Pese a los reclamos de políticas públicas a favor de la pluralidad de voces, la distribución de la publicidad oficial sigue favoreciendo a grupos mediáticos monopólicos como el que reina en Rosario.

Los datos más recientes sobre la distribución de la publicidad oficial nacional muestran que el Estado sigue desoyendo reclamos y advertencias respecto de las consecuencias de la concentración en pocas manos del manejo de la prensa y las comunicaciones. La persistencia en destinar la mayor parte de la torta publicitaria estatal a los grupos dominantes se puede apreciar claramente cuando se recortan las cifras destinadas a medios rosarinos entre septiembre de 2021 y abril de este año.

En ese período, casi 7 de cada 10 pesos invertidos fueron a un sólo grupo empresario, el más poderoso de la ciudad y la provincia, que ni siquiera podría haberse constituido si hubieran seguido vigentes las restricciones a la concentración que establecía la Ley de Servicios de Comunicación Audiovisual aprobada en 2009 y desactivada durante el gobierno macrista. Hoy, al cabo de ya casi tres años de un nuevo gobierno, no sólo persiste el marco legal que permite la monopolización de las comunicaciones: también continúa la actitud de utilizar los fondos estatales para reforzar las situaciones monopólicas, en lugar de, por lo menos, morigerarlas un poco.

El caso de Rosario es muy claro en ese sentido. El grupo que controla el diario La Capital y su portal, Canal 3, Radio Dos, LT8, Rosario 3 y cuatro emisoras de frecuencia modulada, embolsó poco más de 104 millones de pesos del total de casi 165 millones destinados a medios rosarinos.

En el desglose por tipo de medio con que se presentaron los últimos datos oficiales, se aprecia que la ayudita estatal al aglomerado mediático local es todo terreno. En el rubro publicaciones gráficas, La Capital ligó 45.403.705 pesos sobre un total de 55.980.522. El resto se repartió entre Rosario 12 (7.671.719), El Ciudadano (2.845.098) y este periódico (60.000).

Entre los canales de TV, de los 33.041.597 pesos asignados, el 3 se llevó 24.117.756, el triple de lo recibido por canal 5.

En cuanto a las radios de amplitud modulada, las dos pertenecientes al grupo sumaron 23.368.370 pesos, mientras que 1.092.010 fueron a LT3 y 746.415 a la AM 1330.

El de las FM, en tanto, es el único rubro en el que la porción para el emporio liderado por el empresario Gustavo Scaglione no superó el 50 por ciento: Vida, Estación del Siglo y La Red absorbieron 10.710.181 de los 21.543.454 distribuidos. Pero lo del pedazo más grande para uno sólo se volvió a dar en el rubro webs, donde La Capital y Rosario 3 recibieron 25.355.550 de los 29.201.091 pesos pautados por el Estado nacional.

Que en la distribución de la pauta oficial vaya tanto a tan pocos no se puede justificar ni siquiera apelando al criterio propio de las lógicas del mercado, que es el de publicitar más en los medios de más circulación. Aunque es innegable que los del monopolio rosarino son los medios de mayor llegada, ninguna medición más o menos seria indica que, por ejemplo, Canal 3 tenga el triple de audiencia que Canal 5. Pero además, ya casi nadie reivindica que el Estado aplique la lógica mercantilista a la hora de distribuir los fondos para publicitar sus acciones y políticas públicas. De hecho, los distintos proyectos de ley presentados en el Congreso para regular ese reparto impulsan combinar varios criterios, a partir de concebir al acceso a la información como un derecho humano y un servicio a garantizar por el Estado o, por lo menos, como una actividad que incide con fuerza en el funcionamiento de las instituciones democráticas.

Una de las síntesis más didácticas al respecto es la que expresó hace ya unos cuantos años Héctor Magnetto, al calificar al de Presidente de la Nación como “un puesto menor” respecto del que él ocupaba: líder del grupo Clarín, el más emblemático entre los monopolios comunicacionales.

La de regular la distribución de la pauta publicitaria oficial para que resulte una herramienta de promoción de la pluralidad de voces como condición fundamental para la democratización y federalización del mapa mediático nacional, es una de las principales reivindicaciones actuales de organizaciones vinculadas a las comunicaciones, como por ejemplo la Confederación de Medios Cooperativos y Comunitarios y los sindicatos que agrupan a los trabajadores y trabajadoras del sector.

En la misma línea, suelen expresarse también investigadores y profesionales dedicados al estudio de las comunicaciones, cuyos paradigmas históricos se ven sacudidos por la irrupción de las nuevas tecnologías.

En cuanto a la cuestión puntual de la distribución de la publicidad oficial, la iniciativa legislativa que más adhesión despierta en esos ámbitos es la del diputado cordobés del Frente de Todos, Pablo Carro, que establece que las partidas deben ser asignadas combinando “criterios objetivos”: alcance del medio, pertinencia del mensaje, fomento del federalismo y de las pequeñas y microempresas de comunicación y fomento de la pluralidad de voces, “en función de aquellos medios de comunicación gráfica, audiovisual y/o soportes digitales, gestionados por universidades nacionales; organizaciones comunitarias, cooperativas, campesinas; o por organizaciones reconocidas de pueblos originarios”.

El proyecto de Carro no se limita a establecer estos principios. También fija parámetros para su aplicación concreta, como por ejemplo que el del alcance de cada medio no pueda aplicarse a más del cincuenta por ciento de la ponderación total de cada campaña publicitaria a realizarse; y que los de fomento del federalismo, las pequeñas empresas y la pluralidad de voces no puedan ser inferiores al 20 por ciento.

Además, establece que “el monto asignado a cada proveedor no podrá ser superior al veinticinco por ciento del total previsto para cada campaña”; y que ningún “grupo de proveedores que se encuentren vinculados mediante participación societaria” pueda recibir más del quince por ciento de lo invertido semestralmente por el Estado.

Al cotejar lo que se hace por estos días con lo que debería hacerse si el proyecto del legislador cordobés se aprobara y aplicara, se advierte que las diferencias son muy pronunciadas y evidentes. Tal vez por eso es que tanto esa como otras iniciativas similares son silenciadas por los propios medios, sobre todo por aquellos que también ocultan sistemáticamente sus verdaderos fines.

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