El gobierno de Santa Fe intentará la semana próxima, nuevamente, que la Legislatura provincial apruebe leyes de emergencia en materia alimentaria, sanitaria, social y de seguridad, ahora bajo el nombre de “necesidad pública”. Las considera herramientas indispensables para afrontar la sequía financiera del sector público. Para eso avanzó esta semana en dos frentes: a través de una multitudinaria reunión con actores socioeconómicos a los que les detalló el estado de las cuentas públicas; y con el acuerdo de intendentes y jefes comunales de diferentes signos políticos que sumen presión a los representantes parlamentarios. El objetivo es generar una masa crítica que “convenza” a los diputados del Frente Progresista –en el Senado el Frente de Todos posee una (trabajosa) mayoría propia– de dar su voto, que ya le negaron al gobernador Omar Perotti el 30 de diciembre último. No va a ser fácil. El jefe de la bancada socialista, Joaquín Blanco, advirtió: “A 50 días de haber asumido no se conoce nada de cuál es su programa de gobierno, y hasta aquí todo su accionar se basa en un relato catastrófico respecto de la administración recibida con el claro objetivo de justificar un achicamiento del Estado”. También se quejó de presuntas “operaciones y aprietes” de los que deploró.

El estado del Estado

Ante un numeroso auditorio de referentes sociales, productivos, económicos y del mundo del trabajo, Perotti abrió el juego el pasado martes 28 de enero en la Casa Gris a su ministro de Economía, Walter Agosto, quien dio detalle a los presentes sobre las cuentas públicas.

Si bien no se permitió el acceso a la prensa, trascendió que Agosto trazó un mapa invernal de la situación financiera: 18.200 millones de pesos de déficit a fines del año pasado, una deuda flotante que calcula en 25 mil millones de pesos, la necesidad de recomponer el Fuco (Fondo Único de Cuentas Oficiales, que permite al Estado financiarse a corto plazo a tasa cero) en 15 mil millones.

El presupuesto 2019 preveía un “resultado financiero negativo” de 6.069 millones de pesos para todo el ejercicio, como consecuencia de una estimación de ingresos del orden de los 271.113.612.000 y gastos por 277.182.629.000. A mediados del año pasado el rojo era de 9 mil millones, a fines 18.200 según Agosto.

Para el pago de los salarios del sector público correspondientes a enero, cuya cancelación comienza esta semana con un cronograma “corto” en relación al del mes pasado, la provincia solicitó un adelanto de coparticipación de 2.500 millones de pesos al gobierno nacional. Financiación a tasa cero y a corto plazo, que hay que devolver en el transcurso del febrero.

Los integrantes del gabinete y personal superior no tienen fecha de cobro; el mes pasado percibieron la mitad de sus ingresos.

Ese procedimiento de anticipo de coparticipación, subrayan en la Casa Gris, es la contracara del utilizado por el Frente Progresista para hacer frente a los compromisos salariales, que consistía en descubiertos bancarios a tasa elevada.

En la misma reunión del martes, el ministro de Seguridad, Marcelo Saín, explicó el estado de situación en el que encontró la cartera a su mando, que no luce justamente como una Louis Vuitton.

Como publicó El Eslabón en su número anterior, casi un 30 por ciento del parque automotor de la Policía de la provincia está fuera de servicio; las condiciones de conservación edilicia son del 25 por ciento en los inmuebles de la fuerza en Rosario, llega 50 en otros siete departamentos.

Además, la inversión presupuestaria en seguridad, con excepción del año 2015, fue siempre por debajo de la inflación en el período 2014-2019, y las partidas correspondientes a la emergencia declarada a fines de 2012 fueron perdiendo paulatina participación en relación al total de recursos con el que contó la cartera, hasta ser del 0,02 por ciento el año pasado.

También los indicadores sociales y de empleo desmejoraron en los últimos años como consecuencia de las políticas aplicadas desde la Casa Rosada por el macrismo, cuyo líder al parecer advirtió a sus subordinados, pero no le hicieron caso. Y todo “se fue a la mierda”, como preveía el flamante presidente de la Fundación Fifa.

Fondos especiales

El ministro de Gestión Pública, Rubén Michlig, explicó que la ley de necesidad pública no sólo permitirá realizar compras de emergencias sino que, de acuerdo a los planes del gobierno, servirá para crear fondos especiales en las áreas más acuciantes.

“Queremos crear un fondo de Emergencia Alimentaria para llegar a aquellos que no recibirán la Tarjeta Alimentaria”, dijo el miércoles. Ese fondo estará constituido por “unos 2.500 millones de pesos, conformado por fondos de Rentas Generales y, eventualmente, de programas nacionales”.

“Para darnos una idea –continuó–, la Nación fijó un monto de 500 millones de pesos mensuales para la Tarjeta Alimentaria. Nosotros con la Emergencia Alimentaria planteamos 200 millones de pesos mensuales”.

Además, el gobierno de Perotti quiere generar un Fondo de Emergencia Sanitaria, también por unos 2.500 millones de pesos “para potenciar al LIF (Laboratorio Industrial Farmacéutico) y a programas de salud provinciales”.

Michlig hizo mención también a la generación de “un fondo de Emergencia en Seguridad” que será destinado a “equipamiento y para favorecer la movilidad del personal de seguridad”.

“Estrategia temeraria”

El proyecto de ley de necesidad pública ingresará la semana próxima por el Senado, donde el Frente de Todos procurará aprobarlo sin modificaciones. Si bien en la Cámara alta el peronismo debe acordar con el bloque del PJ-autonomista liderado por Armando Traferri, el principal escollo lo tiene en Diputados.

El socialismo y el sector de la UCR aliado adelantaron que no quiere saber nada con la emergencia. Que significaría aceptar, como suele decir Perotti, que dejaron “la caja vacía”.

Desde el PS señalan, en cambio, que la caja quedó al 30 de noviembre pasado con 4.632 millones; que el déficit fue de 8.200 millones y no de 18.20 como dice el ministro Agosto; y que la deuda flotante alcanza los 4.300 millones, ya que no debe que contabilizar como tal sueldos, jubilaciones ni coparticipación atrasa a municipios y comunas.

“La emergencia es excepción y en esa situación no está la provincia”, dijo el presidente de la UCR santafesina, Carlos Fascendini.

El jefe de la bancada del PS, Blanco, dijo estar junto a sus pares “absolutamente dispuestos a discutir cualquier tema y a abordarlo con la seriedad y la profundidad que se requiera”.

“Pero –siempre hay un pero– para eso se necesita un clima de diálogo distinto y de respeto por la oposición, donde las operaciones y el apriete no pueden ser aceptadas como lógica de funcionamiento”.  

Blanco dijo que Perotti quiere hacer un ajuste y gobernar sin oposición. “El no querer que haya transición, las críticas permanentes de cada uno de sus ministros y del propio Perotti, las descalificaciones de Saín, los anuncios de las postergaciones para sostener la política salarial y otras actitudes del último tiempo, hoy se interpretan como capítulos de una película que no es más que un plan sistemático para gobernar sin oposición y construir legitimidad para avanzar con un fuerte ajuste”, sostuvo el legislador socialista.

Una de las medidas que Perotti busca aplicar a partir de la sanción de la ley de necesidad pública es la suspensión de los aumentos de los servicios públicos provinciales (EPE y Aguas) y la creación del boleto estudiantil gratuito.

Fuente: El Eslabón

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