El gobierno ya puso en marcha una mesa de encuentro para atender los reclamos, pero los “cívicos” de Santa Cruz de la Sierra, que llevan adelante un nuevo intento desestabilizador, subieron la apuesta y aumentaron sus acciones violentas para crear el caos.

El autodenominado “movimiento cívico” de la región de Santa Cruz de la Sierra, que reúne a organizaciones golpistas y de ultraderecha, y que cuenta con el apoyo del gobernador Fernando Camacho, comenzó el 21 de octubre un paro por tiempo indeterminado para exigir el adelanto del censo de población y vivienda, fijado por el gobierno para el primer trimestre de 2024. El 3 de noviembre el gobierno convocó al diálogo para acordar la fecha del censo, y la mesa de encuentro comenzó a trabajar el 7 de noviembre. Pero no fue suficiente y los desestabilizadores aumentaron los cortes de ruta, las protestas y provocaciones, dejando claro lo que desde un principio resultó obvio: el censo es una excusa. Mientras las negociaciones continúan, Camacho y el presidente del Comité pro Santa Cruz, Rómulo Calvo, anunciaron que habrá protestas todos los días en toda Bolivia.

“El gobierno y sus voceros siguen contando mentiras para desacreditarnos. El paro continúa firme, en las calles nos haremos escuchar”, aseguró Camacho, según informó el diario boliviano La Razón.

Por su parte, Calvo consideró que el gobierno desacredita la propuesta del Comité Interinstitucional que impulsa el Censo en 2023. “El Gobierno no habla con claridad, está mintiendo. La lucha del gobierno es contra Santa Cruz y no lo vamos a permitir, deberían hacer un mea culpa”, señaló el dirigente.

“Señor presidente (Luis Arce), cambie a sus ministros, no sirven para nada; es importante que tome una posición de frente al país si quiere calmar este conflicto, está en sus manos volver a la tranquilidad”, agregó Calvo, que insiste con un hecho no comprobado: detrás de este conflicto está la mano de Evo Morales. Además, le pidió al gobierno “que se quiten de la cabeza la psicosis” de que Santa Cruz tiene un plan de desestabilización.

Según informó La Razón, Camacho reiteró que el gobierno no tiene voluntad de solucionar el conflicto, por lo que dijo que en las calles harán escuchar su voz y que el paro sigue firme y con más fuerza.

El gobierno oficializó el 3 de noviembre la invitación a gobernadores, municipios, rectores de las universidades públicas y organismos internacionales. Desde el 7 de noviembre, en Trinidad, Beni, se está trabajando de forma técnica en la definición de la fecha del censo de población y vivienda.

Foto de archivo

El ministro de Planificación, Sergio Cusicanqui, hizo de la convocatoria a la reunión y explicó que los diferentes representantes invitados deberán acreditar a un técnico para que trabaje en esta comisión emergente del Encuentro Plurinacional por un Censo con Consenso, según precisó la Agencia Boliviana de Información (ABI).

Participan de la negociación las autoridades de las universidades públicas, las nueve asociaciones municipales, los nueve alcaldes de ciudades capitales más El Alto, las autoridades de los gobiernos indígena originarios campesinos, los nueve gobernadores de Bolivia y los representantes del Fondo de Población de Naciones Unidas (Unfp) y de la División de Población de la Comisión Económica para América Latina y el Caribe (Celade-Cepal)

“Esperamos que Santa Cruz pueda sumarse, pueda estar presente y aportar para ser parte de la solución y no así del conflicto. Esperemos que el diálogo pueda encauzarse rápidamente para que Santa Cruz levante estas medidas que tienen un alto costo en lo que significa riesgo físico y daño económico a las capacidades productivas de la región”, explicó el portavoz presidencial, Jorge Richter, en una entrevista en la cadena estadounidense CNN.

Según informó la agencia ABI, Richter advirtió que se vive en estos momentos algo parecido a lo de 2019, cuando el mismo Camacho y Calvo lideraron una protesta cívica violenta que, sumado a un motín policial y a la “sugerencia” militar de dimisión, acabó en la obligada renuncia de Evo Morales.

“La situación en nuestro país pareciese vivir una réplica de lo que han sido los intentos del año 2019 de poder encontrar nuevamente el camino que conduzca a una ruptura institucional, bajo el argumento del proceso censal, que es una cuestión fundamentalmente técnica”, advirtió.

En su intento de desactivar la excusa de la fecha del censo, el gobierno ya se comprometió a que, en octubre de 2024, más allá de cuándo se realice el censo, se procederá a la redistribución de los recursos de coparticipación tributaria, que es uno de los puntos que se reclaman.

“La comisión tiene que trabajar, seguramente esto llevará 10, 15, 20 días de trabajo para poder definir la fecha”, agregó.

Apoyo al gobierno

Al grito de “Lucho no estás solo”, una masiva marcha recorrió el 3 de noviembre las calles del centro de La Paz y Miraflores manifestando su apoyo al presidente Luis Arce, exigiendo un “Censo con consenso” y rechazando cualquier “intento de un nuevo golpe de Estado”, informó el diario boliviano La Razón.

La manifestación, conformada por organizaciones sociales y personas que apoyan la gestión de gobierno, recorrió las principales calles de La Paz gritando estribillos en contra del gobernador de Santa Cruz, a quien acusan de promover un nuevo intento de golpe de Estado.

“Estamos en estado de emergencia, la derecha, el imperio están queriendo gestar nuevamente un golpe de Estado, no lo vamos a permitir, por eso tenemos que estar en alerta constante, en movilización, no podemos permitir que nuevamente maten al pueblo”, manifestó un representante de la coordinadora de organizaciones, colectivos y plataformas de La Paz y El Alto.

“El pueblo organizado está aquí para decirle a Camacho que tiene dos caminos: o comienza a dialogar o tiene que renunciar, no vamos a permitir nuevamente un golpe. Qué renuncie. Ya estamos cansados de que los logieros (integrantes de logias) traten de imponerse frente a las mayorías”, dijo uno de los manifestantes, ciudadano de El Alto.

La élite de Santa Cruz de la Sierra se autopercibe con la racista expresión “la Bolivia blanca” y desprecian e insultan a los pueblos originarios. Estos sectores incluyen a la tristemente célebre Unión Juvenil Cruceñista, que en el golpe de 2019 ejercieron violencia contra quienes defendían la democracia. Se trata de una organización paramilitar destinada a defender intereses oligárquicos, y se fundamenta ideológicamente en el racismo y el fascismo. No ocultan su admiración por grupos como los Utachas de Croacia y por las SS de la Alemania nazi. Fue creada el 7 de octubre de 1957, cuenta con el apoyo de la dirigencia de las instituciones cruceñas, de la élite empresarial, y son encubiertas por el silencio cómplice de los medios de comunicación privados. El grupo, con base en la ciudad de Santa Cruz de la Sierra, se autodefine como “cívico y autonomista”, pero la Federación Internacional de Derechos Humanos lo ha descrito como “un grupo paramilitar fascista”. Definen al “colla” como un enemigo, el causante del atraso, y de todos los males del país.

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