Las universidades del mundo continúan bajo una fuerte ofensiva de censura y represión para encubrir el genocidio en Gaza. Las autoridades lo entregan todo. La autonomía universitaria, el pensamiento crítico y los mandatos éticos, por unos pocos fondos insuficientes.
Desde el recrudecimiento del conflicto en la Franja de Gaza a partir de octubre de 2023, las instituciones de educación superior en todo el mundo se han transformado en uno de los frentes políticos e ideológicos más conflictivos de la escena contemporánea, con casos de censura, represión, expulsiones, quitas de becas, deportaciones y presiones de todo tipo contra estudiantes y profesores que denuncian el genocidio en Palestina.
Históricamente, al menos en teoría y en el apacible mundo de los deseos, las universidades operaron como bastiones de la libre expresión, el debate plural y la contestación social. Pero en los países que gobierna la derecha y la ultraderecha, las universidades se convirtieron en un peligro para los gobiernos, una amenaza a destruir, atacar, desfinanciar.
La idea de “bastiones de libre expresión, debate plural y contestación social” resulta cada vez más incompatible con esta etapa de capitalismo corporativo concentrado. Buena parte de la realidad pertenece ya a las corporaciones, y las universidades, especialmente las privadas, no son la excepción, sino una muestra perversa de los efectos de la corporativización del mundo.
Las grandes empresas que aportan a las campañas políticas, y también a las universidades, ejercen presión sobre los representantes del Congreso, para que voten leyes contra las universidades, por ejemplo, el recorte de fondos federales.
Las universidades se blindaron y militarizaron para amedrentar a los movimientos que denuncian el genocidio. Además de expulsiones masivas y quita de becas, los estudiantes que permanecen en las instituciones son acosados y custodiados por oficiales de seguridad contratados y con poder de arresto.
La ola global de activismo estudiantil y docente en solidaridad con el pueblo palestino, sin embargo, continúa. Y provoca respuestas institucionales de una violencia y un autoritarismo sin precedentes históricos recientes.
Este fenómeno desencadenó intensas fricciones entre las comunidades universitarias (estudiantes y profesores) y los cuerpos directivos, derivando en lo que numerosas organizaciones de derechos humanos catalogan como un régimen sistemático de censura, persecución y silenciamiento.
El núcleo del conflicto radica en las demandas de los manifestantes, que no se agota en la necesaria denuncia del genocidio en marcha. También incluye la exigencia de transparencia financiera, la desinversión total en corporaciones armamentísticas vinculadas a Israel y la ruptura de convenios académicos con instituciones de ese país. Porque en el fondo de la censura y la defensa irrestricta de Israel como una entidad intocable, además de ideología de ultraderecha, hay negocios multimillonarios, convenios, contratos con grandes corporaciones.
La reacción de los comités de gobernanza universitaria ha oscilado entre la adopción de medidas disciplinarias extremas —como expulsiones masivas, cancelaciones de visas académicas y suspensiones de sueldos— y la judicialización o criminalización directa de la protesta mediante la intervención de fuerzas policiales y agencias estatales de seguridad.
Militarización y represión en Estados Unidos
La Universidad de Columbia representa uno de los termómetros para medir la gravedad de la censura en Estados Unidos. La escalada represiva alcanzó su punto más severo mediante una serie de reestructuraciones disciplinarias y presiones fiscales directas. Tras meses de tensiones, la administración federal implementó duras sanciones económicas, llegando a congelar cerca de 400 millones de dólares en subvenciones y contratos gubernamentales bajo la acusación de que la institución fallaba en mitigar el antisemitismo en su campus.
Además, la universidad capituló ante las directrices estatales externalizando la seguridad del campus mediante la contratación de decenas de «oficiales especiales» facultados para arrestar físicamente a miembros de la comunidad escolar, coordinando acciones con agencias federales de inmigración (ICE) para detener y tramitar la deportación de líderes estudiantiles e investigadores extranjeros, como el activista palestino Mahmoud Khalil.
