Miles de chilenas y chilenos se movilizaron para pedir Memoria, Verdad y Justicia. La derecha, en cambio, sigue haciendo apología de los delitos de lesa humanidad.
La cueca es una danza muy popular en Chile y buena parte de la región. Las parejas utilizan un pañuelo en la mano derecha con el que dibujan en el aire figuras circulares, con vueltas y medias vueltas, y los más diversos floreos. La presidenta de la Agrupación de Familiares de Detenidos Desaparecidos de Chile, Gaby Rivera Sánchez, hija de Juan Luis Rivera Matus, detenido y desaparecido en 1975, bailó sola. Fue la forma de hacer presentes a los ausentes. “Y en una hermosa plaza liberada, me detendré a llorar por los ausentes”, dice el tema de Pablo Milanés, que también señala “Renacerá mi pueblo de su ruina, y pagarán su culpa los traidores”. Sucedió en Plaza de la Constitución, Santiago de Chile, como inicio del acto de conmemoración de los 50 años del golpe de Estado contra Salvador Allende el 11 de septiembre de 1973. Miles de chilenas y chilenos pisaron las calles nuevamente, se detuvieron a llorar por los ausentes y exigieron el fin de la impunidad para que paguen su culpa los traidores.
El pueblo movilizado dejó en claro, con sus cuerpos, sus cánticos, sus banderas, que la memoria es presente. Y, sobre todo, futuro. La memoria parte de hechos y acciones ocurridas en el pasado. Pero muchas de las ideas, las miradas sobre el mundo, las políticas y los planes económicos siguen vigentes hoy, operan y funcionan en la actualidad condicionando el futuro.
El aniversario se produce en un contexto social marcado por el avance de fuerzas autoritarias y antidemocráticas, y el aumento de los discursos de odio y la manipulación. Del negacionismo se pasó a algo todavía peor: la apología del terrorismo de Estado, la legitimación lisa y llana del exterminio. La derecha chilena se negó a firmar un documento en apoyo de la democracia a 50 años del golpe. Los legisladores de ese sector se fueron del recinto para no participar de los homenajes a los legisladores asesinados y desaparecidos por la dictadura. Es decir: dirigentes elegidos por el voto popular, en el marco de las instituciones democráticas, ejercen el golpismo. Otro síntoma de estos tiempos.
Un plan para conocer la verdad
La conmemoración oficial tuvo lugar en un escenario montado frente a La Moneda, y contó con la presencia del presidente Gabriel Boric, organismos de derechos humanos, familiares de víctimas de la dictadura, y los presidentes de Bolivia, Luis Arce; México, Andrés Manuel López Obrador; Colombia, Gustavo Petro y Uruguay, Luis Lacalle Pou. Además, estuvieron los exmandatarios chilenos Ricardo Lagos y Michelle Bachelet; el exjuez español Baltasar Garzón y los expresidentes José Mujica y Ernesto Samper. También participó la presidenta de Abuelas de Plaza de Mayo, Estela de Carlotto, quien recibió una larga y emocionada ovación de la concurrencia. Lo mismo le sucede en cualquier lugar del planeta, donde es considerada una referente mundial de la lucha por los derechos humanos.
“Lo que veo en Chile es que Allende sigue vivo pero está resucitando Pinochet. Hay una arremetida de la derecha muy agresiva, los poderes fácticos, que están creando las condiciones para desgastar al gobierno. Son grupos económicos, medios, ruidos de sables, desconfianza en la economía y hay desconfianza en los sectores progresistas”, señaló Samper.
Por su parte, la diputada Karol Cariola alertó sobre el relativismo histórico en Chile. “Hay posiciones que han intentado negar la historia, buscando retroceder a posiciones que habíamos construido como sociedad. La ultraderecha reivindica el golpe de Estado. Kast durante mucho tiempo ha visitado a los reos de Punta Peuco, condenados por violaciones a los derechos humanos. Es peligroso y doloroso porque pone en peligro las garantías de no repetición”, aseguró, en declaraciones reproducidas por Página 12.
“Chile vive los 50 años del golpe con un manto de impunidad. Murió el dictador sin haber sido juzgado, está aquí Baltasar Garzón, que es el único que le dio un poco de justicia al pueblo de Chile por haber detenido al dictador en Londres”, agregó la legisladora del Partido Comunista.
El miércoles 30 de agosto Boric firmó un decreto que oficializa el Plan Nacional de Búsqueda de Verdad y Justicia. “Lo que estamos haciendo hoy es un tema de democracia porque se trata de un acto de Estado que asume la memoria de una manera en que no nos moviliza el rencor, sino que nos moviliza la convicción de que la única posibilidad de construir un futuro más libre y respetuoso, es conocer toda la verdad. La democracia es memoria y es futuro, y no puede ser la una sin la otra”, señaló el mandatario.
