En un expediente iniciado por una denuncia de Hijos Rosario, piden ampliar la indagatoria al ex fiscal de la última dictadura, Pedro Tiscornia, por coacción agravada. Los casos de “renuncias” de Cuaranta y Bielsa. Ya declaró por otros delitos de lesa humanidad.

El diálogo entre la empleada de la Fiscalía Federal Nº2 de Rosario y el presidente de la Cámara Federal de Apelaciones se había vuelto tenso. Hacía un rato ya que la mujer exigía explicaciones por el pedido de renuncia que le había hecho su superior, el titular de la Fiscalía, y que ante la negativa ahora buscaba en la máxima autoridad de la jurisdicción. Pero sólo encontraba evasivas de su interlocutor, hasta que le dijo:

—Bueno, si no tengo explicaciones ante el requerimiento de la renuncia, y a consciencia (de que) yo no tengo razones para justificarme a mí misma la presentación de la renuncia, no la presento—, apuró la abogada Adriana Cuaranta.

Entonces sí obtuvo respuesta, fundada en una ineludible razón vital:

—No le doy garantías de vida—, repuso convincente el presidente de la Cámara, Celestino Araya.

El diálogo, que se produjo en abril de 1977, forma parte de la declaración de Cuaranta, ex detenida desaparecida durante la última dictadura cívico–militar, en uno de los juicios por delitos de lesa humanidad conocido como “Guerrieri”. El mismo testimonio había brindado durante la instrucción de la causa.

Y fue retomado esta semana por el fiscal general Federico Reynares Solari para pedirle al juez Marcelo Bailaque, moroso en su andar, la ampliación de la declaración indagatoria de Pedro Ramón Tiscornia, ex fiscal durante la última dictadura, al entender que en su proceder de aquellos años –ya cuestionados judicialmente– cometió también el delito de coacción agravada contra dos víctimas del terrorismo de Estado: Cuaranta y el actual embajador argentino en Chile, Rafael Bielsa.

Ambos eran empleados de la Fiscalía Nº2, a cargo de Tiscornia, y fueron compelidos a elegir entre la renuncia a sus cargos o la muerte, en el primer caso, o el armado de una causa por “accionar subversivo”, en el segundo.

En un expediente iniciado por una denuncia de la agrupación Hijos Rosario en 2018, Reynares Solari ya había solicitado en diciembre de 2021 la indagatoria de Tiscornia, del ex fiscal José Luis Vázquez y del ex secretario del Juzgado Federal Nº2 de Rosario durante la dictadura, Horacio Claverie, por presunta complicidad con la represión ilegal ejecutada desde el Estado mediante un plan sistemático de desapariciones de personas, homicidios y aplicaciones de tormentos, entre otros delitos.

Bailaque se tomó su tiempo y los citó a declarar a mediados de mayo pasado. Un mes y medio después aún no resolvió su situación procesal.

Ahora, Reynares le pidió ampliar la indagatoria a Tiscornia por “coacción agravada”, al entender que puede existir responsabilidad penal del antiguo fiscal federal en las renuncias bajo amenazas de Cuaranta y Bielsa.

En la misma causa ya fue procesado, en septiembre de 2020, el ex juez federal Guillermo Ernesto Tschopp como partícipe necesario de crímenes de lesa humanidad como secuestros, desaparición forzada y homicidio calificado.

Diurno y nocturno

En su escrito ante Bailaque, el fiscal Reynares señaló que “no hace falta explayarme acerca de la conexión íntima de estos hechos con el programa represivo ilegal de la última dictadura cívico–militar. No son delitos conexos, son parte del mismo plan”.

Al analizar los casos de Cuaranta y Bielsa, dijo que “más aún, estos hechos que traemos en este escrito permiten colocar a la complicidad judicial con el terrorismo de Estado en otro nivel. No sólo en lo que podríamos llamar el «rostro diurno» del régimen, aquellas garantías de no interferencia en sus tropelías y la consecuente fijación de una verdad formal conforme las necesidades de aquel”.

El fiscal general Federico Reynares

Sino que los cómplices judiciales fueron más allá de una simple inacción por comodidad o temor. “Aquí vemos dos aspectos insoslayables: la actuación del Poder Judicial de la Nación como una estructura orgánica impropia de la judicatura y de su independencia. Los hechos que aquí relatamos son una bofetada ruidosa en el rostro de la pretendida «neutralidad» y «formalidad» del actuar judicial en materia penal federal durante la última dictadura cívico–militar”, escribió Reynares.  Y agregó: “La palabra «superioridad» (que era la relación que tenía Tiscornia con sus subordinados Cuaranta y Bielsa), más vinculada al mundo castrense que al respeto de los derechos y garantías constitucionales, es concluyente”.

