Con el reconocimiento de la legitimidad territorial a una comunidad mapuche en Bariloche, a pesar de la persecución, el pueblo originario no cede en la pelea por sus derechos. Desde Rosario, Alejandro Jones Huala, tío de Facundo Jones Huala, cuenta cómo sigue la lucha.
“Benetton sabe que perderá el territorio recuperado por nuestra comunidad”, sostiene Alejandro Jones Huala, mapuche que vive en Rosario y tío de Facundo Jones Huala, preso político y lonko de la Lof en Resistencia Cushamen, lugar donde Santiago Maldonado fue desaparecido durante un ataque de Gendarmería, el 1° de agosto de 2017. “El empresario, como todo rico, no quiere perder nada, pero sabe cómo Rosa Rua Nahuelquir y su esposo Atilio Curiñanco, lograron que la Justicia falló a favor de la familia mapuche”, agrega sobre la reciente decisión judicial que ordena devolver territorios a una comunidad mapuche cercana a Bariloche.
La jueza federal en lo contencioso y administrativo María José Sarmiento ordenó el 21 de mayo pasado al gobierno nacional que en 60 días ceda las escrituras del territorio reclamadas al Instituto de Asuntos Indígenas (INAI). Se trata de unas 240 hectáreas que en la década del 30 del siglo pasado, el Estado argentino le traspasó al Ejército Nacional, que a su vez adjudicó al Regimiento de Montaña 10, que en la actualidad tiene allí su base.
Para Alejandro Jones Huala la medida es muy positiva y marca un antecedente importante para las reivindicaciones territoriales del pueblo mapuche (ver abajo bajo el subtítulo Ni sorpresivo ni inédito).
Sobre la situación en Cushamen, al regresar hace dias del territorio, cuenta que “la lucha sigue, aunque casi parece apagada en los medios tras la desaparición y asesinato de Santiago”.
“Mientras en el lof siguen los hostigamientos de Benetton, la comunidad busca mejorar la situación para que las familias pueden reinstalarse y autoabastecerse. Nuestra tierra es generosa en algunos sectores se puede sembrar, instalar e invernáculos, y tenemos materiales para fertilizar el terreno con nuestros métodos artesanales, sin agroquímicos”, cuenta Alejandro.
Huelga de hambre
Sobre la huelga de hambre iniciada por el lonko Facundo, Alejandro comentó que la inició en reclamo al juez (Gustavo) Villanueva para que permita realizar el Wiñoy Tripantu (celebración del Año Nuevo mapuche) y en repudio a la orden de detención firmada por el mismo juez a Lautaro Gonzáles y Fausto Jones Huala, luego de que la cámara de casación revocara sus excarcelaciones.
En tanto, advierte que Facundo insta a realizar un juicio por la posesión de tierras. “Para que se sepa y conste que son nuestras, hay contundentes pruebas”, sostiene.
En lo relativo a la situación del lonko, Alejandro explica: “La Corte Suprema debe decidir sobre su posible extradición, pero también depende cuándo el gobierno lo disponga. Suponemos que la justicia chilena, como en el caso de otros cuatro mapuches, lo puede dejar en libertad”.
El tío del dirigente remarcó que “ninguna de las causas contra Facundo avanzaron” y que no se pudo probar nada sobre la intervención de la Resistencia Armada Mapuche (RAM), el supuesto grupo armado, que aparece como una construcción mediática que apunta a establecer un enemigo “subversivo”. “Indigna como inventan atentados para adjudicarlos a la RAM, pero sin una prueba concreta”, señala Alejandro Jones Huala.
El caso Rafa Nahuel
Por otra parte, sobre el tema del fusilamiento de Rafael Nahuel (25/11/20179), considera que el caso “se está disputando”. “Mi sobrino Fausto y Lautaro también de Cushamen, que fueron a apoyar a los hermanos, luego de bajar de la montaña con el cuerpo de Rafael, fueron acusados por su muerte. Pero las pericias demostraron que los mapuches no tenían arma y que sólo los miembros de Albatros de la Prefectura Naval Argentina estaban armados”. Al respecto, un informe publicado en el portal El Cohete a la Luna, indica que “el autor del disparo fue el cabo primero de Prefectura Naval e integrante del grupo Albatros Francisco Javier Pintos, quien ingresó junto a otros cinco uniformados”.
