El criminólogo Enrique Font fustiga el proyecto del gobernador Maximiliano Pullaro. “Darle más poder a una policía tremendamente violenta y corrupta como la de Santa Fe es por demás de peligroso”.
En una ciudad históricamente atravesada por la violencia institucional, con demasiados cuerpos de pibes que aparecieron flotando en el Paraná luego de haber sido vistos por última vez con vida en una comisaría o en un enfrentamiento fraguado, el gobernador Pullaro pretende otorgarle a la policía provincial –viciada además de corrupción y connivencia con el narcotráfico– el poder de allanar sin necesidad de orden alguna, realizar interrogatorios en etapas iniciales de una investigación y hasta presentar pruebas obtenidas de manera irregular.
“Si esto se hiciera en Viena, Ginebra o una ciudad sin grandes problemas de sus instituciones policiales y judiciales, también sería un problema porque a estas medidas se las puede englobar en una lógica de militarizar el funcionamiento de la policía. Ahora, que esto se pretenda hacer acá en Santa Fe es muy peligroso”, asevera Enrique Font, abogado penalista y magíster en criminología.
Y argumenta: “Con policías que terminan siendo denunciados, procesados y hasta condenados por un abanico de delitos que van desde aprovechar su rol como policías y utilizar el sistema penal para extorsionar, para robar, para plantar drogas, una policía en la que si subimos en la estructura vemos conducciones que hacen posible eso de manera sistemática y un tercio completo del comando radioeléctrico dedicado a allanamientos ilegales, extorsiones y robos”.
“Subimos un poco más –sigue– y nos encontramos con una estructura que robaba de manera sistemática combustibles, y más arriba incluso la participación de policías de todos los rangos en buena parte de las bandas que existen en la ciudad de Rosario, está claro que no hay manera de que eso termine bien. El primer problema grave que tenemos es una policía muy poco profesionalizada, tremendamente violenta y muy corrupta”.
Más bukelista que Bukele
El criminólogo, en diálogo con el programa Nadie es perfecto –que conduce Ariel Bulsicco en radio Aire Libre–, apuntó algunos ejemplos que desde el vamos suenan muy peligrosos: “Ya sabemos que buena parte de los móviles o motos policiales tienen lo que llaman «perros», o sea armas que se pueden plantar. Entonces, planto un arma y eso ya me permite allanar o negociar y después blanquear o no ese procedimiento”.
“Otro dato: la mayor garantía que tiene una persona para no sufrir violencia institucional o tortura es que en el momento de la detención cuente con acceso a un abogado defensor, sea examinado por un médico independiente y pueda comunicar su detención. Acabamos de volar con todo eso. Se puede allanar, se puede interrogar sin un defensor presente”, cuestiona el experto.
“Estamos abriendo la puerta para maximizar la corrupción policial y la violencia institucional. Y ojo que la vulnerabilidad de estos hechos no es sólo de aquellos que están cometiendo delitos… María de los Ángeles París, Franco Casco, no estaban cometiendo delitos y les pasó lo que les pasó”.
“Decía esto de militarizar, no porque se parezca a un ejército sino en el sentido de que una policía democrática, en un vínculo de legitimidad con la sociedad con la que trabaja, recibe información y a partir de esa información lleva adelante acciones”, retoma el abogado, y se explaya: “No necesita andar haciendo requisas masivas, averiguación de identidad, va e identifica a las personas que tiene que detener. O sea, la información viene antes de la intervención. A una policía deslegitimada, como la de Santa Fe, no le fluye la información, entonces fuerza ese flujo e invierte los términos. Allana a ver si encuentra algo, detiene a ver si encuentra algo, espía a ver si encuentra algo. Por donde se lo mire es criticable”.
“Hacer esto en materia de seguridad siempre ha sido considerado como algo muy riesgoso porque puede ser un boomerang –continúa Font–. Cuando comienza esta gestión, era obvio que con lo que estaban haciendo en las cárceles iba a haber un rebote de la violencia.
Torturaron, humillaron, filmaron, hicieron allanamientos a casas de familiares. Y en un mundo tan rústico y tan violento eso generó la reacción con los cuatro homicidios a trabajadores”.
El letrado se refiere a aquella campaña mediática en la que el gobernador se mostraba como manodurista y fan del presidente salvadoreño. “Mostraban las cárceles al estilo Bukele, torturaron, arrancaron aros, arrancaron uñas, quemaron ropa. No lo digo yo, todo eso lo denunció la Defensa Pública y no lo investigó la Justicia Provincial. Y lo denunció el Comité contra la Tortura de la ONU en su revisión periódica sobre el Estado Argentino en el que le dedicó párrafos y puntos a la provincia de Santa Fe. Estamos hablando de que en un informe que tiene sólo 12 páginas sobre un estado federal se señaló que en Santa Fe no se investigaban las torturas sucedidas en el penal de Piñero”.
Por supuesto que detrás de todo está la cuestión electoral y un discurso que en los últimos años garpa y mucho. Otrora hablar de mano dura quizás era pianta votos y hoy son más los que te aporta. Eso sumado a los medios de comunicación por demás de cuidadosos con la gestión Pullaro instalan una realidad que le queda cómoda a gran parte de la sociedad y del poder.
“El gobierno logró bajar la tasa de homicidios, bien, pero ¿cómo lo logró?”, se cuestiona Font, y se responde: “Bueno, al precio de que el Ministerio Público de la Acusación no sea independiente, al precio de un lobby formidable que pone en duda la independencia judicial con algunas pocas excepciones, al precio de un poder judicial sometido y una Defensa Pública dormida. Por eso me sorprende y mucho la posición del Partido Socialista, porque aquella reforma del proceso del sistema penal, judicial, con la creación del MPA y la Defensa Pública que empezaron a armar con Binner y siguió Bonfatti, entre Lifschitz y Pullaron lo hicieron mierda”.
“Básicamente lo usaron para agarrar cargos, pero de aquella reforma de la cual tanto hablaron y tanta alharaca hicieron, ya no queda nada”, remarca, y añade: “El MPA es una cueva que perdió cualquier lógica de independencia y el Ejecutivo lo maneja como se le da la gana, ya casi no ha habido juicios, el sistema resuelve todo por abreviado y es como volver a un sistema que es peor que el viejo que se comenzó a reformar con Binner”.
“Pasando en limpio –concluye–, como controlo las herramientas del Ministerio Público de la Acusación voy y golpeo no a donde se vende droga sino a donde hay violencia, y paso un mensaje: «Muchachos, sigan con el negocio, nosotros recaudamos todos los viernes, pero basta de muertos». La policía es consciente de esto y el capital político de Pullaro depende de que la policía, y voy a usar una palabra de la jerga policial, no le ponga la palanca en boludo. Porque si le pone la palanca en boludo, de la tasa de 10 homicidios cada 100 mil habitantes que tenemos, que es más alta que cualquier ciudad comparable de la provincia de Buenos Aires y del resto del país, sube rápidamente a 12, 13 o 14 y todo el chamuyo de Pullaro sobre el éxito de su política de seguridad se cae a pedazos”.
Publicado en el semanario El Eslabón del 30/5/26
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