La destrucción del empleo, el recorte de horas extras, las suspensiones en las fábricas, el crecimiento de las condiciones de precariedad y la caída en el poder de compra de los salarios han sido una constante en la era Macri. El deterioro en la calidad de vida de vastos sectores de la población se refleja en índices negativos. Los asalariados y los más humildes padecen el descalabro inflacionario, atado en buena medida a la devaluación del peso y la falta de controles y regulaciones a grupos económicos con posición dominante en las góndolas. La estampida de precios y los tarifazos en los servicios públicos, pese al contexto recesivo, dejaron chiquititos a los ingresos de segmentos medios y bajos.
Los trabajadores viven una situación complicada. El Indec midió una inflación del 6,5 por ciento en septiembre, un poco más abajo que estimaciones privadas. Lo que más subió fueron los alimentos. En el año acumulará un 45 por ciento, el nivel inflacionario más alto desde 1991. Todo indica que, con los aumentos concretados y por venir, octubre será igual o peor. En 2018, la caída del poder adquisitivo de los asalariados del sector privado se ubicaría en torno al 11 por ciento, la más pronunciada desde 2002, año en el cual la contracción se ubicó en un 25,4 por ciento, según se remarcó en un informe de Invenómica.
Si bien después del techo del 15 por ciento que el macrismo impuso en las negociaciones paritarias se veía venir una pérdida en el poder de compra de los asalariados durante la primera mitad del año, “esta caída se acentuará en el segundo semestre dada la fuerte aceleración de la inflación (entre otros motivos, por la brusca devaluación del tipo de cambio) y aumentos de salarios nominales que se ubicarán por debajo”, señalaron desde Invenómica.
En el informe se aclaró que “las cifras estimadas de la evolución del salario real surgen de las remuneraciones nominales de los trabajadores registrados informada por el Ministerio de Trabajo, ajustada por la inflación de acuerdo al índice de precios al consumidor publicada por el Indec (para los periodos 2002-2006 y 2016-2018) y la inflación Congreso (2007-2015)”.
“En el acumulado 2016-2018 la caída se ubica en el 13 por ciento como consecuencia de una pérdida del poder adquisitivo del 5,6 por ciento en 2016, una leve recuperación del 3,6 por ciento en 2017 y la mencionada caída salarial proyectada del 11 por ciento en 2018”, se indicó.
El reporte concluyó: “Si bien todavía es muy imprudente realizar estimaciones sobre la evolución del salario real para 2019, todo indica que muy difícilmente pueda recuperarse en un 13 por ciento. Por lo cual, la gestión del gobierno de Cambiemos finalizaría con una contracción del poder adquisitivo”.
Ingresos electrocutados
Argentina quedó tercera en el podio de los países sudamericanos con mayor incidencia de los costos de las tarifas sobre los sueldos, detrás de Venezuela y Chile. Desde que Macri tiró pases de baile en el balcón de la Casa Rosada hasta el presente, las tarifas de los servicios públicos pasaron de representar el 6 por ciento a más del 23 por ciento del salario promedio, de acuerdo a un informe de la Universidad Nacional de Avellaneda (Undav).
En los últimos tres años, los servicios públicos aumentaron hasta un 2.000 por ciento, el “sinceramiento tarifario” –según lo denominan el presidente y medios oficialistas– “más abrupto de la historia argentina, por su magnitud y velocidad de ejecución”, se resaltó en el informe. El desmantelamiento del esquema de subsidios, o salarios indirectos, que implementó la alianza Cambiemos fue una de las tantas políticas que marcaron la restauración neoliberal.
“El esquema de liberalización tarifaria redundó en una notable transferencia de recursos acrecentando rentabilidades de las principales empresas energéticas del país. El supuesto ahorro que posibilitó la supresión de los subsidios en las tarifas, fue más que compensado por la merma de otros recursos, tales como menores ingresos por baja de retenciones a las exportaciones, a la minería y a las grandes empresas”, se señaló en el informe de la Undav.
Todos pierden
No llegar a fin de mes significa tener que recortar gastos y tratar de priorizar el abastecimiento de alimentos por sobre otros bienes y servicios, viéndose en varios casos afectada la calidad de la dieta. Otras veces es literal: los ingresos mensuales no alcanzan a cubrir el costo de la canasta básica. Esto se refleja en una notoria caída del consumo de alimentos básicos, un incremento en el número de asistentes a comedores comunitarios y la necesidad de pedir fiado en comercios de cercanía. Así de difícil y triste. Arroz, pan, fideos, aceite subieron un 15 por ciento promedio en apenas un mes.
El Centro de Estudios Sociales y Económicos Scalabrini Ortiz (Ceso), regional Santa Fe, elaboró infografías que muestran la pronunciada merma en su capacidad de compra que sufrieron los salarios de los trabajadores de la provincia. Así, mientras una remuneración promedio compraba 1.293 botellas de aceite de 900 cc en diciembre de 2015, este mes pudo adquirir 556 botellas, un descenso del 57 por ciento. Cuando en diciembre de 2015 compró 480 frascos de café de 100 gramos, este mes alcanzó para 292. Y lo mismo con la leche, la harina, la yerba, dulce de leche, azúcar, pan, cerveza y combustibles
Los más de 17 millones de jubilados nacionales y otros beneficiarios de prestaciones sociales, como la asignación universal por hijo, ven cómo sus ingresos son abatidos por la inflación. Gracias a la reforma previsional del macrismo con respecto a la fórmula de movilidad, una proyección a diciembre próximo da cuenta de que los haberes jubilatorios perderán casi 16 por ciento de poder adquisitivo en comparación con septiembre de 2017.
Los números son elocuentes. Un trabajo de la Junta Interna de ATE Indec reveló que los salarios de los empleados estatales cayeron casi 20 por ciento desde que asumió Macri. En el mismo lapso de tiempo, de acuerdo al citado informe, la inflación acumulada es del 125 por ciento, por encima de cualquier paritaria, y una destrucción salarial de 18,8 por ciento. En dinero, los empleados públicos perdieron cuatro salarios y medio desde que la Casa Rosada se tiñó de amarillo.
De ahí la urgencia de varios gremios por reabrir la discusión de la política salarial. Algunos dirigentes sindicales fueron más allá y reclamaron sentarse a la mesa paritaria todos los meses con el fin de hacer frente a las desmedidas remarcaciones de precios. Al mismo tiempo tienen que atajar despidos, suspensiones y pérdidas de derechos laborales. El crecimiento de la tasa de desempleo, que según la consultora Ecolatina podría alcanzar los dos dígitos a fin de año, actúa de disciplinador salarial, según la obtusa óptica de los Ceos en el poder.