En la nota, el periodista Santiago Rey, explica: “En total hubo 114 disparos y el prefecto fue el que más veces lo hizo: hizo unos 40 tiros con sus armas, una pistola Beretta y un subfusil MP5”. Según reconstruyó el informe, “una de las balas 9 milímetros del MP5, identificado con el número de serie B 05-C335508, alcanzó a Nahuel”.
Ni sorpresivo ni inédito
Como para poner sorpresa y sospecha sobre su validez, los medios hegemónicos hablan de “un fallo sorpresivo” y resaltan el supuesto valor de cerca de 30 millones de dólares sobre las 240 hectáreas ubicadas en una zona afectada por la ultra explotación de grandes negocios turísticos. La comunidad mapuche Trypay Antú, (Sol Naciente) reúne a unas 30 familias y es liderada por Clorinda Gualmes, de 85 años. Instalados a fines del siglo XIX la disputa por el lugar se inició en los años 90, en despachos gubernamentales, en el INAI y en la Justicia Federal. Desde 1998 la comunidad tiene personería jurídica en el Registro Nacional de Comunidades Indígenas. Varias veces intentaron desalojarlos, pero volvieron y recuperaron sus terrenos.
La región no era un desierto, al cerro Otto le decían Wenu Lafken (porque había un laguna), al Campanario: Kultrün Maguiza (montaña del kultrün) y al lago Gutiérrez se lo conocía como Carilafken (lago verde).
Adrián Moyano, periodista e investigador, indica que “las comunidades con presencia actual, como los Ranquehue, de Virgen de las Nieves, residen en la zona desde 1875”.
Resalta que en la zona había una actividad dinámica, aunque hasta hace muy pocos casi no existían registros formales. La ofensiva “civilizatoria” que comenzó a fines del siglo XIX estaba orientada por una “política de desterritorialización de los pueblos originarios” y una definida “táctica de silenciamiento”.
Numerosos relatos de curas y viajeros, como Nicolás Mascardi y Juan José Guillelmo (a fines del siglo XVII) y luego: George Musters y el perito Francisco Moreno –y aún de los jefes de las avanzadas militares de la llamada Campaña del Desierto–, “dan cuenta de esa presencia y desmienten que haya sido un territorio vacío y disponible para una colonización no traumática”, sostiene Moyano.
El antecedente de Rosa y Atilio
Rosa Rua Nahuelquir (58) y su esposo Atilio Curiñanco (67), regresaron en 2002 al territorio que habitaron sus familias, desde sus tatarabuelos. Pero Catrasto de Chubut les indicó que eran tierras fiscales. Por orden de la Justicia, en una demanda de Benetton, fueron desalojados a empujones.
Exigían al empresari, que tiene 900 mil hectáreas, las 535 habitadas por sus ancestros. Fueron a los Tribunales de Esquel y hasta llegaron a Roma para ver a Benetton. “La disputa siguió, y en mayo de 2004, el magistrado Jorge Eyo declaró que las tierras no eran fiscales y que efectivamente pertenecían a los Benetton, pero admitió que al matrimonio no se podían considerar como usurpadores”.
El matrimonio regresó en 2007 al lugar reclamado y en 2014 el INAI reconoció a los Nahuelquir-Curiñanco como poseedores del área en disputa, por su presencia ancestral. Benetton se sujetaba a un “título de donación” de 900 mil hectáreas de 1896, con firma del presidente José Uriburu, a un grupo de diez estancieros. La Compañía de Tierras Sud Argentina se armó en ese momento con capitales ingleses. En 1975 pasó a manos de empresarios argentinos y en 1991 fue adquirida por Edizione Real State, inmobiliario del grupo textil.
