El gobierno nacional anunció bonos para informales y jubilados, que se suman al refuerzo en Tarjeta Alimentar y el adelantamiento de paritarias, en un contexto de continuo deterioro salarial frente a la estampida de precios. La economía crece, la distribución viene “fallando”.

Como respuesta a la corrida inflacionaria, el presidente Alberto Fernández y el ministro de Economía Martín Guzmán presentaron el lunes 18 una serie de medidas destinadas a los sectores más necesitados. Fue en el Salón Blanco de la Casa Rosada, ante un nutrido auditorio y con algunas muestras de “unidad” en el Frente de Todos. Se trata de una ayuda económica primordial con el fin de mejorar la capacidad adquisitiva de trabajadores no registrados y jubilados aunque por apenas dos meses, con la probabilidad de ser tragada por grandes empresas formadoras de precios, que ya afilan la remarcadora para quedarse con los aumentos salariales en paritarias y también refuerzos de ingresos que el gobierno nacional hace efectivos con bonos compensadores.

En una política activa, el Estado invertirá más de 200 mil millones de pesos que se volcarán al consumo, básicamente compra de alimentos, al otorgar un bono extraordinario de 18 mil pesos en dos cuotas de nueve mil a trabajadores informales, monotributistas de las categorías más bajas (A y B) y trabajadoras de casas particulares, que deberán inscribirse en la página web de Ansés. No queda claro si los beneficiarios de otras asignaciones lo cobrarán o no. Según el anuncio oficial, habrá otra ayuda de 12 mil pesos para jubilados y pensionados.

Los nuevos bonos son similares a lo que fue el IFE (ingreso familiar de emergencia) que el gobierno entregó en 2020, en la etapa más dura de la pandemia, a sectores no sindicalizados y desempleados, en los que la emergencia sanitaria, la crisis sociolaboral y la inflación pegaron más fuerte. Aquella vez, fueron tres bonos de 10 mil pesos mensuales (hoy son dos de 9 mil) y los cobraron nueve millones de personas.

El plus de 18 mil se dará, como se dijo, en dos pagos de 9 mil, mayo y junio, mientras que los 12 mil para jubilados llegarán en una única retribución en mayo, que se sumará al bono de 6 mil pesos (completando dieciocho mil) que se acredita este mes para los que perciben un haber mínimo, hoy en 32.600 pesos. Estas medidas están concatenadas con la reciente suba del 50 por ciento en la Tarjeta Alimentar y el aventón gubernamental a negociaciones paritarias entre empresas y sindicatos clave que hacen de faro para la pauta salarial general.

Foto: Télam

¿Cómo se financiarán los nuevos bonos compensadores bajo la atenta mirada del FMI? En la misma conferencia en la que se hicieron los anuncios, el gobierno, sin demasiadas precisiones, dijo que buscará gravar la “renta inesperada”, que, según el ministro Guzmán, “no es producto de inversiones sino resultado de la suba de precios a causa de la guerra” entre Ucrania y Rusia.

El tributo especial, replicado en diferentes lugares del mundo, sería por única vez y alcanzaría a empresas con ganancias superiores a mil millones de pesos anuales –en 2021 sólo el 3,2 por ciento de las compañías argentinas obtuvieron esas ganancias, detalló Guzmán– con el propósito de redistribuir esos fondos adicionales entre la población más desprotegida. Pero si es sobre utilidades empresarias de 2022, el impuesto recién se podrá establecer hacia fin de año.

La iniciativa en pos de la justicia tributaria, recomendada hasta por el propio FMI y rechazada, entre otros, por agroexportadores, grandes mineras e industriales liderados por el Grupo Techint, con el chamuyo de que en la Argentina los impuestos asfixian, está emparentada con lo que fue el aporte de las grandes fortunas para atender urgencias de la pandemia. Hay que ver si la propuesta se debatirá o no en el Congreso. La idea hasta tiene puntos de contacto con el proyecto presentado en el Senado por el ala interna del FdT identificada con la vice CFK de crear un fondo especial con dólares fugados para afrontar la deuda que la gestión Macri contrajo con el Fondo Monetario. 

