Pullaro presentó un proyecto que endurece las políticas represivas y le da mayor poder a las fuerzas de seguridad en claro contraste con las garantías constitucionales, según denuncian especialistas jurídicos y organismos de derechos humanos.
La semana pasada ingresó en la Legislatura provincial un proyecto de reforma penal impulsada por el gobierno de Maximiliano Pullaro que despertó el alerta de organismos de derechos humanos, de sectores opositores, pero también levantó polvareda puertas adentro con sus aliados y en los sectores académicos y jurídicos por sus posibles aspectos inconstitucionales.
La propuesta incluye interrogatorios policiales sin presencia obligatoria de defensor; allanamientos sin orden judicial; inteligencia preventiva con controles flexibilizados; procedimientos por decreto fiscal; y ampliación de facultades policiales y fiscales sin intervención judicial previa.
“Nos retrotrae a épocas donde imperaba el terrorismo de Estado”, señaló La Mesa de Organismos de Derechos Humanos de Rosario, que junto a organizaciones sociales, gremiales y políticas, expresó su “más enérgico repudio” al proyecto de modificación del Código Procesal Penal enviado por el gobernador a la Legislatura provincial. Y denunciaron un avance para “legalizar las llamadas tareas de inteligencia”, a las que definieron como mecanismos de espionaje que afectan derechos vinculados a la libre expresión y la protesta social.
A través de un comunicado las organizaciones sostuvieron que la iniciativa representa “la profundización de la reforma” impulsada por el gobierno santafesino en diciembre de 2023 y advirtieron que las medidas propuestas “vulneran derechos elementales”.
En tanto, el presidente de la Asociación de Abogados Penalistas de Rosario José Nanni, luego de leer con detalle la propuesta, sintetizó en un reportaje: “Retrocede 40 años de legislación procesal penal en la provincia de Santa Fe”.
Por su parte, el abogado constitucionalista y docente de la UNR Oscar Blando, lo consideró “peligroso, innecesario y en gran medida, en muchos aspectos, inconstitucionales”. Y amplió: “Es peligroso porque retrocede en términos de instalar lo que se suele considerar un Estado Policial frente a lo que es el Estado de Derecho, donde hay reglas, donde hay normas, donde el poder del Estado tiene que estar controlado, donde el poder de la Policía debe estar controlado”, amplió.
También hay magistrados que expresan sus dudas. “Nos preocupa este proyecto de reforma y esperamos un escenario de diálogo con los actores del campo político”, dijo a los medios el camarista penal Gustavo Salvador, presidente del Colegio de Jueces de Rosario.
La bukelización santafesina
Ya desde la campaña electoral el actual gobernador Maximiliano Pulllaro mostró su admiración por el modelo de Nayib Bukele, esto es la supuesta política de mano dura con la que El Salvador combatió el flagelo de las bandas delictivas conocidas como las maras. Aunque siempre admitió que Santa Fe no era lo mismo que el país centroamericano en estado de excepción y que a nivel local “hay leyes que respetar”, cada vez que puede avanza un poco más hacia su ideal bukeliano como lo es este nuevo proyecto ingresado en la Legislatura.
Incluso al presentar a principios de año las obras de la unidad penitenciaria que se levanta en las afueras de la localidad de Piñero, que alojará 1.150 presos de alto perfil, y que bautizó El Infierno, admitió que ambiciona las restricciones constitucionales que padecen los reclusos que posee El Salvador, donde los detenidos “pierden todos los derechos civiles”.
Claro que se atajó: “Como Argentina respeta las normas que tiene, nosotros trabajamos en función de las leyes que tenemos, que nos permiten llegar hasta acá”. Pero a renglón seguido duplicó la apuesta y sostuvo: “Les puedo asegurar que el detalle de la infraestructura de esta cárcel nos permite tener niveles de seguridad mucho mayor a las cárceles de El Salvador”.
