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Con idas y vueltas, en medio de un lockout de parte de la Mesa de Enlace, el gobierno nacional acordó con la agroindustria levantar restricciones a la exportación de maíz para que ingresen divisas pero sin descuidar el consumo interno y la estabilidad de precios.

Con lockout ruralista aunque sin silla en la negociación para la Mesa de Enlace, entre tires y aflojes, el gobierno nacional intervino como mediador entre sectores de la industria agroalimentaria y convino liberar embarques de maíz –tras el anuncio oficial de cierre temporal de exportaciones–, sin tope para volúmenes de venta al exterior, pero con seguimiento diario de saldo hasta la llegada de la nueva cosecha en marzo. Todo con el compromiso de acopiadores y exportadores de abastecer con maíz a la producción interna de carne, leche y huevos a precios razonables, desacoplados de la cotización internacional del grano que bate récords, como todos los commodities del agro.

La gestión de Alberto Fernández primero dispuso suspender de manera preventiva la venta de maíz al exterior, a riesgo de faltante del grano para su provisión interna, luego, en medio de protestas y negociaciones con el sector agropecuario, consensuó con los protagonistas del reclamo una pausa en las restricciones pero exigiendo que se garanticen bienes esenciales con destino al consumo interno. La exportación, vía fideicomiso, subsidiaría a la cadena de producción del maíz como sostén del precio local, mismo esquema que busca aplicarse en el girasol y el aceite, después de que la administración Macri, que le dio el Ministerio de Agricultura a la Sociedad Rural, lo pusiera en desuso.

Las negociaciones entre el Ministerio de Agricultura que capitanea Luis Basterra y los principales actores del Consejo Agroindustrial Argentino (CAA), en especial con proveedores y consumidores de maíz por el manejo comercial y el valor interno de este grano tan nutritivo y presente en las comidas argentinas, alumbrará resultados (buenos o malos) en el corto y mediano plazo.

El desenlace de dicho convenio entre las partes determinará si la decisión del gobierno de volver sobre sus pasos y dejar sin efecto primero el cierre por dos meses del registro de exportaciones y luego suprimir la idea de implementar un cupo de 30 mil toneladas diarias para la venta al exterior de maíz, sirvió para cumplir o no con el objetivo de abastecer a los sectores del mercado local que utilizan dicho cereal como insumo y cuidar que no se disparen precios domésticos en productos derivados del grano en cuestión, como pollo, cerdo, carne vacuna, leche, huevos, aceite, harina.

Si esto no ocurre, desde el gobierno avisaron que no descartan volver a la idea inicial de suspender exportaciones de maíz o imponer límites de venta al exterior para abastecer el mercado interno. En el entendimiento entre el oficialismo y el CAA, interlocutor elegido por el Frente de Todos en la materia, se habló de separar el cereal de los precios internacionales. Para ello se pensó en un fideicomiso, cuyos fondos financiarán la compensación para que la industria, como se explicó, no traslade la suba en dólares de la materia prima a valores internos, en particular para productos que integren la oferta de Precios Cuidados.

De hecho el oficialismo vinculó el acuerdo con la agroindustria a la etapa del programa nacional Precios Cuidados, una herramienta de política económica que, con resultado dispar, busca que el ritmo de las remarcaciones en góndolas y mostradores no sigan erosionando el poder de compra de salarios e ingresos de la población, golpeados por la doble pandemia (macrismo + covid). Entre las novedades que presentó la nueva y ampliada canasta de Precios Cuidados está la incorporación de la carne, alimento base pero caro para las mayorías populares.

¿Quién dirige la batuta?

Como se dijo, el abastecimiento y la diferenciación de precios fueron temas centrales del diálogo entre el gobierno y el CAA, un espacio dominado por representantes de la Bolsa de Buenos Aires, la Mesa Nacional de las Carnes, la Cámara de la Industria Aceitera de la República Argentina (Ciara) y el Centro de Exportadores de Cereales (CEC), las dos últimas cámaras controlantes del poderoso polo agroexportador asentado en el cordón industrial del Gran Rosario, donde pesan multinacionales como Cargill, Bunge, ADM, Cofco, Dreyfus.

En el CAA, integrado por unas 55 cámaras del sector, conviven supuestos beneficiarios y perjudicados por la decisión gubernamental de intervenir en el mercado del maíz. Incluso, la mesa del maíz en el CAA también se opuso a la intervención estatal con el cierre de las exportaciones, aunque la decisión oficial los ayudara. Es evidente que voces de este espacio tienen cierta afinidad política, ideológica y económica con la Mesa de Enlace y sus críticas a todas las acciones del gobierno en la materia, siempre en resguardo de una renta extraordinaria, azuzada por el precio de la soja arriba de los 500 dólares la tonelada.

