La segunda vuelta presidencial presenta un empate entre Keiko Fujimori y Roberto Sánchez. La exigua diferencia en favor del fujimorismo podría alcanzar para consagrar a la presidenta ex presidiaria.
Tras 26 años, volvería al Poder Ejecutivo de Perú una de las expresiones más brutales, violentas y retrógradas de la derecha latinoamericana. Envalentonada, además, por un contexto regional con cada vez más gobiernos manejados por la ultra violenta y entreguista, subordinada a los intereses de Estados Unidos.
Se trata del retorno del fujimorismo, ahora sin su fundador, Alberto Fujimori, quien gobernó entre 1990 y 2000, y perpetró un sistemático desmantelamiento de las instituciones democráticas (hasta que cerró el Congreso y se convirtió en dictador). Su gestión se caracterizó por el ejercicio del terrorismo de Estado, violaciones sistemáticas a los derechos humanos y una red de corrupción institucionalizada liderada por su asesor de inteligencia, Vladimiro Montesinos.
Vladimiro Montesinos Torres, ex asesor de inteligencia durante el régimen de Alberto Fujimori (1990-2000), acumula más de 30 condenas judiciales por delitos que van desde la corrupción institucional hasta violaciones graves a los derechos humanos. Actualmente se encuentra recluido en el Centro de Reclusión de Máxima Seguridad (CEREC) de la Base Naval del Callao, donde cumple prisión efectiva desde su captura en junio de 2001. La Corte Suprema de Justicia del Perú fijó de forma oficial que su permanencia en prisión se extenderá hasta el 30 de septiembre de 2037.
Ahora sería el turno de su hija Keiko, que intenta mostrarse algo distinta, aunque las políticas de mano dura que defiende, y la falta de transparencia que la llevó a estar tres veces presa, la vinculan muy directamente con las políticas de su padre (fallecido en libertad el 11 de septiembre de 2024). Había sido condenado a 25 años de prisión.
El fujimorismo jamás se fue. Nunca dejó de gobernar Perú, desde el Parlamento y la Justicia. Sus políticas marcaron a sangre y fuego la última década de la política peruana. Lo hizo a través del dominio del Parlamento, y de todas las instituciones democráticas, hasta dejar vaciado el sistema.
En la última década, y especialmente durante el periodo legislativo 2021-2026, la relación entre el Congreso de la República de Perú y el sistema de administración de justicia ha derivado en una captura institucional y sometimiento político.
El Parlamento peruano, impulsado por una coalición transversal de bancadas, ha utilizado sus facultades de fiscalización y reforma constitucional para neutralizar investigaciones penales contra líderes políticos, destituir magistrados incómodos y rediseñar los organismos autónomos que controlan el nombramiento de jueces y fiscales.
Este fenómeno es definido por juristas y organismos internacionales como un “parlamentarismo autocrático” que ha quebrado el principio de separación de poderes.
La manipulación del sistema de justicia no ha sido obra de un solo partido, sino de una alianza pragmática de extremos ideológicos que comparten un objetivo común: blindarse ante acusaciones penales por corrupción y lavado de activos. Esta coalición está integrada principalmente por: Fuerza Popular (Fujimorismo), liderado por Keiko Fujimori, que provee el soporte técnico, legal y estratégico para estructurar las reformas constitucionales y leyes de impunidad, Alianza para el Progreso (APP) y Renovación Popular (Derecha conservadora), ambas bancadas son bisagras esenciales para alcanzar los votos necesarios (mayorías calificadas de 87 votos) para inhabilitar magistrados y nombrar directores de entes públicos.
El Congreso ha implementado tres estrategias fundamentales para someter a la Justicia. El Asalto a la Junta Nacional de Justicia (JNJ), que es el organismo constitucional autónomo encargado de nombrar, ratificar y destituir a todos los jueces y fiscales del país. El bloque fujimorista y sus aliados iniciaron una ofensiva sistemática mediante acusaciones constitucionales para remover a los miembros de la JNJ que se resistían al control político.
Bajo la presión de una JNJ debilitada y reestructurada por el Congreso, se ha denunciado una abierta persecución contra los jueces de la Corte Penal Nacional que rechazan las leyes emitidas por el Legislativo. En junio de 2026, se ejecutó la suspensión por seis meses del emblemático juez Richard Concepción Carhuancho, y se abrió un polémico proceso disciplinario contra el juez Jorge Chávez Tamariz.