Cabe recordar que en el principio de su gestión ante el desbande de homicidios en Rosario una de las críticas que recibió vino del propio ministro de seguridad de El Salvador, Gustavo Villatoro, quien cuestionó el uso que el gobierno de Santa Fe hizo del “método Bukele”. Entonces, el funcionario salvadoreño había calificado como un “error muy grave” viralizar fotos de los presos sentados semidesnudos, señalando que esa exposición sólo debe hacerse cuando el Estado tiene el control total de las bandas criminales.
La novedoso, ahora, es el proyecto denominado “Herramientas para el Fortalecimiento de la Seguridad Pública”, una iniciativa que propone una serie de modificaciones al sistema procesal que el abogado penalista Nanni subrayó que incorpora institutos que históricamente fueron cuestionados por la doctrina y la jurisprudencia, como los interrogatorios policiales, los juicios en ausencia y la ampliación de facultades de inteligencia y vigilancia.
“Han generado una alarma y una sorpresa porque vemos que algunos de los institutos incorporados violan garantías constitucionales de cualquier ciudadano. Son herramientas que ya demostraron históricamente generar abusos, sobre todo vinculados a las fuerzas policiales”, afirmó en declaraciones radiales.
Ante la ola de rechazos de organismos de DDHH y de académicos y constitucionalistas, fue la vocera del gobierno, Virginia Coudannes, quien esta semana salió en defensa del proyecto. “Hay muchos sectores que hoy se oponen, desde ámbitos de la Justicia, de la política o del peronismo, como también se opusieron a la desfederalización del narcomenudeo. Sin embargo, hoy tenemos resultados muy importantes”, destacó la funcionaria ante las voces disonantes al proyecto.
Aseguró que las reformas buscan profundizar la estrategia ya implementada por el Ejecutivo. “Este paquete viene a intensificar, consolidar y fortalecer herramientas que ya demostraron resultados”, indicó.
La funcionaria explicó que una de las metas centrales de las nuevas medidas es reducir tiempos burocráticos para acelerar respuestas frente al delito. “Queremos que el derribo de inmuebles utilizados para la venta de drogas pueda concretarse por orden de un fiscal. También que los allanamientos vinculados a personas detenidas con armas de fuego sean inmediatos, porque muchas veces esos elementos están almacenados en domicilios particulares”, sostuvo. Según planteó, el objetivo es evitar demoras que permitan reorganizar estructuras criminales o destruir pruebas.
La vocera aseguró que el escenario de seguridad en Santa Fe cambió respecto de años anteriores y atribuyó esa transformación a la conducción política sobre las fuerzas policiales. “Hoy existe conducción política de la Policía. Hay una fuerza ordenada, empoderada y sometida a monitoreo permanente, con resultados concretos”, afirmó.
Coudannes también defendió la política penitenciaria de la gestión Pullaro, y señaló que existe una decisión estratégica de ampliar infraestructura para reforzar el control sobre personas privadas de libertad: “Hay una decisión del Gobernador de fortalecer el sistema penitenciario para alcanzar 7.000 nuevas plazas carcelarias al finalizar la gestión”. Destacó además que actualmente hay “2.700 detenidos más que en octubre de 2023” y una reducción superior a 400 presos alojados en comisarías.
Finalmente, la vocera vinculó la política penitenciaria santafesina con la visita de una delegación oficial de Chile, que recorrió establecimientos carcelarios en Recreo y Piñero.
Sin garantías
Para el abogado constitucionalista Oscar Blando el proyecto “tiene aspectos que son claramente inconstitucionales porque van contra el estado de inocencia, el derecho de defensa y el debido proceso. Hay que tratar de combatir el delito con la ley y con la Constitución en la mano”, definió.
“Una de las cosas que más retrocede es la posibilidad de la intervención de la Policía y el interrogatorio policial sin la posibilidad de tener un defensor. Esto fue quitado en la época de (Hermes) Binner con el ministerio de (Héctor) Superti porque esta era una facultad de la Policía que se presta para todo tipo de cuestiones, desde aprietes a coimas, es decir, se quita una garantía fundamental que es que no esté una persona detenida declarando solamente frente a la fuerza policial”, explicó el especialista en una entrevista en el programa radial Nadie es perfecto, de Aire Libre.
