Con el fusilamiento de Roberto Arrieta en una comisaría de Puerto General San Martín, perpetrado el domingo 6 de septiembre, asciende a 13 la cifra de casos de gatillo fácil en el Gran Rosario en 2015, según un registro preliminar que elabora el Servicio Público de la Defensa de Santa Fe. Pero el dato adquiere otra dimensión si se observa que desde que los comandantes de Gendarmería Gerardo Chaumont y Ricardo Spadaro fueron incorporados al gobierno provincial, como una de las grandes apuestas del Ministerio conducido por Raúl Lamberto para abordar la crisis de seguridad pública, desaparecieron dos jóvenes cuyos cadáveres emergieron días después en el río Paraná y otros 22 murieron por balas policiales. Todo en menos de un año. Si se añaden las 108 denuncias de torturas cometidas por fuerzas de seguridad informadas esta semana, más los 149 homicidios en lo que va del año, no hace falta más que citar la frase del propio Chaumont para comprender la distancia que hay entre la realidad y el discurso oficial: “Estamos un poco mejor”.

Violencia institucional

Cuando todavía persiste con fuerza el reclamo por el esclarecimiento de crimen de Gerardo Escobar, el joven que fue visto con vida por última vez en la puerta del bar La Tienda, que apareció una semana después flotando en el río Paraná, y por el cual están imputados cinco custodios del local –entre ellos tres policías–, un nuevo caso de violencia institucional volvió a poner en el centro de la agenda el “descontrolado” accionar de la fuerza de seguridad provincial. Aunque esta vez, el hecho –el homicidio de Roberto Arrieta (22)– ocurrió a la vista de numerosos testigos y en la puerta de una comisaría.

Según explicó Karina Bartocci –responsable de la Fiscalía de Violencia Institucional–, Arrieta murió luego de recibir un disparo a corta distancia por un arma anti tumulto en la comisaría de Puerto San Martín, a donde fue dirigido tras ser perseguido y envestido por un móvil policial. “El joven se fugó en su moto de un operativo de control de tránsito”, se apuró en declarar el secretario de Control de las Fuerzas de Seguridad, Ignacio Del Vechio. Siempre de acuerdo a la versión oficial, el pibe, que iba en moto con su novia, fue atendido por una ambulancia junto a su compañera por haber tenido lesiones leves luego del choque en el ingreso de esa localidad, y de ahí llevado a la dependencia policial.

De los relatos de su novia y su suegro se desprende que en la puerta de la comisaría hubo una discusión con el policía Jonathan Puebla y que éste le disparó a Roberto en el pecho. “El loco carga, le apunta y le dispara. Ahora dice que se le escapó, pero yo lo vi que cargó”, remarcó Romina, la pareja de Arrieta, quien luego de encabezar una segunda movilización en pleno centro de la ciudad de San Lorenzo, confirmó que mantendrán “una campaña permanente en reclamo de justicia por Roberto”.

El de Arrieta se convirtió en el número 13 en lo que va del año, según un relevamiento preliminar de casos de gatillo fácil que lleva adelante el Servicio Público de la Defensa de Santa Fe, que conduce Gabriel Ganón. De acuerdo a ese registro durante 2014 hubo 15 casos, apenas dos más que los contabilizados hasta septiembre de este año.

De seguir así, la provincia invencible continuará rompiendo sus propios récords de violencia. Otra fuente, la Coordinadora contra la Represión Policial e Institucional (Correpi), citada en un informe publicado la semana pasada en el portal Rosario Plus, plantea en ese sentido que si bien la provincia de Buenos Aires lideraba el ranking de casos de gatillo fácil desde 1983 hasta el año 2014 y Santa Fe se ubicaba segunda en números totales (1946 contra 504), con relación a la cantidad de habitantes los bonaerenses quedan relegados y lejos.