“Nos hacemos cargo como Estado, no solo como Gobierno, de mover todas las barreras para esclarecer las circunstancias de desaparición y/o muerte de las víctimas de desaparición forzada. El Estado falló en dar respuesta a las familias, y a la sociedad entera, en entregar las respuestas que el país necesita, los desaparecidos nos faltan a todos”, agregó Boric.
El Plan Nacional de Búsqueda de Verdad y Justicia está orientado a colaborar con las investigaciones de más de 1.100 detenidos y desaparecidos durante la dictadura de Pinochet, identificando el contexto de cada caso. Tiene tres objetivos: “Esclarecer las circunstancias de desaparición y/o muerte de las personas víctimas de desaparición forzada y su paradero; garantizar el acceso a la información y participación de las y los familiares y la sociedad respecto de los procesos de búsqueda de víctimas de desaparición forzada; e implementar medidas de reparación y garantías de no repetición de la comisión del crimen de desaparición forzada”, comunicó la presidencia en su página web.
La elaboración de la iniciativa comenzó en 2022, y contó con la participación de un amplio espectro de agrupaciones de familiares de víctimas, sitios de memoria, representantes de la academia, centros de estudios y organizaciones de la sociedad civil.
Los yanquis confesaron y documentaron su participación
El derrocamiento de Salvador Allende fue un golpe modélico, paradigmático en muchos y ominosos sentidos. Lo perpetraron las fuerzas de seguridad de Chile, los partidos de derecha, las corporaciones nacionales y transnacionales, y los medios hegemónicos (en especial El Mercurio, que nunca dejó de ser pinochetista). Todos ellos coordinados, alentados y financiados por la CIA, el Departamento de Estado de los Estados Unidos, y el por entonces presidente de ese país, Richard Nixon, el único mandatario del imperio que debió dimitir del cargo a causa de los delitos que cometió. “Si hay una forma de desbancar a Allende, mejor háganlo”, dijo Nixon. También había afirmado su deseo de “hacer gritar a la economía chilena”, con referencia al plan de desestabilización previo al golpe, tan similar, más allá de las diferencias entre contextos históricos y sociales muy diferentes, a los que utilizan hoy los poderes fácticos para voltear gobiernos que no se subsumen a los intereses imperiales.
La participación directa de Estados Unidos ya fue reiteradamente reconocida y documentada por los propios perpetradores de la masacre. Los Archivos de Seguridad Nacional de Estados Unidos, accesibles en línea y en español, contienen miles de documentos desclasificados que así lo prueban. Al cumplirse medio siglo de uno de los mayores crímenes cometidos por Estados Unidos, este sitio ofrece una sección especial sobre el tema, titulada “50 años del golpe de Chile: La cuenta regresiva”.
El texto comienza reproduciendo frases que marcan la impunidad y el cinismo de los asesinos imperialistas. “Nuestra política sobre Allende funcionó muy bien”, dijeron funcionarios estadounidenses según los Archivos de Seguridad Nacional de Estados Unidos. El ex secretario de Estado estadounidense Henry Kissinger, por su parte, y según la misma fuente, bromeó diciendo que “al Presidente (Nixon) le preocupa que queramos enviar a alguien al funeral de Allende. Dije que no creía que estuviéramos considerando eso”.
Ayer, telefonía y cobre, hoy litio e informática
La empresa estadounidense ITT (International Telephone & Telegraph) ocupó un papel protagónico en el golpe y posterior genocidio. Fue fundada en 1920 y acumuló una larga experiencia en asociarse con genocidas. Primero hizo negocios con Adolf Hitler y luego con Francisco Franco.
Según el libro de Anthony Sampson, El Estado soberano de la ITT (The Sovereign State of ITT, Hodder and Stoughton, 1973), entre los primeros hombres de negocios estadounidense recibido por Hitler se cuenta Sosthenes Behn, en ese entonces director general de ITT y su representante alemán, Henry Mann. Por su parte, Antony C. Sutton, en su libro Wall Street y el Ascenso de Hitler, afirma que las filiales de ITT hicieron pagos en efectivo al líder de la SS Heinrich Himmler. Ambos textos se pueden consultar en línea.
ITT, a través de su filial The Lorenz Company, adquirió el 25 por ciento de la empresa alemana Focke-Wulf, proveedora de aviones de combate de la Luftwaffe (Fuerza Aérea). Sutton asegura además que la ITT adquirió Huth and Company de Berlín, que fabricó partes de radios y radares que se utilizaban en los equipos de la Wehrmacht (en alemán “Fuerza de defensa”, nombre que recibieron las fuerzas armadas de Alemania entre 1935 y 1945).
