La psiquiatría moderna encerró a la locura para silenciarla. Reconocer al sujeto con padecimiento mental como un par, con derecho a amar, a decidir y a equivocarse, es el verdadero desafío pendiente de una sociedad que tutela sin acompañar.
La salud mental ha sido a lo largo de su breve historia un concepto en construcción. Previamente el concepto que permitía que una persona fuera encerrada, aislada, que administren sus bienes, era nada más y nada menos que la locura. Michel Foucault, en su obra Historia de la locura en la época clásica, hizo un hallazgo incómodo: antes del siglo XVII, la locura no era sinónimo de exclusión. El loco circulaba, formaba parte del paisaje urbano e incluso sostenía un diálogo con la razón. Fue durante el llamado Gran Encierro que monarcas y burgueses decidieron segregarlos junto a pobres, mendigos y desempleados. No por razones médicas sino económicas y políticas: había que esconder el desempleo y disciplinar los cuerpos que no encajaban en el nuevo orden productivo. El loquero no nace como un hospital en el que cuidar a los locos sino como una cárcel en la que encerrar para disciplinar moralmente a los pobres.
Más adelante vendrían los psiquiatras, que no liberaron a los internados de sus cadenas. Las nuevas cadenas, sin embargo, no eran físicas: encontraron el modo más sutil de la culpa, el sometimiento y la obediencia, ejerciendo un poder absoluto en la firma de un diagnóstico, dejando a una persona internada sin poder de decisión sobre su vida, sin sociabilidad, sin posibilidades de sostener vínculos afectivos y para colmo medicalizado de tal modo que no pueda actuar autónomamente. La dependencia que esto genera es muy grande. Es cierto que en un brote psicótico es necesario medicalizar y abordar con cuidados especiales. Lo que no impide que el objetivo deba ser siempre el regreso a un entorno familiar, afectivo, recuperar una dinámica cotidiana más integrada y autónoma.
El poder que tiene la psiquiatría es muy grande. Reducir a un sujeto a su diagnóstico es algo peligroso en una sociedad en la que sobran las experiencias que, en última instancia, habilitan al Estado a definir cómo se deben manejar los bienes, los vínculos, el cuerpo de una persona. Si puede construir una pareja, tener el deseo de tener hijos. La locura no anula la subjetividad, no es sólo caos. Foucault nos recuerda que la locura es una construcción social que desemboca en una serie de dispositivos de poder que tienen por objetivo el tutelaje como resultado del miedo de una época a lo que no entiende.
Los aleros de la mente
El reconocimiento de la ciudadanía plena para personas con padecimiento mental severo sigue siendo una asignatura pendiente. En Argentina, la Ley Nacional de Salud Mental, del año 2010, fue un avance enorme: prohíbe los manicomios, ordena la internación como último recurso y garantiza el derecho a recibir tratamiento en la comunidad. Pero la letra choca contra la realidad cotidiana.
¿Cuántas personas con diagnóstico de esquizofrenia o trastorno bipolar pueden conseguir un trabajo formal sin ser discriminadas? ¿Cuántas logran construir un vínculo de pareja sin que la familia o los profesionales lo vean como un “síntoma” de su enfermedad? El poder psiquiátrico no está sólo en la camisa de fuerza sino en la mirada que limita al otro a su etiqueta clínica. El desafío es doble: por un lado, aceptar que en casos extremos puede ser necesario restringir ciertas capacidades de obrar, o sea tutelar pero de manera limitada y revisable. Por otro lado, tener claro que esto no autoriza a vaciar de derechos al sujeto. El concepto de “capacidad restringida” –previsto en el Código Civil y Comercial argentino– intenta equilibrar esa tensión. A diferencia de la vieja insanía que anulaba por completo la capacidad de la persona, el nuevo paradigma reconoce que alguien puede necesitar apoyo para decidir sobre sus bienes, pero no para elegir a su pareja. O puede requerir supervisión en el manejo de su medicación, pero no puede votar. Esta visión habilita al análisis de la singularidad, de la posibilidad de actuar sobre cada caso con el criterio de potenciación de la autonomía. Esto implica a su vez que incluyamos en ese análisis el ejercicio de poder, de los profesionales, de las instituciones y del Estado. Si tenemos el criterio de valorar la posibilidad de desarrollo de la subjetividad, de la ciudadanía, tenemos que escucharlos, darles valor real a lo que dicen, no patologizarlos. Y, en última instancia, reconocer sus deseos.
Uno de los puntos más controversiales tiene que ver justamente con la construcción de vínculos. Por eso el encierro no debe durar más que el necesario para la protección de la vida y la salud del internado. La posibilidad de disfrutar vínculos amorosos, de afecto y de ternura, durante mucho tiempo fueron considerados como factores de inestabilidad. La realidad muestra exactamente lo contrario. Esos vínculos forman parte de los derechos humanos más básicos y son imprescindibles para la contención de las personas en situaciones de vulnerabilidad. Hoy, los nuevos dispositivos de atención –centros de día, viviendas asistidas, equipos interdisciplinarios– intentan romper ese aislamiento. Pero el cambio cultural es más lento que las leyes.
Foucault plantea la desconfianza sobre algunos mecanismos de poder ejercidos por la psiquiatría. Uno es el diagnóstico eterno. El brote no es un estado permanente sino momentos acotados de las personas, no se puede tratar a un paciente como si fuera una patología. Por otro lado, es fundamental rechazar la tutela definitiva, todo debe ser revisable, proporcional, y situado. También hay que tener mucho cuidado con el aislamiento, para eso es preciso garantizar el derecho a la sociabilización. Por último, la escucha es el mecanismo a través del cual podemos ponernos en contacto con los deseos y las necesidades de las personas y nos permite crear las condiciones terapéuticas para mejorar sus condiciones de vida en comunidad.
No tenemos que dejar de lado el contexto social en el que nos encontramos. Para comenzar, cuando un gobierno no tiene intención de considerar a la salud mental como un derecho e invertir el dinero necesario que posibilite la proliferación de instituciones, de transportistas que hagan efectivo el traslado a los centros de día, el sueldo de los profesionales y de todos los empleados relacionados a dicha comunidad, estamos en problemas. Si no somos capaces de construir una red que permita que la restricción de libertad sea la excepción, no la regla, y que cuando ocurra sea en hospitales generales con equipos interdisciplinarios y plazos definidos, no vamos a poder garantizar el cumplimiento de una ley que, si bien tiene algunas cuestiones a revisar, fue construida con el consenso y la participación social para tener la amplitud y la complejidad necesaria para el abordaje de los problemas de salud mental.
Por último, y teniendo en cuenta las características de la cultura meritocrática en la que estamos inmersos, ¿qué clase de normalidad hemos construido a lo largo de los últimos 50 años? ¿Debemos aceptar que se destruya la idea de comunidad en manos de la competencia? ¿Es salud mental creer que el Estado no debe compensar las desigualdades sociales generadas por la mezquindad del mercado? Aceptar esta normalidad nos lleva a una encerrona ética y política en la que los más desprotegidos tienen que ser descartados y abandonados. ¿Eso queremos para nuestro mundo? En última instancia, se busca legitimar la selección natural colocando al ser humano productivo por encima del resto. Hicieron un trabajo profundo hundiendo el bisturí en la zona solidaria de la sensibilidad. Muchos sucumbieron a la propaganda del poder que propone el “salvate solo” aunque esto implique abandonar a los seres queridos más vulnerables, los discapacitados, los viejos y las infancias. ¿Estamos dispuestos a pelear por un futuro inclusivo?
Publicado en el semanario El Eslabón del 9/5/26
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