“No estábamos preparados”, dijo el delegado regional de Educación, Osvaldo Biaggiotti, sobre las balaceras y amenazas que afectan a las comunidades escolares. Hay 25 instituciones educativas con custodia policial. .
El gremio que reúne a la docencia de la Facultad Tecnológica de Rosario (UTN) -Fagdut- resolvió por unanimidad parar y movilizarse este jueves 22, junto a las demás organizaciones sociales y sindicales.
Amsafé, Sadop, Ate, Coad y diferentes gremios de Rosario marcharon para exigir al Estado que no mire para otro lado y ofrezca soluciones reales ante la violencia narcocriminal. El paro docente fue total.
La medida de fuerza la impulsa la Multisectorial por la Paz que conforman más de 50 organizaciones sindicales y sociales. Será para exigir al Estado que se terminen las balaceras y amenazas contra las escuelas.
El documento fue impulsado desde la Secretaría de Género y Diversidad del Centro de Estudiantes del Profesorado Houssay. Tiene un carácter preventivo de las violencias hacia las mujeres y las diversidades sexuales.
Organizaciones sindicales, sociales y políticas exigen “al gobierno provincial, a la justicia y a las fuerzas de seguridad, la resolución de esta grave situación de violencia que tiene a toda la ciudadanía de rehén”.
La delegación local de Amsafé convocó a parar este miércoles de 10 a 15. “La balacera que hirió a un niño de primer grado de la Escuela N°1.319 es un salto en una realidad que no se soporta”, expresan.
La directora de la Escuela Secundaria N° 411 Leónidas Gambartes recibió mensajes amenazantes en su celular. Debieron suspender la jornada escolar. “La situación es gravísima”, alertaron desde Amsafé Rosario
Amsafé exige acciones concretas a la provincia y a la Nación contra la violencia instalada en Rosario y que afecta la vida escolar. Convocan a un festival y a una marcha para repudiar las muertes de niñas, niños y jóvenes.
Este domingo a la madrugada mataron a un niño de 12 años e hirieron a otros dos y una nena de 2 años. Amsafé repudia el avance de la violencia y la narcocriminalidad y exige a los poderes políticos y judiciales “acciones reales".
