La imagen que logró construir el rector de la Universidad Nacional de Rosario Franco Bartolacci –la de ser el más progresista desde la apertura democrática– quedó empañada por las declaraciones que realizó esta semana respecto de la proyección de un documental en la Facultad de Humanidades y Artes sobre el genocidio en Gaza.
Parecen haber quedado atrás aquellas participaciones junto a los ex presidentes latinoamericanistas de Ecuador y de Bolivia en tiempos de la Unasur, donde brindaron conferencias y realizaron actos. Rafael Correa, en 2018, dictó una clase pública y recibió de manos del propio Bartolacci el Doctorado Honoris Causa. En 2022, Evo Morales compartió una mesa de exposición con el actual rector en la sede de Gobierno sobre los desafíos en América Latina.
No pasó mucho tiempo entre aquellos encuentros y estos días que tienen a Bartolacci reaccionando ante el pedido del presidente de la Nación Javier Milei, quien exigió explicaciones por la proyección de un documental que retrata el genocidio al pueblo palestino. Luego de varios capítulos de una confrontación retórica con el gobierno nacional, el Rector termina pidiendo disculpas en nombre de la UNR a la comunidad judía y abre un sumario administrativo contra los organizadores de la actividad, cediendo así a las presiones que el sionismo ha impuesto a todos aquellos que se solidaricen con la causa palestina.
El objetivo es silenciar las denuncias sobre un genocidio que tiene como sus principales víctimas a mujeres y niños; es negar el ataque sistemático a una cultura, el intento de borrar del mapa a Palestina. Pero esto no sucede solamente en Gaza. En diferentes países de Europa, la represión de las fuerzas de seguridad y los encarcelamientos son permanentes frente a cualquier expresión que se oponga a naturalizar el exterminio.
El documental proyectado es de Rafael Rangel y trató sobre la limpieza étnica que realiza el ejército del Estado de Israel en territorio palestino. La actividad contó con un panel en el que estuvieron como disertantes Silvana Rabinovich (de la UNAM) y Federico Donner (de la UNR), luego de la proyección de la película.
Quien pidió información sobre el acontecimiento fue el Subsecretario de Políticas Universitarias de la Nación, Alejandro Álvarez. Luego, el mismo Presidente tuiteó acusando a la UNR de promover propaganda terrorista. Ante esta acusación, Bartolacci salió a pedir disculpas a la comunidad judía y planteó que la actividad no fue ni autorizada ni promovida por la entidad que representa.
Es evidente que las presiones no provienen sólo del Gobierno, ya que en el marco de la confrontación que llevaba adelante por la Ley de Financiamiento Universitario, el Rector no se había callado la boca. No es de extrañar que algunas organizaciones sionistas presionen en diferentes niveles para evitar la difusión del genocidio perpetrado por las fuerzas de ocupación israelíes.

Estas persecuciones a todos aquellos que denuncian las atrocidades que cometen las fuerzas invasoras pasan aquí, en Argentina, pero a su vez son un fenómeno global. Con más o menos éxito, buscan instalar mecanismos coercitivos que limiten la circulación de información. Fue en este sentido que, en la legislatura porteña, en 2020, intentaron aprobar un manual antidiscriminatorio que proponía asociar el antisemitismo al antisionismo. Esta medida tenía como objetivo impedir las críticas al Estado de Israel por el genocidio cometido y por el robo de territorios.
Esta medida de intimidación que Bartolacci termina ejecutando por mandato del Poder Ejecutivo tiene un sentido claro: evitar cualquier tipo de confrontación con los poderes fácticos asociados al sionismo, y no poner en riesgo el financiamiento universitario en un contexto de ajuste.
No es un hecho aislado. El gobierno de Trump lanzó una cruzada contra la Corte Penal Internacional que incluyó sanciones a ocho de sus jueces, a la fiscal y a tres organizaciones de la sociedad civil que cooperan con el tribunal. En Estados Unidos, más de 80 estudiantes fueron arrestados en la Universidad de Columbia en mayo de 2025 por dictar una clase abierta sobre Palestina, encerrados durante horas dentro de la biblioteca y golpeados por la seguridad universitaria, mientras el gobierno utilizó leyes migratorias para deportar o revocar visas a estudiantes y académicos que participaron en protestas por Palestina. La persecución a quienes muestran la verdad es global, sistemática y se ejerce con todas las herramientas del poder.
El sindicato de docentes universitarios Coad salió a la cancha a bancar a los docentes involucrados, a pedir explicaciones acerca del incumplimiento de la libertad de cátedra y la libertad de expresión, y advirtieron que no aceptarán sanciones para los docentes.
“La difusión y denuncia de un genocidio, en este caso el perpetrado contra el pueblo palestino, es en sí misma un acto contra la crueldad, contra el silencio y en favor de la vida y la paz. Perseguir a quienes denuncian esta matanza significa un acto de complicidad con los genocidas”, expresaron desde COAD, dejando en claro la postura del gremio respecto a la responsabilidad institucional que tiene el Rector como responsable de definir qué políticas se llevan adelante desde el Rectorado para toda la universidad.
Este hecho lo sitúa en un lugar incómodo, en el que no puede sostener esa impronta progresista que exhibió hasta hace un tiempo atrás. Este disciplinamiento ante el gobierno nacional se puede interpretar de varias maneras. El radicalismo y el PRO son quienes le han dado gobernabilidad a Milei. Son quienes votaron las leyes del ajuste, la reforma laboral y la desregulación. El tiempo dirá si fue por actos de corrupción o no. Tanto el gobernador Maximiliano Pullaro como el intendente Pablo Javkin cierran con ese esquema de poder, más allá de los perjuicios que el gobierno nacional les trae en términos de recursos estratégicos para gobernar.
Por otro lado, ya no quedan dudas del avance del sionismo sobre nuestro país, al que vienen estudiando desde los años 90. Hay infinidad de soldados recorriendo permanentemente la cordillera, y nuestro Presidente ve en esto una oportunidad para lograr la impunidad necesaria, no tener que rendir cuentas a la Justicia por los hechos de corrupción propios y de los funcionarios de su Gobierno.
Los posicionamientos como el que asumió el rector de la UNR son netamente políticos y tienen que ver con un alineamiento con las potencias mundiales que pueden llegar a manejar los destinos de nuestra patria en los próximos años.
Bartolacci, al disciplinar a la UNR, no hizo más que obedecer la lógica de un gobierno que convirtió a Argentina en un satélite del sionismo internacional. Como en la ley de tierras y en la entrega de Malvinas, la subordinación al poder global se impone. La pregunta es cuánto tiempo más la Argentina tolerará que su soberanía, su historia y sus universidades sean moneda de cambio en un juego geopolítico que no defiende sus intereses, sino los de quienes quieren reescribir el orden mundial a sangre y fuego.
Publicado en el semanario El Eslabón del 18/7/26
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