El Supremo Tribunal aprobó la posibilidad de anular la sentencia. Y los fiscales solicitaron un régimen de detención semiabierto para el ex presidente. Pero el líder se niega a aceptarlo y pone condiciones. Quiere que el juicio se anule y ser declarado inocente.

Quedó plenamente confirmado, con pruebas contundentes, primero a través de una investigación periodística, después por la propia Justicia que entendió en el caso, que Luiz Inácio Lula da Silva fue condenado injustamente, sin pruebas y en el marco de un proceso viciado de nulidad, arbitrariedad y corrupción.

Pero el ex presidente, que está encarcelado en la Superintendencia de la Policía Federal en Curitiba desde abril del año pasado, no acepta dádivas ni beneficio alguno de quienes le quitaron su libertad injustamente, intentaron humillarlo, y hasta se permitieron burlarse de la muerte de sus seres queridos. Lula quiere ser declarado inocente, previa anulación del juicio amañado.

En respuesta a la posibilidad que se abrió en la Justicia, y a la insistencia de sus propios abogados defensores y amigos, Lula escribió que “no cambia su dignidad por su libertad”.

De todos modos, existe la posibilidad de que la Justicia lo obligue a aceptar el cambio de régimen de detención (por uno semiabierto, que le permitiría la prisión domiciliaria), y también es posible que Lula, escuchando el pedido insistente de militantes, amigos y abogados, en algún momento pueda aceptar. Pero todo dependerá de en qué términos se produce el cambio. La dignidad, tal como lo dejó claro el líder, no se negocia.

“Son fuertes las presiones de amigos y parientes para que Lula acepte someterse al régimen semiabierto que, muy probablemente, podrá ser transformado en prisión domiciliar”, señaló Eric Nepomuceno en su nota publicada el domingo 29 de septiembre en Página 12, titulada “La trampa”.

“Pero igualmente fuerte es la insistencia de Lula en no aceptar otra cosa que no sea una declaración de inocencia”, aclara el autor, al tiempo que hace referencia a que la jugada de la fiscalía tiene un único objetivo: anticiparse a una eventual decisión de la corte suprema que le haga justicia al ex presidente.

“De esa forma, mientras intenta aislarse (aunque sea un poquito) del nudo armado por el escándalo revelado por The Intercept abre espacio para que los de la corte suprema adopten medidas débiles que no favorecen a Lula”, agrega Nepomuceno, que sostiene asimismo que “no se trata de hacer cumplir la ley y mucho menos de hacer justicia: es pura trampa”.

“A Lula le quedan dos opciones. Una: dar vuelta la trampa y devolver su voz a las calles, al menos durante el día. La otra: persistir en su esfuerzo pétreo, y hasta ahora inútil, de exigir justicia”, concluye el analista.

Hay pocos antecedentes de presos que se nieguen a acatar un cambio de régimen de prisión previsto por ley. Entre los juristas hay divergencias sobre si se trata de una determinación o una concesión legal.

La farsa del Lava Jato se cayó a pedazos

El jueves 26 el Supremo Tribunal Federal determinó que el ex juez Sergio Moro (hoy ministro de Justicia) “violó el derecho de defensa en decenas de condenas”, lo cual podría beneficiar al ex mandatario.

Un día después, los fiscales que actúan en la Operación Lava Jato pidieron a la jueza de primera instancia de Curitiba, Carolina Lebbos, que se le conceda a Lula el régimen semiabierto. Argumentaron que además de tener “conducta correcta” en la sala de la Policía Federal en Curitiba que le sirve de celda, ya cumplió la sexta parte de la condena de ocho años.

El miércoles 2, la Policía Federal de Brasil arrestó en Río de Janeiro a doce fiscales de la Administración Federal de Impuestos (AFI), sospechados de cobrar sobornos a personas investigadas en la causa Lava Jato.

El presunto jefe de la maniobra, Marco Aurelio Canal, formaba parte del equipo especial de la causa Lava Jato. Tenían acceso a información fiscal de los investigados, que usaban para exigirles coimas a cambio de la reducción o la cancelación de las multas por evasión de impuestos.

De acuerdo con la fiscalía, Canal “tenía conocimiento de los datos investigados por la fuerza de tareas de Lava Jato solo después de que estos se volvían públicos”.

El fallo del Supremo Tribunal Federal contra el ex juez y ahora ministro Moro que se dio a conocer el jueves 26 fue contundente.

 La decisión judicial estableció, por seis votos a tres, que entre otras irregularidades cometidas, los “arrepentidos” no pueden formular sus denuncias luego de que el imputado presente su alegato final.

“Está claro que el Supremo hoy le dio la razón a Lula, en todo juicio la defensa siempre habla por último y la acusación habla antes, y Moro no respetó ese rito universal para perjudicar a Lula”, afirmó el titular del bloque de diputados del Partido de los Trabajadores (PT), Paulo Pimenta. “Lula libre, Lula inocente”, concluyó el dirigente.

Las revelaciones publicadas en el sitio The Intercept ofrecieron pruebas documentales sobre aquello que los militantes y los movimientos sociales ya sabían: Moro y los fiscales presionaron a los arrepentidos y fraguaron pruebas a fin de condenar a Lula.

Uno de los casos más conocidos es el del empresario Leo Pinheiro, de la constructora OAS, el principal acusador de Lula, quien para tener su pena acotada modificó varias veces su relato vacío de pruebas.

Baltazar Garzón: “Es un preso político”

El líder recibió la visita del ex juez español Baltasar Garzón. “Voy a darle un abrazo, porque desde mi punto de vista él es un preso político”, declaró el ex magistrado español a Página 12.

“El Lava Jato es un proceso lleno de medias verdades, es un ejemplo de lo que pasa cuando se judicializa la política, y los jueces –no estoy hablando de todos mis colegas brasileños– interfieren en la política”, consideró Garzón.

“Lula es víctima de una persecución que debe cesar cuanto antes. La causa está viciada con la intención de quitarlo de las elecciones del año pasado, en las que era el favorito, y esto claro que benefició a su adversario (Jair Bolsonaro)”, agregó el ex juez español.

En este sentido, Garzón hizo referencia a las informaciones aportadas por The Intercept sobre el complot judicial, y consideró que darán más peso a la denuncia presentada por los abogados de Lula ante el Consejo de Derechos Humanos de la ONU: “No es baladí lo que se está conociendo a nivel internacional sobre este caso de lawfare. El Consejo (de la ONU) podrá determinar que a Lula no se le ha respetado el debido proceso”, remató Garzón en declaraciones a Página 12.

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