Un informe de la Unesco denunció que se agrava la situación de las mujeres y los hombres que intentan frenar la voracidad corporativa que está destruyendo el planeta. En la región se registra la estadística más alta en agresiones, persecuciones y asesinatos.

La última edición del monitoreo anual del Centro Internacional para la Promoción de los Derechos Humanos (CIPDH) mostró que las tres cuartas partes de los homicidios del planeta contra activistas en favor del medio ambiente sucedieron en Latinoamérica: en 2021 hubo unos 165 asesinatos en la región, por sobre un total de 227 ataques registrados en todo el mundo, informó Télam.

Los datos muestran asimismo un aumento en las cifras históricas por segundo año consecutivo, con un promedio de más de cuatro asesinatos por semana, perpetrados sobre quienes defienden sus hogares, la tierra y los ecosistemas que son fundamentales para la biodiversidad y el clima, agrega Página 12

La Organización de las Naciones Unidas para la Educación, la Ciencia y la Cultura (en inglés, United Nations Educational, Scientific and Cultural Organization), conocida abreviadamente como Unesco,​ es un organismo especializado de la Organización de las Naciones Unidas (ONU). Se fundó el 16 de noviembre de 1945 “con el objetivo de contribuir a la paz y a la seguridad en el mundo mediante la educación, la ciencia, la cultura y las comunicaciones”. 

La entidad transmitió su preocupación por “la cantidad de ataques letales registrados contra activistas ambientales y de la tierra en América Latina y el Caribe”, al difundir a través de un comunicado los resultados del último informe realizado por la ONG internacional Global Witness.

Esta organización internacional fue establecida en 1993 en Londres. Trabaja para romper los vínculos entre la explotación de los recursos naturales, los conflictos, la pobreza, la corrupción y los abusos de los derechos humanos en todo el mundo. “Nuestro objetivo es un planeta más sostenible, justo e igualitario. Queremos que los bosques y la biodiversidad prosperen, que los combustibles fósiles permanezcan bajo tierra y que las corporaciones prioricen los intereses de las personas y el planeta”, señala la página oficial de la ONG.

“Queremos justicia para aquellos afectados de manera desproporcionada por la crisis climática: personas en el sur global, comunidades indígenas y comunidades de color, mujeres y generaciones más jóvenes. Queremos que las corporaciones respeten el planeta y los derechos humanos, que los gobiernos protejan y escuchen a sus ciudadanos y que el mundo en línea esté libre de desinformación y odio”, indica Global Witness con relación a sus objetivos.

La directora ejecutiva del CIPDH-Unesco, Fernanda Gil Lozano, advirtió que la última edición del monitoreo anual de Global Witness “volvió a mostrar cuantitativamente lo dramática que es la situación para los ambientalistas de la región” y planteó que “América Latina y el Caribe constituyen el territorio donde se registra la estadística más alta en agresiones, persecución y asesinato de personas defensoras del ambiente”.

Télam informó que según el estudio de la ONG, las tres cuartas partes de los homicidios del planeta de activistas vinculados a la problemática del medio ambiente “sucedieron en Latinoamérica, mostrando que en 2021 hubo unos 165 asesinatos en la región, por sobre un total de 227 ataques mortales registrados en todo el mundo”.

“Entre las personas que fueron atacadas por proteger determinados ecosistemas, el 70 por ciento trabajaba para defender los bosques de la deforestación”, detalló Gil Lozano, al tiempo que destacó “la lucha de defensores y defensoras de los derechos humanos en materia de asuntos ambientales, quienes alzan su voz en contra del avance sobre la naturaleza y la crisis climática”.

En ese marco, la titular del CIPDH-Unesco exhortó a los estados a “garantizar la protección de la vida, la libertad de expresión, el acceso a la información y la participación en la toma de decisiones sobre los asuntos que pueden tener impacto en el ambiente”.

Gil Lozano recordó que el organismo que encabeza lanzó a fines de mayo el Programa de Formación Ejecutiva “Ambiente y Derechos Humanos”, dirigido a los gobiernos locales de la región, para difundir los compromisos del Acuerdo de Escazú, un tratado regional sobre derechos humanos en materia ambiental.

El Acuerdo Regional sobre el Acceso a la Información, la Participación Pública y el Acceso a la Justicia en Asuntos Ambientales en América Latina y el Caribe, conocido popularmente como Acuerdo de Escazú por la localidad de Costa Rica en el que fue celebrado, contiene disposiciones específicas para defender los derechos humanos en materia de recursos naturales y prevención del cambio climático.

El Acuerdo de Escazú fue celebrado en marzo de 2018, lo suscribieron 24 países (entre ellos Argentina) y 12 naciones lo ratificaron, entre ellas nuevamente Argentina, que lo aprobó en el Parlamento a través de la ley 27.566, sancionada en octubre de 2020 y publicada en el Boletín Oficial en mayo de 2021.

Los países más afectados

Según informó Página 12, de los diez países con mayor cantidad de ataques registrados, siete están en América Latina. Colombia aparece como el de mayor cantidad de hechos, con 65 personas asesinadas. Un tercio de estos crímenes fueron cometidos contra indígenas y afrodescendientes, y casi la mitad fueron perpetrados contra pequeños agricultores.

En Nicaragua se registraron 12 asesinatos por lo que, considerando los crímenes per cápita, se convirtió en el país más peligroso del mundo para las personas defensoras de la tierra y del medio ambiente. En México, la organización documenta 30 ataques letales contra defensores de la tierra y del medio ambiente, donde “la explotación forestal estuvo vinculada a casi un tercio de estos ataques, y la mitad de todos los ataques en el país fueron dirigidos contra comunidades indígenas”.

En Filipinas, Global Witness enumera 29 asesinatos de líderes ambientales y destaca que “normalmente las personas que se oponen a las industrias perjudiciales son reprimidas violentamente por la policía y el Ejército”. Por otra parte, en Brasil y Perú, otros dos países muy afectados en la región, casi las tres cuartas partes de los ataques registrados sucedieron en la región amazónica de cada país.

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