Según informes desclasificados del Ejército de los Estados Unidos, el agregado militar nazi en España Karl-Erich Kühlenthal reveló que a principios de 1937 la ITT había financiado al bando golpista con 10 millones de dólares, además de facilitarle el acceso a líneas de crédito. Como retribución Franco concedió a la empresa el monopolio del servicio de teléfono y telégrafo en territorio español.
Cuando se produjo el golpe en Chile, la ITT dominaba más del 70 por ciento de la telefonía en el territorio chileno. Allende quería nacionalizar el servicio telefónico.
El 15 de julio de 1971, Allende firma el decreto para una reforma constitucional que dé inicio a la nacionalización del cobre, uno de los recursos naturales fundamentales de la economía chilena. En su mensaje al Congreso Nacional, Allende señaló que por tratarse de la principal riqueza básica del país y porque la nacionalización del cobre daba paso a la Segunda Independencia Nacional, la estatización de ese mineral debía estar consagrada no en una simple ley, sino que en la Constitución Chilena o Carta Magna.
“Al presentar al Congreso Nacional esta reforma constitucional, estamos afirmando que no estamos dispuestos a tolerar más esta situación y que de ahora en adelante en nuestra propia Carta Fundamental, quedará establecida nuestra decisión de que las riquezas chilenas sean de los chilenos y para los chilenos, que basados en ella construirán una nueva vida y una nueva sociedad. Sabemos que todos los pueblos libres del mundo nos acompañarán en esta tarea”, señaló el por entonces mandatario chileno.
“Efectivamente, poderosas razones de orden político y jurídico convencieron a la Unidad Popular de que esa era la vía necesaria y conveniente. En primer lugar, la importancia que para la existencia libre, independiente y soberana del país tiene esta nacionalización, exige que ella sea solemnizada con la adopción de una decisión al más alto nivel jurídico concebible, aquel nivel en que es el propio soberano, el pueblo, actuando como Poder Constituyente, quien expresa su voluntad. Creemos indispensable que el nacimiento de Chile a la independencia económica sea también registrado en la Constitución”, agregó Allende.
El diario El Mercurio chorrea sangre
El Mercurio de Chile no sólo colaboró con el derrocamiento de Allende. Este medio, por entonces propiedad de Agustín Edwards (1927-2017), hizo mucho más que eso. Existe abundante material probatorio –libros, informes, investigaciones periodísticas y académicas y archivos desclasificados por la CIA–, que certifican que Edwards no sólo preparó el clima y apoyó el derrocamiento. Viajó a Estados Unidos antes de que Allende asumiera. La urgencia golpista del empresario era mayor que la de la propia CIA. Ya antes de viajar intentó impedir la victoria de Allende, y luego intentó que no asumiera la presidencia tras su triunfo en las urnas.
En septiembre de 1970, Edwards viajó a Washington. Fue recibido por el presidente Nixon, a quien solicitó una actuación enérgica para impedir que Allende asumiera, o bien para derrocarlo si lograba iniciar su gobierno. El empresario no volvió a Chile hasta varios años después, cuando ya se había consolidado la dictadura de Pinochet, pero a la distancia mantuvo férreo control sobre el diario y el conjunto de su grupo económico.
El Mercurio recibió dos millones de dólares de la CIA para poner en marcha el complot. Estas y otras evidencias están descritas en documentos públicos, como el Informe Church del Senado de Estados Unidos, las memorias del ex secretario de Estado estadounidense, Henry Kissinger, los documentos desclasificados de la CIA, una gran cantidad de testimonios de ex altos funcionarios del gobierno de Richard Nixon, y diversos trabajos de investigación periodística.
El documental El diario de Agustín, realizado por estudiantes de la Universidad de Chile y dirigido por Ignacio Agüero, es esclarecedor sobre la conspiración que encabezó ese diario contra la democracia. Se estrenó en 2008 y puede verse en línea.
“Fue, por mucho, el mayor —y probablemente el más significativo— caso de apoyo a medios de comunicación, si se considera la cantidad de dinero suministrado a El Mercurio. La Comisión 40 autorizó 700 mil dólares para El Mercurio el 9 de septiembre de 1971 y añadió otros 965 mil el 11 de abril de 1972. Un memorándum de la CIA concluyó que El Mercurio y otros medios de comunicación apoyados por esa agencia jugaron un papel importante en la puesta en marcha del golpe militar del 11 de septiembre de 1973 que derrocó a Allende”, dictaminó el Comité Church, así denominado por el apellido de quien fuera su presidente, el senador demócrata Frank Church.
Nota publicada en la edición impresa del semanario El Eslabón del 16/09/23
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