Organizaciones de derechos humanos de Colombia publicaron un informe en el que denuncian torturas, detenciones ilegales, fosas comunes y casas de pique (lugares para asesinar y desmembrar personas).
En los despachos oficiales, los medios de comunicación y las redes sociales se discuten cifras de muertos, desaparecidos, violados y torturados. Los números oficiales no coinciden con los que denuncian los organismos de derechos humanos de Colombia y el mundo. En tanto, el pueblo sigue en las calles protestando contra las políticas del gobierno de Iván Duque, que mientras reprime negocia con los manifestantes y ya se habla de un “preacuerdo”. Pero en la calle todo es sangre, fuego y el horror del terrorismo de Estado. La represión se hace cada día más sistemática, cruel y perversa.
Por un lado, está la versión oficial expresada en un discurso de 27 páginas del defensor del Pueblo, Carlos Camargo, en una audiencia ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos. El funcionario rechazó el abuso del uso de la fuerza y retrató la grave situación social y económica que enfrenta el país desde el pasado 28 de abril cuando empezó el paro nacional, según informó el sitio de noticias colombiano Blu Radio.
Según Camargo, se produjeron desde el inicio de las protestas 43 muertes, 23 denuncias de violencia sexual y más de dos mil heridos, entre policías y civiles.
Sobre las personas desaparecidas, el defensor asegura que “se logró compilar un reporte de 548 casos de personas no localizadas y, rápidamente, se transmitió a la Mesa Interinstitucional para hacer la verificación inicial”. En un trabajo conjunto con la Fiscalía se ubicaron inicialmente 290 personas y está activado el mecanismo de búsqueda urgente para otras 129, señaló el funcionario.
Sobre los hechos de violación de los derechos humanos, la Defensoría ha trasladado 239 casos a autoridades como la Procuraduría, la Fiscalía y la Inspección General de la Policía para que investigue, dijo. Según Camargo, en 174 reportes se especifica como supuestos responsables a agentes de la Policía Nacional.
Agredir el cuerpo de las mujeres como estrategia de poder
“Sobre los diferentes hechos de violencias basadas en género, la Defensoría del Pueblo manifiesta su especial preocupación sobre los hechos que se constituyen como violencia sexual en el marco de la protesta. El 23 por ciento de los hechos reportados corresponden a este tipo de violencias en las que los agresores instrumentalizan los cuerpos de las mujeres como estrategia de poder y de control frente a la participación de las mujeres en el marco de la protesta”, señaló Camargo.
Pero por otro lado, lejos de los números y los hechos que reconoce el gobierno, está el aterrador informe elaborado por el Equipo Jurídico y Humanitario 21 N, la Corporación Justicia y Dignidad y la Comisión Inter-eclesial de Justicia y Paz.
El escrito se titula “Desde los sitios de detención a posibles fosas comunes y casas de pique”. Esta última expresión significa una casa clandestina donde se tortura, asesina y descuartiza a personas para hacerlas desaparecer. Son lugares utilizados por paramilitares y policías y la mayoría están en Cali. En esta ciudad las protestas son masivas y reprimidas con especial saña.
“Las dinámicas de represión se han ido sofisticando en estos casi 25 días con la pretensión cada vez mayor de evitar que sea identificable la responsabilidad policial en operaciones de tipo paramilitar y evidentemente criminal. Dada la ausencia de garantías solicitamos a los entes de investigación y de protección del Estado y en especial a la Unidad de Búsquedas de Personas dada por Desaparecidas, desarrollar su actividad con base en la información inicial pública”, señala el informe, que también denuncia “la ausencia de imparcialidad manifiesta en desarrollo del Paro Nacional por parte de la Fiscalía General de la Nación” por lo que “urge un verificar las actuaciones investigativas”.
Fosas comunes y descuartizamientos
“Fuentes informaron de la movilidad de camiones que, al parecer, hacen parte de los medios que usa la policía para su movilidad. En algunos de estos se habrían llevado jóvenes en horas de la noche al sector conocido como Mulaló, corregimiento de Yumbo, ubicado a 30 minutos de Cali. Allí, en un paraje previamente preparado estarían descargando cuerpos de jóvenes de los barrios populares que participan en las movilizaciones y que se dan por desaparecidos”, señala la denuncia firmada por el Equipo Jurídico y Humanitario 21 N, la Corporación Justicia y Dignidad y la Comisión Inter-eclesial de Justicia y Paz, donde se hace mención del temor que tienen los testigos en dar sus testimonios.
El texto señala que muchos de los jóvenes que son detenidos luego son reportados como desaparecidos por sus amigos o familias.
“Algunos de los sobrevivientes de los ajusticiamientos fueron encontrados con heridas por arma de fuego en centros asistenciales y hoy se encuentran aterrorizados y escondidos”, indica el texto, que agrega que se reportaron operaciones de grupos de civiles armados protegidos por policiales. “Se habría instalado una Casa de Pique en el exclusivo lugar de Ciudad Jardín”, indica el texto.
“Ante el temor fundado que asiste a eventuales testigos de ser victimizados en su vida, integridad y libertad, se requiere la adopción de medidas técnicas propias de la investigación judicial. Temen los testigos que la policía pueda desarrollar estrategias de presión, de intimidación, de estrategias de encubrimiento con el asesinato de más jóvenes y sus familias”, puntualiza el escrito.
La denuncia firmada por el Equipo Jurídico y Humanitario 21 N, la Corporación Justicia y Dignidad y la Comisión Inter-eclesial de Justicia y Paz plantea que tiene el sentido de dejar constancia histórica y pública sobre el accionar del gobierno de Duque.
“Con base en la síntesis de estos relatos que brindan elementos razonables de planes criminales sofisticados en los que participaría la Policía Nacional y dada la forma como han operado desde el 28 de Abril hasta hoy, los efectivos regulares fuerzas y las expresiones militares del General Zapateiro, dejamos Constancia Histórica Pública de la información recibida”, se lee en el escrito.
“Dado el deber de garantía y los derechos a la verdad, que el Estado colombiano actúe con eficacia, más allá del lugar retórico de las «exhaustivas investigaciones» y del testimonio como única base para el inicio de las investigaciones que permitan confirmar las hipótesis a partir de estos fundamentos fácticos”, señala la denuncia.
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