Con una matrícula alta, pero un acceso restringido que expulsa a las clases trabajadoras, la educación superior en América Latina enfrenta el desafío de convertirse en un factor clave para disminuir la inequidad social, y no incrementarla.
El poder real en América Latina y sus agentes de negocios, las clases dominantes, encabezan un proceso sistemático de destrucción de la educación pública, estatal, y accesible a todas y todos. La función crítica y combativa de la universidad pública se encuentra bajo ataque, en lo simbólico y en lo económico.
Los poderes fácticos de la región, socios y súbditos de los intereses económicos de las potencias hegemónicas, hacen una apuesta cada vez más fuerte por una educación privada, elitista, excluyente, y al servicio de los sectores más acomodados y sus intereses de clase.
En el marco de la embestida contra el poder del Estado, la universidad resulta indispensable para esmerilar el concepto de estado-nación.
El ataque incluye, asimismo, a los sistemas científico-técnicos de investigación. Por ejemplo, en Argentina, el gobierno de Javier Milei intenta reducir el Instituto Nacional de Tecnología Industrial (INTI) y el Consejo Nacional de Investigaciones Científicas y Técnicas (CONICET), entre otros organismos, a su mínima expresión, con el recorte de fondos, becas, salarios, y subsidios, y con la eliminación de carreras.
El desarrollo científico y técnico resulta fundamental para los países industrializados o en vías de industrialización, pero no así para países dependientes. La derecha regional apuesta a una economía primarizada (vía industricidio). En este marco, los avances científicos y técnicos sólo encuentran aplicación en el campo, la minería y otras actividades extractivistas. Pero incluso en este terreno, prefieren importar tecnología foránea.
El rechazo de la ciencia y la investigación forma parte del proyecto colonial: el que plantea que sea el mercado el que mande y defina. El mercado, no un proyecto de país.
La situación de las universidades en América Latina es una problemática compleja, con múltiples realidades sometidas a contextos sociales inestables y cambiantes. Las generalizaciones resultan insuficientes, e impiden ver los muchos matices propios de cada país. Se señala como rasgo distintivo un alumnado muy relevante en número, pero altamente heterogéneo y con grandes desigualdades. Las universidades públicas, resistiendo los embates de los gobiernos ajustadores, siguen siendo clave para la investigación y todavía conservan el respeto de buena parte de la sociedad. Pero resulta evidente el avance arrollador de la educación privada, que profundizó las desigualdades sociales, reorientó los estudios hacia ciertas áreas, en función de las necesidades del mercado, y se convirtió en un factor de exclusión social.
El sociólogo francés Pierre Bourdieu (1930-2002) analizó la educación superior como una de las instituciones clave en la “reproducción de las desigualdades sociales”, bajo la apariencia de neutralidad y meritocracia. En su obra Capital cultural, escuela y espacio social (1997) sostiene que el sistema educativo valora formas de cultura que no están igualmente distribuidas entre las clases sociales, lo que favorece sistemáticamente a quienes ya poseen ese capital.
“La escuela contribuye de modo decisivo a la reproducción de la estructura de las relaciones de clase al sancionar, bajo la apariencia de la legitimidad escolar, las desigualdades culturales socialmente heredadas”, aseguró.
Para Bourdieu, la universidad no actúa únicamente como un espacio de formación, sino como un campo donde se distribuyen y legitiman distintos tipos de capital (cultural, simbólico, económico). El acceso formal no garantiza igualdad real si no se transforman las condiciones sociales de origen: “El capital cultural, bajo sus formas incorporada, objetivada e institucionalizada, es un principio de diferenciación social tan eficaz como el capital económico”.
Esta perspectiva resulta especialmente pertinente para América Latina, donde la expansión de la matrícula universitaria convive con fuertes desigualdades de origen social, altas tasas de abandono y segmentación entre universidades de élite, para los ricos, por un lado y de acceso masivo, para sectores menos favorecidos, por otro.
Desde un lugar no eurocéntrico y centrado en la compleja realidad de América Latina, el pedagogo y educador brasileño Paulo Freire (1921-1997) ofrece una lectura radicalmente distinta del papel de la educación superior. Para Freire, la educación (incluida la universidad) es un “acto político” que puede reproducir la dominación o contribuir a la “liberación”.
En su obra Pedagogía del oprimido (1970), afirma: “La educación no cambia el mundo, cambia a las personas que van a cambiar el mundo”.
Freire defendió una universidad comprometida con la realidad social, capaz de producir conocimiento situado y dialogar con los sectores populares. Y rechazó la idea de una educación “neutral”: “Nadie educa a nadie, nadie se educa solo, los hombres se educan entre sí mediatizados por el mundo”.
