De acuerdo con la mirada de referentes de organizaciones sociales y políticas, no es la situación económica sino la compleja trama de la violencia y el delito lo que podría alterar la tranquilidad en los barrios.
Entre quienes conocen y militan los barrios rosarinos desde adentro, prevalece una mirada: no hay datos que den cuenta de posibles incidentes sociales generalizados en el diciembre que viene. Al mismo tiempo, nadie se atreve a descartar de plano que pueda haber movimientos organizados y expresiones de violencia, pero inscriben esas hipótesis más en el marco de la crisis policial y de seguridad que en lo que respecta a la situación económica y de niveles de asistencia social. Los referentes de las organizaciones consultadas por este periódico afirman que si bien es cierto que hay un freno en los niveles de crecimiento de la actividad laboral, para nada se viven situaciones como las del diciembre de 2001, que tan a fuego marcó la política argentina y también la rosarina, con la terrible represión policial del día 19.
Entre los asesinados aquel día se cuenta Claudio Lepratti, el Pocho, referente en barrio Ludueña de decenas de pibes que crecieron en medio de inéditos niveles de desempleo, pobreza, indigencia y exclusión; y supieron sobrevivir. Uno de los espacios que agrupa a aquellos muchachos es el Bodegón de Pocho, desde el que Sergio Varón Fernández sostiene que “no hay ánimos en la gente para que haya saqueos, o rebelión más masiva como en el ‘89 o en 2001”.
Varón afirma que “si bien está aflojando un poco, por lo menos en la albañilería, la mínima estabilidad económica que se ha logrado, no se podría plantear nunca un mismo escenario” como el de la hiperinflación o el de la recesión y el corralito.
Similar es el análisis de Juan Carlos Rodríguez, de la Federación de Tierra y Vivienda (FTV): “Hay una merma en el trabajo informal, en las changas, pero no están dadas las condiciones para que la gente salga a saquear”, evalúa. Y agrega: “Los saqueos del 2001 y del ‘89 tenían que ver con que vos no podías poner un plato de comida en la mesa y eso hoy no pasa en ninguno de los hogares argentinos”.
También Marina Magnani, de La Cámpora y Alejandra Fedele, del Movimiento Evita, descartan la posibilidad de grandes expresiones de descontento ligadas a la realidad económica. E incluso en la Corriente Clasista y Combativa (CCC), donde afirman que “en los últimos meses ha habido un degradamiento enorme de las condiciones de vida de los sectores más humildes”, añaden enseguida que esa “situación social grave se alimenta con el narcotráfico”.
“El problema de fondo tiene que ver más con el miedo que hay en la gente, con el tema de la inseguridad que se ha logrado meter en la cabeza de la gente, con quiénes son los seguros y quiénes son los inseguros, quiénes son los que se merecen seguridad, lo que genera la inseguridad. Ni siquiera es el mismo escenario que hace tres años, el nivel de violencia que se vive ha crecido”, reflexiona Varón desde Ludueña. “Antes era el Estado el que generaba el nivel de violencia por crear situaciones de hambre, hoy el escenario es más confuso, hay un nuevo conflicto social, con un alto grado de violencia, en el que los únicos culpables serían los pobres”, describe. E inscribe en ese contexto “lo que pasa con la Policía en los barrios, la fronterización que se da con la llegada de Gendarmería y Prefectura”.
“No sé si es miedo, pero me inquieta un poco este doble juego que tienen provincia y Nación con el tema de la Policía, con Gendarmería, Prefectura, tropas especiales y demás”, insiste Fernández. “En todos los barrios de Rosario hay un conflicto que puede explotar para cualquier lado, pero porque no han logrado estructurar, o desarmar, o rearmar, o replantear un nuevo sistema de seguridad frente a determinados conflictos o fechas que son importantes como las fiestas”, advierte.
“No nos ha llegado nada de posibles saqueos ni en Rosario ni en Villa Gobernador Gálvez, donde hay más asentamientos irregulares que caminamos a diario”, informa Rodríguez, referente provincial de la organización que lidera Luis D’Elía. “Ahora, esto no quita que llegado el momento aparezcan grupos organizados, como los hubo -no tanto el año pasado porque el año pasado fue lo de la policía, pero sí el anterior-, que ofrecían dinero para provocar disturbios. Para nosotros eso no está fuera de lo que pueda ocurrir, pero no está en el imaginario de la gente hacer saqueos”, reafirma el hoy responsable provincial de la Secretaría Nacional de Acceso al Hábitat.
El mismo panorama de tranquilidad avizora Alejandra Fedele desde el Movimiento Evita: “El año pasado las compañeras de los barrios nos transmitieron su preocupación porque pasaban cosas, se hablaba de movidas que se podían dar y que de hecho se dieron,
pero este año lo hemos charlado y no recibimos esa preocupación, por ahora está todo tranquilo”.
