El 3 de junio volvimos a salir a las calles para gritar nuestro hartazgo ante tanta violencia. Con nuestras luchas logramos leyes, programas, dispositivos para afrontar la discriminación, la violencia económica, mediática, política, física, sexual, psicológica, simbólica, laboral, obstétrica, en la casa, en la calle, en el ámbito laboral. Hoy nos encontramos ante un escenario de profundo retroceso. Tenemos un presidente que se autoproclamó topo del Estado y como tal, viene arrasando desde el primer día todas las políticas públicas, los programas de protección y las áreas de atención para las víctimas de violencia. Más aún, desde un primer momento identificó al feminismo y a la diversidad como enemigos centrales y negó la violencia de género como una problemática a abordar.
Lo que sucede en Nación se replica en nuestra provincia con el ninguneo a la docencia y a profesionales de la salud, así como despidos en el área de Niñez. El gobernador Pullaro se queja de que no le envían los recursos pero sus legisladores votaron las leyes de desguace del Estado.
Se bajó la categoría de Ministerio de Igualdad, Género y Diversidad a Secretaría de Mujeres, Género y Diversidad, lo cual además de devaluar la importancia de nuestras políticas públicas en términos simbólicos, se traduce en una reducción en términos presupuestarios y laborales. Asimismo, los centros de estudiantes de las escuelas secundarias reclaman al ministro Goity por espacios de escucha y reflexión, por equipos psicopedagógicos que acompañen a la docencia para trabajar con seriedad la violencia que la sociedad también inocula al interior de los ámbitos escolares. Cuando desde el más alto nivel se incita con discursos de odio, con insultos permanentes, con la creación de enemigos, con la estigmatización, se potencia el racismo, la misoginia, la homofobia. Los violentos se sienten absolutamente justificados y nos encontramos con femicidios, lesbicidios, travesticidios y transfemicidios cada vez más horrendos. Pero el gobernador se ufana de la baja de la edad de imputabilidad y de la persecución de la pibada en los barrios populares.
La educación sexual integral (ESI) desde el nivel inicial es una herramienta formidable para trabajar desde la más tierna edad las relaciones respetuosas, libe de prejuicios y la autoestima. Fortalecerla es un imperativo para construir una sociedad armónica e igualitaria, sin estereotipos de género.
Por otra parte, nos encontramos ante un poder judicial que, salvo honrosas excepciones, tiene una concepción patriarcal que termina protegiendo a abusadores y violadores sin consideración alguna para las víctimas. La palabra de las mujeres y las niñeces sigue poniéndose en duda, no se llevan adelante medidas de protección las cuales, en muchos casos, pudieron haber evitado tanta muerte y dolor. Todo esto configura el escenario ideal para posibilitar un proyecto de ley como el que pretende la senadora Losada. Una vez más reafirmamos: ¡No hay falsas denuncias, faltan denuncias! Y faltan fiscales, jueces y juezas que escuchen a quienes buscan simplemente vivir una vida sin violencia.
Denunciamos que la gestión de Milei lleva adelante el vaciamiento más grave del sistema sanitario desde la recuperación democrática.
La razón de mortalidad materna (que mide las muertes maternas por cada 10.000 nacidos vivos) aumentó un 37 por ciento en 2024. Entre las causas, sin duda, inciden una mayor dificultad de acceso por las condiciones socioeconómicas y el deterioro en los servicios de salud por los recortes presupuestarios.
El ajuste sobre el presupuesto a salud sexual y reproductiva se refleja en la reducción drástica de anticonceptivos distribuidos, con una caída superior al 50 por ciento de unidades en lo que va de su gestión. Particularmente grave es el abandono de las políticas a adolescentes y jóvenes a partir del desmantelamiento del Plan de Prevención Adolescentes No Intencional (ENIA), con un recorte de casi el 90 por ciento en términos reales y cuya medida fuera denunciada por la Comisión Interamericana de Derechos Humanos.
Las barreras de acceso al aborto legal se han multiplicado y las denuncias por obstáculo para acceder al aborto seguro se cuadriplicaron respecto al 2025, siendo la falta de información clara el principal motivo.
Por eso, desde la Campaña Nacional por el Derecho al aborto legal, seguro y gratuito afirmamos: abortar es un derecho, negarlo es delito. Su efectiva implementación ya ha demostrado que salva vida. La realidad y los datos demuestran que la legalización humaniza la atención y protege la salud, fortalece la democracia y garantiza los derechos humanos.
Publicado en el semanario El Eslabón del 6/6/26
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