Con el aval del Congreso, el presidente boliviano promulgó una ley que le permite recurrir a las Fuerzas Armadas y al estado de excepción para continuar reprimiendo las manifestaciones.
Las protestas persisten. La represión aumenta. Las operaciones de prensa continúan intentando minimizar, quitar representatividad y demonizar las enormes manifestaciones. Pero las bolivianas y los bolivianos siguen en la calle y no aceptan las medidas cosméticas del gobierno, que con altos grados de cinismo combina llamados al diálogo con militarización y mayor represión. El amplio espectro de organizaciones sindicales, sociales y pueblos originarios, que es mucho más amplio y profundo que la imagen que la prensa hegemónica intenta imponer, no cree en las maniobras del gobierno y continúa en las calles exigiendo la renuncia del mandatario y el llamado a elecciones.
La Organización de Estados Americanos (OEA) y la Unión Europea (UE) pusieron el grito en el cielo “en defensa de la democracia y las instituciones”. No siempre estos organismos manifiestan ese tipo de preocupaciones por la institucionalidad con tanta celeridad y enjundia. Sólo cuando esa postura es la que EEUU promueve y espera de sus súbditos. La CIA se convirtió en un actor fundamental, aunque tras bambalinas, de esta situación, con funciones de control, infiltración y apoyo a la represión. Y también actúa la DEA, que regresó a Bolivia en noviembre de 2025 tras 17 años de ausencia.
El presidente de Bolivia, Rodrigo Paz, promulgó una ley que elimina las restricciones a la intervención de las Fuerzas Armadas en conflictos internos. Al mismo tiempo, lanzó el Consejo Económico y Social para abrir una instancia de diálogo, aunque advirtió que a los manifestantes “se les acaba el tiempo” para negociar.
La nueva ley, aprobada en el Senado, deroga la norma 1341 sobre Estados de Excepción, que rigió desde octubre de 2020 y que disponía limitaciones para la participación de las Fuerzas Armadas ante protestas sociales. Su promulgación no implica que se dicte automáticamente el estado de excepción, pero el presidente puede disponer ahora, si lo considera necesario, de ese recurso constitucional para afrontar los conflictos que siguen activos en La Paz, Oruro y Potosí, según los legisladores.
La ley 1341 reglamentaba cuatro artículos de la Constitución boliviana dedicados al estado de excepción y señalaba, entre otras disposiciones, que se dispondrá de las Fuerzas Armadas en el control de disturbios civiles siempre que la Policía “hubiera sido superada y no exista otro medio efectivo para restablecer el orden”. También limitaba a 60 días la duración de la medida. La Carta Magna vigente desde 2009 permite declarar mediante decreto el estado de excepción en todo o parte del país ante una conmoción interna y establece que esta medida no podrá suspender las garantías ni los derechos fundamentales, además de que su vigencia estará sujeta a la aprobación del Legislativo en un plazo de 72 horas.
El gobierno aseguró que la declaración del estado de excepción es la última opción a la que recurrirá si el diálogo no prospera. “El país necesita orden y esto está llegando al límite. El tiempo se acaba”, amenazó el mandatario en el discurso con el que dio inicio al Consejo Económico y Social, una instancia con la que busca abrir una vía de diálogo. “Los espero, vengan con todas sus organizaciones. Estaremos para dialogar”, expresó, dirigiéndose a los amplios sectores de la sociedad que mantienen las protestas.
El mandatario también sostuvo que no considera correcto que no se permita trabajar a su gobierno, que lleva seis meses en el poder frente a los 245 meses que tuvieron las Administraciones anteriores, aludiendo a los ex presidentes Evo Morales (2006-2019) y Luis Arce (2020-2025). “El que quiera destruir la patria se las va a ver con este presidente y con toda la fuerza de la Constitución”, advirtió, en alusión a los estados de excepción. “A los policías, a las Fuerzas Armadas: siéntanse seguros de que su pueblo los está respaldando”, agregó, al tiempo que afirmó que como gobernante debe atender las demandas tanto de las regiones andinas del oeste como de las zonas orientales del país, en respuesta a las críticas de sectores que lo acusan de haber descuidado parte de su base electoral en el altiplano para priorizar las exigencias del empresariado de Santa Cruz, la región más poblada y principal motor económico de Bolivia.
La ayuda de la internacional de ultraderecha
Los gobiernos de derecha y ultraderecha de la región (Argentina, Chile, Perú) se solidarizaron con el gobierno de Paz, y le suministraron ayuda para que profundice la represión contra el pueblo que protesta.
El presidente Paz Pereira adoptó una estrategia combinada de contención de daños económicos con mentiras, operaciones de prensa y de inteligencia, y judicializando la protesta. En un gesto que no logró convencer a nadie, el presidente anunció una reducción del 50 por ciento de su propio salario y el de sus ministros. Vano intento de calmar los ánimos.
Pero la verdadera respuesta fue la represión, a través de un amplio despliegue de fuerzas de seguridad, y con la ayuda, logística y de inteligencia, de gobiernos de ultraderecha amigos de los amigos de EEUU.
