Gremios del sector privado negocian con empleadores aumentos de haberes, que rondarán entre el 30 y el 35 por ciento. Algunos están cerca del acuerdo, otros recién inician sus discusiones y otros estiran la definición ante la intransigencia patronal. El debate por Ganancias aparece sobre la mesa.
Tras el paro nacional contra el pago de impuestos en salarios medios y altos, gremios de peso, los que tienen mayor cantidad de trabajadores afiliados, abrieron o comenzaron a delinear sus negociaciones paritarias en busca de una recomposición del poder adquisitivo de los haberes. Por los primeros sondeos y en sintonía con el acuerdo docente y de algunos sindicatos estatales en las provincias, los aumentos de sueldos de este año en el sector privado rondarán entre el 30 y el 35 por ciento.
A diferencia de 2014, devaluación mediante, la mayoría de las proyecciones inflacionarias miden por debajo de esos porcentajes. Bancarios, aceiteros, petroleros, colectiveros, mercantiles y metalúrgicos son algunos de los sectores que, con mayor o menor grado de avance, discuten con los empresarios la política salarial 2015. El tema Ganancias aparece sobre la mesa y para algunos “distorsiona” las conversaciones.
La gimnasia paritaria que practican los trabajadores se repite desde hace once años. La recuperación de los salarios y las jubilaciones, acompañada por la inversión social del Estado, robusteció el mercado interno, redujo la pobreza y la desigualdad, y permitió que nueve de cada diez argentinos se sientan de clase media, según un estudio de la Cepal sobre indicadores de bienestar en el país. Las negociaciones colectivas son hoy un derecho adquirido, que frente al recambio presidencial el trabajador deberá hacer valer.
A la espera de cerrar los incrementos salariales del año, atravesado por el proceso electoral, algunos gremios arreglaron el pago de sumas fijas. Los acuerdos puente también les permitieron eludir el rol de faro, de sindicato testigo para el resto de las paritarias. En su momento ese lugar de guía lo ocupó Camioneros y en los últimos años quedó para la Unión Obrera Metalúrgica (UOM).
En otros casos, como el de los trabajadores aceiteros, iniciaron medidas de fuerza enganchadas al paro nacional por Ganancias ante la falta de respuesta de las cámaras de la agroindustria. La huelga quedó en suspenso por la conciliación obligatoria que dictó el Ministerio de Trabajo de la Nación. El aumento salarial pretendido promedia el 40 por ciento, con el objetivo de asegurar a la categoría inferior un salario de casi 15 mil pesos. El reclamo es motorizado en conjunto por el Sindicato Aceitero de Rosario y la CGT San Lorenzo, región donde se emplaza el principal polo agroexportador del país.
En tanto, el sindicato de los trabajadores del petróleo continúa con su negociación paritaria, donde ya anticipó que exigirá a las empresas del sector el pago de un bono de más de 20 mil pesos. Esta suma se podría llegar a pagar en tres o cuatro cuotas, con lo cual la discusión final de la paritaria se realizará en julio.
En una de las negociaciones clave, la UOM, el gremio de los metalúrgicos, reclamó un aumento superior al 30 por ciento en un encuentro mantenido días atrás con cámaras empresariales. El sindicato encabezado por el líder de la CGT oficial, Antonio Caló, pidió 32 por ciento de incremento o el pago de una suma fija hasta mitad de año. El gremio exige llevar el salario mínimo de 6.400 a 8.500 pesos, equivalente a una suba del 32 por ciento, sumas que en esos casos no son alcanzadas por el impuesto a las Ganancias.
El gremio de empleados de comercio que conduce Armando Cavallieri está cerca de sellar un aumento salarial del 30 por ciento en dos cuotas, más un adicional no remunerativo de 3.600 pesos. El acuerdo del 27 por ciento de incremento más dos sumas fijas de 1.200 pesos que en 2014 consiguió el sindicato de los mercantiles, que agrupa a la mayor cantidad de trabajadores en el país, venció el 31 de marzo. Este gremio es otro de los que marca referencia. De hecho, el año pasado, el convenio paritario de Comercio fue presentado en la Quinta de Olivos en un encuentro con la presidenta Cristina Fernández, del que participaron varios sindicatos.
