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La dictadura boliviana quiere perpetuarse. Y la denominada “guerra judicial” (“lawfare” en inglés), que consiste en el armado de causas falsas para proscribir a rivales políticos a los que no se puede vencer en las urnas, le da al gobierno de facto la oportunidad de hacer una maniobra para sacarse de encima y proscribir al candidato del Movimiento al Socialismo (MAS), Luis Arce.

“Las encuestas muestran que existe una alta tendencia a favor del MAS para las elecciones de septiembre”, señaló Arce.

En la misma línea, Evo Morales se pronunció a través de su cuenta de Twitter: “Denunciamos ante la comunidad nacional e internacional que, a dos meses de elecciones en Bolivia, el gobierno de facto inició una estrategia judicial con fines políticos para inhabilitar a nuestro candidato Luis Arce y al MAS-IPSP e impedir nuestra participación electoral”.

Hace un mes, finalmente, y después de postergarlo en varias oportunidades, el Tribunal Supremo Electoral (TSE) informó que se llegó a un acuerdo “con distintos actores políticos” para realizar las Elecciones Generales el domingo 6 de septiembre de este 2020.

Por entonces, la presentación del acuerdo se realizó en un acto donde estaban presentes los candidatos Luis Arce (MAS), Carlos Mesa (Comunidad Ciudadana), Tuto Quiroga (Libre 12) y otros delegados de organizaciones políticas.

Todo parecía estar acordado. Pero el gobierno de facto encabezado por Jeanine Áñez no está dispuesto a dejar el poder, y menos permitir que el MAS regrese.

Por eso, en un gesto desesperado, intenta acusar de corrupción a Arce (y también a Evo Morales) para que el candidato quede fuera de la carrera presidencial.

La dictadura presentó una denuncia penal en contra del candidato presidencial del MAS y otras ocho personas por los presuntos delitos de “incumplimiento de deberes, contratos lesivos al Estado y conducta antieconómica”, y por supuestas “irregularidades en la compra de dos plataformas para administrar el Sistema Integrado de Pensiones, con un daño de más de 15 millones de dólares.

Arce rechazó la denuncia interpuesta en su contra y advirtió que este es un nuevo intento de proscribir su candidatura y al partido que representa para las elecciones del 6 de septiembre.

“Cómo es de conocimiento público el día de ayer (30 de junio) el Gobierno de facto realizó otra denuncia penal contra mi persona. Nosotros queremos denunciar ante la opinión pública la intencionalidad que tiene el gobierno de proscribir al Movimiento al Socialismo para que no participe en estas elecciones, de proscribir al candidato del MAS-IPSP. Han intentado amedrentarme, perseguirme desde mi llegada al país”, expresó Arce.

El candidato también denunció que la acusación en su contra es “una cortina de humo” para tapar un nuevo escándalo de corrupción del gobierno de facto.

“Lo que nosotros hemos venido observando es una denuncia de un daño económico que hubo en la Gestora de 9,9 millones de bolivianos, donde al amparo de la compra-venta y la intencionalidad de hacer más líquido el fondo para pagar la Renta Dignidad, este Gobierno a través de la Gestora Pública ha hecho un daño vendiendo unos bonos de 9,9 millones de bolivianos. La denuncia en mi contra es otra cortina de humo para tapar otro hecho de corrupción, otro desfalco al Estado”, señaló Arce.

El candidato reiteró que el MAS denunciará el intentó de proscripción ante instancias democráticas internacionales, y dijo que las acusaciones del Gobierno en su contra se enmarcan en la campaña electoral que emprendió Juntos, la alianza que postula a la presidenta Jeanine Añez, porque el MAS lidera las encuestas de intención de votos.

En la misma línea, Evo Morales se pronunció a través de su cuenta de Twitter: “Denunciamos ante la comunidad nacional e internacional que, a dos meses de elecciones en Bolivia, el gobierno de facto inició una estrategia judicial con fines políticos para inhabilitar a nuestro candidato Luis Arce y al MAS-IPSP e impedir nuestra participación electoral”.

“Se inventan y tratan de forzar figuras para acusar a quien lo único que hizo en 14 años fue acompañar al proceso de cambio y trabajar por el país mejorando la calidad de vida de los bolivianos, colocando a Bolivia en el primer lugar de la tasa de crecimiento por 6 años consecutivos y haber reducido los índices de pobreza extrema del país, mejorar la distribución del ingreso, aumentar la esperanza de vida de la gente, y haber reducido la brecha entre ricos y pobres”, aseguró Arce con relación a la gestión de Evo.

“Así vengan 50 juicios, seguiremos trabajando. Este es el fruto de la ausencia de ideas que combatan con las del MAS y menos propuestas que compitan con las del partido de los humildes”, subrayó Arce, al tiempo que invitó a la comunidad internacional y los organismos internacionales entendidos en la democracia para que vayan a Bolivia “y vean el abuso que se está haciendo”.

Tras el golpe cívico-militar contra el legítimo presidente de Bolivia el pueblo de ese país viene sufriendo represión, tortura, vejaciones y humillaciones. Las víctimas principales de las distintas formas de violencia son las mujeres, los integrantes de los pueblos originarios y las campesinas y campesinos. El gobierno ilegítimo de Áñez se vio envuelto, además, en casos de corrupción, por ejemplo la compra de respiradores artificiales con sobreprecio.

Las bolivianas y los bolivianos resisten dos embates diferentes pero complementarios: por un lado, el autoritarismo de la dictadura, y por otro, la inacción de ese gobierno ilegítimo ante la pandemia de Covid-19, que está haciendo estragos en la población.

Fuente: El Eslabón

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