Los indígenas del Brasil pidieron frenar “las violaciones de sus derechos” que “se incrementaron con la presidencia de Bolsonaro”. Se presentarán ante tribunales internacionales y la Unión Europea. Acusan a madereros, mineros, propietarios agroindustriales y al bloque parlamentario “ruralista”.

El cuerpo sin vida del cacique Emyra Waiapi fue encontrado el 23 de julio a las afueras del poblado de Mariry, en el estado brasileño de Amapá. Fuerzas policiales y judiciales intentaron cerrar la causa, alegando que no había elementos suficientes para establecer que se trató de un asesinato. Pero los integrantes de los pueblos originarios señalan que todo apunta a que fue asesinado. Fue un crimen más en un país donde cada vez más defensores del medio ambiente son asesinados cada año. El acoso y las amenazas por parte de ejércitos privados de los grandes terratenientes son permanentes, y se incrementaron con la asunción de Jair Bolsonaro, que explícitamente llamó al exterminio. Días después de la muerte del cacique, la reserva fue invadida por mineros ilegales armados.   

La Amazonia es una de las joyas más codiciadas por los imperios y las corporaciones. Además de poseer las mayores reservas de agua dulce del planeta y cientos de miles de especies de plantas y animales, también hay seres humanos. Más de 34 millones de personas habitan la Amazonía, que incluye Brasil, Perú, Colombia, Bolivia, Ecuador, Guyana  y Surinam. Hay 420 pueblos originarios (más de 300 en la Amazonia brasileña), con 86 lenguas. Y tanto las plantas, como los animales, como los pueblos originarios, son un impedimento para la explotación voraz que pretenden seguir realizando las corporaciones.

Los incendios que ganaron las primeras planas de los medios son apenas una parte de este proceso de depredación criminal. La Organización de los Pueblos Indígenas del Brasil (APIB) volvió a pedir este lunes 26 ayuda para frenar “las violaciones de sus derechos” que, aseguran, “se incrementaron con la presidencia de Bolsonaro”.

En la reunión del miércoles 28 con el presidente de Chile, Sebastián Piñera, Bolsonaro acusó a los anteriores mandatarios brasileños por permitir reservas indígenas “que volvieron al país inviable” y, una vez más, arremetió contra las reservas, previstas en la Constitución Federal de 1988. Durante el encuentro convocó a una reunión de presidentes de países amazónicos y se declaró abiertamente como lobista del agronegocio.

El mandatario de Brasil aseguró que “no se debe demarcar ninguna reserva indígena más”, e insistió en trabajar para que en las existentes se pueda ejercer la minería comercial. “Yo digo que si seguimos con áreas protegidas y regiones indígenas se termina el agronegocio en Brasil, y si se acaba el agronegocio, se acaba nuestra economía”, señaló marcando con toda claridad qué intereses defiende.

En este marco, APIB reiteró sus denuncias y sus pedidos de apoyo a los brasileños y sus instituciones, a la comunidad internacional y a los tribunales internacionales, y anunció que viajarán en pocas semanas a la Unión Europea (UE) para informar de esta situación.

“Estamos siendo empujados a una guerra que tiene un punto final, experimentamos más recientemente con el asesinato del jefe Emira Wajãpi en Amapá, Brasil”, manifestó la organización en un comunicado que reproduce Europa Press.

La coordinadora ejecutiva de APIB, Sonia Guajajara, señaló que “como la Amazonía arde, ahora somos escuchados los pueblos indígenas de Brasil, después de décadas de violaciones a sus derechos, que han provocado tanto sufrimiento”.

La organización acusa a madereros, mineros, propietarios agroindustriales de estar apoyados por un “poderoso” grupo de influencia en el Congreso Nacional, donde cuentan con más de 200 representantes.

También acusan a grandes empresarios de plantear “nuevas y terribles amenazas” que se intensificaron por políticas “anti-indígenas” y “anti-ambientalistas” de Bolsonaro.

Con relación a la retórica del mandatario, los representantes de los pueblos originarios consideraron que “parece normalizar e inspirar a la violencia” contra el medio ambiente y en contra de sus territorios y los pueblos indígenas.