La decisión de regular los mercados es una política con objetivos económicos que toma un gobierno votado en elecciones democráticas por la mayoría del pueblo argentino, aunque para algunos esto sea un dato anecdótico. La Sociedad Rural, Confederaciones Rurales Argentinas (CRA) y Federación Agraria, sin la participación de los cooperativistas de Coninagro, realizaron un cese en la comercialización de granos en rechazo al cierre de exportaciones –dejado sin efecto antes de que comience el paro agrario–, un lockout patronal que si bien fue casi imperceptible desde el punto de vista económico, mostró su costado político, con desiertas movilizaciones y asambleas en distintas rutas del país pero con buena resonancia mediática en año electoral.

La Mesa de Enlace, que nuclea a medianos y grandes productores agropecuarios de la zona núcleo del centro del país, una de las más productivas y fértiles del mundo, y los PROductores autoconvocados, llamaron a un paro –el segundo contra el FdT– en contra del “intervencionismo estatal”, reclamando “baja de impuestos y de retenciones”.

La Mesa de Enlace, cada vez más aislada e inclinada hacia el lado del macrismo, y medios de comunicación afines, como los del grupo Clarín, se adjudicaron la “marcha atrás del gobierno”, que “al final levantó el cepo al maíz”. Lo cierto es que las entidades ruralistas que convocaron a la medida de fuerza “del campo” no estuvieron presentes en la definición del acuerdo entre el gobierno y el CAA, donde también zapatean contra el “intervencionismo” pero militan en el reunionismo-dialoguismo.

El Estado bajo el gobierno del FdT interviene en la economía, con mayor o menor intensidad, a diferencia del libre mercado que proponía el macrismo. De todas maneras, los cambios sobre la marcha en anuncios y decisiones políticas, las idas y vueltas, la mala comunicación, muestran debilidades, por momento confunden, emanan dubitaciones, muchas veces relacionadas con la propia construcción, convivencia y contradicciones entre los distintos sectores que conforman el frente gobernante. Pasó con la frustrada expropiación de Vicentín y en varias otras. 

Dólares sí, polenta y asado también

La actividad agropecuaria no detuvo su marcha durante la pandemia y las cotizaciones en dólares en el Mercado de Chicago de cereales están en récords históricos. Si bien las agroexportaciones son fuente de ingreso de dólares, necesarios para ahuyentar presiones devaluatorias y acompañar el carreteo de la industria nacional, generan tensiones en el mercado local. Argentina exporta lo que consume y por eso rige un mecanismo regulatorio de derechos de exportación al agro (retenciones), con el fin de desenganchar precios externos de los internos.

Argentina es el tercer exportador mundial de maíz, un insumo difundido. La última cosecha, pese a la sequía, superó las 50 millones de toneladas. Se habilitó para la exportación unas 38 millones, de las cuales el 90 por ciento ya tuvo o tiene destino de embarque. La cotización en alza del maíz, que en el último año pasó de 8.000 a 17.000 pesos la tonelada, una suba de más del 80 por ciento, sin comparación con cualquier aumento salarial o jubilatorio, dificulta la política de incrementar la oferta del grano en el mercado interno y garantizar stock a los productores que convierten el maíz en proteína animal.

En tanto, la producción de carne vacuna argentina (más de tres millones de toneladas) experimentó en 2020 el mejor desempeño de los últimos cuarenta años. El 30 por ciento de esa producción se exportó, al tiempo que saltaron los precios en el mercado interno un 75 por ciento, con disparada en los últimos meses del año pasado, según números del sector. Este golpe fulminante al bolsillo se reflejó en una baja del consumo de carne roja, que en 2020 cayó a mínimos históricos, menos de 50 kilos por habitante al año (49,7 kilos), en un contexto de abrupto declive de la demanda atado a la grave crisis de empleo y salarios en medio de la pandemia.

“Necesitamos divisas, pero no a costa de la alimentación de nuestro pueblo”, tuiteó la diputada nacional y economista Fernanda Vallejos al analizar los números de la carne, y en el marco del acuerdo entre el gobierno y la agroindustria en torno a la cadena del maíz. La legisladora del Frente de Todos completó su idea: “Los precios de los bienes sensibles, empezando por los alimentos, deben estar en niveles razonables para que sean accesibles, desacoplados de los precios internacionales. Pero, además, los salarios, jubilaciones e ingresos deben crecer por encima de la inflación y recuperar lo que perdieron en los últimos cinco años”.

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