Aún resuenan los ecos de la modificación a la Ley de Glaciares, votada con lobby minero detrás, que le da el poder a las provincias para habilitar la explotación en zonas antes restringidas poniendo en riesgo nada menos que las reservas del vital recurso.
A pesar de la lucha y movilización de las organizaciones ambientales y en defensa del agua, la Cámara de Diputados aprobó la semana pasada la reforma a la Ley de Presupuestos Mínimos para la Preservación de los Glaciares y del Ambiente Periglacial, a pedido de las grandes empresas mineras, ávidas de ampliar la explotación de recursos que les dejarán ganancias millonarias, cuyas migajas recogerán las provincias por algunos años. Según los activistas, los daños y perjuicios sobre poblaciones y fuentes de agua quedarán para siempre.
La posibilidad de abrir un debate serio sobre el proyecto del desarrollo productivo, la explotación de los recursos naturales y el rol de la minería en la economía argentina, quedó otra vez sepultado entre burdas chicanas cruzadas. Y a pesar de la resistencia ciudadana, se ejecutó con total impunidad una propuesta que beneficia a las grandes mineras cuyo posible derrame –no de cianuro sino de dólares–, es para muchos gobiernos provinciales como una balsa flotando en medio del diluvio.
Así, el gobierno de Javier Milei volvió a obtener otro triunfo en el Congreso con el aval de provincias al borde del desastre financiero que para obtener recursos sea como sea y para salvarse del derrumbe a corto plazo, apoyan los desaguisados libertarios sin ponerse colorados.
En este caso, la promesa no es menor porque hay miles de millones de dólares en danza.
Ahora, a partir de la modificación de la norma, los estados provinciales tienen la exclusiva potestad de aprobar o no los proyectos mineros, por lo que ya se restriegan las manos.
La modificación de la norma transfiere la responsabilidad de definir las áreas glaciares protegidas que estaba a cargo del Instituto Argentino de Nivología, Glaciología y Ciencias Ambientales (Ianigla), a las provincias.
La protección original fue aprobada en 2010 e incluía las áreas periglaciares, esto es sectores aledaños a glaciares caracterizados por procesos de congelación y deshielo, considerados como reservas estratégicas de agua dulce que regulan el flujo hídrico y estabilizan el terreno.
Según los anuncios de las empresas mineras, las inversiones serán millonarias. Para los activistas, los territorios estarán menos protegidos y de concretarse la explotación serán devastados y saqueados, quedando en algunos años más, como tierra arrasada e irrecuperable.
Pase y cobre
Para tener una dimensión del poder de lobby de las empresas mineras sólo hay que ver las cifras por miles de millones de dólares que se manejan en los programas de explotación en esos territorios que antes de la modificación la ley restringía.
El presidente de la Cámara Argentina de Empresas Mineras (CAEM), Roberto Cacciola, a poco de concretarse la votación en el Congreso, sostenía con optimismo que hay “proyectos de cobre de clase mundial que están listos para comenzar la etapa de construcción y pueden ser afectados positivamente por los cambios en la Ley de Glaciares en San Juan, Catamarca y Salta. Hay también un proyecto mediano de cobre en Mendoza”, anunciaba.
“En la provincia de San Juan están Pachón, Los Azules, José María y Filo del Sol”, detalló. Según el sitio empresarial Econo Journal, los dos últimos están integrados en el distrito Vicuña, donde las compañías BHP y Lundin planean realizar una inversión de 7.100 millones de dólares.
Por su parte, la minera canadiense McEwen Copper, a cargo del proyecto de cobre Los Azules, estima una inversión de 3.170 millones de dólares, mientras que Glencore calcula invertir 9.500 millones en el yacimiento El Pachón.
En San Juan también está el plan de cobre Altar, de la compañía Aldebaran, pero Cacciola aclaró que, a diferencia del resto, es el que está menos avanzado ya que se encuentra en etapa de prefactibilidad.
“En Catamarca está el proyecto Minera Agua Rica”, agregó Cacciola sobre el MARA (Minera Agua Rica – Alumbrera), uno de los mayores desarrollos de cobre de la Argentina. En esta iniciativa, el gigante suizo Glencore podría realizar una inversión de 4.000 millones de dólares, estimó la publicación especializada.
Sobre los emprendimientos que podrían concretarse a partir de la modificación a la Ley de Glaciares, Cacciola también mencionó que “en Salta está el proyecto de cobre Taca Taca”, que está a cargo de la minera canadiense First Quantum Minerals, que prevé una inversión de hasta 5.250 millones de dólares.
Además, el titular de CAEM añadió que “hay un séptimo desarrollo en Mendoza que es de menor envergadura que es Proyecto San Jorge (PSJ)”. Allí, la minera suiza Zonda Metals GmBH y el Grupo Alberdi tienen un compromiso de inversión de 559 millones.