Abusos policiales y homicidios

Pero fue otra la denuncia de esta semana difundida por la Defensoría General de la provincia, la que disparó el enojo de las autoridades provinciales. El Registro provincial de torturas, malos tratos, penas crueles, inhumanas o degradantes, abuso policial y malas prácticas, dado a conocer por Lorena Negro, del equipo de Ganón, arrojó datos escandalosos de la violencia ejercida por las fuerzas de seguridad santafesina (Policía y Servicio Penitenciario). Según ese trabajo, 108 jóvenes rosarinos, de entre 18 y 29 años, denunciaron haber recibido tormentos por parte de los uniformados provinciales.

El informe de la Defensoría, que tuvo amplia difusión en numerosos medios de la ciudad, disparó varias respuestas desde la Casa Gris. Una de las voces que se alzó fue la del Ministro de Gobierno, Rubén Galassi, quien dijo no querer opinar sobre la denuncia y «mucho menos de las declaraciones de Ganón, que no me merecen ningún respeto”.

La otra de las réplicas que se lanzó al escenario público fue un informe estadístico, elaborado por la Secretaría de Análisis y Articulación de Procesos Interministeriales –que comanda Ricardo Spadaro–, con el que la Casa Gris pretendió instalar la idea de que su cuestionada política de seguridad estaba dando resultados positivos.

El papper, que curiosamente fue titulado “Informe de Inteligencia Especial N°7/15”, y que fue publicado en el portal Rosario3 por el periodista Sergio Roulier, sostiene que hasta la fecha son 141 los homicidios registrados en la ciudad de Rosario. “Un 20 por ciento menos que 2014”, festejó el secretario de Seguridad Gerardo Chaumont, aunque no eligió bien el momento para celebrar el “éxito”, puesto que a la misma hora, mientras el comandante retirado de Gendarmería desplegaba los datos oficiales con los cuales afirmó que “se está un poco mejor”, más de 2000 personas encabezadas por el gremio de la construcción –en estado de movilización desde el asesinato del arquitecto Sandro Procopio–, marchaba a la sede rosarina de la gobernación con el objetivo de ser recibidos por Antonio Bonfatti, “para que explique con qué medidas piensa mejorar los problemas de seguridad que estamos padeciendo”, según precisó a este medio el secretario adjunto del sindicato de los albañiles, Sixto Irrazábal.

Aún con un 20 por ciento menos de asesinatos si se compara con 2014, con un ya asentado promedio de 22 cada cien mil habitantes, la cifra de homicidios de Rosario –junto a la de la capital provincial que llega a 28– supera en cinco veces a la media nacional. Un párrafo aparte merece el diferendo planteado entre las estadísticas de Spadaro y Chaumont –que plantean que fueron 141 las muertes violentas– y las que manejan las secciones policiales de los matutinos locales, que amplían el número a 149.

La mano se puso dura

Lo cierto es que los altísimos niveles de violencia, disparados desde la llegada del Frente Progresista al sillón del Brigadier Estanislao López, se mantienen en cifras récords y no fueron sustancialmente mejorados ni con el tan reclamado desembarco de las fuerzas federales de Sergio Berni, ni con los “especialistas” Spadaro y Chaumont llegados en junio y octubre del año pasado. Y por el contrario se multiplicaron los casos de violencia institucional y gatillo fácil, según los datos denunciados por la Defensoría General, con las “novedades” de las dos desapariciones seguidas de muerte con participación policial ocurridas en menos de un año: la de Franco Casco en octubre de 2014 y la más reciente de Gerardo Escobar, en agosto pasado.

Otro dato

La última vez que un comandante de Gendarmería estuvo al frente de la Policía fue durante la pasada dictadura cívico militar. Aunque toda referencia a Agustín Feced se presente desmesurada –durante su mandato en la Jefatura de la Unidad Regional II montó el centro clandestino de detención y tormentos más grande de la provincia, por donde pasaron alrededor de dos mil detenidos desaparecidos–, el del dueño de la vida y la muerte en la ciudad durante el terrorismo de Estado, es el antecedente más inmediato de Ricardo Spadaro y Gerardo Chaumont.

Fuente: El Eslabón.

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