Adelante paritarias

El foco está puesto en el poder adquisitivo del salario y en la postergada recuperación de los ingresos, en retroceso desde 2016. Para intentar subsanar la estampida inflacionaria y tratar de seguirle el ritmo en este primer trimestre del año, el gobierno, la CGT y la Unión Industrial convinieron adelantar acuerdos salariales, después de dejar de lado la posibilidad del pago de un bono o aumento generalizado para trabajadores formales. Varios gremios vienen cerrando paritarias cortas, con posibilidad de revisión hacia el tercer trimestre de 2022, atentos a la evolución de los precios y a lo que vaya a pasar con la discusión sobre tarifas de servicios públicos.    

Las paritarias reabiertas en el segundo semestre de 2021, cabe recordar, lograron defender en parte el nivel salarial de trabajadores registrados, aunque no en todos los casos, pero el arranque inflacionario de 2022 pegó otro hachazo al bolsillo. La primera paritaria “adelantada” que se firmó fue la de los obreros de la industria del vestido y afines, el sector textil, uno de los rubros que más aumentó precios en marzo: fue del 53 por ciento en dos tramos, más una gratificación por única vez.

El esquema de adelantamiento paritario abrió ronda de negociaciones colectivas, como la de bancarios, mecánicos, camioneros y el sector de la construcción. El gobierno también reabrió la paritaria estatal y dispuso una suba adicional del 10 por ciento. Empleados de Comercio, gremio con mayor cantidad de afiliados del país, cerró su paritaria con un incremento del 59,5 por ciento a pagarse en siete cuotas, cronograma que se extenderá hasta enero de 2023. La Asociación Bancaria reclama un aumento salarial del 60 por ciento. El relevamiento de expectativas de mercado que publica mes a mes el Banco Central estima que el índice de precios al consumidor para todo 2022 rondará ese número. 

Vamos perdiendo

“Estamos fallando en el tema de la distribución, porque la inflación se come gran parte de los aumentos salariales”, reconoció el presidente AF durante el anuncio de las medidas. El gobierno identifica a la alta inflación como un problema, dice que es multicausal, postula que los salarios deben ganarle a la inflación, apela a la metáfora bélica para enfrentar el índice de precios al consumidor, aunque falta beligerancia para contrarrestar abusos especulativos de monopolios y oligopolios verificados en góndolas y en otros rubros.

Los distintos acuerdos de precios (+Precios Cuidados, Cortes Cuidados, canasta de frutas y verduras, convenios con comercios de cercanía, fondo estabilizador para trigo y aceite) tienen resultados limitados, son de difícil aplicación federal y masiva pese a los esfuerzos de la Secretaría de Comercio, que denuncia subas injustificadas. Los precios cuidados que están en los grandes supermercados sirven pero resultan insuficientes para disciplinar a los dueños de la comida, que buscan equiparar valores internacionales en el mercado local y así sostener márgenes de ganancia por precio y no por cantidades vendidas.  

El mismo día que se conoció el índice de inflación de marzo relevado por el Indec, la cifra (6,7) mensual más alta de los últimos veinte años, movimientos sociales no alineados con el oficialismo volvieron a la protesta callejera con reclamos laborales, de asistencia y demanda de alimentos. Fue en la previa a la celebración cristiana de Semana Santa. También en la misma jornada, la CTA Autónoma marchó a la sede de la Coordinadora de las Industrias de Productos Alimenticios (Copal) con la consigna “poner un freno a los especuladores y a los aumentos indiscriminados”, para lo cual se requiere, además de la movilización popular, decisión política. El jueves 21 hubo otra marcha a la Copal, donde organizaciones sociales como la CCC y los Cayetanos protestaron por el avance de la inflación y repudiaron a “las cincuenta empresas que engrosan sus ganancias subiendo los precios de los alimentos”. 

En lo que va de este año, el rubro alimentos y bebidas, el más sensible y vital, viene evolucionando (7,2 en marzo) por encima del elevado índice general de precios. En efecto, se retrae el consumo popular y se complica la mejora relativa en el nivel de pobreza que resalta la estadística oficial, con el consecuente reflejo en el estado de ánimo del grueso de la población, que luego suele expresarlo en las urnas. La cuestión socioeconómica y, en especial, la disparada en el costo de vida, con ingresos que no logran ganarle a la inflación, tensan la pelea interna en el FdT y también recalientan las paritarias.

