Existen dos caminos para la destitución. La Enmienda 25 de la Constitución apunta a la incapacidad (médica, cognitiva o funcional) del Presidente. En cambio, el juicio político se utiliza, en caso de una conducta reprochable, para exigir responsabilidad política.
El 28 de febrero de 2026, el líder supremo de Irán, Alí Jamenei, fue asesinado en Teherán durante ataques aéreos coordinados de Israel y Estados Unidos. Fue una operación militar del tipo “decapitation strike” (ataque dirigido a asesinar a un líder). EEUU asumió la responsabilidad política directa.
El presidente Donald Trump anunció públicamente la muerte de Jamenei antes de la confirmación oficial iraní, y celebró el resultado de la operación en su red social Truth Social. Desde el derecho internacional, esta asunción pública refuerza la atribución del hecho al Estado estadounidense, un elemento clave para evaluar responsabilidad jurídica internacional.
La Carta de las Naciones Unidas (art. 2.4) prohíbe el uso de la fuerza contra la integridad territorial o independencia política de un Estado, al igual que el Derecho Internacional Humanitario (DIH), especialmente los Convenios de Ginebra.
El ataque ocurrió en territorio iraní, sin autorización del Consejo de Seguridad de la ONU y sin consentimiento de Irán, lo que constituye uso de la fuerza prohibido salvo que se justifique por legítima defensa inmediata, algo que no fue reconocido por la ONU ni verificado de forma independiente. Jamenei era una autoridad política suprema.
Su eliminación deliberada se clasifica jurídicamente como ejecución extrajudicial en el derecho internacional, salvo en un conflicto armado claramente reconocido como internacional y conforme al DIH. Se trató de un crimen de guerra y un crimen de agresión, graves violaciones al derecho internacional.
Como un búmeran
Pero Trump no consiguió el cambio de régimen en Irán. No sólo eso, la idea le volvió como un búmeran. Y millones de manifestantes estadounidenses dijeron “Cambio de régimen, primero en casa”.
El movimiento de protesta “No a los reyes” (No Kings) surgió en 2025 para oponerse a las políticas del segundo mandato de Donald Trump (2025-2029). Los organizadores denuncian “derivas autoritarias”, “concentración de poder” y “criminales políticas contra los migrantes”. A partir de 2026, se agregó la oposición a la guerra contra Irán.
El 14 de junio de 2025 la enorme movilización coincidió con el 250º aniversario del Ejército de EEUU y el 79º cumpleaños de Trump. Estas fechas fueron percibidas por los organizadores como un intento de “coronación simbólica” del mandatario. Los manifestantes de aquellos días no se imaginaban que la megalomanía del millonario lo llevaría, poco después, a compararse con Jesucristo. La protesta se realizó en más de 2 mil localidades. La asistencia, según los organizadores, superó los 5 millones.
La segunda movilización multitudinaria se produjo el 18 de octubre de 2025, en el contexto de un nuevo embate autoritario del gobierno, con “despliegue de seguridad interna y retrocesos democráticos”, según denunciaron los organizadores. Protestaron en 2.700 localidades, con una concurrencia de 7 millones.
La tercera movilización (8 de marzo de 2026) se produjo en el contexto de una escalada de violencia estatal contra migrantes a través del Servicio de Control e Inmigración de Aduanas (ICE, Immigration and Customs Enforcement), organismo que siembra terror en las calles y es comparado por la ciudadanía con la Gestapo. Y para aumentar todavía más la indignación contra la gestión de Trump, el 28 de febrero el mandatario lanzó a su país a una nueva guerra (empujado por el primer ministro israelí Benjamin Netanyahu) con consecuencias desastrosas.
El ICE es una agencia federal dependiente del Departamento de Seguridad Nacional (DHS), creada en 2003 tras los atentados del 11‑S, como parte de la reorganización de seguridad interior. Durante 2025 y 2026, bajo el mandato de Trump, se ha dedicado a perseguir, acosar y reprimir a través de redadas, detenciones masivas, traslados forzosos, expulsiones aceleradas y asesinatos.
Organizaciones de derechos civiles y medios describen este período como el de “mayor expansión operativa del ICE desde su creación”. Renée Good y Alex Pretti fueron asesinados a manos de agentes federales en enero de 2026.