Ambos magistrados estuvieron a cargo de las prisiones preventivas e investigaciones más severas contra la cúpula de Fuerza Popular y otros líderes políticos.
La Fiscalía ha sido el principal enemigo del Congreso debido a los cientos de carpetas fiscales abiertas contra parlamentarios por corrupción (comúnmente denominados “Los Niños” o “Mocha-sueldos”).
A través de la Comisión de Acusaciones Constitucionales, el Congreso suspendió e inhabilitó a fiscales supremos independientes. Además, bancadas como Perú Libre presentaron de forma consecutiva proyectos de ley para declarar al Ministerio Público “en emergencia” y cesar por decreto al Fiscal de la Nación de turno. Mediante constantes amenazas de destitución parlamentaria a los altos mandos fiscales, el Congreso ha logrado ralentizar el avance de las mega-investigaciones de corrupción política y forzar cambios en los equipos especiales de investigación.
El Congreso utilizó, además, su facultad de elección por invitación para colocar a magistrados afines a sus intereses políticos en el Tribunal Constitucional y en la Defensoría del Pueblo.
Más allá de capturar a los operadores de Justicia, el Fujimorismo y sus aliados han modificado el Código Penal para adecuar las leyes a la situación jurídica de sus líderes procesados. Por ejemplo:
La Ley contra el Crimen Organizado (Ley 32108): Impulsada y defendida activamente por Fuerza Popular y Perú Libre, modificó la definición de organización criminal y prohibió los allanamientos sorpresa si no está presente el abogado defensor del investigado. Esta ley paralizó operativamente las acciones inmediatas de la Fiscalía y benefició de forma directa a las redes de corrupción política y a bandas delictivas ordinarias.
Leyes de Exclusión de Responsabilidad Penal: El Parlamento aprobó normas que excluyen a los partidos políticos como entes pasibles de disolución judicial en procesos penales. Con esto, blindaron las personerías jurídicas de Fuerza Popular y Perú Libre ante eventuales condenas por lavado de activos.
Leyes de Impunidad para las Fuerzas del Orden (Junio de 2026): Recientemente, la alianza aprobó dictámenes que impiden que militares y policías involucrados en abusos o excesos de fuerza sean procesados por la justicia ordinaria, derivándolos al fuero militar. Congresistas impulsores justificaron la medida afirmando abiertamente que sirve para frenar la “persecución fiscal de los magistrados”.
Por unos pocos votos
Los resultados oficiales muestran una mínima diferencia de votos válidos: Keiko Fujimori (Fuerza Popular): 50.012 por ciento (9.043.383 votos), y Roberto Sánchez (Juntos por el Perú): 49.988 por ciento (9.039.075 votos). La diferencia se ha estrechado a 4.308 votos a favor del fujimorismo.
La Oficina Nacional de Procesos Electorales (ONPE) ya procesó la totalidad de las actas. Resta incorporar el 1.677 por ciento de los votos pendientes de validación. Además, existen exactamente 1.566 actas bajo observación. Estás fueron apartadas por presentar inconsistencias numéricas, datos ilegibles o falta de firmas de los miembros de mesa.
Se registró un 0.60 por ciento de votos en blanco: (116.433 votos). En cuanto a los anulados/ nulos: 5.93 por ciento (1.146.640 votos).
Los especialistas electorales y misiones internacionales informan que el escrutinio final podría demorar entre una y dos semanas más (hacia finales de junio). Esto se debe a que la proclamación oficial requiere que los Jurados Electorales Especiales (JEE) resuelvan primero cada una de las 1.566 actas observadas. Tras los fallos en primera instancia, los partidos conservan el derecho de apelar ante el Jurado Nacional de Elecciones (JNE).
La candidata Fujimori optó por mostrarse calmada, y recalcó que su partido respetará estrictamente el marco institucional. El candidato a la vicepresidencia de su fórmula, Luis Galarreta, rechazó pedidos de recuentos informales, asegurando que los JEE ya procesan las actas observadas conforme a la ley. Fujimori reiteró que el mayor desafío del ganador será unificar un país profundamente fragmentado.