“Cobardía institucional de las autoridades”
Los colectivos estudiantiles, apoyados por Students for Justice in Palestine (SJP, Estudiantes por la Justicia en Palestina) y Jewish Voice for Peace (JVP, Voz Judía por la Paz), denunciaron de forma unánime la “cobardía institucional” de las autoridades.
En comunicados difundidos por redes y cartas abiertas, los alumnos manifestaron que los procesos disciplinarios ejecutados por la Oficina de Conducta Estudiantil violaban flagrantemente el debido proceso y constituían una “intimidación política burda” diseñada para proteger intereses financieros corporativos.
Académicos y padres de familia criticaron la deliberada “confusión intencionada entre la crítica legítima a las políticas del Estado de Israel y la discriminación hacia la comunidad judía”, argumentando que las suspensiones sentaban un peligroso precedente autoritario en la educación superior estadounidense.
Los hipócritas “guardianes del orden”
Las autoridades de las universidades, disfrazados de guardianes del orden y la operatividad institucional, encubren, y así se convierten en cómplices de uno de los mayores genocidios de la historia reciente.
Los voceros institucionales y la presidencia ejecutiva de Columbia defendieron las medidas coercitivas argumentando la urgencia de mantener la operatividad institucional, resguardar el orden civil y salvaguardar la seguridad de todo el estudiantado frente a lo que tipificaron como “interrupciones no autorizadas de la vida académica”. Manifestaron que las sanciones no obedecían al contenido ideológico del discurso, sino a la “violación sistemática de las normativas de convivencia interna, la ocupación ilegal de infraestructura crítica y el quebrantamiento de los códigos de conducta civil exigidos para garantizar un entorno libre de hostilidades”.
La mordaza en Europa
En el continente europeo, las tensiones en torno al activismo por Gaza han estado fuertemente mediadas por los marcos regulatorios nacionales de seguridad pública, las legislaciones locales sobre la definición de antisemitismo y, de forma pronunciada en ciertas naciones, la instrumentalización de la memoria histórica estatal.
Europa es el lugar de salvación para millones de migrantes de Asia y África, que buscan trabajo y escapan del hambre. Pero la mayoría de ellos no llegan a destino. Mueren en el intento, o son apresados y detenidos en condiciones infrahumanas antes de ser devueltos al hambre y la muerte.
La xenofobia de hoy en Europa convive con una instrumentalización del término “antisemitismo” que, en algunos casos, se traduce en un apoyo irrestricto a las políticas de la ultraderecha extrema y racista que despliega el gobierno de Israel.
El contexto germano destaca por ser uno de los entornos más punitivos en cuanto a la libertad de expresión relacionada con Palestina. En la Universidad Libre de Berlín (Freie Universität Berlin), múltiples intentos de estudiantes por establecer foros de discusión, conferencias y campamentos pacíficos en las áreas verdes del campus fueron disueltos expeditivamente mediante la intervención de masivos contingentes de la policía antidisturbios berlinesa.
Los mecanismos de sanción utilizados en la Universidad Libre de Berlín también se verifican en otros centros de estudio de Europa y el mundo. Los modos de la represión y la censura son muchos y muy perversos: desalojos forzosos con uso de violencia física; prohibición absoluta del uso del idioma árabe: criminalización del uso de la kufiyya (“pañuelo palestino”) tradicional, y apertura de expedientes por “traición al orden público”.
La rectoría prohibió explícitamente el uso del idioma árabe en carteles o consignas dentro de las concentraciones, confiscó material bibliográfico informativo y criminalizó cánticos tradicionales e incluso el porte de símbolos culturales como la kufiyya. La policía inició investigaciones penales contra cientos de alumnos por cargos de “violación agravada de domicilio” y “alteración grave de la paz pública”. Paralelamente, el Ministerio de Educación e Investigación de Alemania llegó a promover investigaciones internas dirigidas a recortar el financiamiento y suspender las cátedras de más de un centenar de profesores y académicos que firmaron una carta abierta en defensa del derecho constitucional a la protesta de sus alumnos.
