Docentes, educación

 

La historia de la educación santafesina es de las más ricas del país. La han escrito y la escriben las maestras y los maestros que piensan a la educación pública como un derecho y que, por esa razón, merecen las mejores condiciones para enseñar y aprender. Porque una cosa no se concibe sin la otra.

Para garantizar ese derecho -por ejemplo- hay maestras que programan un paseo y de inmediato organizan una actividad para reunir fondos y asegurarse así que ningún niño se quede afuera. Y si los números igual no dan, seguro pondrán la diferencia de sus propios bolsillos. Es una práctica cotidiana, silenciosa y repetida, que también enseña de qué se trata la solidaridad.

Hay profesoras a quienes se les estruja el corazón cuando falta alguien de su curso, porque saben que la piba o pibe que ese día no asistió puede ser una víctima más de la violencia que atraviesa la ciudad. Y ese dolor lo comparte con su clase, lo habla entre tema y tema de la currícula, porque tiene la convicción de que ese tiempo es necesario para enseñar que la violencia no se tolera y menos se naturaliza.

Están las y los docentes que hacen ingeniería con sus horarios de trabajo y del hogar para formarse, porque esa formación les permite ser mejores, gratifica y contagia. Sus alumnas y alumnos también aprenden que la inquietud por saber más (nos) beneficia a todos.

Y cuando las maestras y los maestros se organizan en un sindicato, participan, discuten y pelean por mejorar sus salarios defienden el derecho a la educación. Otra vez, se trata de enseñar y aprender en las mejores condiciones. Sus estudiantes recuerdan para siempre que nadie se salva solo.

Desde el Ministerio de Educación de la provincia se pueden llevar adelante programas educativos muy valiosos, declarar sobre la importancia del “vínculo pedagógico”, mostrarse preocupados por las “trayectorias fragilizadas” y asegurar que el interés está en recuperar a quienes “dejaron la escuela” (en realidad, ningún pibe deja la escuela, hay un sistema que los excluye), y que siempre se está “abierto al diálogo”. Todo eso pierde credibilidad cuando lo que se vive en los hechos es el ninguneo, la extorsión y el ajuste.

La ministra Adriana Cantero llegó al cargo con más cuestionamientos que aplausos, como “la ministra de la ley federal”. Su participación en la llamada “transformación educativa” de los 90 está presente. Cuando termine su gestión se la recordará también como “la ministra de los descuentos a los salarios docentes”.  Y el gobernador Omar Perotti podrá exhibir datos de una provincia rica y que acumula ganancias, pero no de logros educativos. Los que cuentan y hay son patrimonio de las y los trabajadores de la educación. De sus luchas cotidianas y organizadas.

Descontarle el salario a un maestro por ejercer su derecho a protestar es achicar la educación pública. Es dejar en evidencia cuál es el modelo educativo que se concibe desde la política gobernante: el del disciplinamiento y el ajuste.

Descontarle a una maestra, a un maestro, es una decisión política. Es muy grave y de esto no se vuelve. Es una medida alineada con los intereses que piensan y deciden que en este mundo no hay lugar para todos.

 

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