“El cambio de régimen comienza en casa”, decían las pancartas. La tercera gran marcha sumó entre sus consignas, y entre sus motivos de rechazo a Trump, las muertes de Renée Good y Alex Pretti a manos de agentes federales en Minnesota (enero de 2026) y la guerra contra Irán. Hubo más de 3.300 encuentros en los 50 estados. Asistieron 8 millones de personas.
Cómo sacarse de encima a Trump
En Estados Unidos existen dos mecanismos constitucionales que suelen aparecer juntos en el debate mediático, pero tienen lógicas diferentes. La Enmienda 25 de la Constitución apunta a la incapacidad (médica, cognitiva o funcional) del Presidente. En cambio, el juicio político o impeachment se utiliza en caso de una conducta reprochable (“high crimes and misdemeanors”) y para exigir responsabilidad política.
La expresión “high crimes and misdemeanors” se traduce en el contexto legal estadounidense como “delitos graves y faltas” o “altos crímenes y delitos menores”. Es una expresión utilizada en el texto constitucional para definir los actos por los cuales un presidente puede ser destituido (impeachment), abarcando comportamientos graves, abusos de poder o infracciones constitucionales.
Si se demuestra la incapacidad según la Enmienda 25, el mandatario puede trasladar temporalmente el poder a otra persona. En cambio, el juicio político es un procedimiento legislativo-jurisdiccional que puede culminar en destitución y eventualmente inhabilitación.
Desde abril de 2026, el debate se reactivó en la prensa estadounidense por declaraciones y publicaciones vinculadas a la escalada bélica con Irán y amenazas del presidente.
Como respuesta a las diarias provocaciones y bravatas del presidente, que desconocen la Constitución, las leyes, las normas, entre otras cosas, dirigentes y organizaciones han invocado la Sección 4 de la Enmienda 25 o bien han pedido impeachment.
Los medios estadounidenses subrayan que, aunque el ruido político es alto, la viabilidad práctica de la Enmienda 25 depende de la vicepresidencia y del Gabinete, y la del impeachment depende de mayorías parlamentarias, lo que hace que ambos escenarios sean difíciles en un Congreso hostil o dividido.
Plan A: Enmienda 25
El texto de la Constitución deja dos ideas clave para el debate actual. La primera, si la Sección 4 de la Enmienda (que se refiere específicamente a la destitución por incapacidad) requiere o no que el presidente acepte su incapacidad (a diferencia de la Sección 3). La segunda, si el presidente disputa la declaración, el conflicto se traslada al Congreso.
Según la explicación de PolitiFact/PBS, el mecanismo de la Enmienda 25 opera, en esencia, como un procedimiento de notificación escrita y plazos estrictos: el vicepresidente y una mayoría del Gabinete (o bien otro órgano creado por ley) remiten una declaración de incapacidad al presidente pro tempore del Senado y al Vocero de la Cámara; el vicepresidente asume “inmediatamente” como presidente en funciones; y si el presidente replica declarando que “no existe incapacidad”, el vicepresidente y el Gabinete disponen de cuatro días para insistir; entonces el Congreso debe reunirse (en 48 horas si no está en sesión) y decidir en 21 días, requiriéndose 2/3 en ambas cámaras para mantener la transferencia.
Un elemento que los medios enfatizan es una suerte de cuello de botella político. La Sección 4 se diseñó para casos extremos, y nunca se invocó para apartar involuntariamente a un presidente en el contexto contemporáneo. El obstáculo central es lograr que el vicepresidente y suficientes secretarios del Gabinete firmen una declaración que, de facto, se enfrentaría al presidente. Por eso varios análisis la consideran una “apuesta a largo plazo”.
La Enmienda 25 indica “unable to discharge the powers and duties”, expresión que puede traducirse como “incapaz de ejercer las facultades y cumplir con los deberes”. Pero la definición no incluye un estándar médico cerrado. En la práctica, la discusión gira en torno a si hay una incapacidad funcional para ejercer el cargo (por salud o por deterioro). A partir de ese hecho, difícil de determinar, porque la medicina se mezcla allí con los intereses de los distintos sectores de poder, el mecanismo es político-institucional: requiere firmas del Ejecutivo y, en caso de disputa, una votación supermayoritaria del Legislativo. En el debate actual, algunos cargos demócratas lo enmarcan como “inestabilidad” o “conducta desquiciada” en política exterior. Asimismo, organizaciones civiles apuntan a “problemas de salud” y “comportamiento delirante”.