Según información de la Secretaría de Minería, el país cuenta con nueve iniciativas mineras de cobre avanzadas en las regiones Cuyo y Noroeste por un CAPEX (gastos de capital) superior a los 28.000 millones de la moneda estadounidense. La Argentina dejó de producir cobre a gran escala en 2018, cuando cerró la mina Bajo la Alumbrera en Catamarca, recordó Econo Journal.
Los votos de hielo
Finalmente, en la madrugada del jueves 9 de abril pasado, luego de más de 11 horas de sesión y con la secretaria de la presidencia Karina Milei presente en uno de los balcones del recinto en la cámara baja, el gobierno y sus bloques aliados lograron la norma pro minera que modifica la Ley de Glaciares en el contexto de los proyectos previstos bajo el Régimen de Incentivos de Grandes Inversiones (RIGI), con 137 votos a favor, 111 negativos y tres abstenciones.
Además de La Libertad Avanza, votaron afirmativamente el PRO, la UCR, Innovación Federal, Elijo Catamarca, Producción y Trabajo (San Juan), Karina Banfi (Adelante Buenos Aires), José Luis Garrido (Por Santa Cruz), Nicolás Massot (Encuentro Federal) y un grupo de seis diputados de Provincias Unidas, entre ellos los santafesinos Gisela Scaglia y José Nuñez. El resto de los votos a favor de este sector fueron de Sergio Capozzi, Jorge Rizzotti, Alejandra Torres y Jorge Ávila.
Inclusive, el oficialismo se dio el lujo de captar votos de dos diputados de Unión por la Patria: los sanjuaninos Cristian Andino y Jorge Chica.
En tanto, Gisela Scaglia, la compañera de fórmula del gobernador Maximiliano Pullaro que dejó la vicegobernación para asumir como diputada nacional, explicó su voto a favor del proyecto mileísta: “La (nueva) ley de glaciares no baja los estándares de protección, solamente dice que serán las provincias las que tengan que hacer los informes que tengan que llevarse adelante y la definición de si hay explotación o no en una zona periglacial, no sobre un glaciar”, sostuvo, y aseguró que “no afecta a una cuenca hídrica”.
“Se quiere instalar que vamos a tomar agua envenenada, pero si no no habría minería en el mundo y hoy hay minería en muchas provincias de la Argentina y nos permite dar un salto económico muy importante”, indicó en declaraciones radiales.
Además agregó un lugar común entre quienes justifican la explotación: “Los chilenos sacan el cobre y son un país que se ha desarrollado en función del cobre, pero cruzando la montaña (por la Cordillera de los Andes) decimos que no se puede hacer”.
Silvana Giudici, de LLA, dijo que “esta ley viene a armonizar de modo absolutamente constitucional la demanda sobre los recursos naturales como también el resto de la normativa ambiental que rige en nuestro país”.
Toma y daca
El diputado nacional de la Coalición Cívica, Maximiliano Ferraro, fue uno de los legisladores que denunció que el tratamiento legislativo estuvo signado por el ofrecimiento de “aportes del Tesoro Nacional” a cambio de acompañar la iniciativa del gobierno, tanto en relación a la obtención del quórum para sesionar como para la votación.
“El Parlamento se convirtió en un templo de mercaderes, de compra y venta de voluntades”, dijo el diputado.
“El monto total de estas transferencias alcanzó un total de 47 mil millones de pesos en ATNs y hasta 4.800 millones en anticipos de coparticipación asignados de manera discrecional por el Gobierno nacional”, señaló, por su parte, un informe de la Fundación Ambiente y Recursos Naturales (Farrn).
“Las transferencias de fondos ATN realizadas durante el mes de marzo y los adelantos de coparticipación anunciados el 1º de abril inclinaron la balanza en el debate de la reforma de la Ley de Glaciares el pasado 8 de abril en la Cámara de Diputados”, sostuvo la Farn.
Voces en contra
Sabrina Selva, diputada bonaerense de Unión por la Patria sostuvo que “el debate propuesto respecto a la reforma de la Ley de Glaciares es tan deshonesto como el gobierno de Milei, tan mentiroso como su relato”. “Esta ley es inconstitucional y regresiva, va a traer conflictos interjurisdiccionales”, anticipó la diputada massista.
En tanto, Néstor Pitrola desde el Frente de Izquierda denunció a los que “responden a los monopolios mineros, que están dispuestos a entregar estos bienes que son recursos estratégicos para nosotros y para las generaciones futuras”.
