A pesar del Congreso y el Poder Judicial, el gobierno nacional sigue sin aplicar la ratificada Ley de Financiamiento. Entre sueldos de miseria y docentes renunciando, se prevé una marcha masiva para el 12 de mayo.
Con un declive de sueldos que acumula más del 50 por ciento en diez años y más del 25 desde que asumió Milei, la situación de los docentes y no docentes universitarios vive momentos críticos. El recorte de becas, las condiciones edilicias derivadas del aumento de los gastos de funcionamiento –luz, gas, agua– y el congelamiento de las partidas presupuestarias, construyen el escenario de una Universidad a la que no se le pide “remodelación” o “reconversión”, sino lisa y llanamente desaparición.
¿Cómo puede sostener una institución académica su misión de garantizar la educación llamada “superior” a todos los ciudadanos que quieran acceder a ella con sueldos de miseria que escupen docentes a instituciones privadas o directamente a otros países que sí tienen un sistema de becas, que sí tienen –como tuvimos hasta hace muy pocos años, aún con todas sus falencias– un sistema científico que se preocupe por garantizar las condiciones de producción de conocimiento?
Contra la ley
En 2025, el movimiento universitario pudo anotarse una gran victoria: no sólo la aprobación de la ley de financiamiento universitario, sino también su ratificación después del intento de veto del presidente. Múltiples veces –y con amplias mayorías– la Cámara de Diputados afirmó que la Universidad Pública y Gratuita no era algo a tirar a la basura, como tantos ministerios, secretarías, glaciares y derechos laborales podían llegar a serlo.
Antes y durante ese momento legislativo, amplios sectores de la sociedad se habían manifestado en diversas ocasiones: la marcha del 23 de abril de 2024 fue un hito en cuanto a movilizaciones populares se debe. Con casi un millón de personas haciendo presión en Buenos Aires, y otros muchos miles movilizándose localmente, al día siguiente no se dio el quórum para tratar el financiamiento universitario.
Dos años ya se cuentan de aquella primera marcha. Y parece que las universidades acumulan victorias que no logran materializarse. En 2024 el financiamiento sólo llegó a los “gastos de funcionamiento”, que representan porciones ínfimas de los gastos totales y, si bien garantizan la relativa continuidad de ascensores, luz y gas, no garantizan la subsistencia material de quienes efectivamente hacen a la Universidad. Y es que si reducimos la Universidad a su edificio, sus ascensores, su luz y su gas perdemos el eje central del proceso educativo que es el “fin”, y para la cual los ascensores, luz, agua y gas son medios. La relación docente-estudiante, el proceso de construcción de conocimiento que surge de una relación social –que adquiere, por supuesto, diversas formas–, es adonde nunca llegaron las victorias de la lucha universitaria. Los docentes y no-docentes llevan en diez años una pérdida acumulada de más del 50 por ciento de su salario, y sólo desde el gobierno de Milei para acá, el 25 por ciento (la mitad de ese 50).
La Ley de Financiamiento vendría a devolver una buena parte de lo perdido desde 2023. Pero a pesar de ser aprobada, ratificada, y recientemente dictaminado su cumplimiento por el Poder Judicial, el gobierno nacional simplemente no dispone su aplicación.
Una vez cerrado el camino parlamentario con contundentes victorias, el camino judicial parece seguir el mismo derrotero. Un comunicado de Conadu titulado “Fallo clave a favor de la universidad pública: análisis de la sentencia” del 31 de marzo reconstruyó la secuencia: “El Congreso sancionó la Ley 27.795. El presidente la vetó mediante el Decreto 647/25. El Congreso insistió con los dos tercios del artículo 83 de la Constitución Nacional. El Poder Ejecutivo entonces la promulgó mediante el Decreto 759/25, pero agregó una cláusula: invocando el artículo 5 de la Ley 24.629 –el cual señala que ningún gasto nuevo puede ejecutarse sin financiamiento identificado–, dejó suspendida la ejecución de la ley. Es decir: la promulgó para no cumplirla”.
“Frente a esa maniobra –continúa el comunicado–, el CIN y 51 universidades nacionales interpusieron un amparo colectivo. El juez de primera instancia (Juzgado CAF N° 11) dictó la cautelar el 23 de diciembre de 2025 ordenando el cumplimiento inmediato de los artículos 5 y 6 de la ley. El gobierno nacional apeló. Paralelamente, intentó recusar a los jueces por ser docentes universitarios. Esas recusaciones fueron rechazadas. Los recursos extraordinarios contra esos rechazos también fueron denegados. Por ello, el gobierno presentó un recurso de queja ante la Corte Suprema. Ninguna de esas maniobras suspendió el proceso”. Luego de la cautelar, la Cámara Contencioso Administrativo confirmó la medida cautelar de diciembre.