En el primer trimestre del año la escalada de precios alcanzó el 16 por ciento. La variación interanual fue del 55 por ciento y, de seguir esta tendencia, los primeros cuatro meses acumularían una inflación arriba del 20 por ciento. Como se indicó, distintas proyecciones interanuales oscilan entre 55 y 60 por ciento para 2022, en un contexto de aceleración inflacionaria mundial desencadenada por el conflicto bélico entre Rusia y Ucrania y su impacto en los sectores energético y alimenticio.

La inflación de 2021, con una economía recuperándose a tasa china (arriba del 10 por ciento), fue del 51 por ciento, casi quince puntos superior al 36 por ciento de la suba de precios de 2020, cuando la economía cayó cerca del 10 por ciento azotada por la recesión y la crisis que ocasionó la pandemia de coronavirus. Sin peste ni guerra, Mauricio Macri se fue con 54 por ciento de inflación (recibió 25 por ciento), con tarifas aumentando al dos mil por ciento, con subas mensuales en los surtidores, recesión económica, pobreza y desempleo en alza y una caída real del 20 por ciento en el poder adquisitivo promedio de salarios e ingresos.

Buenas y malas

El gobierno de Alberto Fernández pondera indicadores macroeconómicos y sociolaborales positivos que se fueron conociendo en lo que va del año, como continuidad de la buena performance de la economía durante 2021 dejando atrás lo peor de la pandemia, pero con impacto desigual, como veía venir CFK a fines de 2020, después del IFE y los ATP, al advertir que el crecimiento de 2021 “no se lo queden tres o cuatro vivos”.

En aquel momento, la vicepresidenta insistió en “alinear salarios, jubilaciones y precios, sobre todo el de los alimentos, tomando medidas que pueden parecer antipáticas, intervencionistas” pero que sirven para mejorar la distribución del ingreso. En promedio, los ingresos de trabajadores formales e informales, de jubilados y de beneficiarios de programas sociales no logran adelantarse a la inflación o, en contados casos, arañan un empate. Por eso también los bonos y el adelantamiento de paritarias.

La actividad económica en general, con la industria a la cabeza, sigue creciendo. Hay superávit comercial y hay calma relativa en torno al dólar. Según datos del Indec, el empleo viene en levantada y el desempleo en baja, aunque buena parte de los puestos laborales generados contabiliza a monotributistas cuentapropistas, que no están en negro pero están en gris.

En tanto, muchos trabajadores y trabajadoras en blanco no llegan a cubrir con su salario el valor de la canasta básica. Es decir, hay cada vez más trabajadores formales cuyos ingresos no superan la línea de pobreza. En rigor, la pobreza bajó en el año 2021 contra un 2020 de crisis pandémica, pero esa mejoría hoy está trastocada por la salvaje suba de los precios al consumidor.

Salarios y jubilaciones no se recuperan contra una inflación inercial, importada, con aspectos monetarios y fiscales, y fruto de la pelea distributiva entre capital y trabajo que sigue viva, pero donde claramente desde el modelo Macri viene triunfando el empresariado concentrado en detrimento de los sectores populares.

Hay que “impulsar un plan de lucha integral contra la inflación con el doble objetivo de reconstruir los ingresos de los asalariados y la capacidad regulatoria del Estado. Esto implicaría una explícita voluntad de retomar la iniciativa política y el contrato electoral con los votantes del Frente de Todos”, escribió Arturo Laguado Duca, investigador y profesor del área Estado y Políticas Públicas de la Flacso Argentina.

La inflación está desbocada y se come cualquier mejora de bolsillo que alcancen trabajadores y jubilados. Contener el costo de vida con políticas expansivas, además de inyectar pesos entre los que están más jodidos, es uno de los principales desafíos que tiene el Frente de Todos en un contexto de crisis, entre la pospandemia y los ecos de una guerra con consecuencias económicas globales.

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