Los aportes concretos de Freire a la educación de la región resultaron clave en áreas como la extensión universitaria, la investigación orientada a problemas sociales, y la idea de la universidad como motor de desarrollo humano justo e igualitario, y no sólo económico. Freire nos legó una de los aportes más profundos para pensar los vínculos entre universidad, desigualdad y democracia en la región.
Por su parte, el antropólogo, educador y ex rector de la Universidad de Brasilia, Darcy Ribeiro, elaboró una de las reflexiones más influyentes sobre la universidad en América Latina. En su obra La universidad latinoamericana (1971), plantea la idea de la “universidad necesaria”: una institución pensada no para imitar modelos europeos o norteamericanos, sino para responder a las necesidades históricas de sociedades dependientes.
“La crisis de la universidad latinoamericana no es educativa: es política y social”, aseguró Ribeiro, quien sostiene que la función de la universidad es articular formación profesional, producción científica, y compromiso con la transformación social.
Para el antropólogo y educador, la educación en general, y la “universidad necesaria” en particular, tienen un papel central en la superación del subdesarrollo: “La universidad necesaria es aquella capaz de asumir la responsabilidad intelectual de su pueblo y de su tiempo”.
El pensamiento de Ribeiro se aplicó en reformas universitarias en Brasil, Uruguay y Venezuela, y sigue siendo un marco de referencia para discutir financiamiento público, investigación científica y autonomía universitaria en la región.
El sociólogo brasileño Florestan Fernandes (1920-1995) analizó la universidad desde una perspectiva histórico‑estructural, vinculándola directamente con la democracia y con las contradicciones del capitalismo dependiente en América Latina. Para Fernandes, la universidad pública no es un espacio neutral: forma parte de la “lucha por la democratización real de la sociedad”.
En su obra La universidad brasileña: ¿reforma o revolución? (1975), sostiene que las crisis universitarias no son técnicas ni administrativas, sino políticas y sociales. “La universidad no puede ser democrática en una sociedad que no lo es. O se transforma junto con la sociedad, o reproduce sus desigualdades”, aseguró.
Fernandes defendió una universidad “pública, autónoma y crítica”, capaz de formar intelectuales comprometidos con la superación del subdesarrollo y del autoritarismo. Su pensamiento es particularmente relevante para comprender los “conflictos contemporáneos en torno al financiamiento y al descrédito de la universidad pública” en Brasil y en otros países de la región.
Desde esta perspectiva, la universidad cumple una función central en la formación de ciudadanía democrática: “La educación superior es un campo estratégico en la lucha por la democracia, porque en ella se forman las élites intelectuales que pueden legitimar o cuestionar el orden existente”, aseguró.
El sociólogo portugués Boaventura de Sousa Santos propone una crítica radical al modelo universitario moderno desde la noción de “epistemologías del Sur”. Su análisis se centra en cómo la universidad reproduce jerarquías globales de conocimiento.
En su libro La universidad en el siglo XXI. Para una reforma democrática y emancipadora de la universidad, (2005) afirma: “La universidad ha sido históricamente un instrumento de producción de un conocimiento monocultural, eurocéntrico y excluyente”.
Para Sousa Santos, el desafío central es “descolonizar la universidad”, reconociendo saberes populares, indígenas, campesinos y experiencias históricamente silenciadas. Esto implica redefinir tanto la investigación como la relación universidad‑sociedad. “No habrá justicia social global sin justicia cognitiva global”, afirmó.
Su pensamiento resulta clave para analizar la dependencia científica de la región, el papel de la universidad en el desarrollo, y la permanente tensión entre conocimiento académico y necesidades sociales.
La pedagoga argentina Adriana Puiggrós desarrolló una lectura histórica y política de la universidad y del sistema educativo latinoamericano, centrada en la relación entre educación, Estado y proyecto de país.
Puiggrós cuestiona las reformas neoliberales de la educación superior y defiende el carácter “público, gratuito y socialmente comprometido” de la universidad latinoamericana. “No existe universidad neutral: toda universidad expresa un proyecto social y político”
Desde su perspectiva, las universidades públicas han sido espacios fundamentales de ampliación de derechos, movilidad social, y producción de pensamiento crítico.
Su análisis histórico muestra cómo las universidades latinoamericanas han estado en el centro de las disputas entre modelos de desarrollo dependientes y proyectos emancipatorios: “La educación superior es uno de los territorios privilegiados donde se disputa el sentido del futuro”, señaló.
Puiggrós articula su pensamiento con la tradición de la educación popular latinoamericana e incorpora una fuerte crítica al vaciamiento de la universidad pública en contextos de ajuste fiscal y mercantilización educativa.
Lo público y lo privado
En América Latina coexisten sistemas mixtos, con distintos grados de incidencia de los sectores público y privado. La realidad de la región dista mucho de ser homogénea. Argentina, Uruguay y Bolivia muestran un fuerte predominio de universidades públicas, gratuitas y financiadas mayormente por el Estado, al menos según las estadísticas, y más allá de los incumplimientos. En Argentina, las universidades nacionales concentran la mayor parte de la matrícula. En cambio, en Chile, Brasil, Perú y Ecuador hay una mayor presencia de las universidades privadas. Por ejemplo, en Chile y Perú, más de la mitad de los estudiantes universitarios asiste a instituciones privadas.