El artículo 5 de la Ley de Financiamiento es el que dictamina la convocatoria a paritaria nacional y determina que el gobierno debe actualizar los sueldos docentes y no-docentes en un porcentaje no inferior al Índice de Precios al Consumidor según datos del INDEC, tomando como fechas de referencia desde el 1º de diciembre de 2023 hasta la sanción de la ley; el artículo 6 refiere a la actualización de becas estudiantiles. Asimismo, la Justicia misma se encargó de señalar la miserable porción del PBI que esta ley afecta: el 0,23 por ciento. Este mismo fallo, al que la comunidad universitaria se aferra como la pírrica victoria que puede tomar, deja por fuera los artículos dedicados a funcionamiento e investigación. Es decir: deja por fuera una parte de la ley votada y ratificada.
El 17 de abril, el gobierno nacional interpuso un Recurso Extraordinario Federal (REF) contra la sentencia de la Cámara. Sin embargo, esta presentación no exime judicialmente al gobierno la obligación de cumplir la ley, por lo que en términos legales, el Ejecutivo debería actualizar inmediatamente los salarios de docentes, no docentes y las becas estudiantiles.
Pero, ¿qué nos dicen, al fin y al cabo, estos embrollos legales, estas “leyes”, “obligaciones”, toda esta letra puesta frente a la realidad atronadora de su incumplimiento? Que todo esto no son más que maniobras dilatorias. Ya en muchos periódicos y medios de comunicación resuena la convocatoria del gobierno a distintos rectores para negociar una modificación de la Ley de Financiamiento, una que –quizás sí– efectivamente vayan a cumplir.
En el mientras tanto de los debates, las aplicaciones y suspensiones, el Poder Judicial y la realidad imponente del Poder Ejecutivo, La Capital informó el 31 de marzo que más de 30 docentes universitarios abandonaron sus cargos en la UTN. En la Facultad de Ingeniería de la UNR no se quedan atrás, según denunció el decano Mauro Soldevila. “Hubo un par de asignaturas que no pudimos arrancar el dictado porque no teníamos los docentes, renunciaron todos los docentes de todas las comisiones para irse a trabajar afuera”, se lee en Periferia, portal periodístico sobre Ciencia y Tecnología.
Marchas y actividades
Más acá de las disputas en las grandes cámaras, docentes, no docentes y estudiantes llevan adelante planes de lucha.
Coad –el gremio docente local–, junto a la Secretaría General de la FUR y otras organizaciones estudiantiles, se movilizó el jueves al cierre de esta edición con una nueva “Marcha de las antorchas”, evocando la marcha del 23 de abril del 2024 y exigiendo el cumplimiento de la tan ratificada ley de financiamiento. A la vez, se augura un mes de paros. Según lo votado en Conadu –el gremio docente a nivel nacional– el escenario será de progresividad de paros, y se espera una profundización de estas medidas de cara a mayo, aunque aún no hay información oficial. Desde Coad, y en consonancia con el movimiento estudiantil, se llama a llenar de contenido las semanas de paro con actividades de lucha y visibilización.
En ese sentido, desde la Asamblea de Humanidades y Artes realizó este lunes 27 de abril una jornada de lucha con clases públicas, olla popular y una asamblea interfacultades en Maipú y San Luis, enfrente de Rectorado.
La Universidad, por su parte, también impulsa actividades como “UNR en acción” y la jornada “La Universidad no se apaga”, con actividades que intentan llevar la facultad a la calle para poner en valor lo que se hace en las distintas unidades académicas.
Pero la mayor apuesta del plan de lucha está en la convocatoria a una nueva marcha federal universitaria, que saque a la gente a la calle masivamente para meter presión y volver a exigir la aplicación de la Ley de Financiamiento universitario. La convocatoria es para el 12 de mayo. “Si no conmueve el Estado de derecho, que sea la voz del pueblo de la Nación”, sentenció el presidente del Consejo Interuniversitario Nacional (CIN), Franco Bartolacci.
Publicado en el semanario El Eslabón del 25/4/26
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