Las profesionales del dispositivo municipal Teléfono Verde, destinado a la atención, contención y asesoramiento de mujeres que sufren violencia de género, tienen contrato hasta diciembre, son monotributistas y no disponen de acceso a las condiciones básicas de los convenios colectivos de trabajo.
En el primer semestre de 2019, el Teléfono Verde recibió 3493 llamados de situaciones de emergencia y urgencia de parte de mujeres que sufren violencia de género. En la ciudad de Rosario, se registraron una veintena de casos desde el viernes pasado hasta el lunes, sólo en lo que respecta a hechos informados por autoridades policiales. Según el Ministerio de Seguridad de la provincia de Santa Fe, en todos los casos se logró detener al agresor. Las abogadas y psicólogas que trabajan en la línea vienen denunciando precarización laboral por parte del Estado municipal.
El Teléfono Verde es un dispositivo que trabaja articuladamente con diversas instituciones de la ciudad, provincia y nación, para garantizar una atención integral de la violencia de género. Está compuesto por un equipo de 24 profesionales que ofrecen asesoramiento jurídico y psico-social a quienes se comunican con la línea 0800 444 0420. El equipo es el primer contacto con una víctima de violencia de género que decide hablar. Cada año cambian el cupo completo de personal mediante contratos por 12 meses a contra factura, es decir, deben facturarle al municipio sin poder acceder a derechos laboral básicos, como licencia por enfermedad, aguinaldo o vacaciones pagas.
La voz de las trabajadoras
Susana y Estefanía son dos de las trabajadoras del equipo mencionado. La primera tiene 39 años y es abogada, mientras que Estefanía tiene 27 y es psicóloga. Al igual que sus 22 compañeras, comenzaron a trabajar el pasado 1° de enero y tienen contrato hasta el 31 de diciembre. No hay ningún indicio de que los contratos vayan a ser renovados, y mucho menos que mejoren las condiciones en las que desempeñan su trabajo.
Ambas profesionales comenzaron a trabajar en la línea del Teléfono Verde en el turno de la madrugada. Luego comenzó a regir un sistema de turnos rotativos, el mismo es un nuevo eslabón en la cadena de precarización en el que las trabajadoras no tienen un horario fijo para organizar el resto de sus actividades: “Todos los fines de semana tenemos un horario distinto, de madrugada, de día, de noche. Vamos rotando”, cuentan. La dupla explica que desde hace un tiempo trabajan juntas, es decir, atienden de a dos los llamados que ingresan, y brindan asesoramiento cada una desde sus conocimientos.
Tanto Susana como Estefanía coinciden en que uno de los problemas principales del dispositivo es el recambio constante de personal. “Esta renovación constante de personal no permite generar ninguna continuidad en cuanto a lo que es el aspecto laboral, y tampoco ante la atención de las mujeres que se comunican con nosotras. Es un retroceso en cuanto al abordaje de cada llamado. Es siempre un nuevo lugar de trabajo en donde tenés que adaptarte, un nuevo proceso que tiene sus propias articulaciones”, plantea Susana.
En ese sentido, Estefanía, quien además trabaja en el área de niñez de Villa Gobernador Gálvez, añade: “Nosotras articulamos mucho con diferentes organismos del Estado y privados, así como con organizaciones no gubernamentales. Es todo un aprendizaje saber cómo articular, en qué situaciones, de qué forma”. Ambas remarcan que el modo interdisciplinario de trabajo también significa que hay que aprender, comprender y adaptarse a una compañera: “Es una pena que se recambie año a año”.
El ejercicio diario
“Hay particularidades que conocemos del ejercicio de la profesión que aplicamos en este trabajo”, explica Susana, quien también cuenta que para ingresar al dispositivo debieron cumplir con ciertos requisitos, como antigüedad en las matrículas, experiencia en trabajo social en situaciones de violencia de género, cursos y talleres de formación, entre otros.
La abogada de 39 años resalta que la tarea que desempeñan consiste principalmente en escuchar lo que la víctima tiene para decir y a partir de allí implementar los protocolos, los cuales tienen que ver más con la experiencia que el trabajo les concedió en estos meses que líneas de trabajo previamente acordadas desde el Estado. “Nuestra tarea es tratar de acompañarlas, hoy hay más mujeres que se atreven a contar lo que les pasa a veces por el simple hecho de que alguien las escuche. A principio de año, por ejemplo, con el caso de Thelma (Fardin), muchas mujeres se comunicaron, a veces sin intención de hacer nada concreto, pero sí de ser escuchadas. Y para eso estamos, siempre se les consulta qué es lo que quieren hacer y se las asesora y acompaña en base a sus propias decisiones. No presionamos a nadie, porque sino estaríamos reproduciendo la misma lógica patriarcal de violencia y revictimización”.
Después de la denuncia
Respecto al seguimiento de los casos, Susana cuenta acerca de las dificultades que el propio Estado impone a quienes se deciden a realizar una denuncia: “El tema de denunciar también es complejo, después hay que mantener esa denuncia y ahí está nuestro trabajo de acompañamiento, de volver a comunicarnos, de saber cómo está la causa. A veces, el vínculo con el agresor es el único que la víctima pudo sostener y es necesario generar algunas condiciones previas para que pueda desvincularse”.
Además de acompañar y brindar contención a quienes se comunican con la línea, la mayoría de las jóvenes profesionales deben sostener trabajos de otra índole: “Nos pasa de tener que estar sosteniendo otros trabajos para poder seguir en este espacio que a todas nos gusta realmente, nos sentimos involucradas con la temática. Llegamos con cierto grado de cansancio y es difícil tener que sostener un montón de otras cuestiones. Hay también un montón de articulaciones que se lograron, que sabemos cómo llevarlas adelante, como atender algunos circuitos que se pierden si se recambia constantemente el personal”, expresa Estefanía.
