Por Guillermo Griecco. Mientras se van aceitando los engranajes de la nueva Justicia Penal que comenzó a regir en la provincia en febrero pasado, el fuero laboral de Rosario espera con inquietud por reformas necesarias para acelerar los trámites frente a la multiplicación de litigios. Si bien la situación de colapso viene de largo, la sostenida acumulación de expedientes y la consecuente negativa de justicia para los trabajadores hacen que el deterioro del sistema se agrave con el correr de los días.

Así lo hicieron notar legisladores provinciales y letrados laboralistas, además de instituciones como el Colegio de Abogados. Entre las medidas reclamadas al gobierno de Antonio Bonfatti están la creación de nuevos juzgados laborales, más y mejor infraestructura, más personal y más recursos que ayuden a darle curso a la montaña de legajos que rebalsa el tribunal.

“Cada una de las etapas de un juicio laboral en Rosario tarda diez veces más de lo que debería demorar”, alertó el abogado laboralista Jorge Elías. “Después de que se inicia la demanda, el tribunal tiene que fijar una audiencia para dentro de 20 o 30 días, y hoy se está fijando esa audiencia para dentro de un año”, indicó Elías al describir un panorama complejo en el fuero por el que le toca andar, y agregó que también se observa en algunos juzgados “un atraso de varios años para dictar sentencia”.

Y continuó: “Todo esto requiere de una nueva infraestructura, porque la cantidad de pleitos no guarda relación con los recursos que tiene el tribunal. Estamos trabajando con la misma cantidad de jueces desde hace años, cuando el número de juicios era mucho menor. Hay un colapso con grave daño para los trabajadores, que no saben cuándo van a cobrar, y en algunos casos también para el patrón, porque nunca sabe cuándo termina lo que él cree que está defendiendo de buena fe y eso le genera enormes costos a la empresa”.

Para Elías, las “dos grandes razones” que generan trastornos en los juzgados laborales de Rosario son “las contrataciones de trabajadores de manera irregular, es decir en negro o los que figuran anotados por medio día, quienes representan entre un 35 y un 40 por ciento de los pleitos, y las ART (aseguradoras de riesgo de trabajo)”. Y el abogado también nota que aparece algún estímulo mayor de los trabajadores para demandar al patrón “porque hay más empleo, y al haber más empleo hay más coraje para jugársela”.

En cuanto a las ART, Elías señaló: “Las aseguradoras generan aumento de la litigiosidad porque son pocas las que reconocen la verdadera incapacidad del trabajador. Y esos pleitos se ganan, no es una aventura de tipos locos que quieren cobrar cualquier cosa, sino que son personas que encuentran que la Justicia les da la razón en sus reclamos. Eso representa un colapso de causas y una enormidad de pleitos”.

Consultado sobre si cree necesaria una reforma en el fuero laboral como se dio en la Justicia Penal para intentar agilizar los trámites, el abogado laboralista tomó distancia: “Cambiar el modelo que tenemos pensando en los juicios orales me parece aventurado. Primero hay que tener la cantidad de jueces necesarios, ver cómo funcionan y sobre esa base ver qué cambios hacer. Porque los juicios orales no se pueden apelar y además requieren de mayor infraestructura que el juicio escrito”.

“En Buenos Aires, donde están los tribunales más importantes del país en materia laboral, el sistema es muy parecido al nuestro: es un sistema escrito con doble instancia, con un juez que falla y una cámara que revisa ese fallo. La producción es muy buena, se discuten temas importantes que luego marcan línea para todos los tribunales laborales del país. Buenos Aires tiene 80 jueces en el fuero laboral y en Rosario tenemos diez para una población que podemos estimar en menos de la mitad de la ciudad de Buenos Aires. Acá se acaba de crear el juzgado número diez, pero en realidad tendríamos que tener por lo menos diez más”, consideró Elías.

“La expectativa que tenemos los interesados en este tema es que cuando se termine de resolver el funcionamiento de la Justicia Penal, a la que evidentemente el Estado provincial le dio prioridad, y se muden al edificio que se está construyendo frente al viejo hospital Heca, probablemente haya más espacio en el Palacio de Tribunales para crear nuevos juzgados laborales”, se esperanzó.