Miembros demócratas del Congreso, sobre todo a partir de las bravuconadas y amenazas del mandatario contra Irán, reclamaron explícitamente que el vicepresidente y el Gabinete contemplen la Enmienda 25.
Entre los legisladores que quieren a Trump fuera figuran Alexandria Ocasio‑Cortez, que califica la amenaza como motivo de “remoción” y alude a un deterioro de facultades. El senador Chris Murphy sugiere consultar abogados constitucionalistas sobre la enmienda 25. Congresistas como Ro Khanna, Melanie Stansbury y Yassamin Ansari entre otros, se sumaron al grupo que exige la destitución. Y siguen las firmas.
Un artículo de Time reproduce mensajes de Chris Murphy en los que plantea que, de estar en el Gabinete, dedicaría ese tiempo a hablar con abogados constitucionalistas sobre la Enmienda 25 y califica la situación de “unhinged” (fuera de control).
La Asociación Nacional para el Progreso de las Personas de Color (NAACP) publicó el 7 de abril de 2026 un comunicado pidiendo “acción urgente” para invocar la Enmienda 25, afirmando que observa señales alarmantes de deterioro de salud y conducta “delirante”, y urgió al vicepresidente y al Gabinete a actuar. El comunicado incluye declaraciones de su presidente y CEO, Derrick Johnson, señalando que el presidente es “unfit, unwell, and unhinged” (“incapaz, enfermo y desequilibrado”) y que debe ser removido inmediatamente.
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Este tipo de pronunciamientos de sociedad civil es relevante porque muestra presión en las calles. La calle ya se pronunció al respecto, y con una contundencia con pocos antecedentes. No está claro que van a hacer otros actores de la política. Habrá que ver si los dirigentes acompañan el clamor popular y actúan para remover a Trump a través del requisito institucional. La clave es la Sección 4, y su utilización depende de la Vicepresidencia y el Gabinete.
Muchos trumpistas arrepentidos (mujeres y hombres de derecha o ultraderecha que lo adoraban) ya reclaman el prefijo “ex”. Hasta hace poco, nadie imaginaba declaraciones de oposición a Trump de parte de figuras conservadoras mediáticas. Ex trumpistas arrepentidos, en muchos casos, que hoy repiten Enmienda 25 como un mantra. Por ejemplo: el ex congresista Marjorie Taylor Greene, el comentarista Alex Jones, y las personalidades mediáticas Candace Owens, Tucker Carlson y Mike Cernovich.
Plan B: el juicio político (impeachment)
Existe una iniciativa concreta en este sentido. Es la presentación de la resolución de impeachment “H.Res.1155”, introducida el 6 de abril de 2026 por el diputado demócrata por Connecticut John B. Larson (D‑CT‑1). La presentación fue remitida al Comité Judicial de la Cámara. La ficha oficial (Congress.gov) indica el estado “Introduced” (“Ingresada” o “Admitida”).
El texto de Congress.gov indica además que la resolución se presenta como un registro para “conversación” constitucional y menciona que los artículos fueron elaborados con participación de Ralph Nader y Bruce Fein. El marco argumental tiene que ver con guerra/poderes de guerra y otras acusaciones articuladas como “delitos graves y faltas” o “altos crímenes y delitos menores”.
Pero son muchas las tensiones internas entre los demócratas. Algunos piden impeachment o Enmienda 25, pero la dirección demócrata (por ejemplo, las declaraciones de Hakeem Jeffries, líder demócrata en la Cámara) se muestra reticente a precipitar un proceso que podría percibirse como meramente simbólico si no hay votos para prosperar.
El camino legislativo es empinado (especialmente si la Cámara o el Senado están bajo control republicano o si no hay una coalición amplia). Por ahora, existe una gran distancia entre la presentación formal de pedidos de destitución y la probabilidad de obtener las mayorías necesarias.
La calle, en cambio, tiene otros tiempos y otros mecanismos de acción.
Publicado en el semanario El Eslabón del 18/4/26
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