La derecha aplica ajustes que producen hambre y exclusión, y aumentan la brecha entre ricos y pobres. Y cuando los pueblos salen a protestar, responden con masacres, persecuciones, amenazas y proscripciones. Cada vez más armas, más poder a las fuerzas de seguridad, y menos derechos para la ciudadanía.
El giro a la derecha de buena parte de los gobiernos de la región está acompañado de graves retrocesos en los derechos de la población, con el uso sistemático de la represión y la violencia institucional, lo que incluye asesinatos, encarcelamientos arbitrarios, y persecución a los opositores y militantes sociales, con un saldo de cientos de muertos, miles de heridos y decena de miles de encarcelados.
Son gobiernos que asumieron el poder a través de los votos. Pero eso no alcanza para que puedan calificarse de “democráticos”.
Los planes neoliberales nunca cierran sin represión. La militarización de estos países es indispensable para los gobernantes conservadores, que quieren acallar a sangre y fuego las protestas de los pueblos.
Armas para masacrar al pueblo
El Instituto Internacional de Estudios para la Paz (organización con sede en Estocolmo) afirmó en su informe anual sobre el gasto armamentístico en los diferentes países del mundo que en 2019, en relación a 2018, la compra de armamento subió en los países de América Latina, con un aumento del gasto militar que se sitúa en un 3,1 por ciento, por encima de la media global ubicada en un 2,6 por ciento.
De acuerdo con los datos del instituto, en su conjunto, los países de la región gastaron en defensa el año pasado 55.600 millones de dólares.
A nivel mundial, el gasto militar aumentó el 2,6 por ciento, y alcanzó los 1.822 billones de dólares, logrando el nivel más alto desde 1988, primer año del que se tiene datos globales consistentes.
En Bolivia gobierna una dictadura cívico-militar que reprime y persigue opositores, además de proscribir a candidatos. Y en Brasil, Chile, Ecuador, Colombia, El Salvador y Honduras, por sólo mencionar algunos ejemplos, están en el poder gobiernos elegidos por el pueblo pero completamente desprestigiados, en algunos casos con poco o nulo apoyo popular.
Brasil sería una excepción en este sentido: según una encuesta realizada en enero, el índice de aprobación del presidente brasileño supera el 34 por ciento.
Las denuncias de los organismos de derechos humanos y las distintas organizaciones sociales de cada país, sumados a los informes de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), Human Rights Watch (HRW) y Amnistía Internacional (AMI), entre otros, señalan que se están cometiendo graves delitos de lesa humanidad.
Chile: cuatro meses de brutalidades
La represión en Chile ya lleva cuatro meses. El Instituto Nacional de Derechos Humanos de Chile (INDH) señaló que las fuerzas de seguridad asesinaron a 30 personas. Hay más de 4 mil heridos (282 son niñas y niños). Del total de personas lesionadas, 2.050 personas que sufrieron disparos de armas de fuego. Además, 445 terminaron con lesiones oculares, de los cuales 34 padecieron estallidos oculares o pérdida total de visión.
El 16 de febrero, la Justicia de Chile autorizó a interrogar al Director de Carabineros, Mario Rozas, que tiene 21 imputaciones por crímenes de lesa humanidad y nueve por el delito de tortura. El interrogatorio del general Rozas se produce en el marco de una investigación contra el propio presidente Sebastián Piñera y otras autoridades del gobierno.
La Fiscalía Nacional de Chile, asimismo, señaló que a nivel nacional 4.170 personas denunciaron a Carabineros por delitos que habrían sido cometidos en el marco de la protesta social y, hasta el momento, hay 294 funcionarios de esa fuerza de seguridad individualizados.
En este marco, el presidente Piñera tiene menos del 9 por ciento de aprobación, según señalan los sondeos más recientes.
Represión en Colombia, El Salvador Y Honduras
En Colombia, las masacres sistemáticas e impunes contra militantes sociales continúan. En los primeros 44 días de 2020, 44 activistas fueron asesinados. Los últimos casos fueron los crímenes de Luis Alberto Parra Lozada, fiscal de la Junta de Acción Comunal (JAC), y su hijo Jader Alberto Parra, quien era coordinador del Comité de Obras de la JAC de la vereda Villa Fátima en la inspección de Galilea, en el municipio de Puerto Guzmán, Putumayo.
Fuerzas de seguridad ejercen violencia institucional con total impunidad. Y a esto se suma al accionar de bandas armadas, narcotraficantes y grupos parapoliciales y paramilitares.
