En marzo de 2016, el entonces diputado radical Alejandro Boscarol impulsó un proyecto de ley de educación provincial para Santa Fe. Entre los puntos que tomaba esta iniciativa figuraba extender la formación docente para los niveles inicial y primario de tres a cuatro años. Ese cambio que proponía como novedad ya figuraba en la ley nacional de educación (26.206) aprobada en 2006, durante la presidencia de Néstor Kirchner; y se aplicaba desde hacía 10 años en las distintas jurisdicciones, incluida Santa Fe.
La extensión de los planes de estudio de la carrera docente es uno de los puntos centrales de la norma aprobada durante el kirchnerismo; junto con la creación del Instituto Nacional de Formación Docente (Infod), logros de un trabajo participativo y federal (ahora devastado por la gestión libertaria y de quienes la apoyan).
Si Boscarol hubiese dado a leer su iniciativa a cualquier docente, semejante error no hubiese tenido lugar. El hecho que protagonizó es uno más de los tantos que exponen qué pasa cuando se pretende legislar, aplicar programas y cambios en materia educativa sin la participación del magisterio. La afirmación también corre para la particular manera que el gobernador Maximiliano Pullaro entiende la paritaria del sector: sin diálogo y por decreto.
La semana pasada se conoció el proyecto para la “creación de la comisión provincial para el debate y elaboración de una ley de educación provincial”, impulsado por el diputado (UCR) Marcelo González. Y otra vez sopa.
Según se lee en la iniciativa, esa comisión es definida “con carácter consultivo, participativo y plural” y estará integrada “por cinco representantes del Poder Ejecutivo provincial; la Comisión de Educación de la Cámara de Diputados, y la Comisión de Educación de la Cámara de Senadores”. De las y los trabajadores de la educación ni noticia. Menos de las organizaciones sindicales docentes que ni se los menciona en el texto del proyecto.
Respecto de las tareas que tendrá ese cónclave de legisladores y funcionarios, la iniciativa del diputado González señala que será la de “promover, coordinar y sistematizar instancias de participación territorial, especialmente a nivel departamental, a fin de recabar aportes para la elaboración de un anteproyecto de ley de educación provincial”.
En el articulado se indica que dicha comisión definirá su reglamento para funcionar, establecerá un cronograma de trabajo y “garantizará mecanismos abiertos de participación ciudadana”. También le atribuye tareas para organizar “foros, mesas de diálogo y encuentros participativos en cada uno de los departamentos de la provincia”, además de sistematizar los resultados de esos “aportes”.
Dicha comisión integrada por funcionarios de Pullaro y legisladores se dará la tarea de sistematizar lo reunido en los encuentros departamentales y redactar “lineamientos y propuestas para una ley de educación provincial”. El informe final será remitido a la Legislatura santafesina y al Poder Ejecutivo.
La comisión conformada para “el debate y creación de la ley provincial de educación” tendrá un plazo de 10 meses, desde que se conforma, para presentar esa síntesis y proyecto final. Los artículos finales de esta propuesta señalan que la autoridad de aplicación de la ley será el Ministerio de Educación de Santa Fe, y que el financiamiento de su implementación será imputado “a las partidas presupuestarias que determine el Poder Ejecutivo”.
A lo largo de los 10 artículos que integran este proyecto que busca sancionar algo tan trascendental para la educación santafesina no se nombra a las y los docentes, ni como maestras o maestros, ni como magisterio y menos que menos como colectivo organizado. Solo una vez, y de manera casi obligada, en los fundamentos. La iniciativa de González es acompañada por las firmas de las y los diputados provinciales del Bloque de la Unión Cívica Radical (UCR) José Corral, Martín Rosúa, Ximena García, Silvana Di Stefano, Jimena Senn, German Scavuzzo y Dionisio Scarpín.
De los fundamentos
En los fundamentos del proyecto impulsado por González se argumenta que “la provincia de Santa Fe enfrenta el desafío de avanzar hacia la construcción de una ley de educación provincial integral, que refleje las particularidades de su territorio, su diversidad y las demandas actuales del sistema educativo”.
Habla de la necesidad de “construir los consensos necesarios para una futura ley” y asegura que “la experiencia comparada demuestra que los procesos de reforma educativa más sólidos y sostenibles son aquellos que surgen del diálogo entre los distintos actores del sistema educativo”.
Más adelante expresa la importancia de “la territorialización del debate, mediante la realización de instancias de trabajo en cada departamento de la provincia”. Y menciona que se busca “garantizar que las voces de docentes, estudiantes, familias, directivos, especialistas y organizaciones sociales sean efectivamente escuchadas”.
Se afirma que el debate tendrá en cuenta anteriores discusiones sobre distintas iniciativas de proyecto para una ley provincial de educación.
“La educación es un campo dinámico que exige respuestas integrales frente a desafíos contemporáneos tales como la inclusión, la calidad educativa, la innovación pedagógica, la incorporación de tecnologías, la formación docente y la equidad territorial. Por ello, se considera fundamental promover un proceso institucionalizado que permita construir una normativa moderna, consensuada y legítima socialmente”, se lee en los fundamentos expresados por el diputado González y acompañado por sus pares del bloque radical.
Entre las propuestas más recientes del legislador santafesino Marcelo González está la que envió en enero pasado a las cámaras de diputados y de senadores de la Nación “para reabrir de manera urgente el debate legislativo sobre la reforma del régimen de responsabilidad penal juvenil, que contempla la baja de la edad de imputabilidad a partir de los 13 años”. Régimen que finalmente fue aprobado en marzo pasado (ley 27801), y que lleva la edad de punibilidad a los 14 años.
Toda una mirada punitivista sobre las infancias y las juventudes, que anticipa cómo se piensa encarar desde el oficialismo una ley de educación para la provincia de Santa Fe.
Publicado en el semanario El Eslabón del 23/5/26
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