Los sindicatos estudiantiles berlineses y los académicos encausados calificaron la acción gubernamental y rectoral como un ejercicio de “violencia policial desproporcionada y censura de Estado”. Afirmaron que el uso de tácticas de asfixia, golpes y detenciones arbitrarias contra manifestantes pacíficos constituía una violación sistemática de los derechos fundamentales. Expertos en derechos humanos de las Naciones Unidas secundaron estas posturas, emitiendo alertas donde advertían que las directrices de Berlín estaban “criminalizando la solidaridad internacional” y socavando los pilares de las libertades democráticas fundamentales de Europa Occidental.
La administración de la Universidad Libre de Berlín y las autoridades ministeriales justificaron el desalojo policial aduciendo que las protestas no contaban con el registro legal obligatorio ante las dependencias civiles y que existían riesgos inminentes de “incitación al odio y apología de organizaciones consideradas terroristas” bajo el ordenamiento jurídico penal alemán. Las directivas señalaron que la autonomía académica no ampara la alteración del orden institucional ni la validación de discursos que, a su juicio, vulneraban los consensos históricos nacionales sobre la seguridad y la lucha contra el antisemitismo.
América Latina y la autonomía universitaria
A diferencia de las dinámicas corporativas norteamericanas, y de las estrictas lógicas securitarias de Europa, el panorama en América Latina fue tradicionalmente moldeado por la profunda e histórica tradición de la autonomía universitaria. Pero la emergencia de gobiernos de derecha y ultraderecha cambió el panorama. Ahora, en forma explícita, declarada, no sin orgullo, la ultraderecha plantea desfinanciar, reducir o destruir la universidad. En el mejor de los casos, privatizar las que todavía son estatales, y, finalmente, permitir un desembarco masivo, avasallante del mundo corporativo.
En los últimos años crecieron y se endurecieron los mecanismos institucionales de control político y censura burocrática, orientados principalmente a una cobarde actitud de evitar fricciones con los poderes fácticos y el gran capital concentrado.
En instituciones de envergadura continental como la Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM) y la Universidad de Chile, colectivos de estudiantes y docentes de diversas facultades instalaron campamentos y comités de solidaridad con el fin de presionar por la ruptura de relaciones consulares y académicas institucionales con Israel.
Los mecanismos de censura con que se enfrentaron los organizadores fueron muchos: cancelación unilateral de reservas de auditorios; bloqueo de plataformas digitales institucionales; sanciones y apertura de actas administrativas por “politización”, y negativa a difundir eventos en gacetas oficiales.
Las autoridades recurrieron a mecanismos de censura indirecta o burocrática, sin descartar el uso directo de las fuerzas policiales estatales dentro de los campus, lo que remite en forma directa a las dictaduras genocidas que tuvieron lugar en América Latina.
Asimismo, profesores denunciaron la cancelación unilateral de foros de discusión previamente agendados, el bloqueo del uso de auditorios bajo el pretexto de “mantenimiento técnico”, la negativa de las coordinaciones editoriales a publicar artículos de opinión críticos en las gacetas institucionales y la apertura de actas de amonestación administrativa a docentes que incorporaban la temática de los derechos humanos en Palestina dentro de sus planes de estudio formales.
El silencio los convierte en cómplices de genocidio
Los comités estudiantiles latinoamericanos y las asociaciones de profesores universitarios señalaron que estas medidas constituyen una forma de “censura gris o invisible” que busca despolitizar las aulas y asfixiar el pensamiento crítico.
Las burocracias universitarias operan con una “parcialidad ideológica implícita”, priorizando el resguardo de los fondos provenientes del estado nacional por encima de cualquier cuestión ética y humana. El miedo los sojuzga. Si llega una partida del gobierno nacional, es fácil olvidar sus insultos y su violencia contra la universidad. Haciéndose cómplices de los genocidas, hasta son capaces de calificar de “terroristas” a quienes exigen que dejen de masacrar niñas, niños, mujeres, hombres, ancianas y ancianos en Gaza.
Preservan los convenios internacionales de investigación, se cuidan de no perder relaciones convenientes, por encima del compromiso ético-social y la defensa de la justicia global frente a crisis humanitarias extremas.
