A pedido del gobierno de Brasil, el Banco Mundial elaboró un informe “para recortar el gasto público y hacer más eficiente al Estado”. Propone eliminar la gratuidad de la universidad pública, reducir los salarios de los empleados públicos y acelerar la reforma previsional.
Se titula “Un ajuste justo. Análisis de eficiencia y equidad en el gasto público de Brasil” (“Um Ajuste Justo-Análise da Eficiência e Equidade do Gasto Público no Brasil”) y tiene 160 páginas. Lo firma el Grupo Banco Mundial y está fechado en noviembre de 2017. La palabra “eficiencia” se repite como una letanía. Y el remedio para curar este mal omnipresente es el recorte.
Las áreas elegidas: jubilaciones, educación pública, salarios de empleados públicos, salud. Es decir: las recetas más conocidas del mundo. Las que, bajo el falso discurso de beneficiar “al conjunto” y hacer las cuentas “sustentables”, en realidad, tienen como único objetivo producir una criminal transferencia de recursos de los trabajadores a las corporaciones.
El informe fue pedido por el propio gobierno de Brasil. Es que en 2018 entra en vigencia la reforma constitucional que le puso techo al “gasto público”, una iniciativa inédita a nivel global que congela por 20 años la “inversión” del presupuesto federal en salud, educación, planes sociales, apenas actualizado por la inflación. El problema es que el gobierno de Brasil, y el Banco Mundial no hablan de “inversión” en salud, educación, planes sociales, vivienda. Son “gastos”, y tienen que recortarse.
“El gobierno brasileño gasta más de lo que puede y gasta mal”, señala el informe, reiterando una gastada consigna liberal y neoliberal, en el punto 1 del Resumen del informe.
Y luego el texto es más preciso y apunta contra los años en los que gobernó el Partido de los Trabajadores: “A lo largo de las dos últimas décadas, el Brasil observó un consistente aumento de los gastos públicos, lo que ahora coloca en riesgo su sustentabilidad fiscal”, señala el segundo ítem del Resumen.
“La reducción de gastos no es la única estrategia para restaurar el equilibrio fiscal, pero es una de las condiciones necesarias”, señala el informe del Banco Mundial en el ítem 5 del Resumen, una extensa enumeración de la vulgata anti-estatista corporativa, ese ideario que solo concibe al Estado al servicio de las corporaciones y los sectores más ricos de la población.
Y en el punto 6 se expone uno de los puntos clave, la verdadera obsesión de las indómitas tijeras corporativas del gobierno golpista de Michel Temer: los jubilados. “La fuente más importante de la economía fiscal a largo plazo es la reforma previsional. Los grandes y crecientes déficit del sistema previsional constituyen factores clave de la presión fiscal. Es esencial adaptar el sistema previsional a la realidad del rápido cambio demográfico y alinearlo a los paradigmas internacionales”, señala el informe.
De tan repetidos, los eufemismos se tornaron transparentes: lo que se quiere decir es que hay que aumentar la edad jubilatoria y bajar el monto de las jubilaciones.
El punto 11 es muy claro en señalar a otro de los sujetos sociales elegidos para soportar los rigores del ajuste: “La masa salarial de los empleados públicos puede ser reducida significativamente”, señala el texto en la página 10. En este sentido, se compara el monto de los empleados públicos federales con los salarios del sector privado y se señala que son superiores y deben ser reducidos.
La “Tabla 1”, que se ofrece en la página 16, esquematiza en forma muy sencilla las obsesiones de las corporaciones a la hora de saquear las arcas del estado y los asalariados en beneficio propio. El cuadro se titula “Resumen de las opciones de políticas públicas y su impacto en la eficiencia, equidad y potencial en la economía fiscal”.
Y el orden en que aparecen las distintas opciones da cuenta de las prioridades de los ajustadores: sistema previsional, masa salarial de trabajadores públicos, compras públicas, asistencia social (subsidios, ayudas), mercado del trabajo (reforma laboral, ya en marcha), salud y educación. En todos los casos, más allá de los tecnicismos, los eufemismos, y las mentiras lisas y llanas, la idea es recortar y privatizar.
El Banco Mundial recomendó eliminar la gratuidad de la universidad pública, reducir los salarios de los empleados públicos y acelerar la reforma previsional en Brasil, entre otras sugerencias para reducir el gasto.
“El concepto de derechos adquiridos debe ser revisado”, aseguró el informe.
Poner fin a la gratuidad de la educación pública superior
Una de las medidas que causó más impacto es la que promueve privatizar la educación pública superior. La propuesta, según el informe del Banco Mundial, es que el 40 por ciento de los estudiantes más pobres que acuden a las universidades públicas sean subsidiados por sus compañeros que conforman el 60 por ciento más rico.
Los estudiantes de ingresos medios y altos, de acuerdo al Banco Mundial, deberían tomar créditos durante sus años de estudio en las facultades públicas y comenzar a pagarlos una vez graduados, como un financiamiento bancario. Es decir, el sistema mercantilista, ruinoso para los estudiantes, que se aplica en países como EEUU e Inglaterra, entre muchos otros, y que hace que la educación sea un lujo para una elite muy pequeña.
“La gratuidad puede estar perpetuando la desigualdad”, señala el texto, que contabilizó 2 millones de alumnos en casas de altos estudios públicas y 8 millones en privadas.
El informe sostiene que cada alumno en una facultad privada cuesta unos 4.500 dólares por año, contra los 13 mil dólares calculados por el Banco Mundial que cuesta “mantener” un alumno universitario para el presupuesto educativo. Asimismo, el texto aclaró que “este gasto es muy superior al de países como España e Italia” y que crecen al 7 por ciento anual, lo cual conforma un “gasto ineficiente y regresivo”.
También el informe “Un Ajuste Justo” alertó sobre la necesidad de cerrar hospitales medianos y fortalecer a las unidades básicas de salud y los hospitales grandes.
La reforma, según el informe, deberá ser realizada en un plazo mayor a cuatro años, es decir, más allá del próximo mandato presidencial que surgirá de las elecciones de octubre de 2018.
Fuente: El Eslabón.
