La Toma es un hervidero, una cocina de organización popular. Al flujo cotidiano de “clientes” que circulan por el mercado de la Ctep, el bar o el comedor universitario, al ir y venir de quienes integran las más de cincuenta entidades que tiene sede en el lugar, se suman convocatorias diarias para gestar las grandes movilizaciones de la ciudad. Arriba o abajo, adelante o en el fondo, enormes asambleas debaten los pormenores de la marcha del 24 de marzo o Ni Una Menos, decenas de referentes sindicales discuten un nuevo acto contra el ajuste macrista o cientos de pibes y pibas preparan una movida contra los recortes en la Educación. “El único que no puede ingresar es aquel que haga apología del terrorismo de Estado o negacionismo del genocidio. Salvo ese límite, cualquiera puede venir o autoconvocarse”, explica Carlos Ghioldi, cara visible de la Cooperativa de Trabajadores Solidarios en Lucha, que mantiene abierto el espacio desde hace 18 años.

“Esta lucha ya tiene mayoría de edad. Comenzó con el reclamo por los puestos de trabajo, desde 2001 en adelante. Soportamos numerosos intentos de desalojo que recién fueron frenados a partir de una primera ley de expropiación de los años 2003-2004. Pero esas leyes cayeron en un laberinto de ser consideradas inconstitucionales. Sectores del Poder Judicial la declararon inconstitucional y mantienen el pedido de desalojo en vigencia”, cuenta Ghioldi antes del masivo acto de apoyo que tuvo lugar el pasado miércoles. 

El dirigente denuncia que los “buitres locales” o “caranchos” intimaron a la Justicia para que liquide el edificio (ubicado en Tucumán 1349) del quebrado ex supermercado Tigre, fundido por el empresario Francisco Regunaschi en plena noche neoliberal y “puesto al servicio de las organizaciones populares” por sus trabajadores durante todo este tiempo. 

“En 2008 obtuvimos a una segunda ley de expropiación que también tuvo el mismo camino de ser declarada inconstitucional”, contextualiza Ghioldi en diálogo con este medio, para luego añadir: “Y en 2015, en diciembre para ser más exactos, se fija una audiencia para exigir el desalojo del lugar. No creemos que haya ninguna casualidad que haya sido en esa fecha”. “No creemos en las casualidades, sino que entendemos que hay contextos políticos de hostilidad hacia esta experiencia de lucha de los trabajadores”, remarcó.

La “apropiación” de La Toma por parte de organizaciones sociales, cooperativas, gremiales, estudiantiles, de derechos humanos y políticas de las más diversas extracciones es una de las particularidades del espacio autogestionado. Una pluralidad que se expresó en la potente movilización del miércoles pasado. “Lo hemos puesto al servicio del conjunto del movimiento popular. Tratamos en lo posible de no jerarquizar el lucro sino más bien la fraternidad y la solidaridad. Hay más de cincuenta organizaciones funcionando regularmente”, subraya Ghioldi.

Imagen: Elías Alarcón

—¿Quiénes piden el desalojo?
—Son los poseedores nominales de los papeles de una hipoteca residual impaga en 1993. Se trata de una especie de basura bancaria. Es una hipoteca pedida a un banco. Se quebró a las 24 horas de pedida esa hipoteca y nunca se pagó. Esto hizo el empresario en 1993. Eso pasó a un banco, después a otro y después a otro, que sucesivamente fueron quebrando y termina en un fondo de inversión que se llama Servicio de Depósitos Sociedad Anónima (Sedesa), que son los que hurgueteando en la basura bancaria encuentran esto y ahora piden el desalojo, que vienen pidiendo algunos años.