La coordinadora ejecutiva de APIB señaló que los diez estados brasileños de la Amazonía sufrieron el 43 por ciento de la deforestación en lo que va del año en todo el país y, precisamente, las tasas son más altas en los estados de Acre, Amazonas, Mato Grosso, Rondonia y Roraima, las áreas con mayor proporción significativa de población indígena, de acuerdo con los registros mantenidos por la Coordinación de las Organizaciones Indígenas de la Amazonia Brasileña (COIAB).

Las mujeres originarias vienen reclamando en la calle

Antes de que comenzaran los incendios en la Amazonía, el 14 de agosto, unas tres mil  mujeres (pertenecientes a más de 300 grupos étnicos originarios) salieron a las calles de Brasilia para protestar contra Bolsonaro y sus políticas, que consideran una declaración de guerra contra sus pueblos. “Dado que Bolsonaro dijo que no iba a ver ni un centímetro más de tierra demarcada para los pueblos indígenas, nos manifestamos porque, con esas declaraciones, declaró una guerra no solo a los pueblos indígenas, sino también a las mujeres indígenas”, señaló Guajajara.

“Necesitamos garantizar que nuestros territorios sean respetados. Están invadiendo nuestros bosques, acabando con los ríos, envenenando tierras”, afirmó otra participante de la protesta.

Las denuncias y las movilizaciones de los originarios se iniciaron con el primer día del gobierno de Bolsonaro. Es que ese mismo día comenzó también la embestida del ultraderechista contra sus derechos. El mandatario, cumpliendo las promesas y las amenazas que expresó durante su campaña electoral, comenzó a desmantelar todos los avances logrados durante las tres últimas décadas a favor de los 305 pueblos originarios registrados en este país.

En uno de sus primeros actos oficiales, Bolsonaro transfirió al Ministerio de Agricultura, que está controlado por los terratenientes, la jurisdicción para identificar, delimitar y demarcar las tierras indígenas y “quilombolas” (comunidades que surgieron a partir de africanos que huyeron en el periodo de la esclavitud y quienes reconstruyeron sus comunidades).

El decreto satisface una demanda de antaño del sector de la industria agropecuaria, de la soja, eucalipto y de la minería, representada por la fracción parlamentaria conocida como los “ruralistas”, uno de los sectores que apoyó la candidatura del ex militar.

El Ministerio de Agricultura está encabezado por Tereza Correa, líder de los ruralistas y ex diputada federal por el estado Mato Grosso del Sur, un estado donde el Consejo Indigenista Misionero (CIMI) denunció que desde el año 2013 fueron asesinados más de 400 indígenas.

En enero de este año, las organizaciones indígenas se movilizaron hasta Río de Janeiro y dieron a conocer una carta abierta que hoy, ocho meses después, resulta un diagnóstico preciso que sirve de contexto a lo que sucede en la Amazonia. “Luchamos por la demarcación de nuestro territorio. Ya fuimos diezmados, tutelados y víctimas de la política integracionista de gobiernos y el Estado Nacional”, señalaron por entonces los pueblos originarios.

Asimismo, en el texto de la misiva dirigida al mandatario, líderes de los pueblos aruak baniwa y apurinã, que viven en las cuencas de los ríos Negro y Purus, en el noroeste amazónico de Brasil, protestaron contra el decreto que, en ese momento, dispuso que las tierras indígenas serían manejadas por el Ministerio de Agricultura, gestor de intereses contrarios a los de pobladores originarios.

Los pueblos originarios señalan que el artículo 231 de la Constitución brasileña, vigente desde 1988, les asegura “derechos originarios sobre las tierras que tradicionalmente ocupan”, además de reconocerles “su organización social, costumbres, lenguas, creencias y tradiciones”.

Existen, además, reglas internacionales ratificadas por Brasil, como el Convenio 169 sobre Pueblos Indígenas y Tribales de la Organización Internacional del Trabajo (OIT), que defiende derechos indígenas y condiciona proyectos que los afectan a consulta previa, libre e informada a las comunidades amenazadas.

Bolsonaro viene planteando la “integración” de los indígenas, con referencia a la destrucción de su propia cultura y forma de vida, y la asimilación a la sociedad blanca. El mandatario llegó a decir que los originarios viven “como en zoológicos”.

Según los dirigentes de los pueblos originarios, además del propio presidente las mayores amenazas son los ruralistas, que codician tierras de indígenas, y los dirigentes de iglesias evangélicas, que utilizan una retórica contra sus derechos.

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