El movimiento cooperativo, sobre todo las empresas recuperadas, vuelve a ser atacado por el gobierno de Milei con el proyecto de inviolabilidad de la propiedad privada.
El proyecto de ley de inviolabilidad de la propiedad privada es de los más potentes entre los embates del mileinato contra las trabajadoras y trabajadores de la economía social, solidaria, popular.
La iniciativa que se baraja en el Congreso Nacional y estuvo a punto de obtener media sanción en el Senado “desarma” las normas vigentes que avalan las expropiaciones que el Estado puede realizar en defensa del interés público, social, comunitario, por lo que “arrasa con los derechos de cooperativas productivas, rurales y de servicios en todo el país”, se remarcó desde la Federación de Cooperativas Autogestionadas de la República Argentina para Otra Economía (Fedecara).
Entre las más directamente afectadas en caso de que el proyecto se apruebe se cuentan las cooperativas que gestionan fábricas y empresas recuperadas, que en muchos casos funcionan en predios bajo leyes de expropiación temporaria.
En otros, han logrado la titularización a nombre de las cooperativas de inmuebles y maquinarias, lo que ha significado un cambio de escenario muy favorable para su desarrollo.
Ensañamiento libertario
Además del modelo de ajuste y transferencia de recursos a los sectores financieros y los grupos concentradores que se impulsa desde diciembre de 2023 y golpea al grueso de los actores económicos, las empresas recuperadas y autogestionadas, las cooperativas de trabajo y los movimientos sociales que sostienen espacios de inserción laboral sufren un particularmente feroz maltrato del gobierno nacional.
La eliminación de programas y organismos de promoción y desarrollo, la persecución y estigmatización mediática y judicial de sus modos de funcionamiento y organización, son muestras de ese ensañamiento de la gestión encabezada por Javier Milei.
En general, el ataque no se replica al mismo nivel desde gobiernos provinciales y municipales. Pero los que respaldan los trazos principales del accionar del gobierno libertario, como los de la provincia de Santa Fe y la Municipalidad de Rosario, no muestran una actitud muy distinta en lo que a asignación de recursos y acompañamiento estatal se refiere.
En cuanto a la inviolabilidad de la propiedad privada, todo indica que el proyecto se tratará a principios de agosto y contará con el aval de los senadores nacionales del oficialismo santafesino, Carolina Losada y Eduardo Galaretto; y también luego, en caso de obtener media sanción, de los diputados y diputadas que vienen respaldando las iniciativas del Ejecutivo Nacional.
Publicado en el semanario El Eslabón del 25/7/26
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