Se movilizaron más de 4 mil agentes policiales y militares para ejecutar operativos de despeje de rutas estratégicas. En el frente judicial, se emitieron órdenes de captura contra los principales dirigentes de los bloqueos (incluyendo cargos por terrorismo, sedición y sabotaje del abastecimiento público).
Para evitar los cortes, se realizó un puente aéreo de abastecimiento, para activar la recepción de ayuda humanitaria y alimentos por vía aérea donados por países vecinos como Argentina y Perú.
El gobierno de Paz recurrió a una vieja y burda mentira para abrirles las puertas (todavía más) a la inteligencia yanqui: denunció formalmente que facciones de las protestas están financiadas por el narcotráfico y el crimen organizado, justificando sus medidas ante el retorno de la DEA y la captura de capos criminales en la región.
Amplio descontento social (y los intentos de ningunearlo)
El descontento social responde a una combinación de factores económicos urgentes y tensiones políticas profundas. La crisis económica que produjeron las medidas neoliberales del gobierno empujó a Bolivia a la peor crisis en las últimas cuatro décadas, reflejada en una alta inflación, encarecimiento de la canasta básica y una preocupante falta de medicamentos.
La escasez de combustible es crítica: Filas interminables en las estaciones de servicio, y desabastecimiento de diésel y gasolina. El sector transporte denuncia, además, la distribución de combustible de mala calidad que ha dañado miles de vehículos.
Las trabajadoras y los trabajadores dijeron basta a la explotación y los sueldos de hambre. Y exigen un incremento salarial (inicialmente fijado en un pedido del 20 por ciento) y el rechazo generalizado a reformas normativas (como las leyes 1720 y el polémico Decreto Supremo 5503). En este marco, crece el conflicto agrario y con las comunidades originarias, que denunciaron que las reformas agrarias impulsadas por el gobierno benefician a grandes empresarios en detrimento de los pequeños productores.
Rodrigo Paz Pereira asumió la presidencia de Bolivia el 8 de noviembre de 2025, tras ganar las elecciones, poniendo fin a dos décadas de hegemonía del Movimiento al Socialismo (MAS) e instalando una gestión de derecha, ajustadora, en línea con EEUU y su urgente avidez por los muchos y fundamentales recursos naturales que posee Bolivia, como el litio y las tierras raras, indispensables para la industria tecnológica. A poco de asumir, Paz firmó un acuerdo con EEUU para entregarles los recursos.
Entre enero y abril de 2026 se agudizó la escasez de divisas y combustibles. El 1º de mayo de 2026, Día de los Trabajadores, la Central Obrera Boliviana (COB) rompió relaciones institucionales con el gobierno y convocó a un paro general indefinido. El 6 de mayo, dirigentes obreros irrumpieron a la fuerza en la sede del Ministerio de Trabajo en La Paz, resultando en la detención de los primeros 13 manifestantes por la policía antimotines. Días después, las protestas mutaron de demandas sectoriales a un pedido unificado: la renuncia inmediata del presidente Rodrigo Paz.
Se activaron más de 50 puntos de bloqueo en carreteras interdepartamentales, aislando por completo a La Paz y El Alto. Entre el 18 y el 24 de mayo se registraron violentos enfrentamientos en El Alto y en los accesos a la Plaza Murillo de La Paz. La policía utilizó gas lacrimógeno masivamente. El líder de la COB se declaró en la clandestinidad por una orden de captura en su contra.
El movimiento que impulsa las protestas es más amplio, más variopinto y con una gran legitimidad e inserción social. Pese a que la prensa corporativa trata de convencer al mundo de que sólo se trata de un grupo pequeño de seguidores del ex presidente Evo Morales, lo que ocurre en Bolivia es un estallido social de grandes dimensiones y consecuencias impredecibles.
Las movilizaciones combinan el aparato sindical tradicional, campesinos, pueblos originarios y organizaciones civiles. La Central Obrera Boliviana (COB), el sindicato matriz más grande del país, lidera la huelga general. También participan los Cocaleros del Chapare, productores de hoja de coca y bases políticas de las Seis Federaciones del Trópico de Cochabamba. Se suman la Federación de Campesinos de La Paz y Ponchos Rojos: grupos indígenas y milicias comunitarias del altiplano occidental altamente organizadas.
Asimismo, tienen un papel protagónico en las protestas los gremios de mineros, que participan tanto en marchas pacíficas como en tácticas de bloqueo. También participan del amplio movimiento de protesta los sindicatos y federaciones del transporte: los choferes del del servicio público urbano e interdepartamental se movilizaron, desde un principio, por la falta de combustible. Tienen asimismo una presencia importante en el movimiento las asociaciones de docentes y empleados públicos, sectores que presionan por mejoras presupuestarias y salariales.
Muertos, heridos y detenidos
Se confirmaron “al menos 6 muertes” directas e indirectas en el marco de la feroz represión desatada por el gobierno. Se reconoció oficialmente el fallecimiento de manifestantes por el uso de la fuerza en los operativos.
