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Arrancó el debate legislativo en torno al impuesto a grandes fortunas para solventar urgencias en medio de la pandemia. Para el economista Sergio Arelovich, amén de discutir un aporte de los más ricos es necesario corregir profundos desajustes socioeconómicos.

En un contexto atravesado por la pandemia, que derivó en la peor crisis mundial en cien años, el Congreso empezó a discutir el proyecto de impuesto a las grandes fortunas, debate con resonancia planetaria. La iniciativa, promovida por el Frente de Todos desde poco después del comienzo de la primera cuarentena, busca una contribución por única vez de personas con un altísimo nivel patrimonial, unos doce mil multimillonarios.

Argentina tiene una alta centralización de bienes y de capital en muy pocas manos y distanciamiento de ingresos personales entre quienes más perciben y quienes menos perciben. Todo ensayo concentrado en gravar tenencias o ingresos es demasiado poco frente a tales problemas”, sostuvo el economista y docente de la Universidad Nacional de Rosario Sergio Arelovich, en una entrevista a distancia con El Eslabón.

El oficialismo cree poder alcanzar los 129 votos afirmativos en Diputados que requiere la aprobación del proyecto: un aporte respaldado por buena parte de la sociedad pero resistido por los propios magnates y sus defensores mediáticos, políticos y empresarios.

—¿Cuáles son los ítems para destacar del proyecto de impuesto a las grandes fortunas y qué incidencia tributaria-económica tendría?

La recaudación por única vez de esta contribución tendrá como fin específico financiar una parte de los programas de transferencia al sector privado que el Poder Ejecutivo nacional implementó a raíz de la pandemia. El proyecto apunta a ser distribuido del siguiente modo: sistema de salud (20 por ciento); financiamiento a pymes (20 por ciento); plan Progresar (20 por ciento); barrios populares (15 por ciento); exploración de gas natural (25 por ciento). 

La base imponible para el cálculo de dicha contribución lo será en función del contenido de la declaración jurada 2019 del impuesto a los Bienes Personales, pero sin mínimos ni exenciones. Por lo tanto el monto a recaudar dependerá de la valuación de la base gravada, habiendo estimado el gobierno nacional un ingreso fiscal de más de 3.000 millones de dólares, cifra que yo pondría en espera y que además estimaría en moneda nacional. Como el proyecto se refiere a los activos que en su totalidad hubiesen alcanzado o superado los 200 millones de pesos al 31 de diciembre de 2019, el número de personas humanas alcanzadas sería aproximadamente el 1 por ciento de las declaraciones juradas anuales de Bienes Personales, esto es algo más de 12 mil en relación al más de un millón cien mil de presentaciones que hubo sobre los activos declarados de 2019.

La última información pública disponible detallada lo es respecto de las presentaciones de Bienes Personales de 2018. En esa oportunidad el número de declaraciones juradas presentadas fue de 1.010.722, de las cuales 704.429 lo fueron con ingreso del pago de impuestos, estando el resto eximidas por no llegar a los mínimos. El total de las declaraciones sumaron bienes valuados en 6 billones 600 mil pesos, cifra que actualizada por el índice de precios al consumidor al 31 de agosto de este año serían unos 12 billones de pesos.

De las declaraciones presentadas, las que exhibieron activos desde 60 millones de pesos en adelante fueron 12.946. Estas sumaron el 42,1 por ciento del total de los activos declarados por el más de un millón de contribuyentes. El monto declarado por estas 12.946 personas fue valuado en algo más de 5 billones de pesos, cifra actualizada a agosto de 2020. De los activos que declararon esas 12.946 personas humanas, el 20,6 por ciento se encontraban en el país y el 79,4 por ciento en el extranjero. Los activos radicados en el extranjero pertenecientes a esas 12.946 personas estaban compuestos en un 65 por ciento por acciones de sociedades y títulos y 21 por ciento por dinero en efectivo y depósitos. Entre ambos destinos sumaban el 86 por ciento de los activos declarados en el exterior. Esa franja de mayores tenedores de bienes declararon a fines de 2018 poseer activos –cada una– por valor de 60 millones de pesos en adelante.

La crisis sanitaria y económica por la pandemia puso aún más de relieve disparidades socioeconómicas. Con respecto a este punto, Arelovich detalló que “la participación de las tenencias declaradas por el 1 por ciento de los contribuyentes del impuesto a los Bienes Personales en el período 2012-2018, denota un aumento de la centralización de la propiedad de bienes y capital de los más enriquecidos”. Y le puso números al dicho “el que más tiene, más quiere”: 2012 (23.8 por ciento), 2013 (25.2 por ciento), 2014 (25.7 por ciento), 2015 (27.5 por ciento), 2016 (36.9 por ciento), 2017 (37.2 por ciento), 2018 (42.1 por ciento).