—Una especie de buitres locales, o caranchos…
—La palabra buitre está bien puesta. También va la palabra carancho o la palabra carroña. Los buitres son más para los papeles de los países, esto sería más del chiquitaje, son fondos chimangos. Pero el tema es que estos tipos, desde Puerto Madera en su oficina piden el desalojo. En marzo de 2016 el juez que tiene hoy la titularidad de la quiebra, porque la jueza original escaló posiciones y ahora es camarista..El juez, ante la movilización que hay en 2016, abre una ronda de negociaciones. En esa ronda de negociaciones, participamos con los trabajadores junto con el Estado, que está ocupando el lugar. Porque el Estado municipal y provincial tienen dependencias en La Toma. 

—¿No se pudo llegar a ningún acuerdo con esta gente?
—Ahí se abre una mesa de negociación donde la propuesta que adoptamos, de nuestro abogado Juan Lewis (ex Ministro de Justicia de Santa Fe), es que si esto no tiene salida, porque ya se sancionaron leyes de expropiación que luego son declaradas inconstitucionales y porque el desalojo no se revocó, entonces la única salida es que el Estado compre la hipoteca y se termine el litigio. Nosotros adoptamos eso y el gobernador Miguel Lifschitz lo toma como propio. Se abre una negociación donde incluso el abogado de estos fondos se mostró a favor. Pero luego viajó a Buenos Aires a rubricar el acuerdo y ahí volvió con los tapones de punta, con el planteo de que «no se rubrica nada, no se arregla nada». A partir de ahí nosotros presentamos proyectos de ley que salieron votados por unanimidad en el Concejo Municipal de Rosario, en la Cámara de Diputados de Santa Fe, que declaran de interés parlamentario la propuesta de comprar la hipoteca.

—¿Por qué creen que se activa ahora el pedido de desalojo?
—No creemos que sea casual. Es una especie de chantaje ante la asunción de nuevas autoridades. Ante esas circunstancias redoblamos nuestra resistencia. Hace 18 años que estamos ahí con las organizaciones populares. Ni aunque estuviésemos cansados podemos defeccionar e irnos de ese lugar. Por eso fue que convocamos a todas las organizaciones a este gran acto para que nos apoyen en nuestra manifestación de que no nos vamos a ir de este lugar, que no vamos a acatar ningún desalojo y que creemos que hay que solucionar esto en base a esa propuesta de compra de la hipoteca, terminar este litigio, y entregarle el lugar a un consorcio entre el Estado, los trabajadores y las organizaciones que estamos ahí adentro. Esa es nuestra propuesta definitiva.

—¿Qué tipo de actividades se desarrollan en la actualidad en La Toma?
—Está desde la galería de arte La Toma, que es de la Facultad de Humanidades y Artes, el Comedor Universitario del área centro de la Universidad Nacional de Rosario, la Secretaría de Capacitación Laboral de la Subsecretaría de Diversidad de la Provincia de Santa Fe, las cooperativas de la Dirección de Salud Mental de todo el programa de desmanicomialización, hasta cooperativas particulares como Taller Costa, Dale que va, Las Safinas, la Radio Frida, La Mesa Coordinadora de Jubilados, el Mercado Popular y la Ctep, La Comunidad Mapuche Urbana, la APDH, Familiares de Desaparecidos, el Espacio Juicio y Castigo. Desde el Centro de Formación Marxista, hasta el Centro Peronista de Descamisados.

El lugar es plural y abierto a todas las organizaciones populares, el único que no puede ingresar ahí es aquel que haga apología del terrorismo de Estado o negacionismo del genocidio. Salvo ese límite cualquier organización puede venir, o autoconvocarse, como hacen tantos, como la Federación de Estudiantes Secundarios por dar un ejemplo.

—¿Cómo pensás que seguirá el conflicto de acá en adelante?
—Para nosotros es un destino ineludible defender ese lugar, porque ha sido la solidaridad del pueblo el que lo ha constituido y es una obligación ética ante ese compromiso, responder con la responsabilidad de defenderlo. De acá no nos movemos, no vamos a acatar ningún desalojo.

La fuerza de La Toma

 

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  1. […] Fuente: Redacción Rosario. […]

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