Las quince balaceras ocurridas en los últimos 70 días a frentes de inmuebles vinculados directa o indirectamente a funcionarios del Poder Judicial y efectivos policiales relacionados con la causa que condenó a penas altas a una parte de la banda Los Monos, entre ellos a sus cabecillas, pone al Estado santafesino frente al dilema de buscar una paz social de corto plazo acordada con quienes la interrumpen a tiros o perseguir el propósito más largo y tortuoso de reducir su capacidad de daño definitivamente, soportando las consecuencias de ese trayecto.

En esa encrucijada hay opiniones de los tres poderes del Estado a favor de una u otra opción, cada una con sus consiguientes costos y beneficios.

Mano peluda

“La mayoría de los casos de tiroteos a viviendas están vinculadas a Los Monos”, aseguró a El Eslabón una fuente de la investigación, que se apoya en la declaración judicial de uno de los detenidos por esos hechos quien, al parecer, cantó mejor que Gardel.  

La semana próxima uno de los líderes de la banda narco, Ariel Máximo Guille Cantero, será imputado como instigador del primero de esos hechos, ocurrido el 29 de mayo pasado en dos domicilios que, con anterioridad, había ocupado el juez Ismael Manfrín y su familia: en Italia al 2100 y en Montevideo al 1000. Por ese ataque la semana pasada fue imputado un joven de 22 años, Brian Flores, quien de acuerdo a los investigadores recibía órdenes de Cantero o sus allegados.

Esta semana las balaceras intimidatorias y con evidentes mensajes mafiosos se produjeron el lunes en un edificio de San Luis al 1400, que alguna vez fue el domicilio de la actual camarista Gabriela Sansó, quien integra el tribunal de apelaciones por la condena a una decena de integrantes de la banda narco de la zona sur, liderada por Guille Cantero y su hermano de crianza Ramón Ezequiel Machuca, Monchi.

“Los impactos contabilizados son 20 distribuidos entre puerta de ingreso y fachada al edificio y balcones de primeros pisos. La cortina del comercio lindero recibió impactos también. Se levantaron vainas calibre 9mm enviadas a peritar y a realizar comparativa con vainas recolectadas en otros hechos similares. Se estima que se utilizaron una o dos armas 9mm”, informó ese día el Ministerio Público de la Acusación (MPA).

A las autoridades les llamó la atención un dato: ¿quién difundió que en ese lugar había residido, 20 años antes, la actual camarista? “Ni nosotros sabíamos que ese había sido un domicilio de Sansó, es muy difícil saber quién vivió en un lugar dos décadas antes”, dijo una fuente oficial a este periódico. Fuente que, está convencida, señala que esos detalles son propalados por hombres de traje cercanos a los supuestos autores intelectuales de los atentados a las mamposterías.

Dos días después, el miércoles, las municiones ornamentaron el frente de la sede Rosario del Ministerio Público Fiscal, en Montevideo al 1900. La casa de los fiscales fue agujereada a la madrugada del mismo día en cuya mañana se iniciaban las audiencias de apelaciones por las condenas a Los Monos, que tienen lugar en el nuevo Centro de Justicia Penal, que a la vez había sido tiroteado siete días antes.

Mientras se escribía esta nota, Fiscalía dio a conocer cuatro nuevos hechos de balaceras ocurridas entre la noche del jueves y el mediodía del viernes: en Viamonte 42 bis, residencia de un policía; en Dorrego al 3800 que fue rociado de diez disparos; en Mamboretá al 1300 bis donde tres disparos despertaron a su moradora quien asegura desconocer el motivo; y el último en Villa Gobernador Gálvez.

De los 14 detenidos por la balacera al frente de la sede del MPA en Montevideo al 1900 sólo uno fue imputado por el ataque mafioso, mientras que los restantes regresaron a sus hogares acusados por poseer armas sin registrar, pero por ahora quedaron desafectados de la investigación sobre el tiroteo que volvió a conmover al Poder Judicial.

Sólo quien manejaba el Renault 9 desde el que presuntamente varias personas dispararon contra la sede de Fiscalía quedó detenido y fue imputado por ese hecho. Los otros cuatro apresados en Uruguay y Santa Matilda –presuntamente después de bajarse del vehículo e intentar robar otro para escapar– quedaron en libertad, del mismo modo que dos policías y un civil arrestados también esta madrugada en Isola y acceso sur mientras se intercambiaban ropas a pesar del frío y uno de ellos tenía un cargador de 9mm completo.

Cuando se disipó el humo de los disparos, quedó más claro que la redada posterior no fue tan precisa como las municiones que impactaron en la mampostería del edificio oficial.

El anuncio del gobierno provincial de una recompensa de hasta dos millones de pesos para quienes aporten datos sobre los tira-tiros puede interpretarse como parte de esa debilidad investigativa hasta el momento, pero también como un gesto de demostración pública del interés sobre el asunto y la acción emprendida por la Casa Gris.

