La masiva movilización de la CGT, la CTA y organizaciones sociales de la Utep se unificó detrás del repudio a empresarios que aumentan los precios y especulan en desmedro de ingresos y salarios. Los reclamos no eximieron al gobierno.
La marcha que protagonizó días atrás el movimiento obrero organizado, con la CGT a la cabeza, la CTA de los Trabajadores y movimientos sociales afines al oficialismo, mostró la convocatoria más importante y diversa en la era Fernández. Habló la calle, como suele decirse, y dejó diferentes demandas y destinatarios de las mismas. Los monopolios, sobre todo del rubro alimentos, y sus remarcaciones abusivas estuvieron en la mira de los manifestantes, que apuntaron contra los (de)formadores de precios. A la par, como las dos caras de una misma moneda, también se reclamó una imperiosa recomposición del poder adquisitivo de salarios e ingresos, rezagados ante la fuerte aceleración inflacionaria, una problemática donde el gobierno tiene su responsabilidad.
Bajo el lema peronista «Primero la Patria», la movilización del miércoles 17 de agosto, fecha en la que se recordó el paso a la inmortalidad del General José de San Martín, padre de la Patria y Libertador de América, tuvo epicentro en la ciudad de Buenos Aires. Las columnas de trabajadores y trabajadoras fueron del Obelisco al Congreso. “Bajen los precios, que lo demás no importa nada”, podría haber sido el mandato gremial con legado sanmartiniano, en un día frío con calor popular.
La marcha fue potente, variopinta, algo ambigua y desordenada, con consignas genéricas, “en defensa del bolsillo y en contra de los especuladores y los que buscan desestabilizar”. No hubo acto principal ni oradores designados. Circuló un documento de consenso, donde se llamó a un gran acuerdo nacional.
Ni bien terminada la movilización, la cúpula de la CGT brindó una conferencia de prensa, donde pidió paritarias libres y exprés de acá a fin de año para que los trabajadores asalariados no pierdan frente a la evolución de los precios de la canasta básica. También, tras el debate de los últimos días alrededor de la suma fija, los dirigentes sindicales introdujeron la necesidad de que el Estado y empleadores privados otorguen bonos para trabajadores formales por debajo del umbral de la pobreza, para sectores informales y los más desprotegidos.
“La inflación alcanzó niveles intolerables que pulverizan el poder de compra de los trabajadores y mucha de la responsabilidad depende de sectores que se apropiaron de ganancias en tiempo de pérdidas para los trabajadores”, se advirtió desde la central obrera en un documento con las firmas estampadas de los tres secretarios generales: Héctor Daer, Carlos Acuña y Pablo Moyano.
Por caso, Moyano hijo soltó las declaraciones más picantes, incluso improvisó un discurso ante sus representados durante un parate en la marcha. “Que el compañero presidente Alberto ponga lo que tenga que poner, que tome las medidas que tenga que tomar para frenar la inflación, que aplique multas, que el pueblo argentino lo va acompañar, pero no podemos seguir perdiendo salario”, exclamó el dirigente camionero desde su propio stand, donde denunció a “la manga de delincuentes de AEA (Asociación Empresarial Argentina), donde están los que remarcan los precios, los dueños de los medios de comunicación, Mercado Libre, la Asociación de Bancos, que le quieren hacer un golpe institucional al gobierno”.
Luego, durante la conferencia en la sede porteña de la CGT, Moyano reiteró sus postulados dirigidos al presidente de la Nación, y además dijo: “Tenemos tres pedidos: paritarias libres, que los trabajadores que no llegan a fin de mes puedan ser resarcidos con un bono o una suma fija y, por supuesto, universalizar las asignaciones familiares”.
A su turno, Acuña señaló: “Los gremios discutimos una paritaria, conseguimos un porcentaje de aumento, todavía no lo cobramos, lo cobramos recién al mes siguiente y (los empresarios) ya salieron corriendo a remarcar todo dándole plata del bolsillo de los trabajadores a los sectores concentrados, que son los generadores de precios con los que hoy tenemos problemas”.
En la calle, desde la Unión de Trabajadores de la Economía Popular (Utep) pidieron por el salario básico universal, además del histórico reclamo por tierra, techo y trabajo. La CTA metió entre las consignas un repudió al “hostigamiento judicial” contra la vicepresidenta CFK. La marcha fue para fortalecer al gobierno, según destacaron los organizadores, pero también para reclamarle “mayor decisión y firmeza contra la inflación”.
En declaraciones radiales, Omar Plaini, secretario general del gremio de los Canillitas, expresó: “Esperemos que esto (la marcha) le sirva al gobierno para empoderarse contra los sectores concentrados de la economía que impulsaron corridas cambiarias, que buscaron esmerilar al gobierno. El presidente tiene que tomar nota de esto, de la importancia que tiene la clase trabajadora cuando se moviliza. Ya es insostenible el nivel de inflación y el gobierno tiene un recorrido aún por delante”.
Trabajadores y trabajadoras se sienten parte del mismo gobierno del que siguen esperando señales de un rumbo más claro y que incline la cancha más a su favor. La marcha interpeló al Frente de Todos y a la clase política toda. Banca y amonestación para Alberto Fernández, podría resumirse el espíritu de la movilización. En paralelo, hubo otra convocatoria a Plaza de Mayo “contra el ajuste” realizada por organizaciones políticas y sindicales de izquierda. Exigieron a la CGT y a la CTA que convoquen a un paro nacional. La CTA Autónoma, para diferenciarse, se movilizó al día siguiente por aumento de salarios y mayores controles de precios.