Por su parte, Sánchez demandó “total transparencia” y convocó a la vigilancia del voto popular. Su partido impugnó la logística del voto extranjero (alegando que las actas de EEUU y Argentina no se digitalizaron en origen) y propuso a Fujimori realizar una revisión conjunta de los puntos bajo sospecha.
El País de Madrid concuerda con medios locales en que el ingreso tardío del voto en el extranjero impulsó el descuento de Fujimori, mientras que las actas rurales pendientes favorecen tradicionalmente a Sánchez. Califican el escenario como una de las elecciones más polarizadas e institucionalmente estresantes en la historia reciente de Perú.
Inestabilidad: 8 presidentes en 10 años
En la última década (2016-2026), Perú ha tenido ocho jefes de Estado (siete hombres y una mujer) en 10 años. Ninguno de los mandatarios elegidos por voto popular logró culminar su periodo constitucional de 5 años, convirtiendo al país en uno de los más inestables de la región. Esta crisis se debe a un desequilibrio de poderes, donde el Congreso utilizó intensivamente la facultad de vacancia por “incapacidad moral permanente”, transformando el sistema en un parlamentarismo de facto.
El Congreso, ejerciendo su parlamentarismo de facto, modificó la Constitución de 1993 para otorgarle un enorme poder al Legislativo a través de la vaga figura de la “vacancia por incapacidad moral permanente”, que al no requerir una condena judicial sino únicamente un consenso de votos (87 de 130), los partidos políticos han utilizado esta herramienta como un mecanismo de destitución política exprés cada vez que el presidente de turno carecía de mayoría parlamentaria.
Además, el Ministerio Público (El Poder Judicial y la Fiscalía) viene jugando un rol hiperactivo en la última década, abriendo investigaciones penales a prácticamente todos los presidentes en funciones. Esto rompió la tradición de inmunidad presidencial implícita y sirvió como el principal insumo técnico y político que el Congreso utilizó para justificar las destituciones.
Keiko Fujimori, la ex presidiaria
Keiko Fujimori no cuenta con ninguna condena judicial ni sentencia condenatoria vigente en el ordenamiento jurídico peruano.
A lo largo de su carrera política, ha afrontado extensas investigaciones penales, pero todas ellas se mantuvieron en fases preliminares, acusatorias o de juicio oral sin llegar a emitirse un veredicto de culpabilidad en su contra. Recientemente, sus cargos más graves fueron desestimados por completo.
La principal causa penal que enfrentó es conocida mediáticamente como el Caso Cócteles (derivado del macrocaso Lava Jato en Perú). El Ministerio Público (Fiscalía) la acusaba de lavado de activos, organización criminal, obstrucción a la justicia y falsa declaración en procedimiento administrativo.
La tesis fiscal sostenía que camufló aportes ilícitos de campaña (incluyendo dinero de la constructora Odebrecht) en las elecciones de 2011 y 2016 mediante eventos de recaudación ficticios. La Fiscalía llegó a solicitar 35 años de prisión.
El proceso dio un giro drástico cuando el Tribunal Constitucional (TC) declaró fundada una demanda de hábeas corpus a su favor. El TC determinó que las imputaciones de lavado de activos y organización criminal carecían de sustento jurídico aplicable a la época de los hechos. En cumplimiento de esto, la Segunda Sala Penal de Apelaciones Nacional del Poder Judicial del Perú ratificó el sobreseimiento definitivo y archivo del caso por los delitos mayores. Sólo quedan bajo evaluación técnica cargos menores residuales como falsedad genérica.
Aunque no tiene condenas en este momento, Keiko Fujimori cumplió periodos de reclusión efectiva en régimen de prisión preventiva (medida cautelar mientras era investigada). Estuvo recluida desde octubre de 2018 hasta noviembre de 2019 (aproximadamente 13 meses) en el Penal Anexo Mujeres de Chorrillos, excarcelada tras un primer fallo del Tribunal Constitucional. Retornó a prisión preventiva entre enero de 2020 y mayo de 2020 (cerca de 4 meses), cuando el Poder Judicial le otorgó comparecencia restringida bajo fianza en el contexto de la pandemia de COVID-19. Registra aproximadamente 17 meses de reclusión efectiva bajo mandatos de prisión preventiva, sin que ninguno de estos lapsos corresponda al cumplimiento de una condena definitiva.
Publicado en el semanario El Eslabón del 20/6/26
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