No son simples disputas administrativas aisladas, sino la articulación de un fenómeno geopolítico complejo que diversos teóricos y juristas han denominado la “excepción palestina” a la libertad de expresión.
Este concepto describe un cínico doble rasero normativo e institucional donde los principios tradicionales de libre debate, tolerancia a la disidencia y protección de la libertad de cátedra se suspenden de manera automática cuando el objeto de análisis o protesta es la crítica al Estado de Israel o la defensa de los derechos humanos de la población en Gaza.
Las universidades contemporáneas –con especial énfasis en el modelo de la Ivy League estadounidense– operan cada vez menos como foros humanistas y cada vez más como corporaciones financieras de alta complejidad. La dependencia crítica de fondos de inversión, fideicomisos, contratos gubernamentales de defensa y aportes económicos de donantes privados de alto patrimonio ha otorgado a los factores externos un poder de veto fáctico sobre las políticas internas.
Cuando los consejos directivos eligen expulsar a sus estudiantes o rescindir los contratos de profesores de carrera, no están respondiendo necesariamente a criterios pedagógicos, sino ejecutando medidas de control de daños financieros para preservar la viabilidad económica de la corporación bajo presión ideológica externa.
Las administraciones académicas han sofisticado su lenguaje técnico para justificar la censura recurriendo de forma sistemática a los conceptos de “seguridad”, “entornos inclusivos” y “resguardo del orden civil”.
Al desplazar el debate desde el terreno de las ideas (la legitimidad o ilegitimidad de una protesta política frente a un conflicto bélico masivo) hacia el terreno meramente procedimental o de la seguridad física (las infracciones a los horarios de los campus, la falta de permisos de ocupación o el uso de megáfonos), las rectorías logran vaciar de contenido político la protesta. La represión ya no se presenta como censura ideológica, sino como un ejercicio administrativo neutral de aplicación de reglamentos de convivencia.
La crisis ha demostrado una alarmante porosidad en las fronteras de la autonomía universitaria ante el avance de las agendas punitivas estatales. El hecho de que policías armados desalojen facultades en Alemania o que agencias federales de control migratorio detengan a estudiantes en sus propios dormitorios en Nueva York evidencia que los campus han dejado de funcionar como zonas de resguardo crítico o asilo intelectual. El aparato estatal ha priorizado la alineación geopolítica exterior y las narrativas de seguridad nacional por encima de la protección de sus núcleos pensantes.
La oleada de conflictos y medidas represivas desatadas en las universidades de Estados Unidos, Europa y América Latina a raíz de las movilizaciones por Palestina marca un hito histórico de profunda regresión en la vida intelectual global. La libertad de cátedra y la autonomía de las casas de estudio –conquistadas tras décadas de luchas sociales y reformas democráticas a lo largo de los siglos XIX y XX– han sufrido un desgaste acelerado ante las fuerzas de la corporativización económica, la conveniencia geopolítica estatal y la criminalización abierta de la disidencia estudiantil.
Las consecuencias de este ecosistema de control y vigilancia masiva trascienden por completo el marco temporal del conflicto en la Franja de Gaza. Al normalizarse las expulsiones arbitrarias, los despidos de personal docente por motivos políticos, la cancelación burocrática del disenso y la entrada de las fuerzas represivas del Estado a los recintos escolares, se ha configurado un nuevo orden universitario marcadamente autoritario. Las instituciones de educación superior se enfrentan al riesgo inminente de perder su función esencial como laboratorios del pensamiento crítico y la transformación social, convirtiéndose paulatinamente en espacios de conformidad ideológica, disciplina corporativa y reproducción de verdades oficiales controladas.
Publicado en el semanario El Eslabón del 18/7/26
¡Sumate y ampliá el arco informativo! Por diez mil pesos por mes recibí todos los días info destacada de Redacción Rosario por correo electrónico, y los sábados, en tu casa, el semanario de papel de El Eslabón o la versión web elesla.com. Además participás de sorteos y descuentos en comercios amigos. Para suscribirte, envianos un mensaje por Whatsapp.