Fuego inflacionario
Durante la marcha de la CGT, la CTA y la Utep insistieron en “que la crisis económica no caiga sobre las espaldas de trabajadores y trabajadoras”. Según el Indec, el nivel general de precios al consumidor tocó en julio el récord de 7,4 por ciento, la marca mensual más elevada de los últimos veinte años. En los primeros siete meses del año, la inflación acumuló una variación de 46 por ciento y, en la comparación interanual, registró un incremento del 71 por ciento. El Centro de Estudios Scalabrini Ortiz (Ceso) fijó la inflación del supermercado de julio en casi 10 por ciento para la provincia de Santa Fe.
Julio fue un mes de tensión política, mucha incertidumbre, corrida cambiaria y golpe de mercado ante la escasez de dólares, renuncia de Martín Guzmán, breve período de Silvina Batakis y la posterior llegada de Sergio Massa al Ministerio de Economía, entre otros recambios ministeriales, con especulación a la vista en la faltante de mercaderías e insumos, ausencia de precios de referencia y aumentos preventivos.
Con todo, la inflación trepó a un escalón muy arriba, como volverá a demostrar el dato de agosto, que consultoras estiman rondará el 6 por ciento. La suba de tarifas de luz y gas, junto al nuevo esquema de segmentación de subsidios siguiendo lineamientos del acuerdo con el FMI para ajustar el déficit fiscal en las cuentas públicas, tiene correlato inflacionario.
El tema de los precios y “lo que valen las cosas” está en todas las conversaciones e impacta de manera negativa en el humor social de la población, sobre todo en las mayorías populares, base electoral del FdT. La alta inflación viene siendo un problema mundial, entre la pandemia y el estallido de la guerra entre Rusia y Ucrania. En Argentina tiene condimentos nativos y acarrea un fuerte efecto inercial.
La Secretaría de Comercio no piensa en un congelamiento de precios según dijo su titular Matías Tombolini, quien seguirá apostando al plan Precios Cuidados, al tiempo que volvió a convocar una nueva ronda de encuentros con ceos de empresas de consumo masivo. La inflación perfora bolsillos de asalariados, de los que trabajan en negro, por cuenta propia, de jubilados y beneficiarios de planes sociales. La gente de a pie clama por más inspecciones y medidas regulatorias, no es que pide al Estado que contrate los servicios de los Peaky Blinders o Los Soprano para que hagan el “trabajito” de controlar los precios.
En respuesta a la urgencia que impone la tirantez ingresos-inflación, el superministro Massa apuró anuncios, con sabor a poco. Las jubilaciones y pensiones aumentarán 15,5 por ciento en septiembre por la ley de movilidad jubilatoria y habrá un bono de refuerzo de 7 mil pesos por tres meses que llevará el ingreso mínimo de la clase pasiva a poco más de 50 mil pesos. El aumento también corre para asignaciones familiares y otras prestaciones sociales.
Trascartón, el gobierno de Alberto Fernández, pronto a cumplir tres años de gestión, volvió a caer en un error no forzado, cuando el presidente adelantó días atrás que hará un llamado a empresarios y sindicalistas para alinear precios y salarios (como había reclamado CFK hace tiempo, junto a las tarifas de servicios públicos), reflotando la idea de pacto social.
Al día siguiente, ni lerdas ni perezosas, las principales compañías productoras de comestibles, con posición dominante en las góndolas, como Mastellone (La Serenísima), Unilever, Arcor, Molinos y Mondelez, se despacharon con nuevos aumentos de precios. Ya había sucedido lo mismo cuando el presidente AF apuntó a estas empresas y declaró por los medios la “guerra a la inflación”.
Las negociaciones salariales empezaron a acordarse en 45 por ciento en el primer trimestre del año, luego saltaron al 60 y, a caballo de la inflación galopante de los últimos meses, ya se discuten paritarias al 80 por ciento de aumento para tratar de acompañar la desbocada suba de precios. Hugo Yasky, de la CTA, reclamó una suma fija de emergencia para todos los trabajadores porque «de 700 paritarias sólo 10 logran acompañar el proceso inflacionario».
El Consejo del Salario, convocado para el lunes 22, aumentará el salario mínimo, vital y móvil, que en la actualidad asciende a 47.850 pesos, rozando la línea de indigencia. Los salarios, en general, perdieron casi dos puntos contra la inflación en la primera mitad del año, de acuerdo a un informe del Indec. Y arrastran una poda de veinte puntos desde la macrisis.
Massa, que por el momento aquietó las aguas frentetodistas, busca dólares para robustecer las arcas del Banco Central, que en los últimos días tuvieron un leve repunte, y a partir de allí tratar de anclar expectativas, desplegar su plan de estabilización después del agite cambiario, ordenar la macroeconomía y así ver si logra bajar la inflación y recomponer ingresos y salarios. El superministro viene resistiendo una devaluación, aunque por el fogonazo inflacionario que se padece día a día es como si finalmente hubiese ocurrido un salto en la cotización del dólar oficial y sus consecuencias.
Es un contexto de crisis económica y una asfixiante deuda heredada. Pero lo que más preocupa es el deterioro en el poder de compra de salarios, ingresos y jubilaciones, rezagados ante la fuerte aceleración inflacionaria, donde el gobierno del FdT tiene una materia pendiente.
La movilización del 17-A fue una demostración de fuerza que las bases sindicales dieron en la calle, en un escenario político y socioeconómico complejo. También fue una manifestación llena de hastío. En definitiva, la protesta popular, que podría repetirse en un futuro no tan remoto, como dijo el secretario general de ATE Capital y adjunto de la CTA Daniel Catalano, fue “en defensa propia”.
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