Jorgelina Hiba, periodista especializada en temas socioambientales, analizó la aprobación de la reforma a la Ley de Glaciares impulsada por Milei y bancada por gobernadores: “La discusión activó un músculo en la sociedad que creímos que estaba dormido”.
La reciente sanción de la nueva Ley de Glaciares reabre un debate profundo en torno al modelo extractivista que atraviesa a la Argentina desde hace décadas. Lejos de tratarse únicamente de una discusión ambiental, la normativa pone en evidencia un entramado de intereses económicos, decisiones políticas y consecuencias sociales que impactan de manera directa en vastos sectores de la población. “Está bueno ver que la discusión activó un músculo que creímos que estaba aniquilado o muy dormido, que es el músculo de las organizaciones civiles, de la sociedad en general, de la participación ciudadana”, se encarga de remarcar de entrada Jorgelina Hiba, y argumenta: “Cuando hay una porción importante de la sociedad que se interesa por ciertas problemáticas, los medios lo toman y cuando lo toman los medios, lo toma la política. Lo interesante es que esto funcionó como un tema que interpeló a nivel nacional, a pesar de que geográficamente queda lejos de los lugares más poblados y más determinantes, y eso creo que es lo rescatable”.
Agua, te miro y te quiero
El modelo extractivista, sostenido en la explotación intensiva de recursos naturales para su exportación, más allá de que se quiera presentar como motor de desarrollo económico, beneficia exclusivamente a las grandes corporaciones mientras las comunidades locales padecen contaminación, desplazamientos y precarización de sus condiciones de vida. “Esto nos tiene que interesar a todos, vivamos donde vivamos en el país, no hace falta estar cerca de un glaciar”, interpela Hiba, y esgrime: “Esto tiene que ver con el acceso al agua que es un derecho humano, por lo tanto deberíamos sentirnos todos involucrados. Todos formamos parte de este país, entonces tampoco podemos verlo como algo que pasa en una provincia lejana y no nos tiene que afectar”.
“Lo que tenemos a partir de ahora –sigue– es una legislación que protege menos a las únicas fuentes de agua que tienen siete millones de argentinos, que son los glaciares. Lo que cambia a partir de esta reforma es que lo que se podía y lo que no se podía hacer antes, en cuanto a desarrollo de una empresa económica en los glaciares, lo determinaba una ley de alcance federal monitoreada por un instituto científico-técnico como el Ianigla (Instituto Argentino de Nivología, Glaciología y Ciencias Ambientales)”.
“Eso, ahora, se rebaja a un técnico o a un funcionario de segunda, tercera o cuarta línea provincial de turno. Es decir, perdés el criterio científico-técnico para saber qué hay que proteger y qué no a costa de una discrecionalidad política circunstancial que decidirá un funcionario o un gobernador. Perdés el carácter federal de una ley de presupuesto mínimo que garantiza una protección homogénea a todas las provincias. Vas a un escenario de hiper fragmentación y de discrecionalidad que es el peor escenario posible para la protección del ambiente y que, además, abre la puerta a una pila de conflictos sociales y legales, judiciales, como ya estamos viendo”, añade.
En cuanto a las audiencias y las barbaridades que se escucharon para justificar las modificaciones en la ley, como la del gobernador de Catamarca, Raúl Jalil, que afirmó que “no hay impacto ambiental más negativo que la pobreza”, Hiba fustiga que “la discusión política fue, como vienen siendo las discusiones políticas últimamente, llena de fakes news, de cosas completamente falsas, distorsionadas. Las audiencias fueron escandalosamente fraudulentas”, pero confiesa: “La aprobación de la ley fue lamentable y legítima al mismo tiempo porque la realidad es que la mayoría fue amplia y clara, y la tiene el gobierno. Y no sólo la votaron los libertarios sino que también hubo radicales que votaron con el gobierno, peronistas que votaron con el gobierno, diputados de Pullaro que votaron con el gobierno, y eso es lo triste”.
Agua, con furia y sin freno
“Es claramente una ley regresiva, no es constitucional, no debería haber salido la modificación”, destaca la realizadora del documental Paraná extremo que retrató el impacto humano en la vida de los humedales del delta, y critica el accionar de los gobernadores: “Cumplieron un papel importante en el mal sentido para la provincias cordilleranas en cuanto a lobby. El gobernador de Salta, el de San Juan. Sin ir más lejos, Mendoza ya había empezado a adaptar su propia legislación provincial anticipando y sabiendo que iba a modificarse la ley. Y después está el reparto de fondos extorsivo que hizo Nación algunas semanas y un par de meses antes a las provincias, fondos discrecionales. Fue bastante triste en el caso de los gobernadores que hicieron lobby a favor de la nueva ley. Pero también apareció Sergio Ziliotto, de La Pampa, que ya presentó un amparo colectivo ante la justicia para impugnar la ley porque esa provincia tiene un conflicto hídrico muy antiguo con Mendoza y sabe que va a salir muy perjudicado, porque lo que queda es un escenario de toma de decisiones súper fragmentado en las provincias para ambientes que no pueden ser pensados sólo bajo los límites de las provincias. Las cuestiones ambientales se tienen que pensar con otra cabeza, con otros criterios, de cuenca, por ejemplo, que no tienen nada que ver con los límites provinciales”.
Jorgelina insiste en que si algo bueno tuvo esta discusión es que una gran parte de la sociedad se sintió interpelada y se generaron movidas espontáneas en defensa de los glaciares. “Siento que hay muchos y muchas pensando cómo se puede canalizar toda esta voluntad de por ejemplo las más de dos mil personas que se anotaron para participar en las audiencias, que es un récord total, y las cientos de miles de firmas que se llevan juntadas para acompañar la presentación que van a hacer las organizaciones ambientalistas ante la Justicia. Ya no es sólo el actor social ambientalista, sino que vuelve un poco más a eso que vimos con las universidades, los jubilados, las áreas de discapacidad. Son actores por fuera de los partidos clásicos, que hoy son casi los únicos que le están haciendo frente a la avanzada libertaria. Me parece muy saludable ver que está vivo eso, que intenta organizarse, que hace ruido y que obliga por lo menos a que haya un debate, que no pase todo en 20 minutos”.
Haciendo un poco de historia, Hiba recuerda “la movida que hubo en Rosario y la zona por las quemas en 2020, 2021, con grandes movilizaciones y manifestaciones”, y repasa: “En Mendoza ha habido manifestaciones muy masivas en contra de la megaminería, por el tema del agua, lo mismo en Chubut. En Misiones, por ejemplo, esta semana se cumplieron 30 años de un referéndum popular vinculante a nivel provincial que se había convocado en contra de la construcción de la represa, que finalmente no se hizo y que cambió la normativa provincial porque a partir de esa movida ahora tiene que haber una consulta vinculante para autorizar la construcción de represas, entonces hay como antecedentes”.
“La ley glaciar, en su momento, para que saliera había sido motorizada por toda la sociedad civil, incidieron mucho las provincias y las asambleas ambientales ciudadanas que estaban y están presentes en los territorios. Es un movimiento que hace rato que está activo y no es casual que Milei, cuando se firmó el Pacto de Mayo en Tucumán, en ese punteo que hacía de la Argentina que él imaginaba, cita explícitamente al ambientalismo como un enemigo. Habló de «ambientalismo bobo», de «ambientalismo antiprogreso», o sea que lo tiene identificado como un actor que en determinados casos le puede molestar más incluso que otros partidos a los que puede extorsionar, por ejemplo, con un reparto de fondos discrecionales como hizo ahora”, concluye.
Publicado en el semanario El Eslabón del 18/4/26
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