Negociar

¿Qué quieren Los Monos? “Quieren negociar”, dice un contertulio de las autoridades provinciales. ¿Qué cosa? El pliego de condiciones sólo podría conocerse si el acercamiento se produjera, como alientan algunas figuras políticas y judiciales, ya sea movidas por el muy humano temor al que suelen inducir las balas como por una caracterización política de la coyuntura.

En el estado procesal en que se encuentran los cabecillas de la banda sólo podrían exigir una reducción de las penas recibidas en abril, difícilmente su absolución. Y, sobre todo, lo que más parece molestarle a los jefes del grupo violento: un calabozo más cercano al terruño que dominaron ilícitamente.

La semana pasada El Eslabón publicó una enumeración de las acciones transgresoras de la ley que Guille Cantero emprendió desde su encierro en las cárceles santafesinas de Coronda y Piñero: narcotráfico, secuestro extorsivo, amenazas.

Cantero ya estuvo alojado en Rawson, de donde consiguió regresar, no sin antes sumar una causa por amenazas contra el juez que le mantenía el destino patagónico de su encierro.

Un conocedor del tema consultado para esta nota graficó la situación del jefe de Los Monos con la de los narcos colombianos de la década del 80 que aceptaban –cuando no les quedaba otra– ser apresados en su país pero buscaban esquivar por todos los medios la extradición a Estados Unidos. La envergadura de unos y otros no admite analogías, pero el deseo de conservar el dominio de la territorialidad es congruente.

Ablandar

Las periódicas ráfagas de municiones calibre 9mm sobre frentes de propiedades inmueble no sólo afecta a las personas a quienes va dirigido el mensaje –jueces, fiscales, camaristas que poseen participación en el proceso judicial contra los miembros de la banda condenados– sino que se extiende a la opinión pública.

La sensación de indefensión ante grupos armados se amplía a la ciudadanía y, a partir de entonces, el problema es político.  

Regar las calles de sangre puede no ser tan complejo para quienes poseen fierros y recursos económicos destinados a esos fines. Subcontratistas dispuestos a la tarea hay a paladas.

Los escenarios que vislumbran las autoridades son dos. Si Los Monos “quisieran matar” a un juez o un fiscal podrían hacerlo. Pero no lo hacen. Intimidan, amenazan, ablandan para provocar una negociación sobre su situación procesal y de encierro. Por un lado atemorizan a los magistrados y, por el otro, ejercen presión social sobre las autoridades políticas a cargo de la Seguridad.

“Está acorralados, por eso hacen esto”, interpreta una de las fuentes antes mencionadas. Quien asegura que altos funcionarios del Poder Judicial se inclinan por la necesidad de negociar una tregua con la banda. Paz social por unos meses, a cambio de “algo”.

También asesores oficiosos de la Casa Gris murmuran al oído de algunos funcionarios que sería pragmáticamente conveniente sellar un acuerdo con aquellos que poseen la capacidad de desestabilizar, o al menos de incrementar los márgenes de incertidumbre ciudadana.  

Los beneficios de esa decisión son, como se dijo, reducir los niveles de zozobra pública.

Los riesgos radican en la debilidad que implica para un Estado provincial tener que negociar condiciones con grupos violentos que poseen la capacidad de debilitarlo, es decir, considerarlos como un actor social legitimado en sus intereses. Y, por lo tanto, tener que “revisar” periódicamente ese acuerdo, desde una posición desventajosa.

El otro escenario que tabulan en la Casa Gris es ir a fondo contra la banda que, es necesario recordarlo, creció en recursos y poder de fuego durante más de una década sin que los jueces interfirieran en ese proceso y mientras algunos miembros de las fuerzas de seguridad se favorecían con los dividendos de un negocio lucrativo.

Hay quienes piensan que las intermitentes balaceras evidencian una debilidad de Los Monos. “Están acorralados”. Por lo tanto, señalan, es momento de terminar con sus andanzas, una línea de acción que conlleva el riesgo de soportar periódicamente una disminución de los niveles de seguridad pública.

Hasta el momento prevalece la decisión de desarticular la capacidad de daño de la banda más conocida de la zona sur, afrontando sus costos. No es una determinación irrevocable porque a la política la guía –también, y entro otros factores– el calendario electoral.

La vía de la negociación ya fue explorada por el gobierno santafesino con Los Monos, en la anterior gestión. El Procurador de la Corte instruyó entonces a fiscales de cámara y de primera instancia a tejer un acuerdo con los abogados de los cabecillas de la banda que desembocó en un juicio abreviado cuyas condiciones, cuando se hicieron públicas, se volvieron indigeribles al paladar medio. Del mismo modo que, esos paladares, ahora consideran desabridas las municiones que insistentemente orlan las mamposterías de la ciudad.

Fuente: El Eslabón

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