Las organizaciones de derechos humanos y los reportes médicos locales registran más de 50 personas heridas con lesiones de diversa gravedad, incluyendo civiles gasificados y efectivos policiales contusos por piedras y explosivos de estruendo.
Las fuerzas de seguridad han arrestado a un mínimo de 127 personas en todo el territorio nacional. La mayoría enfrenta cargos penales por obstrucción de vías públicas, daños a los bienes del Estado y desacato a la autoridad judicial.
Ya entregó el litio y las tierras raras a los yanquis
El 28 de abril de 2026, Bolivia y EEUU firmaron un Memorando de Entendimiento para la explotación y procesamiento de 31 minerales críticos, incluyendo litio, buscando atraer inversiones norteamericanas para la transición energética. Mientras el oficialismo destaca la inyección económica y la diversificación geopolítica, la oposición y sectores sociales denuncian una pérdida de soberanía y riesgos ambientales en zonas vulnerables.
El ministro de Minería, Marco Antonio Calderón, y el vicesecretario para Asuntos Económicos del Departamento de Estado de los Estados Unidos, Caleb Orr, suscribieron el acuerdo en Washington. “Estados Unidos está comprometido a trabajar con Bolivia, bajo el liderazgo del presidente Paz, para atraer inversiones que impulsen la prosperidad tanto en EEUU como en Bolivia y aseguren las cadenas de suministro de minerales críticos”, refiere un post del Departamento de Estado en la red social X.
Los minerales críticos son recursos minerales y metales esenciales para la economía, la defensa y la transición energética (tecnologías limpias) de un país, cuyo suministro es vulnerable a interrupciones. Estos son indispensables para fabricar baterías de autos eléctricos, paneles solares, turbinas eólicas y electrónica avanzada.
En Bolivia se encuentran 31 de los 38 minerales críticos que demanda el mundo, entre ellos: antimonio, bismuto, estaño, plata, zinc, galio, germanio, indio, litio, magnesio, manganeso, niobio y tantalio, según el geólogo y ex ministro de Minería y Desarrollo Económico, Jaime Villalobos.
En la ocasión, ambas autoridades también discutieron sobre la profundización de la cooperación en materia de minerales críticos. “Sellan pacto entre EEUU y Bolivia para explotar tierras raras”, tituló el Correo del Sur, medio de Sucre. “Gobierno de Trump busca más aliados para reducir la dependencia de China”, agrega la nota.
El secretario adjunto de Estado de Washington, Caleb Orr, y el ministro boliviano de Minería, Marco Antonio Calderón de la Barca, firmaron un memorándum de entendimiento sobre minerales críticos y abordaron la cooperación que Estados Unidos puede desarrollar en Bolivia, según informó el Correo del Sur.
“Estados Unidos está comprometido a trabajar con Bolivia bajo el liderazgo del presidente (Rodrigo) Paz para atraer inversión que impulse la prosperidad tanto en EEUU como en Bolivia y asegure las cadenas de suministro de minerales críticos”, dice un mensaje difundido en X por la oficina del Secretario adjunto de Estado.
El secretario adjunto Caleb Orr trabaja desde hace varios meses en acuerdos bilaterales, entre EEUU y otros países, para la explotación de tierras raras, actividad que actualmente es liderada por China, agrega el diario de Sucre.
Orr informó en febrero pasado que el objetivo de EEUU consiste en alcanzar una “red global de naciones afines para llevar a cabo los suministros” y confirmó la concreción de acuerdos bilaterales con varios países de la región.
El 5 de febrero pasado, el canciller de Bolivia Fernando Aramayo, informó que EEUU tiene el objetivo de conformar un bloque regional para el suministro de minerales críticos y tierras raras con el fin de reducir la dependencia de China, que es la líder en el mercado.
La semana pasada, la Unión Europea y EEUU firmaron un acuerdo para coordinar el suministro de minerales críticos esenciales para industrias estratégicas, como la defensa, en respuesta a la creciente preocupación por el dominio del régimen chino en el sector.
Además, para también explotar otro país que forma parte del triángulo del litio (junto con Bolivia y Argentina) el gobierno de Donald Trump firmó con Chile un Memorándum de Entendimiento (MOU) para promover el desarrollo de la exploración, explotación y procesamiento de minerales críticos y tierras raras.
Los minerales críticos, como el litio, cobre, cobalto y níquel, junto con las tierras raras, son fundamentales para la fabricación de baterías de autos eléctricos, turbinas eólicas, pantallas y sistemas de imanes de alta potencia.
Publicado en el semanario El Eslabón del 30/5/26
¡Sumate y ampliá el arco informativo! Por diez mil pesos por mes recibí todos los días info destacada de Redacción Rosario por correo electrónico, y los sábados, en tu casa, el semanario de papel de El Eslabón o la versión web elesla.com. Además participás de sorteos y descuentos en comercios amigos. Para suscribirte, envianos un mensaje por Whatsapp.
