La aprobación en el Congreso de la reforma a la Ley de Glaciares fue tan celebrada por el gobierno entreguista y los gobernadores con intereses propios como repudiada por una inmensa mayoría de la sociedad.
La semana pasada se votó en el Congreso de la Nación una serie de modificaciones a la Ley de Glaciares. Son varios los planos en los que podemos ubicar el análisis de este hecho. En primer lugar, se busca explotar la minería en los lugares de nuestro país en los que hay glaciares, con el riesgo de contaminación de las aguas dulces que abastecen a muchísimas poblaciones que las necesitan para vivir.
Por otro lado, en el aspecto político, el gobierno nacional festeja la factibilidad de entregar parte del patrimonio nacional y cultural que garantiza el cumplimiento de derechos humanos fundamentales, a empresas transnacionales para la explotación minera. En esto no hay ninguna novedad, cada punto de la ley bases y de los diferentes proyectos de normas, decretos, y decisiones administrativas llevadas adelante por La Libertad Avanza responden a intereses muy claros: hay empresas nacionales y extranjeras, sobre todo, que pretenden explotar la naturaleza hasta que no quede nada. Y esa forma intensiva de explotación de minerales en este caso, pero que es trasladable a la utilización que quieren hacer del río Paraná, no tiene en cuenta otras variables que no sean la rentabilidad.
Las consecuencias sociales de este modelo ya se ven en la calle. Se sienten en el desconsuelo social. No hay sector, sacando a los formadores de precios y a los sectores financieros, que no se sienta golpeado por una realidad durísima, de estancamiento de la economía, de recesión furiosa. El día a día nos impide ver cuestiones que en momentos en que la sociedad se encuentra mejor, puede proyectar. Es impensable el acceso a la vivienda en una realidad en la que se pierden puestos de trabajo todos los días. Con el ambiente pasa lo mismo. Lo inmediato borra la posibilidad de pensar de dónde va a salir el agua que tendrán que beber nuestros hijos. Nos impide ver qué puede pasarle al río si el dragado se hace más profundo. Pareciera que no tiene ninguna importancia. La teoría del shock propone hechos traumáticos permanentes para que no podamos pensar el mañana, para que no podamos organizarnos colectivamente.
La política no supo darle contención al ambientalismo, no tuvo la suficiente paciencia para entender que algunos procesos se dan en los tiempos de la naturaleza y no en los tiempos de la productividad. Algunos sectores ambientalistas no han comprendido la disputa de poder que ocurre cuando el peronismo de la justicia social llega al poder. En un acto de ingenuidad creen que se trata tan sólo de tomar una determinación, una decisión política y avanzar en el sentido del cuidado del medio ambiente. Esta confrontación existe. Seríamos tontos si la negamos. Irse de las mesas de discusiones no sirve.
Comprender que los procesos de construcción de hegemonía, sobre todo si enfrentamos a los poderosos de nuestra sociedad, y en algunos casos a capitales internacionales, requiere de acuerdos, de participación institucional pero también de movilización popular. Este desencuentro que se produce, en gran medida entre lo movimientista y lo institucional, entre los principios del cuidado del mundo que habitamos y el pragmatismo de la política, no nos va a conducir a la construcción hegemónica que necesitamos para frenar el colapso de nuestro ecosistema.
Seguir discutiendo cada una de las leyes que van a ser aprobadas por un quórum garantizado de ignorantes seriales sólo provoca una pérdida de tiempo ante la emergencia ambiental que tenemos. Los sectores movimientistas que componen el ambientalismo, y los dirigentes políticos que aún tienen voluntad de ocupar lugares de representación tienen que acercarse, por el bien de nuestro pueblo, y negociar la transición posible hacia un mundo que se parezca más a lo que queremos, en el que no quede de lado la construcción de poder que permita equilibrar la relación de fuerzas con el poder fáctico y en el que se pueda avanzar sin determinismos, de a un paso a la vez, en la recuperación de una concepción que no piense nuestro hábitat como recursos humanos sino como el lugar donde tenemos que vivir y donde tendrán que desarrollarse como seres humanos nuestros hijos y nietos.
Construir una ética de la vida digna, del cuidado, considerando a la naturaleza como sujeto de derechos, no se resuelve con la decisión de una persona, por más que sea el Presidente de la Nación, sino con la participación de la ciudadanía, del pueblo en todos sus estratos sociales. A veces pareciera una disputa entre intelectuales sobre cuántos grados aumentó el calentamiento global, y si bien este dato es importante, no nos podemos olvidar que los más perjudicados son siempre los sectores populares, no sólo a nivel económico sino también a nivel ambiental. Y seguramente tendrán mucho para opinar.
Construir los espacios para charlar el mundo que queremos es un desafío para los tiempos que corren. Salir de la lógica productivista en los términos que quedaron planteados desde el inicio del neoliberalismo es fundamental. No existe una vida digna posible dentro de un sistema global en el que la apropiación de la riqueza se produce de un modo tan desigual. Tampoco existe la posibilidad de transformar esta realidad sin transversalizar esta ética a las prácticas cotidianas. Y no estoy hablando de prácticas individuales. Es difícil entender la biodiversidad si no somos capaces de acordar una serie de puntos a llevar adelante entre personas que pensamos diferente.
El pensamiento ambiental es un pensamiento de comunidad, como también la política. Ambos tienen la posibilidad de transformarse en una práctica comunitaria. La pandemia nos fragmentó al extremo de no poder pensar estrategias conjuntas porque, por h o por b, terminamos desentendiéndonos de la necesidad de ceder para acordar. Los principios abstractos son necesarios, son una guía. El pragmatismo también es necesario. Sin embargo, si no existe una imbricación clara entre ambos no vamos a lograr el objetivo de frenar el desastre ambiental ni vamos a lograr sacar a los empresarios y sus intereses mezquinos del lugar al que nunca deberían haber accedido: el Estado.
Publicado en el semanario El Eslabón del 18/4/26
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