Pedido de informes

Los diputados provinciales José María Tessa y Patricia Gazcué (Nuevo Encuentro-Corriente Peronista Federal) presentaron semanas atrás en la Cámara baja un pedido de informes para que el Ejecutivo detalle “medidas o acciones adoptadas tendientes a revertir la crisis que atraviesa el fuero laboral de Rosario”.

En el escrito, los legisladores se preguntan por “las medidas que se encuentran previstas (por la provincia) para garantizar la infraestructura y el personal necesarios que permitan el verdadero acceso a la justicia a los trabajadores” y “cuáles son las asignaciones presupuestarias para alcanzar dicho objetivo, incluyendo la creación de nuevos juzgados laborales”.

Para Tessa y Gazcué, “el deterioro de la justicia del trabajo en Rosario se agrava, importando en los hechos un grave estado de denegación de justicia que afecta a los trabajadores que reclaman créditos de naturaleza alimentaria. Esta situación ha sido advertida por distintas instituciones, como el Colegio de Abogados de Rosario, el Colegio de Magistrados y, prácticamente, todo el movimiento obrero a través de sus sindicatos”.

Los diputados kirchneristas advirtieron que “el número de causas ha crecido año tras año”. Según datos de la Mesa Única de Entradas del fuero laboral de Rosario, en 2008 ingresaron 15.002 expedientes; en 2009 fueron 20.696; durante 2010 llegaron a 20.741; en 2011 aumentaron a 27.911; en 2012 se contabilizaron 25.904; y el año pasado ingresaron 20.529 expedientes, con una leve caída respecto de los dos anteriores por una serie de requisitos exigidos al momento de iniciar la demanda.

Tessa y Gazcué indicaron que “el dictado de sentencia lleva varios años porque queda paralizado el expediente”, y añadieron: “Hay que tener en cuenta que la cantidad de causas señaladas deben ser atendidas por solamente nueve juzgados con competencia en materia laboral, porque el Juzgado Laboral Nº 10 recién fue puesto en funcionamiento hace pocos días”.

En el pedido de informes impulsado por los diputados Tessa y Gazcué se lee: “No puede soslayarse una cuestión central. El expediente queda paralizado por más de un año desde que se integra la causa hasta que se efectúa la audiencia prevista por el artículo 51 del Código Procesal Laboral, a pesar que prevé un lapso no mayor a 30 días”.

“Desburocratizar”

Otro que hizo oír su reclamo fue el abogado laboralista Horacio Elizondo, quien solicitó la creación de 25 nuevos juzgados laborales “como única forma de revertir la mora en el fuero que acumula unos 30 mil expedientes en sus diez juzgados y que hace que la resolución de una causa demande en promedio de tres a cuatro años”.

Para Elizondo “se hace imperioso desburocratizar y darle oralidad al sistema, a semejanza de lo realizado recientemente en el fuero penal de la provincia de Santa Fe”. Según el letrado, a raíz del exceso de causas que tramita cada juzgado “hay numerosos casos en que la primera notificación se realiza recién al año de haberse iniciado el expediente, lo que en la práctica deja de ser justicia, mucho más cuando se trata de demandas de personas que han perdido su trabajo o padecen una enfermedad”.

En declaraciones al programa radial Tiempo de Justicia, Elizondo dijo que observa “con preocupación el incremento de amenazas de suspensiones en algunas actividades fabriles, como también el aumento de casos en los que se vulneran derechos de los trabajadores y no se cumple la legislación vigente”.

 Indemnizaciones o juicios

En octubre de 2012 se reformó, vía Congreso, la ley de Riesgos de Trabajo, que elimina la denominada “doble vía” y determina que el trabajador debe elegir entre la indemnización a través de la ART o recurrir a la instancia judicial. Según el abogado laboralista Jorge Elías, la norma “mejoró las indemnizaciones y entonces la discusión se corrió a si esa mejora de las indemnizaciones también debe aplicarse a los juicios por accidentes de trabajo ocurridos con anterioridad (a la promulgación de dicha ley). Por ese punto, momentáneamente, se ha generado un incremento de litigios. Sucede que la ley de Riesgos deja afuera varias enfermedades provocadas por el trabajo, la reforma no pudo resolver bien esta cuestión y quedan muchas enfermedades que las ART consideran que son ajenas al trabajo y que dan lugar a un mayor caudal de juicios. Es una falla de la ley porque tiene una lista y la enfermedad que no está en esa lista las ART no las indemniza”.

(Publicada en el eslabón nº140)

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