Parques Nacionales, entre el comanejo y la apropiación

El asesinato de Rafael Nahuel, durante la represión desatada el sábado 25 de noviembre en Villa Mascardi, reveló un nuevo actor en la ilegal avanzada contra las comunidades mapuches: Parques Nacionales.

El operativo de desalojo ejecutado por el Grupo Albatros de Prefectura en la zona del Lago Mascardi fue impulsado por una denuncia de la Dirección de Parques Nacionales, organismo del Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sustentable, encabezado por el rabino Sergio Bergman.

“Parques Nacionales tiene una larga historia de atropellos contra los mapuches, desde el 1934 en el Nahuel Huapi, con desalojos múltiples que se prolongaron con el tiempo”, indica Adrián Moyano, autor de Inakyal (2017), Komütuam, descolonizar la historia mapuche en Patagonia (2013), y Crónicas de la resistencia mapuche (2008).

“Los Parque Nacionales sirvieron para que tras la Campaña del Desierto, el Estado estableciera sus marcas sobre el antiguo territorio mapuche”, afirma Adrián, y remarca: “Esta institución del Estado, en relación al pueblo mapuche, se asocia al despojo, al desalojo, inclusive a destrucción de viviendas”.

Preexistentes pero encerradas

Hoy Parques Nacionales está en el centro del tema sobre la muerte de Rafa Nahuel, pero los conflictos datan desde principios de 1934, cuando se establece el parque Nahuel Huapi”, explica Moyano, y argumenta: “Las comunidades que lograron escapar de la llamada Campaña del Desierto se establecieron en la zona y son preexistentes al Estado argentino y a Parques”.

También señala que esa institución “es otra expresión del colonialismo, la campaña por la pérdida del derecho a la autodeterminación, optar en cómo comunicarse, educarse, por la voluntad de la comunidad”. Derechos que son consagrados por la reforma constitucional y la firma de pactos internacionales sobre la autodeterminación y autonomía de los originarios. Es más, el ataque a la comunidad se produjo a sólo dos días de promulgarse la ley 26.160, norma que suspendió por cuatro años los desalojos de comunidades, hasta tanto no sean relevadas por el Instituto Nacional de Asuntos Indígenas.

Adrián agrega que “los guías turísticos, en la zona de parques, aún acuñan el discurso del siglo XIX, no hacen más que ofrecer una versión lavada de la verdadera historia. En discursos chubutenses, rionegrinos y neuquinos, las comunidades son aceptadas si no pretenden cuestionar al poder y modificar el statu quo”, y reafirma: “El problema de fondo es la persistencia de una relación de sujeción colonial que sufre el pueblo mapuche en beneficio del Estado argentino, el Estado chileno y los sectores privados”.

Ahora, las fuerzas militares no reprimieron en defensa de terratenientes, como Benetton o Lewis, sino por una denuncia de un órgano del Estado, que gestiona territorios, desde lo turístico y supuestamente preservacionista.

Por otra parte, sobre el nuevo avance contra los mapuches de la comunidad Lof Lafken Winkul Mapu, que había recuperado el 14 de septiembre territorios en cercanías del Lago Mascardi, Luis Pilquiman, de la Coordinadora del Parlamento Mapuche, remarcó: “Lo que hay detrás son intereses inmobiliarios, constantemente se le están cediendo tierras a privados”.

Repudio de trabajadores de Parques

En varias asambleas de diversas regiones, trabajadoras y trabajadores de Parques Nacionales repudiaron el accionar estatal contra el pueblo mapuche, exigieron el respeto intercultural a través del Comanejo, reclamaron juicio y castigo a los responsables de matar a Rafael Nahuel, y señalaron “la responsabilidad de los encargados de promover políticas represivas en Parques Nacionales”. También expresaron su “solidaridad hacia la familia de Rafael Nahuel y al pueblo mapuche”, a la vez que afirmaron que no quieren una “reconquista del desierto”.

“Al crear las villas Mascardi, La Angostura y Traful, Parques Nacionales intentó organizar la distribución de la tierra desplazando a las familias que ya habitan de la zona, para reubicarlas en lugares más alejados de la villa”, decía Jorge Olate, al Eslabón, ya en enero de 2015. Antes de 1900, la zona era poblada por familias mapuches. No conformaban una comunidad y vivían dispersa en la región. Pero, desde 1934, al crearse Parques Nacionales, fue este organismo el único representante del Estado en la zona, portaba armas, actuaba como policía de frontera y era la ley”, indica el joven empleado de Turismo de Traful, un baqueano en historias del lugar.

“Algunos pobladores fueron desalojados a la fuerza, quedaron algunos para que fueran los encargados de juntar leñas, cuidar viviendas y para estar al servicio de ellos. Parques tenía la ideología de la campaña del desierto de Roca”, resalta.

Parque Nacional Nahuel Huapi ocupaba en 2015 unas 710 mil hectáreas, en las que preexistían comunidades originarias y colonos que se radicaron después. Esa  “superposición” de culturas, intereses y proyectos, estalla en conflictos permanentes sobre una territorialidad que es disputada por la preservación del ambiente, la sustentabilidad de la región y los derechos de comunidades para quienes la tierra no es una propiedad privada o un bien de cambio, sino la raíz de su cosmovisión.

Desde sus investigaciones sobre Territorios y procesos sociales, el antropólogo Sebastián Valverde explica: “El Parque Nacional Nahuel Huapi –primer área protegida de Sudamérica– produciría la expulsión de una parte importante de los habitantes mapuches de las áreas rurales, acentuándose así el proceso de estigmatización y persecución del cual ya eran objeto a partir de la denominada Conquista del Desierto, entre 1879 y en 1885”.

El investigador de Conicet remarca: “Muchos residentes debieron migrar hacia las incipientes localidades de San Carlos de Bariloche y, en menor medida, de Villa La Angostura. Desde el imaginario promovido por la elite conservadora en las primeras décadas del siglo XX, se consolidaría la imagen de esta zona como pretendidamente “natural”, “virgen”, con reminiscencias “alpinas” –condensada en la imagen de la región como una “Suiza argentina”–, construcción simbólica que cimentó el proceso de expulsión, negando toda historicidad y otredad a los sujetos previamente asentados en estas áreas”.

Desafiando esos avances del Estado, en la última década, pero en especial a partir del año 2006, diversos grupos familiares han iniciado un proceso de reafirmación identitaria y territorial que en algunos casos implica una “vuelta” a sus territorios ancestrales, cercanos a estas ciudades de donde debieron migrar en el pasado.

“En la villa –agregaba Jorge– había loteos sociales para gente del lugar. Los que tienen propiedad privada son aquellos que le compraron a Parques cuando se fundó Traful. Se vendía a cierta categoría, especialmente a los europeos. Donde hoy hay complejos de cabañas, camping y casas residenciales, son propiedad de familias que compraron en los años 60”. Entre los grandes inversores extranjeros que empiezan a mirar a la Patagonia, Robert Edward Turnes, dueño de la cadena televisiva CNN, adquiere unas 50 mil hectáreas, en las que se incluye parte de la histórica estancia La Primavera.

Fuente: El Eslabón.