También consideró la intervención del presidente de la Cámara de Apelaciones, Araya, en la cesantía disfrazada de renuncia de los dos empleados de bajo rango, como un involucramiento “operativo” en el pantano de los ejecutores del genocidio.

“Y no sólo ello, el descenso al «nivel operativo», reflejado en un presidente de la Alzada que ejecuta la orden de echar a empleados del nivel más bajo del escalafón los coloca ya no en aquel pretendido «rostro diurno», sino en la nocturnidad del régimen. En realidad, más bien pone blanco sobre negro. Nunca existió tal «rostro diurno». Eran simplemente la formalidad, plagada de latinazgos, de la nocturnidad”, concluyó.

Razones personales

Para abril de 1977, Adriana Cuaranta ya había acumulado cuatro años de desempeño en el Poder Judicial. Había obtenido el título de abogada dos años antes, en la Facultad de Derecho de la Universidad Nacional de Rosario (UNR), donde militó en la Juventud Universitaria Peronista (JUP).

Ese fue su “pecado”, aunque nadie se lo dijo al pedirle la renuncia a su cargo de auxiliar en la Fiscalía Nº 2, que era conducida por Tiscornia. Recién lo supo en el centro clandestino de detenciones “La Calamita”, ubicado en las afueras de Granadero Baigorria, luego de ser secuestrada en julio de ese año. Allí, los torturadores del entonces Batallón de Inteligencia 121 le preguntaron por su militancia universitaria.

En abril, en cambio, el asunto fue más borroso. Cuaranta declaró que el 20 de ese mes la llamó el fiscal Tiscornia y le pidió la renuncia. Al requerimiento sobre las razones, el fiscal alegó “que había sido una exigencia, hacia él, de la superioridad, sin ningún tipo de explicaciones hacia él tampoco”, recordó la abogada en su declaración en el juicio por la causa “Guerrieri”.

Entonces, Cuaranta fue en búsqueda de argumentos ante el presidente de la Cámara Federal –que entonces también era el jefe de los fiscales locales–, Celestino Araya. Pero nada. El camarista era una tapia construida de evasivas, según la memoria de la afectada.

“No me da ninguna explicación. Yo insisto en el hecho de que si había motivos o razones fundadas, de entidad suficiente, como para que lo justificaran, que se me labrara un sumario administrativo, de manera que yo pudiera conocer las razones por las cuales a mí me estaban exigiendo la presentación de mi renuncia”, relató Cuaranta, para agregar que “el mismo doctor Araya me dijo que no había razones ni motivos para labrar sumario administrativo”.

Fue entonces cuando la empleada le planteó a su superior que “si no había razón o causa justificada yo no presentaba la renuncia”, lo que obligó a Araya a brindarle un motivo convincente: si no lo hacía, no le daba “garantía de vida”.

“Cuando me da esa respuesta –rememoró años después Cuaranta–, le planteo qué es lo que me quería significar y él me dice: «Eso, lo que acabo de decir»”.

Impetuosa, la abogada le inquirió: “¿Qué pongo en la renuncia?, usted me está pidiendo la renuncia porque no me da garantías de vida, pongo eso o qué es lo que pongo?”.

“No, usted pone en la renuncia «por razones personales»”, repuso Araya. De alguna manera lo eran.

Renuncia o gayola

El otro caso que analizó el fiscal Reynares Solari para pedir la ampliación de la indagatoria de Tiscornia –ya indagado por homicidio, secuestro y torturas– fue el de Rafael Bielsa.

Allí, la situación se invierte: primero fue secuestrado y llevado a “La Calamita” y después le exigieron la renuncia.

Empleado de la Fiscalía de Tiscornia, Bielsa fue secuestrado el 29 de junio de 1977 en la intersección de bulevar Oroño y Rioja, en momentos en que se dirigía a su trabajo, en los Tribunales Federales.

“De allí fue trasladado por cuatro hombres, tabicado y con las manos atadas, arrojándolo al piso de un automóvil Renault 12 rojo. Al llegar al lugar de destino fue llevado a un sótano y encadenado a una baranda, fue sometido a sesiones de tortura con picana eléctrica e interrogatorios. El 7 de julio del mismo año fue trasladado en un auto a la zona de Parque Field donde fue liberado, pidiéndole sus captores que esperara diez minutos antes de sacarse la venda”, consta en la sentencia de la causa Guerrieri, en la que se ventiló su caso y por la que fueron condenados sus ejecutores, Pascual Oscar Guerrieri, Jorge Alberto Fariña, Juan Daniel Amelong, Marino Héctor González y Rodolfo Daniel Isach.

En su testimonio judicial, Bielsa reconoció a otras víctimas de la represión ilegal que pasaron por el CCD “La Calamita”.

“Había tres personas que yo les reconocí la voz y que habían sido compañeros míos, que fueron Graciela Zita, un muchacho de apellido Maurino, y una compañera mía de acá de Tribunales, Adriana Cuaranta”.