Marina Magnani, por su parte, señala que “Santa Fe es una de las provincias en las que desde hace algunos años se viene manifestando de forma más virulenta” el descontento en los sectores más postergados, “debido a las políticas provinciales y municipales de ninguneo perpetuo a la gente humilde”. “Las políticas de seguridad que tuvieron hacia los sectores populares fue la de aplicar una mirada de apartheid y dejar que en los sectores pobres la seguridad se autorregule, hasta que explotó en una guerra urbana de la que nos cansamos de contar muertos”, remarca la titular del Centro de Acceso a la Justicia (CAJ) de Villa Moreno. “Esa mirada de la gestión no cambió, lo que incentiva a que en los territorios donde hubo saqueos el año pasado sigan activos los mismos elementos que puedan motivar un saqueo este año, esa realidad no cambió”, reitera Magnani la crítica al socialismo. “La situación social no depende solamente de las políticas nacionales sino que está fuertemente determinada por las políticas locales en materia de producción, de inclusión social, de vivienda. Cuando uno afina la mirada en la situación de las provincias y focaliza en Santa Fe, es una de las provincias con peores políticas de hábitat, de vivienda, es una de las provincias que según el censo nacional arroja el déficit más alto en vivienda digna”, argumenta. En la misma línea, apunta que a través de los operativos socio sanitarios nacionales desplegados estos últimos meses en Rosario se pueden apreciar carencias en lo referido a los servicios de salud, uno de los emblemas de gestión reivindicados por el socialismo. “La demanda en cuestiones de salud fue excesiva al punto de que las personas hacían turnos desde la madrugada. Eso demuestra que hace falta atención sanitaria, que no es suficiente con la que se cuenta hoy.
No hay turnos en los centros de salud para especialistas en odontología, oftalmología, que son necesidades básicas, sobre todo en poblaciones en las que hay muchos niños. La posibilidad de ir a un oftalmólogo es la posibilidad de un mejor rendimiento escolar, son cosas muy básicas para la calidad de vida”, consigna.
Las críticas al socialismo arreciaron también a partir de la decisión del Movimiento Barrios de Pie de convocar a protestas frente a los supermercados. Barrios de Pie está ligado a Libres del Sur, la fuerza política que encabeza Humberto Tumini y tiene a Victoria Donda como referente más conocida a nivel nacional, estrecha aliada del socialismo, junto con el GEN de Margarita Stolbizer, en el Faunen cada vez más fragmentado. De allí que el secretario de Seguridad de la Nación, Sergio Berni, haya ligado a Hermes Binner a posibles incidentes derivados de esa convocatoria a reclamar a los supermercados.
La polémica no sólo fue entre faunenistas y kirchneristas. Hubo un episodio local, porque antes que Berni, el que había apuntado contra el modo de protesta escogido por Barrios de Pie había sido el ministro de Gobierno de la provincia, Rubén Galassi. “Es lamentable”, se despachó Galassi, lo que motivó que Libres del Sur le exigiera “sinceras disculpas y una actitud abierta”.
Como en Barrios de Pie, en la Corriente Clasista y Combativa ven un panorama más crítico que el que observan las organizaciones más afines al kirchnerismo, pero también se despegaron de la convocatoria a reclamar en las bocas de comercialización privadas. “Nosotros como organización social creemos que los reclamos hay que hacerlos a los gobernantes, no a los almaceneros, no compartimos esa metodología”, indica Eduardo Delmonte, referente local de la CCC, al tiempo que anuncia que en esa agrupación el ánimo “es salir a reclamar para tener unas fiestas dignas”. En caso que no obtengan respuestas, agrega Delmonte, “habrá luchas en la calle, cortes”.
“Las situaciones que son las de todo el año”, acota. Y así, queriendo o no, también le baja los decibeles a los temores pre diciembre.
“La herramienta es el diálogo”
“Nosotros venimos trabajando con una gran herramienta que es el diálogo, con mesas de diálogo entre el Estado junto con los distintos actores sociales como los clubes barriales, las vecinales, las ongs y las organizaciones sociales y políticas sin distinción de partidos o ideologías”, asegura Cecilia González, secretaria de Promoción Social de la Municipalidad de Rosario. “Justamente terminamos esta semana las mesas de diálogo en los barrios. Como todos los años vamos a hacer entrega simbólica de la canasta navideña y la provincia ya anunció un aumento de la Tarjeta Ciudadana del que todavía el gobernador no informó el monto”, indicó la funcionaria, cuando se la consultó sobre el diciembre que viene.
“Del ambiente en el territorio nosotros no percibimos nada hostil, pero estamos atentos a las demandas y abiertos al diálogo”, insistió González. “Para nosotros el acercamiento de todos los actores sociales es fundamental. La inflación nos afecta a todos y es una realidad, pero yo no lo veo tan dramático como por ahí lo proponen los medios o lo ven algunos sectores”, expresó la titular de Promoción Social del municipio.
Artículo publicado en la edición de este sábado del semanario El Eslabón.
