Gendarmería, centinela del silencio

Fotografía publicada en el libro de Valeria Mapelman (2015), Octubre Pilagá. Memorias y archivos de la masacre de La Bomba, Buenos Aires

Se cumplieron 70 años de la masacre de comunidades indígenas en Rincón Bomba, Formosa, cuando ya la fuerza de seguridad nacional custodiaba las fronteras de los intereses privados.

“La desaparición forzada de Santiago Maldonado durante la feroz represión en el territorio mapuche del Pu Lof en Resistencia, en Cushamen, Chubut, puso en primer plano la violenta relación de la Gendarmería Nacional con las comunidades indígenas”, indica Luciana Mignoli, miembro de la Red de Investigadores en Genocidio y Política Indígena en Argentina, y explica que esa “violencia que se inscribe en un continuo histórico, en donde la reunión de sujetos indígenas en el espacio público reactiva rápidamente la necesidad de poner punto final al «malón». Esa fue una de las justificaciones históricas que se esgrimieron para fundamentar la violenta anexión de territorios indígenas a través de las avanzadas cívico-militares conocidas como «»Campañas al Desierto». Un despliegue enorme de mecanismos represivos que impactan sobre los cuerpos y los territorios indígenas que vienen aprehendidos y sostenidos desde el siglo XIX”.

Para la  investigadora, también miembro del Centro Cultural de la Cooperación Floreal Gorini y licenciada en periodismo de la Universidad Nacional de Lomas de Zamora, “la Gendarmería protagonizó distintas represiones indígenas a lo largo de la historia. En 1924, una protesta indígena por las condiciones de hacinamiento en la Reducción de Napalpí, fue reprimida por la policía del Territorio Nacional del Chaco y por el Regimiento de Gendarmería de Línea (luego reconvertido Gendarmería Nacional) dejando un saldo de cientos de indígenas qom y mocoví asesinados”. Según los investigadores, en las reducciones de la región, llegaron a ser cinco mil las personas confirmadas.

La investigadora explica que llegó al tema por la película Octubre Pilaga, de la documentalista Valeria Mapelman, de trayectoria en experiencias de comunicación con comunidades originarias, como Mbya, tierra en rojo, que estrenó en 2004. En ese trabajo, Mapelman se enteró de una masacre de pilagás, ocurrida en octubre de 1947.

“Viajamos varias veces al norte con Valeria y el sociólogo Marcelo Musante, quien ha investigado las reducciones civiles estatales en Formosa, y también integrante de la Red de Investigadores. Planificado como una instancia superadora a la conquista armada del Chaco, la institución Musante ha trabajado en la cuestión de reducción estatal para indígenas, complejo sistema con un único grupo social como víctima: las comunidades originarias. Si bien, la propuesta original enunciada por las agencias estatales, los informes oficiales demuestran que el sistema de reducciones fue contemporáneo a prácticas de hostigamiento y represión. Fueron una de las maneras que adquirió la estrategia dual de dominación sobre los pueblos indígenas y se pueden inscribir en un proceso social genocida”, explica Mignoli.

El delito es reunirse

La investigadora remarca que “en la actualidad, se puede mencionar –entre muchas otras y en distintos lugares del país– la voraz represión sobre la Comunidad Potae Napocna Navogoh, La Primavera, Formosa, que en 2010 se encargó de liberar la ruta provincial 86. Allí –al igual que hace dos meses en Cushamen– la comunidad qom sostenía un corte en la ruta en defensa de su territorio y sus derechos. La avanzada de la Gendarmería junto a la policía formoseña terminó con el asesinato del anciano qom Roberto López, varias viviendas incendiadas y ocultamiento de la documentación luego de la represión”.

“En Napalpí, Potae Napocna Navogoh o Cushamen, los y las indígenas se habían reunido. Y el delito es reunirse. Cambian las fechas y el color político del gobierno de turno. Pero los imaginarios que se actualizan en las fuerzas represivas del Estado permanecen intactos: La concentración pública de sujetos indígenas es leída como una invitación a la represión sobre esos cuerpos. Y eso fue lo que pasó hace 70 años en Formosa, en una de las masacres más silenciadas de la historia argentina”, indica la investigadora. También explica que “desde hace 12 o 13 años viajamos en familia a Chaco y Formosa para conocer junto a las comunidades de la zona la profundidad de esa temática”.

La Bomba, cerca de Las Lomitas

“Tonkiet era un hombre que, según los ancianos sobrevivientes, «sanaba con su palabra». Su llegada a fines de septiembre de 1947 a un paraje llamado La Bomba, cercano a Las Lomitas, circuló rápidamente por el montaraz paisaje formoseño”, reseña Mignoli, y añade: “Ese era su legítimo nombre en lengua pilagá, aunque luego fue conocido por su nombre español: Luciano Córdoba. Y en torno a él, cientos de familias se congregaron para participar de un encuentro sagrado. Con el correr de los días, fueron cientos o quizá miles de personas quienes se reunieron a orilla del madrejón y formaron un solo cuerpo colectivo, ancestral y espiritual”.

Luciana remarca, además, que “el persistente sonido de tambores y alabanzas en lengua originaria se escuchaba a varios kilómetros de distancia. Y también dicen que la multitudinaria reunión fue leída como una amenaza para civiles y militares que vigilaban el entonces territorio nacional. La Gendarmería fue la que intimó a las familias a abandonar esa concentración espontánea”.

“Pero –agrega– los caciques, ancianas y ancianos allí reunidos, no se dispersaron: era una reunión sagrada, estaban en su territorio ancestral y entendían que no significaban amenaza alguna. Sin mediar ningún intento de entendimiento, la negación fue rápidamente asumida como un acto de rebeldía. Y en la tarde del 10 de octubre de 1947, la Gendarmería desplegó toda la ferocidad de la violencia represiva del Estado”.