Paraguay y Venezuela tienen un sistema mixto con fuerte tensión financiera. En Venezuela el financiamiento estatal se ha deteriorado severamente en términos reales en la última década, debido al bloqueo que sufre ese país, afectando calidad e investigación.
Las universidades federales de Argentina, Uruguay y Brasil se financian con aportes fiscales directos. Pero el sistema coexiste con la educación arancelada en Chile, Perú, Brasil y Ecuador.
En las universidades donde funciona la financiación privada, tienen un gran peso las empresas y fundaciones, que aportan fondos a través de contratos de Investigación y Desarrollo (I+D), donaciones, cátedras patrocinadas y fundaciones universitarias.
Los contratos de Investigación y Desarrollo (I+D) son acuerdos legales donde dos o más partes colaboran para crear o mejorar tecnología, productos o servicios. Regulan aportaciones, plazos, confidencialidad, propiedad industrial (patentes) y la explotación comercial de resultados. Son comunes entre empresas y centros de investigación y universidades.
Este tipo de intervención del mundo corporativo en la educación superior es muy relevante en Brasil y Chile.
En cuanto al porcentaje del PBI destinado a educación superior, en Argentina, la inversión nacional en el área en 2025 se proyecta en 0,88 por ciento del PBI, el nivel más bajo desde 2015.
En Brasil, la inversión educativa es del 5‑6 por ciento del PBI, con una porción importante destinada a universidades federales y agencias de ciencia. En Chile, el gasto presupuestario es menor, y se registra un alto componente de financiamiento privado y créditos a los estudiantes, un sistema que genera en los alumnos grandes deudas que luego no pueden afrontar. Aquí se verifica la incidencia directa del sector financiero en la universidad. Se trata de la financiarización de la educación.
En contraste con Chile, en Uruguay existe una mayor incidencia del financiamiento público, por ejemplo, en la Universidad de la República, donde el peso relativo del sector privado sigue siendo menor.
La matrícula
En 2021‑2023, América Latina alcanzó más de 30 millones de estudiantes universitarios, con un crecimiento del 32 por ciento en la última década.
Argentina, Brasil y México concentran las mayores matrículas. El avance y el actual peso de la educación privada es muy claro a nivel regional: más del 50 por ciento de los estudiantes cursa en universidades privadas.
Las mujeres son mayoría en la matrícula universitaria regional. Más de 6 de cada 10 estudiantes universitarios son mujeres, una de las tasas más altas del mundo.
Pero pese a ser mayoría, la brecha de género existe, por ejemplo, en disciplinas científicas. En las especialidades que forman parte del área STEM, acrónimo en inglés de Science, Technology, Engineering, and Mathematics (Ciencia, Tecnología, Ingeniería y Matemáticas) las mujeres siguen estando sub-representadas.
En cuanto a la pertenencia social de los estudiantes, especialmente en Argentina, Brasil y Uruguay, las estadísticas marcan una amplia presencia de una primera generación universitaria.
En la mayoría de los países de la región, entre el 40 y el 60 por ciento de los estudiantes trabajan mientras estudian, especialmente en universidades públicas, y también en algunas privadas, las menos elitistas y selectivas.
Articulación universidad-investigación científica
Dentro de la región, el modelo Brasil luce más dinámico. Las universidades públicas concentran la mayor parte de la investigación científica nacional y se articulan con empresas vía parques tecnológicos y fondos sectoriales.
En Argentina, se encuentra bajo ataque del gobierno nacional el fuerte vínculo productivo que existía entre las universidades y el Consejo Nacional de Investigaciones Científicas y Técnicas (CONICET). A partir de la gestión del gobierno de Javier Milei, no sólo se desfinanció la educación en todos sus niveles, sino que, más allá de los recortes de presupuesto y sueldos de hambre para los docentes, se inició una sistemática campaña propagandística para deslegitimar la cultura, el arte, y la educación, entre muchas otras áreas de la vida social bajo ataque.
En Chile existe el Fondo Nacional de Desarrollo Científico y Tecnológico (Fondecyt), que tiene por objetivo estimular y “promover el desarrollo de investigación científica y tecnológica básica”, según señala su página oficial, donde además se informa que es “el principal fondo de este tipo en el país”. Creado en 1981, ha financiado más de 16 mil proyectos de investigación cuyos impactos han beneficiado tanto a la comunidad científica como a la sociedad en general. De todos modos, la inversión privada y la transferencia tecnológica con corporaciones son procesos que avanzan.
Publicado en el semanario El Eslabón del 25/4/26
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