La triste realidad de Colombia se repite asimismo en El Salvador y Honduras, donde los militantes sociales son perseguidos, amenazados y masacrados, también en forma sistemática e impune.
El presidente de El Salvador intentó asegurarse la aprobación de un préstamo para comprar armas para las fuerzas de seguridad utilizando, justamente, las armas de la policía y el ejército para apuntar (literalmente) a los legisladores con el fin de persuadirlos.
Como la oposición parlamentaria se negaba a aceptar la toma del crédito de 109 millones de dólares por parte del gobierno encabezado por Nayib Bukele, el mandatario militarizó el Parlamento, rodeando a los legisladores de militares y agentes de la Policía Nacional Civil con rifles de asalto el domingo 9 de febrero. Este accionar produjo el inmediato rechazo de la Justicia, los organismos de derechos humanos nacionales e internacionales, y un amplio espectro de organizaciones sociales que lo consideraron “un intento de golpe de Estado”.
Desde finales de abril de 2019, el pueblo de Honduras salió a la calle a decirle basta a las medidas antipopulares del gobierno, especialmente ajustes en salud y educación, y privatizaciones masivas. El presidente Juan Orlando Hernández respondió con represión. Apenas comenzadas las movilizaciones, convocó a una reunión del Consejo de Seguridad, integrado por los líderes de los tres poderes del Estado, Fuerzas Armadas y policía, para adoptar acciones contra los manifestantes. Y salieron a la caza de militantes.
Las cifras oficiales señalaron tres muertos y cientos de heridos. Pero los organismos de derechos humanos denuncian que son muchos más.
Brasil: militarización, autogolpe y asesinatos masivos
Bolsonaro militariza, reprime y ataca al Parlamento y al Supremo Tribunal Federal, en un intento de autogolpe que hace que su gobierno se parezca cada vez más a una dictadura militar.
Un informe difundido a principios de febrero reveló que Brasil sigue siendo el país en el que se registran la mayor cantidad de asesinatos de travestis y transexuales del mundo, con 124 crímenes registrados durante 2019, según la Asociación Nacional de Travestis y Transexuales (Anthra). Los referentes de la comunidad trans señalaron que la violencia se ha incrementado con el “odio” de los “discursos religiosos violentos”, y una homofobia que se ha justificado desde la llegada a la presidencia del líder ultraderechista Jair Bolsonaro, desde 2018.
El mapa de asesinatos muestra que el 82 por ciento de las víctimas eran negras o mulatas y que el mayor número de asesinatos se registró en San Pablo con un aumento del 50 por ciento en relación con 2018, seguido de los nordestinos estados de Ceará, Bahía y Pernambuco, y del emblemático Río de Janeiro, en quinto lugar. Según el estudio, más de la mitad de las víctimas (59,2 por ciento) tenía entre 15 y 29 años.
Los militantes sociales y de organismos de derechos humanos, los pueblos originarios, los colectivos feministas y los “rojos”, término con que se denomina a un amplio espectro de pensamiento rechazado por la derecha, están asimismo en la mira de los asesinos.
De 22 ministros, 8 son miembros de las Fuerzas Armadas. La última designación fue la de Walter Souza Braga Netto, que es el nuevo ministro jefe de la Casa Civil (Jefe de Gabinete). Se desempeñaba como jefe de Estado Mayor Conjunto y fue interventor federal en Río de Janeiro.
Ecuador: Lenin Moreno ajusta y reprime
En octubre de 2019, el pueblo de Ecuador ganó las calles para rechazar las medidas de ajuste pactadas entre el gobierno de Lenin Moreno y el FMI. La represión, la persecución y el uso de la Justicia para debilitar a la oposición son sistemáticos.
El informe de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) es lapidario. Las cifras oficiales señalan un saldo de diez muertos, 1.340 heridos y 1.192 detenidos, de acuerdo con la Defensoría del Pueblo de ese país. Después de una visita a Ecuador, la CIDH recomendó a Quito que establezca un plan de atención y de reparación integral para las víctimas de las manifestaciones. “La CIDH insta a las autoridades a que investiguen de forma pronta y exhaustiva cualquier denuncia de violencia y establecer las sanciones correspondientes”, señaló en un comunicado la entidad, con sede en Washington, al tiempo que expresó su “preocupación” sobre la actuación de la fuerza pública y la utilización indiscriminada de gas lacrimógeno, incluso en espacios en los cuales había madres con sus hijos.
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