están contemplados en ninguna norma. “Que se cumpla sin imposición de tratos crueles o degradantes, que se respete la dignidad humana”, sostuvo.
La investigación
El Servicio Público de la Defensa santafesino denunció posibles torturas a personas privadas de la libertad a principios de marzo. De acuerdo a la presentación, fundada en los testimonios de las presuntas víctimas, tras el ataque armado al micro con personal del Servicio Penitenciario, se efectuaron violentas requisas en Piñero, en particular en los pabellones habitados por presos de alto perfil.
“Luego de eso pasó lo del colectivo baleado, y ese día entran y engoman (encierran por tiempo indeterminado en sus celdas) a todos los pabellones de Piñero y les meten requisas, pero las más desmedidas se produjeron en los pabellones 7 y 8 de alto perfil”, dijo entonces a este medio un vocero de la Defensoría.
Los mantuvieron varios días sin poder salir de sus celdas. “Por informe del Instituto Médico Legal y del cuerpo médico de la Corte Suprema de Justicia, todos alegaban maltrato, con diferentes prácticas de tortura”, añadió la fuente consultada, quien explicó que se constataron “lesiones físicas en muchos casos”.
Otra fuente con acceso a la causa, dijo a este semanario que “lo más grave fueron las torturas” aplicadas a los internos, presuntamente con el objetivo de saber quién había ordenado el tiroteo al micro del Servicio Penitenciario.
Agregó que “los testimonios que recibimos de parte de los presos coincidían con las torturas clásicas contra personas de alto perfil y de pabellones comunes, en represalia y castigo ilegal, por el hecho del micro”.
De acuerdo al informante, existen coincidencias entre los diversos testimonios de presos que no comparten pabellones, acerca del proceder ilegal del personal del Servicio Penitenciario. Y también constan en el legajo que conduce la fiscal Bartocci la comprobación médica de lesiones.
Sin embargo, hasta el momento la Fiscalía mantiene la causa abierta pero no produjo imputaciones a posibles acusados de aplicar tormentos. El Poder Judicial también especula sobre el vínculo entre sus resoluciones y los humores sociales, sobre todo luego de los cuatro homicidios de víctimas inocentes ocurridos en marzo pasado, como presunta “respuesta” de personas detenidas al accionar “muy duro” del Gobierno.
Los dichos de Pullaro acerca de los presos buenitos para llevar a domicilio y la dureza que él les aplica apuntan a justificar políticamente prácticas ilegales del Estado, que cuentan con cierta aquiescencia de la población, que en pos de sentirse más “segura” acepta esas prácticas sobre personas construidas socialmente como irrecuperables.
Régimen especial
En el trasfondo de todo este asunto se juega la constitucionalidad o no del régimen de presos de alto perfil que aplica el Gobierno provincial en Santa Fe y la ministra de Seguridad nacional, Patricia Bullrich, en los presidios federales.
Desde el Comité Nacional para la Prevención de la Tortura, que hace una semana estuvo en Santa Fe, Nielsen explicó que “con relación al tratamiento de los alto perfil hay que ser cuidadoso” y aclaró que “no estamos en contra de la separación y clasificación” de los detenidos de acuerdo a su peligrosidad.
“Lo primordial de una persona que está presa es que no cometa delitos, por eso se aceptan regímenes de mayores seguridad”, observó el comisionado.
Pero, agregó, “tienen que estar acompañados de las salvaguardas y garantías que establecen los sistemas de Naciones Unidas y que no afecten en demasía la intimidad o las comunicaciones” de los internos.
“No hay contradicción”, reiteró Nielsen, sobre la adopción de medidas para evitar que personas privadas de la libertad organicen delitos desde las cárceles, y el respeto de las normas internacionales de preservación de la dignidad humana. Pullaro también sabe que no, pero hace como que sí.
“Como organismo estamos analizando cómo funciona el régimen de alto perfil para emitir recomendaciones sobre los estándares internacionales de derechos humanos”, dijo el comisionado, para volver a aclarar: “No nos oponemos a la existencia de tal régimen, estamos en proceso de evaluación”.
“Por eso hicimos esta visita, en donde pudimos ver cómo funciona en la práctica y pedimos información al Gobierno”, añadió. Vale aclarar que el Comité sólo posee entre sus facultades la de hacer recomendaciones a los gobiernos.
Tal vez atajándose, el gobernador santafesino sostuvo esta semana que “nosotros no vamos a tener más debates estériles acá. Vamos a debatir lo que es importante y vamos a trabajar para garantizarle la seguridad pública a los hombres y mujeres de nuestra provincia”, tareas para las que fue electo.
“Algunos nos critican, dicen que no estamos cumpliendo con los derechos y las garantías. Mentira. A nosotros la ley nos faculta para hacer lo que estamos haciendo en la cárcel y lo que hacemos es que se cumpla con la ley y que se cumpla la Constitución. Eso no lo vamos a dejar de hacer nunca”, abundó el mandatario, previendo posibles daños colaterales.
A través de un comunicado, el Comité sostuvo tras su paso por Santa Fe que “durante dicha sesión fueron escuchadas autoridades de la Corte Suprema de Justicia de la Provincia, del Servicio Público Provincial para la Defensa Penal, del Ministerio Público de la Acusación y docentes de la Universidad Nacional del Litoral, quienes aportaron información sobre la situación de las personas privadas de la libertad en la provincia, caracterizada por un incremento constante de la tasa de prisionización, con su consecuente impacto en la sobrepoblación y en la vulneración de derechos de las personas detenidas”.
Enfatizó que “sin desconocer los graves hechos delictivos acaecidos recientemente en la provincia, el Consejo Federal recuerda que toda respuesta estatal debe ser ajustada a las obligaciones internacionales del Estado en materia de derechos humanos”.
Y recordó que “una obligación pendiente de la provincia de Santa Fe en este campo constituye la implementación de políticas de prevención de las violaciones a los derechos humanos, a través de la creación de un Mecanismo Local de Prevención de la Tortura. Esta obligación surge del Protocolo Facultativo de la Convención contra la Tortura y los Malos Tratos (OPCAT), ratificado por nuestro país hace ya 20 años, y de la ley 26.827, de orden público en todo el territorio nacional”.
Nota publicada en la edición impresa del semanario El Eslabón del 25/05/24
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