Ganancias en la mesa
Como se esperaba, a dos semanas del paro del transporte seguido por las centrales obreras opositoras, el debate sobre el impuesto a las Ganancias y su impacto en los salarios aparece como tema central en algunas negociaciones paritarias, sobre todo en las de los gremios que representan a los trabajadores que más ganan, como bancarios y choferes de colectivos. Incluso, el Sindicato de Luz y Fuerza realizó una medida de fuerza a nivel nacional el miércoles pasado por la derogación de dicho impuesto, contra el trabajo tercerizado y por recomposiciones salariales.
Desde la Asociación Bancaria, sindicato que acordó con las entidades una suma puente en enero, advirtieron que el impuesto a las Ganancias “complica” o “distorsiona” las paritarias. Por eso, en la negociación salarial quieren introducir la fórmula de compensación por Ganancias, que consistiría en una devolución de lo abonado por ese tributo.
“Sin cambios en Ganancias, aquellos sindicatos que estamos afectados no vamos a reclamar sólo la actualización de salarios. Y así, se va a desnaturalizar la intención de racionalidad que pretende el gobierno de paritarias ajustadas a una inflación futura que está proyectada en un 24 por ciento anual”, sostuvo el secretario general del gremio, Sergio Palazzo, en declaraciones a los medios. El dirigente gremial comentó que, en el caso de los bancarios, “si no hay una solución al problema de Ganancias, uno de los puntos de nuestra negociación paritaria será la devolución total o parcial de lo pagado por Ganancias, hasta que el gobierno corrija esta inequidad”.
Por temor al efecto contagio, la Unión Industrial Argentina (UIA) requirió “responsabilidad” a los gremios para encarar las paritarias y consideró “inviable” que el sector se pueda hacer cargo del impuesto a las Ganancias que pagan los trabajadores. Al respecto, solicitó a los sindicatos “tener en cuenta que la industria ha incrementado en forma sustancial el salario real en los últimos diez años”. La entidad que comanda Héctor Méndez advirtió que asumir el pago de Ganancias tendría para los empresarios “un impacto negativo en el desarrollo de la actividad, con implicancia en los puestos de trabajo”.
El sindicato de choferes de colectivos (UTA) que conduce Roberto Fernández advirtió que como mínimo pedirá un 40 por ciento de aumento en las paritarias y, al mismo tiempo, reclamó al gobierno duplicar el piso salarial a partir del cual se paga Ganancias, hoy en 15 mil pesos. En enero último, el sindicato acordó con las cámaras del autotransporte público de pasajeros un ajuste no remunerativo de 5 mil pesos en tres cuotas, a cuenta de futuros aumentos. Según el acuerdo, en enero percibieron 2 mil pesos y dos cuotas de 1.500 en febrero y marzo. Por su parte, el secretario general de los maquinistas de trenes de La Fraternidad, Omar Maturano, reclamó al gobierno subir el mínimo no imponible de Ganancias a 40 mil pesos.
Consultado al respecto, el viceministro de Economía de la Nación, Emmanuel Álvarez Agis, dijo que el mínimo no imponible de Ganancias está “en un número razonable”, por lo cual consideró que sería un “disparate” llevarlo a 30 mil o 40 mil pesos como reclaman sectores gremiales. Y explicó: “Cuando miro los números, tomando los casos más extremos, si uno dice actualicemos el mínimo no imponible por el índice de inflación más alto que haya, ese índice nos da 14 mil pesos. Y hoy el mínimo es de 15 mil”.
En declaraciones radiales, el segundo de Axel Kicillof sostuvo que Ganancias “nunca se come a las paritarias”. Evaluó que “si la razón para convocar un paro es el impuesto a las Ganancias significa que pasamos a una Argentina con salarios altos”. A su criterio, “que la UTA, que puede cobrar los salarios que cobra porque el gobierno subsidia el transporte, reclame no pagar Ganancias es una falta de solidaridad”. Por último, Álvarez Agis se quejó: “Los reclamos son legítimos pero cuando se pone una cifra así (por 30 mil o 40 mil pesos) se tiene una intencionalidad política”.
Fuente: El Eslabón