Con las dirigentes a la cabeza
Liliana Leyes, secretaria de organización de la Asociación de Trabajadores del Estado Rosario, analizó, en diálogo con el eslabón, cuáles son los fundamentos de las trabajadoras en su reclamo por mejoras laborales así como el estado de precarización que sufre más de un centenar de trabajadores y trabajadoras en otras áreas del Estado municipal. “La situación de las compañeras es terrible desde varios aspectos. Desde el gremio conocimos la situación de las trabajadoras y de hecho hace unos años había algunas que trabajaban ad honorem. Habíamos hecho movidas que no prosperaron, y hace dos años comenzaron a existir los convenios con los colegios de psicólogos y abogados y las compañeras este año se animaron a venir al sindicato. Fue un proceso muy difícil para ellas, porque existen miedos, aprietes, muchas situaciones por las cuales a los trabajadores les cuesta organizarse y definir venir al gremio. Sobre todo en lugares que son más chicos, como es el caso del Teléfono Verde, donde solo hay 24 y terminan quedando muy expuestas”.
Un convenio poco conveniente
El acuerdo logrado con las colegiaturas es un convenio de trabajo que dura doce meses e implica una formación para las profesionales, aunque en la práctica se destaca el incumplimiento de satisfacer las necesidades básicas de cualquier trabajador o trabajadora. “Claramente no se cumplen. Las compañeras ocupan el rol de personal de planta pero no tienen quién las supervise, trabajan en negro 6 horas como mínimo, no tienen a nadie que las acompañe, deben resolver situaciones en momentos difíciles sin ningún apoyo”, comenta Leyes.
En ese sentido, la referente de ATE explica que la decisión de comenzar a reclamar por sus derechos fue un largo proceso al que aún hoy se siguen sumando trabajadoras. “Fue todo un proceso de más de 4 meses. Tuvimos que crear una conciencia de clase, empoderarlas, hacerles entender que ellas son trabajadoras. Lo mismo nos pasó en otras áreas, como el Tríptico de la Infancia. Hay muchas otras compañeras que fueron apareciendo, como este martes que realizamos un marcha y aparecieron nuevas trabajadoras que entendieron que se les agota el tiempo y hay que definir”.
Además, hace hincapié en el rol de la gestión socialista, que desde hace años lleva adelante políticas públicas a costa de no reconocer los derechos de los y las profesionales que se desempeñan en la mayoría de las áreas dependientes del Municipio y provincia. “La gestión que se va está dejando afuera a un montón de compañeros y compañeras. Estamos en un momento de transición, los que se van no dan respuestas y los que vienen tampoco. La mayoría es gente joven que sostuvieron las políticas públicas con las que los socialistas hicieron bandera, como el Tríptico, educación ambiental, cementerio”.
Trabajo en negro para todos y todas
En el caso del Teléfono Verde, cuya estructura es inexistente y quienes trabajan allí deben regirse por la propia experiencia y la falta de funcionarios o funcionarias a cargo, Leyes explica: “No se puede sostener un espacio como el Teléfono Verde, sin estructura. Se atienden cientos de llamados y acompañamientos a mujeres en situaciones críticas y para nosotros es esencial que el mantenimiento sea también en el tiempo. Renovar año a año, y que además la responsabilidad de esa renovación la tengan las propias trabajadoras que antes de irse tienen que capacitar a las nuevas profesionales, es una situación terrible para todas”.
Desde el Área de Atención en Violencia de Género de la Secretaría de Desarrollo Social de la Municipalidad de Rosario, remarcó Leyes, no otorgan respuestas a nadie. Desde el equipo de transición del intendente electo Pablo Javkin, tampoco. “Pienso que hoy se da una difícil situación para la gestión que se va, pero no tienen que pagar esto los trabajadores. Hay algo que se hizo mal durante toda esta gestión del gobierno municipal, que fue muy larga, y es que deja cientos de trabajadores en la calle”, añade Leyes.
Todas las áreas todas
Desde ATE denuncian la precarización en la gran mayoría de las áreas del Estado municipal y provincial. En consonancia con la situación nacional, reclaman la regularización de trabajadores y trabajadoras de la Subsecretaría de Niñez, Adolescencia y Familia (acompañantes personalizados, guardia, acompañantes convivenciales, hogares, CAF, dispositivos de alojamiento, entre otros), Tríptico de la Infancia, Secretaría de Cultura, Plan Abre, Educación Ambiental, trabajadoras del Cementerio, Escuela móvil, Secretaría de Juventud, Promoción Social, entre otras.
El Concejo está al tanto
Desde que comenzó el reclamo, varias concejalas de diferentes bloques se fueron acercando al sindicato para brindar su apoyo a las trabajadoras. Luego de la conferencia de prensa realizada el pasado lunes, lanzaron un comunicado en el que expresan su preocupación por la situación laboral de las 24 trabajadoras del Teléfono Verde. En el documento, remarcan que las trabajadoras “diariamente trabajan articuladamente con diversas instituciones de la ciudad, provincia y nación para garantizar una atención integral de la problemática; que asisten a mujeres y niñas y niños las 24 hs en los diferentes centros de protección, acompañan a mujeres a los tribunales, al centro de justicia penal, MPA; y sostienen tareas que no son satisfechas por ningún personal municipal; que además cubren licencias anuales ordinarias de empleadas municipales”. Además, resaltan la necesidad de aplicar políticas que sostengan este tipo de dispositivos, y expresan “la intención de que se garanticen los derechos y se establezca una continuidad laboral a fin de regularizar las condiciones de las trabajadoras”.