El actual embajador en Chile declaró también el episodio posterior a su liberación. “Fui a la casa de mis padres y desde allí la llamé por teléfono a quien entonces era defensora oficial, la doctora Laura Cosidoy, que vivía en un hotel de la calle San Luis. Entonces ella me dijo: «Mirá, venite para el hotel»”.

Siguió: “Fui al hotel, me dijo «te tenés que presentar al II Cuerpo de Ejército». Me presenté, ahí fui sometido a un consejo de guerra, no sé cuál es la fórmula jurídica pero un poco se repitieron, sin el auxilio de «Martita Corrientes» (como los represores llamaban a la picana), las mismas preguntas que se me habían hecho mientras estuve secuestrado”.

De acuerdo a su testimonio, el lunes siguiente a ese interrogatorio se presentó en su trabajo, en los Tribunales Federales de bulevar Oroño, donde lo convencieron de los beneficios de su dimisión al empleo.

“El lunes vine a tribunales, quien entonces era fiscal de Cámara, doctor Saccone, me dijo que o bien renunciaba a mi cargo en la Justicia Federal o bien me iban a someter a la ley 20.840 (de actividades subversivas). Renuncié a los 10 días, 7 u 8 días”, declaró Bielsa.

En un nuevo testimonio, esta vez ante el fiscal Adolfo Villate, rememoró al ser preguntado por su “salida del Tribunal”.

“O renunciás o te metemos en cana, o metemos la ley 20.840 y te vas a comer la puesta a disposición del Ejecutivo. Así como le estoy diciendo. Así fue mi diálogo. No había mucha alternativa”, dijo sobre su diálogo con el fiscal de Cámara.

Diligente

En su escrito, el fiscal Reynares Solari puntualizó que el caso de Bielsa también merece ciertas aclaraciones, en tanto el testigo no nombra directamente a Pedro Tiscornia.

“A nuestro juicio, ninguna influencia tiene en la intervención que le cupo al acusado en los hechos, en tanto y en cuanto él mismo era el responsable (no sólo responsable, era un miembro encumbrado del Poder Judicial de la Nación) de la dependencia en la cual Rafael Bielsa ponía a disposición su fuerza de trabajo, circunstancia que ya de por sí lo hace responsable, lo que se refuerza con el antecedente de Cuaranta cuando dirigió sus acciones para «comunicarle» y así compelerla a que cesara en sus tareas”, sostuvo el fiscal.

Explicó que “por tales razones, la «superioridad» bien tranquila podía encontrarse, en tanto podía contar con el diligente titular de la dependencia, quién no iba a estar haciendo preguntas molestas, como las que Adriana Cuaranta le efectuara a Celestino Araya”.

Para Reynares, “desde su posición reglamentaria, Tiscornia garantizó que otro delito de iguales características se lleve adelante con un dependiente suyo, incluso que había sido recientemente secuestrado y mantenido en carácter de desaparecido. Sabido es que la renuncia debía ser presentada al titular de la dependencia, doctor Tiscornia, y que éste era quien podía darle trámite a tal procedimiento ilegal, cosa que hizo”.

En el pedido de ampliación de indagatoria, Reynares Solari sostuvo que “las conductas desarrolladas por quien fuera titular de la Fiscalía Federal Nº 2 al momento de los hechos y por lo tanto responsable de los agentes a su cargo, como fueron Cuaranta y Bielsa, deben ser calificadas como amenazas coactivas, en tanto ambos fueron compelidos a presentar una renuncia en clara violación al trámite administrativo y disciplinario que existía en el momento para desafectar a un agente de la estructura del Poder Judicial de la Nación”.

“Es decir –continuó– que por medio de amenazas y otro tipo de intimidaciones se buscó imponer a Cuaranta y Bielsa la realización de una acción no querida, la cual consistió en obligarlos a presentar una renuncia por motivos falsos”.

Así, abundó el fiscal, “resulta evidente, y no parece necesario realizar este tipo de aclaraciones, que aunque el pedido viniese –como le manifestara Tiscornia a Cuaranta– «de la superioridad», en nada exime de responsabilidad al encartado haber ejecutado esa «orden» o «sugerencia» ilícita y haber recibido y darle curso a la renuncia que le presentaron ante su propia persona ambos agentes a su cargo”.

Y sostuvo que “si no hubiese existido la tozudez de Cuaranta en exigir respuestas de quien era el máximo responsable de la Justicia Federal (Araya), éste último no hubiese tenido que atender ningún reclamo, ya que la ejecución de la orden ilícita llevada a cabo bajo amenazas se hubiese cumplido perfectamente por la perfecta acción llevada adelante por su inmediato superior, el entonces fiscal Tiscornia, quien a menos de dos meses de haber asumido, ya había «desmalezado» la dependencia que dirigía”.

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