El evento realizado el pasado 27 de noviembre en el Anexo A de la Cámara de Diputados, bajo el engañoso título ¿Qué contienen realmente las vacunas Covid-19?, se convirtió en un bochornoso foro de promoción de pseudociencia que activó el rechazo inmediato de la comunidad sanitaria y científica. Lejos de cumplir con el rigor de un ateneo, el encuentro puso en evidencia una peligrosa asimetría de credibilidad entre sus participantes y un uso indebido de la legitimidad institucional del Congreso de la Nación.
Un evento científico-académico legítimo -como congresos o seminarios- está fundado en una rigurosidad innegociable, exigiendo que el contenido se base en investigación sólida y que sea evaluado por un Comité Científico mediante la revisión por pares (peer review). La credibilidad se sustenta en la participación de expertos de referencia con autoridad demostrable.
El encuentro en Diputados violó sistemáticamente estos principios. En lugar de un debate de evidencia, la jornada se centró en la promoción de teorías conspirativas y viejos mitos antivacunas. La falta de seriedad culminó con el episodio del “hombre imantado”: un asistente intentó demostrar la supuesta “magnetización” del cuerpo por las vacunas, un experimento científicamente infundado que degradó el espacio institucional del Congreso a un escenario de activismo marginal.
Esta situación es particularmente alarmante dado el contexto nacional de preocupación sanitaria por la baja en la cobertura de vacunas esenciales (como la triple viral y contra la poliomielitis), que ha resultado en la reaparición de enfermedades prevenibles con casos fatales en niños.
La decisión de la Cámara de Diputados de otorgar un espacio institucional a mensajes que buscan generar miedo y desconfianza hacia las vacunas implica un riesgo directo y peligroso sobre las políticas públicas de salud. Organizaciones médicas habían solicitado la cancelación de la actividad, advirtiendo sobre el “enorme peligro” de avalar narrativas sin evidencia, pero sus advertencias fueron ignoradas.
La peligrosa asimetría de credenciales
La razón por la cual no se dispone de una lista oficial de los expositores radica en la naturaleza misma de la controversia. Dado que el evento fue criticado precisamente por su falta de credenciales y la ausencia de rigor académico, los reportes periodísticos y sanitarios se enfocaron en el contenido polémico y en el escándalo institucional que generó, en lugar de registrar formalmente a cada participante.
En contraste, un evento que cumple con los estándares científicos (un “Ateneo científico” real) está obligado a publicar su programa y el listado de los disertantes como prueba de transparencia y validación. Al no existir este aval formal, los medios de comunicación priorizaron informar sobre el qué (la desinformación) antes que sobre el quién (la lista de nombres).
Por lo tanto, el análisis y la evaluación de las trayectorias académicas y de la credibilidad de los intervinientes se realizó a partir de las intervenciones y los nombres que tomaron estado público en la mesa de discusión, buscando establecer la veracidad de sus argumentos y su autoridad en el campo de la ciencia.
Según un análisis propio de las trayectorias públicas realizado para este informe -de los 20 profesionales que intervinieron en la controvertida jornada del 27 de noviembre de 2025 en el Congreso de la Nación- reveló una profunda asimetría en la solidez y la verificabilidad de sus credenciales. Esta disparidad socava gravemente el carácter “científico” del foro, demostrando que la notoriedad pública tuvo más peso que la trayectoria académica rigurosa. El examen de los perfiles señaló que el 50% de la mesa carecía de credenciales verificables, invalidando cualquier pretensión de rigor científico.
El núcleo de rigor académico resultaba minoritario, abarcando solo el 25% del total de la mesa (5 profesionales). Este grupo fue el único en presentar un historial sólidamente documentado, con títulos de Doctorado y una clara vinculación a organismos científicos formales como el Conicet o la Universidad de Buenos Aires (UBA). Estos perfiles son los únicos que demostraron un recorrido totalmente consistente y orientado a la alta investigación.
Un cuarto de los participantes estaba compuesto por profesionales sin trayectoria de posgrado, con títulos de grado conocidos (médicos o abogados). Aunque cuentan con un título profesional conocido y una matrícula activa, lo que les da autoridad profesional básica, carecen de un rastro de posgrado o de investigación formal verificada que justifique su rol como “expertos” en un ateneo científico.
El hallazgo más crítico es que la mitad de los expositores (10 profesionales) se encuentra en el segmento de formación no verificada. Estos perfiles carecen de un rastro académico sólidamente documentado en fuentes públicas; no es posible encontrar de forma accesible sus títulos de grado, posgrados ni la institución donde se formaron. En consecuencia, esta falta de documentación limita la evaluación de su legitimidad profesional al ámbito meramente laboral o político, eludiendo el escrutinio de sus credenciales formales.
Esta distribución confirma que el evento no se rigió por la meritocracia académica, sino por la notoriedad pública. La credibilidad de muchos de los participantes no se basa en el sistema de verificación y consistencia institucional obligatoria (publicaciones arbitradas o cargos docentes), sino en su rol social o activista. En los casos más críticos, su visibilidad pública se ha desvinculado de la producción académica formal, priorizando la difusión controversial sobre el rigor y la validación institucional, un fenómeno que subraya la fragilidad del encuentro como un verdadero foro de debate científico.
La evaluación concluye que la credibilidad del debate en el Congreso se basó en una peligrosa asimetría. Mientras la legitimidad de los investigadores se sustenta en la verificación institucional obligatoria (publicaciones arbitradas, cargos en Conicet/Universidad), la autoridad de muchos de los expositores en este foro se sostiene únicamente en su rol social o activista, haciendo inaccesibles sus credenciales académicas formales.
En definitiva, el encuentro del 27 de noviembre de 2025 funcionó como una plataforma política para la difusión de la pseudociencia. Al validar discursos anti-evidencia y otorgarles un espacio institucional privilegiado, se marca un grave retroceso en la vinculación Ciencia-Legislación. La validación política de la desinformación atenta contra la salud pública, en un contexto donde el rigor y la transparencia deberían ser la única moneda de cambio en el recinto legislativo.
*Profesor y doctor en educación
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