Desde su desembarco en la administración provincial, el socialismo viene inseminando el territorio con distintas fuerzas de prevención, control y seguridad. En este ítem, Rosario marcó tendencia con el lanzamiento de la Guardia Urbana Municipal (GUM: creación de Miguel Lifschitz durante su intendencia e inspirada, según él, tras advertir que el problema de la seguridad “empezaba a tener otra dimensión”), formada inicialmente con veteranos oficinistas al borde del retiro muñidos de boinas color borravino, que se destacaron más por sus peleas con vendedores ambulantes y trapitos que por su publicitada misión original. Más recientemente, se soltó en las calles a la Policía Comunitaria, que según la oposición local, vino a superponer sus tareas con las que tendría a cargo la GUM, pero cuya presencia es aún menos significante que aquella, o cuando mucho, pasó desapercibida, salvo por un episodio de septiembre pasado en barrio Las Flores, donde disparó a mansalva contra un chico en un supuesto enfrentamiento entre bandas narco y por el que se ganó tempranamente el tilde de gatillo fácil. Y más flamante todavía, la Policía de Acción Táctica (PAT), cuyo bautismo de fuego en Rosario, días atrás, le costó la vida a un inocente (ver «Sabemos que fue la policía»). Ninguno de estos “enormes esfuerzos” de la provincia (no incluyamos aquí las desesperadas gestiones para recibir y ahora preservar tropas de Gendarmería) lograron siquiera amainar la escalada de violencia que encumbró a Rosario en el índice nacional de muertes por cada mil habitantes. Los tropezones del socialismo en materia de seguridad vienen de larga data. Baste recordar que seis comisarios pasaron por la jefatura de la policía santafesina desde Binner a la fecha. De los tres últimos, todos en la era Bonfatti, dos fueron apartados de manera forzosa: Hugo Tognoli, –tras las rejas por presunto encubrimiento agravado en una causa narco–, seguido por Cristian Sola –investigado por enriquecimiento ilícito– y de ahí para abajo, toda una constelación de oficiales, suboficiales y agentes procesados por distintos hechos de corrupción, fraude, complicidad narco, robos, gatillo fácil, abuso de poder, apremios, sedición, etcétera, etcétera, etcétera. Y a pesar de la superabundancia de evidencias que gritan a los cuatro vientos que la institución policial es más parte del problema que de la solución, la actual administración insiste en su ¿política? cuasi compulsiva de acrecentar el número de gorras y repetir para su comando a nombres oscuros.
Artículo publicado en la edición de este sábado del semanario El Eslabón.