“Los allanamientos deben hacerse con orden judicial, esto es así. Hay muy pocas excepciones. Supongamos que hay un incendio, bueno, no vamos a pedir la orden judicial para poder entrar o que alguien esté gritando, una mujer esté gritando amenazada por su marido, por cualquier persona. Esas son excepciones, pero aquí se agregan nueve excepciones. Es decir, la excepción se convierte en regla. Pensemos que hay una garantía constitucional que es la inviolabilidad del domicilio. Y entre otras cosas, el tema de la prueba, la prueba que debe ser obtenida legalmente, si no es inválida ¿Qué es lo que hay acá? Entre las excepciones, una es ciertamente tragicómica: que si el funcionario por error toma una prueba ilegalmente, bueno, es válida”, cuestionó.
Sin documentos
“Yo escribí un libro sobre las detenciones policiales porque ese artículo famoso 10 bis de la ley orgánica de la policía era el favorito y lo utilizaban para detener personas cuando no llevaban documentos. En 2024 se hizo una modificación que en lugar de restringir o limitar, la amplió y le agregó el tema de la resistencia a la autoridad. ¿Cómo funciona esto? Como no hay obligación de llevar documentos –y hay un fallo del juez (Gustavo) Salvador en Rosario que lo dice: no te pueden llevar detenidos porque no tengas documentos–, cuando ocurre, la policía para averiguar antecedentes te dice «yo te detengo» y te demora. Vos decis «no, no tiene ese derecho», pero es resistencia a la autoridad y adentro. ¿Qué pasó ahora? Se amplió más, porque ahora hay zonas especiales que pueden ser intervenidas y entre otras cosas, dice –devenidas de ese artículo de las detenciones por averiguación de antecedentes–, que se puede detener a la gente por 48 horas”, señaló Blando.
“Así se amplían estas facultades que tienen una triste historia en la Argentina. Pensemos en casos como el de Bulacio, hace muchos años, y otros tantos hasta ahora. Además no sirve para nada. Hay una mayor atribución de facultades hacia la Policía, sin control, pero también para los fiscales, porque los fiscales pueden hacer cosas que no estaban previstas y ahora se les está atribuyendo. Es más, el dictado de lo que se llama decreto fiscal, que es para casos que no son importantes en cuanto no hay privación de la libertad, puede un fiscal decidir sobre resoluciones que debiera tomarla un juez. El fiscal acusa, toma las pruebas, pero no puede resolver. Entonces, se está dando sin control mayores autoridades, facultades a la policía y también excesivas facultades a los fiscales, sin control judicial en un inicio por lo menos”, describió el abogado y docente.
“Acá lo que hay es entender que la ley y la Constitución no son obstáculos, no son estorbos. Son límites al poder punitivo del Estado y esto no es un problema de (el ex juez Eugenio) Zaffaroni, esto viene del liberalismo, no es un problema de Zaffaroni –al que no leyeron nunca–, es un problema de garantías constitucionales. En la Argentina, el tema del límite al poder del Estado viene en el decreto de 1811, donde habla de la seguridad y que tiene que haber límites. Y si quieren, viene de la Revolución Francesa a partir de la Constitución de los Estados de Derecho, es decir, fue una revolución liberal, ya que les gusta hablar de ese tema. Y la dejan de lado por una actitud ciertamente peligrosísima, se persigue a la persona y no al hecho que cometió”, definió.
“Busquen otra forma, busquemos otra forma. No significa estar del lado de los delincuentes, por favor. No significa ir contra la criminalidad organizada, el narcotráfico, nada de todo eso. Se necesita hacerlo con las herramientas que da el Estado de Derecho. A eso hay que someterse, no es tan difícil”, concluyó el constitucionalista.
Publicado en el semanario El Eslabón del 30/5/26
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