Tras 26 años, con bajante histórica, el Estado reasumió la gestión de la hidrovía por un año. La AGP terceriza tareas de dragado y balizamiento. Garantizan la continuidad de 800 trabajadores.
Transcurridos 26 años de la concesión a Hidrovía Sociedad Anónima, varias veces prorrogada al consorcio entre la empresa de origen belga Jan de Nul y la firma argentina Emepa, el Estado nacional, representado por la Administración General de Puertos (AGP), retomó desde esta semana el control y mantenimiento de la vía navegable compuesta por los ríos Paraná y Paraguay, entre el tramo que va desde el punto denominado Confluencia (Corrientes) hasta la zona de aguas profundas naturales en el Río de la Plata (Montevideo-Uruguay): un importante sistema de navegación que conecta con el océano Atlántico y por donde se desplazan más de 4.500 embarcaciones al año trasladando el 80 por ciento del volumen del comercio exterior argentino, con predominio del complejo agroindustrial.
Así, comenzó una etapa de “estatización transitoria” por un año, aunque con opción a ser prolongada. El recién creado Ente de Control y Gestión de la Vía Navegable, al mismo tiempo, convocará a un proceso de licitación pública nacional e internacional para reprivatizar el futuro contrato por el servicio de dragado, balizamiento y cobro de peaje en la principal autopista fluvial del país, la que parece desagotarse mientras se suceden cantidad de incendios de humedales en las islas ubicadas frente al cordón ribereño que une Rosario con la ciudad bonaerense de San Pedro, una vasta región donde el aire se vuelve irrespirable.
La reprivatización en carpeta genera controversias, ya que es rechazada por sectores de la sociedad que vienen discutiendo en diferentes foros y espacios sobre la posibilidad de recuperar definitivamente en manos del Estado la administración de la vía navegable troncal. Y, al mismo tiempo, la futura adjudicación del servicio a un privado tranquiliza a quienes critican la intervención del Estado en la economía y a quienes creen que en la actualidad es “inviable” una gestión pública en la mal llamada hidrovía porque el Estado “no tiene recursos” para hacerlo.
Una de las grandes preocupaciones giraba en torno a la situación laboral de los 800 trabajadores representados por el Sindicato de Dragado y Balizamiento (DyB) que reportaban en la concesionaria saliente Hidrovía SA. Tanto la AGP como el gremio hablaron de “continuidad asegurada” para el plantel portuario en el nuevo esquema, tal como se hace explícito en el contrato por cambio de concesión con fecha del pasado 2 de septiembre.
“Firmamos acuerdos ante los ministerios de Trabajo y de Transporte de la Nación y también con la Administración General de Puertos, donde se ratifica la continuidad laboral y el convenio de trabajo de los 800 compañeros que estaban desarrollando sus actividades en Hidrovía sociedad anónima. La empresa que la AGP contrate para que siga adelante con las tareas tiene la obligación de darle continuidad laboral a todo el personal”, dijo Edgardo Arrieta, secretario general de DyB regional Rosario.
En efecto, la AGP terceriza obras de dragado y balizamiento, que es la señalización con boyas naranjas para delimitar el canal navegable, ordenar y dar seguridad al tránsito en el río. Esta sociedad del Estado maneja el mecanismo de peaje que pagan los barcos que entran y salen de los puertos y tendrá la potestad de cambiar la tarifa cobrada. La función de policía, en cambio, seguirá siendo ejercida por Prefectura Naval y Aduana.
Al cierre de esta nota, la AGP, con el abogado santacruceño José Beni de interventor, se aprestaba a prorrogar en forma directa las actuales tareas de las dragas que opera el grupo Jan de Nul, aunque sin su socio local Emepa en el balizamiento como ocurría desde mediados de los 90. Para el balizado, en tanto, se barajaba la posibilidad de que la AGP contrate a una unidad transitoria de empresas conformada por las firmas nacionales Hydra, Pentamar y Sade Electromecánica, una UTE que actualmente opera el mismo servicio en los puertos de Buenos Aires y Bahía Blanca.
En medio de la emergencia hídrica del río Paraná, especialistas señalan que el trabajo de excavar y remover el fondo del río, el dragado, tiene que hacerse diariamente para mantener la operatividad de la vía navegable, aunque los buques carguen menos y esto represente sobrecostos logísticos para las empresas con la consecuente relocalización de embarques a los puertos de Bahía Blanca y Quequén.
En el mismo plano de debate, organizaciones socioambientales alertan que el Paraná, en medio del cambio climático, no soporta más impactos ecológicos negativos.
El nuevo Ente Nacional de Control y Gestión de la Vía Navegable cuenta con la participación de Misiones, Formosa, Chaco, Corrientes, Entre Ríos, Santa Fe y Buenos Aires. El decreto de necesidad y urgencia que creó este órgano de control fue criticado por ambientalistas por “ausencia de participación ciudadana, desprotección de ecosistemas fluviales y profundización de un modelo extractivista”, según coincidieron en un documento el Taller Ecologista de Rosario y la Fundación Cauce.
¡Sumate y ampliá el arco informativo! Por 500 pesos por mes recibí todos los días info destacada de Redacción Rosario por correo electrónico, y los sábados, en tu casa, el semanario El Eslabón. Para suscribirte, contactanos por Whatsapp.