Por su lado, el diputado Miguel Pichetto se centró en el aspecto político y administrativo. “¿Por qué estoy en contra? Porque no hay ningún elemento nuevo, ninguna cuestión técnica central que indique la necesidad de los cambios que se incorporan. En segundo lugar, porque tengo una visión del Estado Nación en la que la Nación no puede delegar alegremente atribuciones que le son propias de la Constitución Nacional en el artículo 41”, explicó.
“Nadie puede desconocer la realidad de las provincias argentinas, las dificultades que tienen en materia de coparticipación y lo apetecible que puede ser, a lo mejor, alguna inversión que abra un camino para generar empleo. Pero la Nación, con esta ley, pierde todo tipo de capacidad de control y se pierde un sentido de identidad nacional arbitrada por la propia Constitución”, ahondó.
Máximo Kirchner exclamó: “Nadie dice que no vengan a invertir en nuestro país, pero una cosa es que vengan a invertir y que el pueblo argentino les fije las condiciones, y otra cosa es que este Congreso le dé patente de corso”.
“En el país de las vacas cada vez se come menos carne y menos leche. En el país donde hay un glaciar, que es una de las maravillas del mundo, no cuidamos los glaciares. Por eso no tiene destino lo que se discute acá. Se está regalando al país”, añadió.
La diputada de Union por la Patria Caren Tepp se preguntó: “¿Por qué este intento desesperado de reabrir un debate que ya está saldado en Argentina? Si hay algo que tiene hoy en Argentina seguridad jurídica es esta ley (por la norma sin modificar). La Corte Suprema de Justicia de la Nación así lo dictaminó frente a los intentos de querer impugnarla”.
El presidente del bloque opositor, Germán Martínez, se manifestó “a favor de un federalismo y un ambientalismo de concertación, lejos de ese federalismo de desintegración nacional que muchos quieren plantear”.
La judicialización ambiental
A poco de la aprobación en Diputados, comenzó la presentación de amparos judiciales por parte de ONGs y fundaciones ambientales, con el objetivo de frenar la aplicación de la reforma de la Ley de glaciares.
Sólo unas horas después de la votación en el Congreso, el gobernador de La Pampa, Sergio Ziliotto, anunció una acción de amparo colectivo ambiental.
En tanto, este miércoles pasado la Asociación Americana de Juristas, Rama Argentina y la Asociación Foro Ecologista de Paraná, presentaron un amparo ante la Corte Suprema de Justicia en contra de la nueva Ley de Glaciares.
Esta acción busca, entre otros objetivos, que se declare a los glaciares y al ambiente periglacial como “sujetos de derecho”.
Los solicitantes del amparo argumentan que la falta de adecuadas medidas gubernamentales pone en peligro no sólo a la generación actual, sino también a las futuras, en contravención con el artículo 41 de la Constitución Nacional. Este artículo establece la obligación del Estado de proteger el ambiente y preservar los recursos naturales.
En tanto, la iniciativa de La Pampa fue impulsada de manera conjunta por el Gobierno provincial, la Universidad Nacional de La Pampa, la Fundación Chadileuvú y la Asociación Civil Asamblea por los Ríos Pampeanos. La presentación se realizó en el Juzgado Federal de Santa Rosa.
El gobernador Ziliotto señaló que, aunque la provincia no cuenta con glaciares, depende de cuencas de origen glacial, por lo que planteó un posible impacto en la disponibilidad hídrica. “La Pampa no tiene glaciares, pero sí depende del único río que hoy corre por la provincia, que es de origen glacial. También los otros dos que ya no corren. A partir de esta ley va a haber menos agua”, advirtió.
El eje del conflicto se centra en la interpretación del equilibrio entre desarrollo productivo y protección ambiental, con el agua como recurso estratégico en el centro del debate.
Organizaciones que cuestionan la reforma anticiparon la presentación de amparos en distintos juzgados federales del país. La estrategia incluye también un amparo colectivo de alcance nacional, que, según indicaron, reúne cientos de miles de adhesiones.
Desde organizaciones como Greenpeace y FARN sostienen que la modificación podría implicar una reducción en los niveles de protección ambiental, en el marco del artículo 41 de la Constitución Nacional y del Acuerdo de Escazú. En ese sentido, advirtieron sobre posibles impactos en las fuentes de agua, según publicó el sitio Panorama Minero
También se cuestiona la participación de las provincias en la aplicación de la ley. Para Andrés Nápoli, de FARN, esto podría derivar en un escenario de “dumping ambiental”, con diferencias en los estándares entre jurisdicciones.
A esto se suman críticas al proceso participativo: la audiencia pública convocada registró más de 105.000 inscriptos, pero menos del 0,2 por ciento pudo exponer.
Publicado en el semanario El Eslabón del 18/4/26
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