—Hay una idea instalada en el sentido común de que el Estado ejerce “presión impositiva”, con “impuestos confiscatorios” para los que “invierten y producen”…

El argumento esgrimido por quienes se oponen al proyecto poniendo el acento en el desincentivo inversor derivado de la iniciativa legislativa, es falaz. Casi el 80 por ciento de las tenencias no está invertida en el país y la que está en el extranjero, en un 86 por ciento está compuesta por activos financieros. Claramente no es la inversión el desvelo ni el destino buscado (por los 12.946 más enriquecidos autodeclarados residentes en Argentina) para sus excedentes líquidos declarados. El efecto político hasta ahora existente ha sido adverso por la mayoría de la prensa que está centralizada en pocas manos, ha sido menor la crítica por parte de las empresas, pero de alto voltaje en las voces de la oposición política.

—Si bien el aporte por única vez de poseedorxs de grandes fortunas cuenta con amplio respaldo en la opinión pública, incluso entre votantes de la oposición, la resistencia histórica de los sectores más poderosos a una distribución progresiva del ingreso prevé una ardua discusión legislativa.

Argentina tiene dos problemas estructurales de largo plazo con relación a la desigualdad. Se trata de a) un cuadro de alta centralización de bienes y de capital en muy pocas manos y b) una tendencia al distanciamiento de ingresos personales entre quienes más perciben y quienes menos perciben. La información emergente de las declaraciones juradas del impuesto a los Bienes Personales es apenas una aproximación vaga de las desigualdades en materia de tenencias. ¿Por qué? Porque se unen la subdeclaración, las inconsistencias de la ley sobre la valuación de los bienes, una planificación fiscal nociva para fragmentar, fraguar o atenuar la tenencia de activos, exenciones discutibles, las porosidades en los dispositivos fiscales de los organismos de recaudación, el secreto fiscal, el secreto bancario, el secreto cambiario y la ausencia de gravámenes aplicados sobre la transmisión gratuita de bienes cuyo caso relevante pero no único es la herencia intrafamiliar. Los resultados de la encuesta permanente de hogares en materia de ingresos personales y del hogar exhiben situaciones de pobreza estructural de gran dimensión y en el otro extremo ingresos de siete u ocho cifras mensuales por persona al mes.

 

Surge de los datos de Indec, en materia de distribución del ingreso contenida en la encuesta permanente de hogares, una fotografía cruda de los niveles de desigualdad sumados a situaciones de pobreza e indigencia. Tradicionalmente Indec clasifica a la población relevada en diez grupos de igual número de personas, donde el grupo o decil 1 es el de menores ingresos y el grupo o decil 10 registra al de mayores ingresos. La información disponible refiere al primer trimestre de 2020. La persona de menor ingreso individual detectado fue de 135 pesos al mes y la de mayor ingreso de 8.760.000 pesos, siendo la distancia entre ambas de 64.889 veces. Se trata de ingresos mensuales de bolsillo por persona. El 60 por ciento de las personas manifestaron tener ingresos mensuales per cápita menores a 30.001 pesos al mes. Nuevamente comparando los 8.760.000 pesos, la distancia ahora es de 292 veces respecto de los 30.000 pesos.

Para el coordinador del Mirador de la Actualidad del Trabajo y la Economía (Mate), “una de las claves ausentes en el debate político lo sea en torno de los procesos que generan y reproducen las desigualdades en Argentina”.

El economista completó la idea: “Todo ensayo concentrado en gravar tenencias o ingresos es demasiado poco frente a tales problemas. De una vez hay que discutir qué hacer para que las desigualdades no crezcan y que en algún momento comiencen a disminuir. Porque además hay que decir que no se puede pensar seriamente una reforma fiscal en sentido progresivo sin a la vez diseñar herramientas que permitan disminuir las desigualdades. Un impuesto o gravamen progresivo aplicado en el marco de una estructura social brutalmente desigual diluye sus efectos a poco de andar, porque son las relaciones de fuerza las que definen quién lo termina pagando. A esto se agrega un tema accesorio pero siempre en discusión: el origen del financiamiento de los estados nacional y sub-nacionales, la distribución regional/provincial/por sector de actividad de lo recaudado. Argentina tiene un régimen de coparticipación federal nacido en 1980, año de dictadura, reformado en 1988 pero conservando aquella matriz”.

Ante la pregunta sobre si piensa que es necesario insistir en un debate económico-financiero que dé plataforma en la pospandemia para cambiar el patrón de la especulación hacia la producción y encarar así una reactivación y recomposición de ingresos de trabajadorxs y sectores populares, Arelovich consideró: “La pandemia hace difícil pensar en el día después. No obstante creo lícito e imprescindible pensar en programas de desarrollo orientados a mejorar en lo inmediato la situación de las personas más vulneradas y a la vez ensayar alternativas productivas, comerciales y de servicio que tengan en su virtud la creación de empleo, el desarrollo local, la integración de cadenas de valor, una perspectiva ecológica en amplio sentido”.

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