La emboscada fue fatal, explica la investigadora: “Un avión con ametralladora perseguía desde el aire; mientras que la cacería por tierra abarcó distancias de más de cien kilómetros y varios días de persecución”.

Violencia de género y genocidio

También subraya Luciana que “el minucioso y respetuoso documental «Octubre Pilagá. Relatos sobre el Silencio», recupera la memoria oral de los sobrevivientes y saca a la luz los delitos sexuales cometidos contra mujeres y niñas. La violencia de género en el marco de un proceso genocida entendida como mecanismo de tortura y silenciamiento”.

Allí, también se recuerda “en forma colectiva cómo fue ese proceso genocida que incluye matanzas, sometimiento, traslados forzosos y desmembramiento familiar, tal como se especifica en el concepto de genocidio que la Asamblea General de las Naciones Unidas elaboraría un año después de esta masacre para analizar los crímenes del nazismo”.

En tanto, explica que “quienes lograron sobrevivir, fueron capturados por los gendarmes y enviados a trabajar en reducciones indígenas en condiciones de semiesclavitud y bajo el control de la misma Gendarmería que llevó adelante la masacre”.

Las víctimas tienen nombre, como en el caso de Qadeite. “Era una niña cuando comenzó la masacre. Aquel fatídico 10 de octubre de 1947 huyó junto a ella y su pequeño hermano. Se escondió en el monte, pasó hambre y escuchó inmóvil el paso de las tropas que con una jauría a cuestas avanzaban por el territorio en busca de futuros fusilamientos”.

Sobre ese ataque, dice Luciana que “a muchos «se los tragó el monte». El hambre y las heridas los llevó a engrosar la cantidad de muertos. Nombres e historias que ni siquiera forman parte de un listado oficial. Nombres e historias que el Estado decidió deliberadamente ocultar. Víctimas de una maquinaria genocida que aún hoy no es reconocida”.

Las reducciones y sus monjas

“Qadeite relataba que la encontraron junto a su familia y otro grupo de personas que también estaba escapando. Y luego los llevaron a las reducciones de Francisco Muñiz y Bartolomé de las Casas”, señala Luciana Mignoli. En esta última, funcionó también el Internado para Niños José de San Martín, que manejaba un grupo de monjas y un capellán, institución destinada a impartir instrucción católica, disciplina y “pautas para el trabajo”. A sus ochenta y tantos años, “Qadeite aún recordaba con angustia la imagen de su mamá forcejeando con las monjas para evitar que se llevaran a su hermanito”.

“Cuando escapamos (de la Reducción) fuimos a lo de un señor que siembra algodón y ahí quedó toda la familia. Y ya después fuimos de un sembrado a otro. Toda la vida fue un peregrinar de un patrón de otro, de una cosecha a otro. Nunca más fuimos libres”, relata.

“Más de sesenta años después, eso contaba Qadeite a escasos kilómetros del epicentro de la matanza. Terreno donde no hace falta agudizar demasiado la visión para observar los pozos que indican las fosas comunes ni rasgar demasiado el polvo para que salgan a superficie los restos de las víctimas masacradas”, agrega.

“Una mujer tierna y valiente, que les cantaba a sus bisnietas mientras tejía sus yicas, que de a poco pudo recomponer los relatos del horror, y que tenía clarísima la ferocidad y la violencia de un Estado que nunca –ni siquiera– le pidió perdón”, sostiene.

“Su hija, Noolé (o Cipriana Palomo, según el documento) es titular del Consejo de Mujeres de la Federación de Comunidades Indígenas del Pueblo Pilagá, una organización que reúne distintas comunidades de la provincia de Formosa y logró el reconocimiento del Inai.

En 2005, la Federación Pilagá denunció al Estado por esta masacre. Inició un juicio civil y otro penal. Los ancianos y ancianas sobrevivientes van muriendo en el olvido y sin respuestas del Estado.

Discurso dominante

Este 10 de octubre, la Federación conmemoró los 70 años de esta masacre en la comunidad indígena de Oñedié, Ruta 28 Norte, en intersección con la ruta Nacional 81. Y Luciana advierte que “hasta tanto no comprendamos que esa víctima indígena se me parece, hasta tanto no podamos sentir el dolor de esas comunidades como propio, hasta tanto no nos conmueva cada conflicto y cada represión, ese proceso social genocida sigue vigente”.

La investigadora afirma que se trata de “un genocidio indígena sobre el cual se constituyó este Estado Nación que cree haber bajado de los barcos y aún hoy sigue negando que sometió a la población originaria a campos de concentración, violaciones sistemáticas, reparto forzado, trabajo semiesclavo, separación familiar, expulsión de territorios, cambio de nombres, imposición de la religión católica y eliminación física”.

“Porque participamos –sin siquiera saberlo– de dinámicas de circulación de estos discursos que permitieron perpetrar un genocidio, que se sostuvieron a lo largo de los años y que, desde la desaparición forzada de Santiago Maldonado, han tenido un salto exponencial de racismo. El genocidio no sólo opera a través de las fuerzas militares, sino que lo hace a través del discurso dominante, del sentido común, de los medios de comunicación, de los libros de historia, de los museos, de los actos escolares”, señala. Y reafirma que es necesario “reconocer, asumir y trabajar ese genocidio originario nos permitirá entender cómo se construyen y legitiman las demandas actuales; y por qué aún hoy la reunión de sujetos indígenas en el espacio público sigue permitiendo desplegar toda la fuerza de los aparatos represivos del Estado ante la latencia de un malón que siempre se actualiza”.

Fuente: el Eslabón.